El congresista Marvín Orellana, representante por Alta Verapaz, y de Alianza Ciudadana (AC), sostuvo una reunión de seguimiento con funcionarios y autoridades del Programa Nacional de Resarcimiento, Dirección Técnica del Presupuesto de Finanzas Públicas, Fondo de Tierras, Contraloría General de Cuentas, Copredeh, PDH y la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), para conocer el avance en el caso de las familias refugiadas en Yalcastan, Chiapas, México.

“En el transcurso de la sesión de trabajo el diputado Orellana lamentó el poco avance en la compra de una finca para las más de 600 familias que se encuentran refugiadas en Yalcastan, Chiapas, México. Además recordó que las instituciones que conforman el aparato gubernamental tienen una obligación y responsabilidad para atender a las personas que sufrieron persecución después del Conflicto Armado Interno en Guatemala”, mencionó el representante por Alta Verapaz.

Byron Paredes Tiul, defensor de Pueblos Indígenas de la PDH, dijo que en la institución que representa están analizado el caso. “Vemos la posibilidad de presentar y hacer una demanda al Estado de Guatemala por el incumplimiento de las responsabilidades que tienen las diferentes instituciones, ya han pasado varios años y no se les resuelve nada”.

Sebastián Torres, presidente del grupo de pobladores de Yalcastan explicó que a causa del conflicto armado interno se vieron obligados a salir de sus terrenos. “Ya ha pasado mucho tiempo de  espera, cinco años de gestión y no se nos ha cumplido nada, la población está desesperada y esperamos que no hayan conflicto entre las comunidades”, aseguró el dirigente.

Por José Castellanos