Como parte de su labor de mediación el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió con representantes legales de la finca Cerro Redondo, ubicada en Barberena Santa Rosa, y miembros de la Asociación Civil Puerto Iztapa, quienes afrontan varios procesos de desalojo por ocupación de propiedad privada.

Según manifestó el abogado Walter Divas, la finca en cuestión es propiedad privada, lo que sustentó con documentos del Registro General de la Propiedad (RGP), sin embargo lleva varios años ocupada por 43 familias, quienes aducen que compraron los terrenos, pero nunca han presentado los documentos legales que los avalen.

Felipe Santos González encargado del despacho de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), señaló que, se ha tratado de realizar una ruta de dialogo con las familias asentadas en el lugar. “El problema es que se niegan a presentar documentos que avalen la compra de los terrenos”, lamentó el funcionario.

El legislador instó a los representantes de la Asociación Puerto Iztapa, para que presenten los comprobantes de pagos que señalan haber hecho por las tierras. “Otra medida que se puede adoptar para resolver el conflicto, es instalar  una mesa de diálogo donde participen diferentes instituciones, entre ellas el Fondo de Tierras”, explicó el legislador.

Por Wendy Sandoval.