La diputada independiente Alejandra Carillo se reunió este jueves con autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS, representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y Legis, con quienes analizó el borrador de la Ley Marco que regula el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente al régimen de trabajo parcial.

La congresista aseguró que dentro de los beneficios de la entrada en vigencia de la normativa se encuentran que las personas que estén dentro de este régimen puedan beneficiarse de los diferentes programas del seguro social y gozar de todas las prestaciones que conlleva una relación laboral, como vacaciones, aguinaldo y periodo de pre y post parto, entre otras.

Francisco Sandoval, viceministro de Administración del Trabajo, del Mintrab, aseguró que han hecho esfuerzos para que se pueda implementar dicho convenio, y se de certeza jurídica tanto al empleado como al empleador. “Consideramos que el marco legislativo es propicio para robustecer dicho acuerdo, por lo que agradecemos a la diputada Carrillo el que nos permita dar nuestra opinión técnica en dicha materia”.

El funcionario agregó que hay artículos que generan ciertas dudas, como el artículo 3 del proyecto en el cual se limitan las horas del trabajo parcial a cuatro. “Esto podría causar confusiones y que las personas no quieran optar por este tipo de trabajo”.

Vidal Herrera, Gerente del IGSS, afirmó que se busca ampliar la cobertura del Instituto, sin embargo, debido a que el Estado no ha sido capaz de cumplir con la parte que le corresponde, la implementación de este tratado podría crear agujeros en los programas, y crear una crisis en la institución.

Guido Ricci, del CACIF, dijo que la ratificación del convenio no era necesaria para aplicar el referido régimen, porque era una forma laboral que ya era reconocida por el Ministerio de Trabajo, sin embargo, coincidió con viceministro Sandoval en la importancia de dar certeza jurídica a lo ya ratificado por el Congreso de la República. “Nos comprometemos a hacer un análisis técnico que considere las opiniones del sector empresarial organizado”.

Mientras que el representante de Legis, Juan Carlos Oxom recomendó  tomar en consideración la posibilidad de consultar a la Corte Constitucional, para determinar si la normativa cumple con los derechos fundamentales del trabajador, contenidos en el Código de Trabajo.

Al finalizar de la reunión la legisladora solicitó a los presentes hacer llegar sus ponencias sobre el tema a más tardar el 31 de mayo. “La idea es socializar y afinar el proyecto tomado en cuenta de los sectores involucrados y aprovechar el receso del Congreso, para buscar un dictamen favorable y pueda entrar en vigencia cuanto antes”, dijo.

Según datos de la OIT, a la fecha 17 países  han ratificado el referido convenio. Guatemala es el primer país Latinoamericano en haberlo hecho parte de sus regulaciones laborales y que entró en vigencia el 28 de febrero de este año.

Por Karen Mendoza