Luego de transcurridos varios meses que entrara en vigencia el Decreto 22-2017, Ley de Banco de Datos Genéticos para uso Forense, aún existen trabajadores de diversas entidades que no han presentado su certificado de carencia de antecedentes por delitos sexuales, lo cual motivo a la legisladora Alejandra Carrillo, a realizar una reunión interinstitucional donde se aborde la problemática.

En la reunión estuvieron presentes autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Ministerio Público (MP), Secretaría de Bienestar Social (SBS), ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Educación (Mineduc), Cultura y Deporte (MCD) y Desarrollo Social (Mides).

A quienes la congresista explicó que, este procedimiento está a cargo del MP, a través del Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas), y que en búsqueda de garantizar el cumplimiento de la norma, realizó la verificación.

El MINEDUC, identificó 31 personas con señalamientos por delitos sexuales, de ellas, 17 aún ejercen la docencia explicó el viceministro de Educación Bilingüe Intercultural, Daniel Domingo López, quien aclaró que los señalados están pendientes de dilucidar su situación ante el ente investigador.

En el caso del Ministerio de Salud, se evidenciaron dos casos que están siendo analizados. “Al concluir las revisiones en todas las unidades procederemos a tomar las medidas pertinentes” argumentó Gustavo Arévalo, viceministro Administrativo de Salud.

La diputada lamentó que no existan avances en la implementación del reglamento que permitirá al Inacif, la toma de muestras de ADN.

Fanuel García, director de la referida institución dijo que, la mesa técnica trabaja en el  tema y espera contar con el reglamento este mes, pero para el óptimo funcionamiento de esta disposición, se requieren de aproximadamente Q60 millones.

Razón por la cual la diputada se comprometió a agilizar el diálogo con las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, para  dotar de recursos a la entidad, “Esta Ley se hizo con el fin de proteger a la niñez y adolescencia guatemalteca”, manifestó la parlamentaria, quien convocará a una nueva reunión en agosto para evaluar los avances de cada entidad.

Por Isabel Mazariegos.