En reunión con al menos 20 instituciones en pro de la infancia, la congresista Sandra Morán, de la bancada Convergencia, presentó un anteproyecto  denominado “ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas”, con el fin de recabar opiniones previo a la emisión del dictamen.

La iniciativa con número de registro 5376, fue presentada a Dirección Legislativa por los congresistas de Convergencia Erwin Enrique Álvarez y la diputada Morán, en noviembre del año 2017. “Hoy fue presentado a la sociedad civil y algunas instituciones públicas, con el fin de que sea analizado y propongan sus observaciones y opiniones para fortalecer el contenido”.

“En la Comisión de la Mujer se está discutiendo y analizando, el referido proyecto,  para ver si es  posible emitir un dictamen a favor o en contra. El próximo mes estarán llevando a cabo mesas técnicas y un diálogo entre las organizaciones civiles,  sociales y las entidades públicas; y para septiembre se dará el dictamen”, informó la representante Morán.

Según el documento de los 16.2 millones habitantes el año 2016,  7 millones, es decir, el 43.3% tenían menos de 18 años de edad; de estos el 16% se encuentran entre 0 y 6 años, el 14. 4 % entre 7 y 12 años, y el 12.7% entre 13 y 17 años de edad.

“Nuestro mandato es promover el ejercicio de los derechos humanos de las féminas, estamos conscientes de la situación y sensibilizadas de la temática.  Las más vulneradas son la niñas y adolescentes indígenas en el interior del país y queremos hacer nuestro aporte a la iniciativa”, dijo María Roselia Pop Cal, de la Defensoría de la Mujer Indígena.

Una funcionaria representantes de Cancillería del área de Asuntos Consulares y Migratorios, dijo estar interesada en la propuesta. “Tenemos varios casos de niñas  migrantes guatemaltecas en proceso de retorno que llegaron al país con esa problemática de embarazo porque fueron violadas y abusadas, y esperamos que se pueda detener el problema porque son niñas no acompañadas que emigran”.

Nidia Arévalo Flores, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal expuso dijo que el Instituto de la Victima, no ha nacido a la luz pública, “mientras no exista nosotras asumiremos nuestra responsabilidad ya que la Convención sobre Derechos Humanos del Pacto de San José, nos mandata obligaciones a seguir con las victimas de violaciones de los derechos humanos”.

Entre las instituciones citan estuvieron funcionarios de los ministerios de Educación, Salud Pública, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Agricultura, Ganadería y Alimentación. También del  Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Secretaría Presidencial de la Mujer, Segeplan, Svet, Consejo Nacional de Adopciones, Defensoría de la Mujer Indígena, PDH y PGN, entre otras entidades gubernamentales.

Por José Castellanos