Diputados de la Comisión Transparencia y Probidad, que preside el representante Amílcar Pop, sostuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Comisión Presidencial de Diálogo, Procuraduría de Derechos Humanos y pobladores de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, con el objetivo de fiscalizar el proceso de cierre de la mina Marlín.

La  compañía Montana Exploradora, propietaria de la mina Marlin, concluyó  con las operaciones extractivas  en  mayo del año pasado,  para iniciar con el proceso de recuperación  y responsabilidad tanto  ambiental como social, sin embargo pobladores de la región manifestaron su inconformidad pues aseguran que no se están cumpliendo los  compromisos adquiridos.

Denuncian daños irreparables al medio ambiente, entre ellos: la desaparición de manantiales, contaminación microbiológica del agua en las zonas cercanas a la operación del proyecto, así como afecciones en su salud, y daños a la infraestructura de sus viviendas. “No es posible que la mina se retire sin resarcir los daños a la naturaleza y a  las familias afectadas y el Estado lo permita”, expresó el poblador Jacinto Morales.

El parlamentario Pop comentó: “Fueron más de 10 años de explotación de los recursos naturales y no vemos que realmente haya sido de beneficio para las comunidades, al contrario fueron años de corrupción,  y  no se ve desarrollo ni progreso”.

Durante la reunión Sergio Alejandro Flores, comisionado presidencial de diálogo, expresó que desde el 2017  se le dieron seguimiento a  trece demandas, y que se ha estado mediando para lograr acuerdos entre la empresa y las comunidades.

Explicó que  en algunas  ocasiones se rompió el diálogo y se  tomaron medidas de hecho por parte de los pobladores, por lo que no se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero que el proceso continúa y como Comisión están anuentes a seguir  intermediando en este conflicto.

Por su parte, Julio Recinos, viceministro administrativo de Ambiente, indicó que el estudio de cierre de la mina Marlin presentó varias inconsistencias y que luego de solicitar la opinión técnica a Conred, y a los  Ministerios de Energía y Minas y de Salud, se ha evidenciado  que no se llenan los requisitos para su aprobación.

El presidente de la sala legislativa solicitó más información a los funcionarios sobre el plan de cierre de la mina,  auditorías ambientales, así como de los resultados de las aguas residuales y de las evaluaciones sobre las viviendas dañadas, para continuar con la  fiscalización.

Por Rosemary Recinos.