Integrantes de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, que preside el diputado Dorian Taracena (EG), se reunieron este miércoles con representantes de Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio Público (MP), Gobernación y de los Colegios de Abogados y Químicos Farmacéuticos para conocer las razones por las cuales a la fecha no haya un reglamento para la aplicabilidad del Decreto 22-2017.

La Ley de Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, aprobada por el Congreso en noviembre del 2017, provee a los entes rectores, en este caso MP e Inacif, de las herramientas científicas para que el ente investigador pueda fundamentar casos en los cuales se involucre a personas responsables de violaciones sexuales.

Fanuel García, director del Inacif, explicó que una de las dificultades que ha encontrado el Consejo Directivo del ente forense es que en esa institución recae la responsabilidad de la toma de muestras de material genético en los casos de las aprehensiones realizadas por la Policía Nacional Civil.

“Cada año son detenidas por la policía cerca de 66 mil personas, quienes tendrían que ser registradas en este banco de datos, sin embargo,  Inacif no cuenta con los mecanismos para que se lleve a cabo esta tarea”, aseguró el funcionario.

García aseguró que hay dos posibilidades que podrían ser aplicadas o normadas en la ley mediante reformas, la primera de ellas es en el caso que la persona apresada sea sujeta a un auto de procesamiento, momento en el cual el juez puede ordenar la toma de la muestra. Por otro lado está la condición cuando el apresado es beneficiado con arresto domiciliario, caso en el cual, el juez podrá ordenar de igual forma la toma del ADN.

Por aparte Isabel Granillo, subsecretaria de la Política Criminal del MP, dijo que desde enero a la fecha  han recibido 593 mil solicitudes para la identificación de agresores sexuales, y han trabajado en la creación del departamento adscrito a dicha institución que será  la encargada del reguardo de esta información, “tal y como lo establece la ley y en los tiempos señalados por la misma”, afirmó.

Tras escuchar a los funcionarios, el congresista Taracena pidió a los integrantes del Consejo que para el mes de agosto presenten a la sala legislativa, una propuesta de reglamento, el cual será analizado para determinar su viabilidad. “Nos reuniremos nuevamente en los meses de agosto y septiembre, porque estamos conscientes de la necesidad de dar celeridad a los mecanismos que permitan poder aplicar esta ley”, concluyo el parlamentario.

Por Karen Mendoza