El ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, expuso este lunes ante los Jefes de Bloque e integrantes de Comisión Permanente, los detalles y condiciones de un  préstamo por US$250 millones a suscribirse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado “Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición”.

El objetivo según la iniciativa enviada por el Organismo Ejecutivo es crear espacios fiscales y ampliar las oportunidades para los segmentos más vulnerables de la sociedad. El proyecto de decreto destina Q1 mil 267 millones en sustitución de fuente de financiamiento por emisión de bonos y unos Q582 millones que serán usados para el fortalecimiento de distintas instituciones tras la tragedia de la erupción del volcán de fuego.

De los fondos provenientes de éste préstamo se pretende hacer una distribución a diferentes ministerios e instituciones, entre ellos, Gobernación (Q20millones), Salud (Q60 millones), Comunicaciones (Q160 millones), Agricultura (Q50 millones), Desarrollo Social (Q48 millones) y además, entidades como Insivumeh (Q20 millones), Conred (Q15 millones),  cuerpos de bomberos voluntarios y municipales (Q25 millones) y la creación de un fondo de emergencia para atender calamidades públicas de Q204 millones.

“Con este préstamo los beneficios que el Estado de Guatemala obtendría es la diversificación de fuentes de financiamiento, con una programación de amortizaciones a futuro mas blanda, y lo más importante se contaría con un ahorro en deuda de no menos de Q60 millones anuales, en concepto de intereses por 20 años”, aseguró Estrada.

Por aparte, en el desarrollo de la sesión, el diputado Fernando Linares Beltranena (PAN), habló sobre la adquisición de un edificio para el Ministerio Público, contenida en el informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre el ejercicio fiscal 2017, entregado por el ente fiscalizador el mes pasado.

“Hay una serie de indicios que refieren que la negociación no se llevo a cabo apegado a lo que establece la Ley de Contrataciones, por lo que consideramos que la información traslada por la Contraloría  en dicha materia esta incompleta, ya que no se logra apreciar la justificación legal de la compra del inmueble, por tal motivo he presentado la denuncia ante el ente jurisdiccional pertinente. Es necesario que el Contralor nos amplíe esta situación”, manifestó el congresista.

Por Karen Mendoza