BANCADA UNE FISCALIZA PROGRAMAS EDUCATIVOS Y EXIGE REGLAMENTO DE LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Martes, 24 de julio de 2018Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se reunieron con funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc), Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Contraloría General de Cuentas (CGC) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para fiscalizar el avance en la ejecución de proyectos de infraestructura escolar y exigir la aprobación del reglamento de la “Ley de Alimentación Escolar”, decreto 16-2017.
Los parlamentarios cuestionaron a María Eugenia Barrios, viceministra administrativa de Educación, por el recorte que tuvo el presupuesto destinado a proyectos de infraestructura escolar, que de Q217 millones bajó a Q 108 millones de los cuales solo se han ejecutado Q 9 millones, un 8.35 % del total.
“Se tienen los recursos y la planificación, no hay excusa de la baja ejecución que tienen a la fecha”, opinó el diputado Orlando Blanco, jefe de la bancada UNE. La funcionaria explicó que el recorte obedece a que los Q 109 millones restantes fueron asignados al Programa de Alimentación Escolar que se rige por la “Ley de Alimentación Escolar”, decreto 16-2017, aprobado por el Congreso de la República el 26 de septiembre del 2017.
En referencia a esta Ley, los congresistas evidenciaron que la normativa está siendo aplicada parcialmente debido a que carece de un reglamento que garantice los parámetros para ser utilizada. Según el viceministro de calidad educativa, José Moreno, “los estatutos están pendientes de un dictamen jurídico para que entren en vigencia”.
El diputado Jairo Flores manifestó que “sin un reglamento la ley no puede tener el efecto para la cual fue creada, evitando que la población estudiantil se vea beneficiada”, es por ello que los legisladores dieron un plazo de 15 días a las autoridades de Educación para presentar el reglamento para que entre en vigencia de manera inmediata.
Al concluir, los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron a la Contraloría General de Cuentas una auditoría para garantizar la transparencia en la ejecución de recursos destinados a los distintos programas en materia educativa.
Por Isabel Mazariegos