COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO ABOGA POR ESTUDIANTES DE SAN MARCOS
Jueves, 05 de julio de 2018A casi seis años del terremoto en San Marcos, aún existen centros educativos pendientes de ser remozados o reconstruidos, que afectan el acceso a la educación de la población por ello, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso de la República, diputada Lesly Valenzuela (UNE), se reunió con viceministros y directores departamentales del Ministerio de Educación; alcaldes de Sibinal, La Reforma y Catarina, para conocer las razones por las que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) no ha ejecutado proyectos para habilitar nuevos centros de estudio, pese a tener recursos asignados.
\"Actualmente no tenemos la potestad de construir y es lamentable que no se respetan los procesos pese a tener los recursos\", indicó la María Eugenia Barrios, viceministra administrativa del Ministerio de Educación, quien también agregó que existen recursos para atender esta problemática, ya que el financiamiento fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Otro de los temas discutidos durante la reunión fue la existencia de Institutos por Cooperativa ubicados en el municipio de Catarina, San Marcos, que no cuentan con subsidio asignado, lo que pone en peligro su funcionamiento.
\"Se iniciará un acercamiento con los responsables y se culminará hasta dar solución a ambos casos, porque la niñez debe tener las condiciones necesarias para recibir educación, o de lo contrario se estarían violentando sus derechos\", manifestó la diputada Lesly Valenzuela, quien confirmó que la Comisión que preside estará vigilante para apoyar a los afectados.
Para dar seguimiento a ambos casos, la parlamentaria señaló que se programará una nueva reunión el próximo 19 de julio, con el fin de conocer los avances de los requerimientos planteados durante la citación. Las autoridades del Ministerio de Educación acordaron corregir las deficiencias que fueron denunciadas para procurar el bienestar de la población estudiantil de los municipios afectados.
Por Isabel Mazariegos.