En conferencia de prensa, los congresistas del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, presentaron una propuesta de modificación al párrafo segundo del artículo 407 N del Código Penal sobre el delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

La propuesta de reforma busca que se sancione a la persona que aporte, reciba o autorice recibir contribuciones en forma anónima con prisión de tres a siete años, multa de cincuenta por ciento de la cifra aportada y que se le inhabilite para optar a cargos públicos.

En el caso de que el responsable sea empleado público se propone un incremento del castigo, es decir que se les sancione por el triple de la pena de prisión impuesta. La misma suerte deberán sufrir las personas jurídicas que tengan vinculación con empleados públicos o contratistas, una vez hayan sido sindicadas.

El diputado Erwin Enrique Álvarez, del bloque Convergencia, informó que es evidente que los supuestos contenidos en el párrafo segundo del artículo 407 N son de menor gravedad que los contemplados en el primer párrafo.

“Sostenemos el criterio de que los supuestos del párrafo segundo son una conducta punible, sujeta a persecución y sanciona penal, independiente de la sanción administrativa”, refirió el congresista Álvarez.

Explicó que para cumplir con el mandato del Pleno del Congreso de la República y la exhortativa de la Corte de Constitucionalidad, los cambios deben ser orientados en el texto actual del segundo párrafo del artículo 407 N.

El congresista llamó a la reflexión al presidente de la Comisión Extraordinaria, Rodolfo Castañón, sobre la reforma que presentará él en la sala que coordina. “La propuesta no es congruente con lo resuelto por el órgano superior constitucional y que dio origen a la comisión,” puntualizó.

El congresista Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza, explicó que ya se han presentado varias propuestas de reforma a la normativa y esto enriquece la discusión en el Congreso de la República.

“Estaremos realizando los esfuerzos posibles para que se presente la iniciativa de ley en forma consensuada y que sea congruente con requerimiento de la Corte de Constitucionalidad y el ordenamiento jurídico del país”, detalló el diputado Romero Segura.

Por José Castellanos

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