PROPONEN LEY QUE ESTABLECE PENAS A QUIEN AUTORICE EL MATRIMONIO EN MENORES
Jueves, 07 de junio de 2018Los diputados Nineth Montenegro y Leonel Lira (Encuentro por Guatemala), acompañados de representantes de ONU Mujeres y del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), presentaron este jueves un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar el matrimonio y la unión de hecho de niñas, niños y adolescentes. La norma establece por primera vez la figura de matrimonio ilícito, sancionando a quien autorice la unión de menores con penas de 10 a 15 años de cárcel.
“El objetivo de la propuesta de ley es atender las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y generar un legislación que permita el cumplimiento del Decreto 13-2017, que establece en 18 años la edad para contraer matrimonio en el país”, dijo la congresista Montenegro.
La normativa, que contiene 2 reformas y 3 artículos nuevos al Código Penal, instituye además la figura de unión de hecho ilícita la cual es sancionada con multas de Q100 mil hasta Q200 mil, así como la inhabilitación del funcionario que resultaré responsable, que incluye a jueces, jefes ediles, entre otros.
Adriana Quiñonez, de ONU Mujeres, manifestó su satisfacción en el tema y aseguró que Guatemala ha avanzado con las modificaciones al Código Penal que aprobó el Congreso en 2017, sin embargo lamentó que pese a que ya existe una prohibición en esta materia aún se registran este tipo de uniones.
“Tanto la unión de menores de edad como el matrimonio infantil forzado tiene consecuencias negativas en este sector etario, que se traducen en deserción escolar, riesgo de morir durante el embarazo, parto o postparto, limita su derecho al trabajo y a desarrollarse profesionalmente y peor aun genera violencia contra la mujer”, explicó Quiñonez.
“Estamos conscientes de que falta mucho que hacer en esta materia, pero con esta iniciativa damos un primer paso para erradicar el matrimonio infantil, por lo que solicitamos el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio para hacer el eco que permita que esta ley sea una realidad”, concluyó la legisladora.
Por Karen Mendoza