La instancia de Jefes de Bloque e integrantes de Comisión Permanente del Congreso, escucharon este miércoles los informes en cuanto al uso de recursos económicos, avances y asuntos pendientes, presentados por  autoridades de las distintas instituciones involucradas en dar respuesta inmediata a la población afectada por la erupción del Volcán de Fuego, suscitada el 3 de junio.

A la reunión acudieron funcionarios del Ministerio de Comunicaciones (CIV), Finanzas Públicas (Minfin), Desarrollo Social (Mides), Defensa Nacional (Mindef), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), representantes de bomberos Municipales y Voluntarios, Gobernadores y Alcaldes Municipales de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, quienes solicitaron la ratificación del Decreto Gubernativo 2-2018, que amplia por 30 días más el Estado de Calamidad Pública en estas localidades.

Los diputados cuestionaron a los funcionarios acerca de la forma en que se han invertido los recursos para atender la emergencia, señalando que han recibido una serie de denuncias,  entre ellas, que los  víveres no están llegando a las familias necesitadas. “Nos llama la atención que han licitado cantidades enormes de alimentos, cuando tenemos conocimiento de que en los centros de acopio los productos no perecederos han sido donados por la población”, lamentó el congresista Amílcar Pop, del bloque Winaq.

El Ministro Carlos Velásquez (Mides) indicó: “Si bien a la fecha tenemos abastecimiento de alimentos en los diferentes albergues a cargo del Ministerio, se necesita comprar más provisiones para atender a casi 900 familias que se atienden en los albergues”.  Por lo que se ha previsto la compra de 400 mil raciones de alimentos, que serán servidas en los tres tiempos, a partir del 10 de julio”.

En relación al uso transparente de los recursos económicos designados, el titular del Minfin, Julio Héctor Estrada aseguró que han trabajado en el ordenamiento del gasto público a través de la elaboración de una plataforma en el sitio web de la cartera, la cual aglutina  las asignaciones de cada Ministerio, eventos de cotización y adjudicaciones; todas encaminadas a atender la emergencia.

“A la fecha, de los Q386 millones que se tienen como techo presupuestario, han  ejecutado alrededor de Q1 millón, dejando el saldo de  Q21 millones que ya están comprometidos. Hay 465 eventos en Guatecompras, de los cuales 364  han sido adjudicados, todos estos datos están a la vista de los guatemaltecos, como parte de la política de rendición de cuentas y transparencia que impulsa el Gobierno del presidente Morales”, dijo Estrada.

Por aparte, distintos gobernadores, jefes ediles y representantes de los cuerpos de socorro,  agradecieron el aporte aprobado por el Congreso de la República para atender la emergencia;  sin embargo, señalaron  la necesidad de la ampliación del Estado de Calamidad pues consideran que aún existen muchos trabajos por concluir, como la construcción de puentes, habilitación de tramos carreteros y construcción de viviendas, entre otros.

La ampliación del Estado de Calamidad decretada por el Organismo Ejecutivo, en Consejo de Ministros, el lunes 2 de julio, será conocida este jueves en la sesión plenaria convocada para el efecto. Dicha ampliación, deberá de ser aprobada por las dos terceras partes de legisladores que integran el Pleno del Congreso.

Calamidad Pública

El Estado de Calamidad decretado por el Gobierno Central  que consta de 13 artículos, tiene como objetivo mitigar, restablecer la infraestructura, servicios esenciales y  evitar mayores consecuencias, en el marco de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  dicha entidad ha sido  la encargada de intervenir en el  traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro de zonas declaradas como de “Alto Riesgo”.

De acuerdo al artículo 14 de la Ley del Orden Público, “El Estado de Calamidad Pública podrá ser decretado por el Ejecutivo, para evitar en lo posible, los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”. Este mecanismo se decretó en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y en otros lugares aledaños que Conred ha considerado de alto riesgo.

Por Karen Mendoza.

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