La Comisión Especifica que analiza reformas al Decreto Número 51-92,  Código Procesal Penal, referente a la aceptación de cargos, coordinada por el congresista Manuel Conde Orellana (PAN), escuchó este día las opiniones y análisis de representantes de organizaciones de la sociedad civil, como parte del proceso de audiencias públicas que llevan a cabo.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Fundación Guatemala 2020, Fundación Sobrevivientes, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

Las organizaciones coincidieron en solicitar que esta ley no se aplique a reos que hayan cometido delitos de violencia sexual, trata de personas, violencia contra la mujer, y delitos contra niños y adolescentes, tampoco en los delitos de extorción  y secuestro.

El parlamentario Raúl Romero (Fuerza), señaló que la participación de la sociedad civil brinda legitimidad a cualquier proyecto de ley. “Estamos abiertos a recibir  propuestas  de los sectores interesados en el tema, de esa forma  evitaremos acusaciones de intereses oscuros”, aseveró.

El presidente de la comisión Manuel Conde Orellana, indicó que tomarán en cuenta los planteamientos presentados durante las audiencias públicas previo a emitir su informe final.

La comisión continuará las reuniones de análisis, el próximo lunes 16 de julio. “Según la agenda de trabajo, ese día recibiremos a la Asociación de Jueces y Magistrados”, concluyo el diputado Conde Orellana.

Por Wendy Sandoval.