Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad se reunieron con representantes de la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos, PDH; Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, para escuchar las solicitudes de pobladores del departamento de San Marcos quienes piden se tomen acciones puntuales para resolver la conflictividad generada por los cobros excesivos y cortes del suministro eléctrico en esa área.

Según la autoridad que regula el tema energético, del 2001 a la fecha se han emitido acciones administrativas que comprenden sanciones por Q 58 millones en concepto de anomalías en el servicio y cobros injustificados,  así como órdenes de reinstalación. Pese a esto el conflicto continúa en este departamento.

Feliciano Velásquez, representante de los comunitarios, las acciones deben de ir más allá de un proceso sancionatorio, ya que desde el 2002 han denunciado ante las autoridades cerca de 32 ilicitos, los cuales no han sido investigados.

“Hemos evidenciado la presión a alcaldes por parte de la empresa distribuidora, cobros en el alumbrado eléctrico sin que se preste el servicio, así como la vulneración de los derechos de las comunidades en los cortes del servicio de manera injustificada, razón por la cual es necesaria la intervención de la institucionalidad antes de que la conflictividad aumente aun más”, aseguró el comunitario.

El representante de la PDH afirmó que han interpuesto 3 acciones de amparo: dos en el municipio de Malacatán y uno en San Catarina, San Marcos, a favor de la población por casos de criminalización social y acoso a los jefes ediles, de las referidas comunidades.

El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión, manifestó que dará seguimiento a la problemática. “Estamos conscientes de la conflictividad que ha causado este servicio, que va desde la persecución legal de muchos líderes comunitarios hasta la muerte de algunos de ellos. Tenemos conocimiento de que a la fecha el tema energético ha cobrado la vida de al menos 10 personas, razón por la cual exigimos a la institucionalidad que ponga cartas en el asunto y frene este atropello”, dijo.

Por aparte, el congresista solicitó que en la próxima reunión que los funcionarios de la CNEE sostengan  con la empresa  distribuidora se conforme una comisión integrada por pobladores de las comunidades afectadas, quienes deberán estar presentes en dicho encuentro con el fin de que sean escuchadas sus peticiones.

Por Karen Mendoza