Diputadas de distintas bancadas del Congreso de la República de Guatemala, acompañadas de organizaciones civiles, en conferencia de prensa condenaron y rechazaron la resolución 1749-2017 de Inconstitucionalidad General Parcial, que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC), respecto al artículo 6 de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008.

Dicho artículo establece que el agresor será sancionado con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años y que no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo y que además no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.

Sin embargo, con  esta disposición emitida por la CC, se permitiría la reducción de penas a quienes cometan estos delitos. “Rechazamos cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y cualquier tipo de agenda que retroceda los avances obtenidos en esta materia”, declaró la diputada independiente Alejandra Carrillo.

Por su parte, la parlamentaria Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva, expresó: “Hacemos un  llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos, para que vele por los derechos de las mujeres guatemaltecas. No podemos permitir más víctimas mortales por este tipo de violencia”.

La representante del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) Ana Victoria Maldonado, comentó que el hecho de reducir la pena puede llevar a que las agredidas dejen de presentar las denuncias por temor a represalias.

Las diputadas analizan la posibilidad de presentar una nueva iniciativa de ley que refuerce el espíritu de la normativa contra el femicidio y que pueda fortalecer a las instituciones públicas que luchan por sus derechos.

En la conferencia también participaron las diputadas Eva Monte Bac (Alianza Ciudadana) y Edna soto Juárez (TODOS).

Por Rosemary Recinos.