Congresistas de la Comisión Extraordinaria encargada para modificar el párrafo segundo del artículo 407 inciso N del Código Penal, referente al delito de Financiamiento Electoral Ilícito, concluyeron este día con las audiencias públicas en la que recibieron las propuestas de al menos 15 instituciones de organizaciones de sociedad civil, TSE y académicos.

En la jornada de hoy participaron representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras; Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Pensamiento Penal de Guatemala, Asociación Liberacionista de Guatemala, Centro de Estudios de Guatemala, así como abogados a título personal.

Varias organizaciones unificaron sus propuestas en el sentido de modificar el párrafo segundo del artículo 407 N del Código Penal, para que sea reducida la pena de prisión de 3 a 8 años inconmutables para aquellas personas que reciban aportaciones de manera anómala de las agrupaciones políticas y de los individuos que las promuevan y entreguen.

José Pivaral, representante del CACIF, propuso “que los legisladores de la Comisión deberían de derogar el artículo y presentar uno nuevo con el fin de transparentar las aportaciones que reciben los partidos políticos y eso sería enviar un buen mensaje a la ciudadanía”.

Fernando Sandoval Madrazo, presidente de la Asociación Liberacionista de Guatemala, planteó que se tienen que “endurecer las penas y las condenas deben de ser drásticas para los que aportan de manera ilícita como los que las reciban y en el caso de funcionarios y empleados se les tienen que ser inhabilitados del cargo de por vida”.

En su intervención Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, hizo una reflexión respecto de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad “con relación a que si existe un delito de financiamiento ilícito de tipo penal y que tiene dos conductas a las que se debe de regular mejor la pena, el anonimato es una de ellas y la otra es no registrar para ambas se debería de establecer pena mínima de cuatro años y máxima ocho años dentro del rango establecido en el Decreto 4-2010, objeto de esta discusión,” señaló.

Sandino Asturias, director ejecutivo del Centro de Estudios de Guatemala, agradeció la oportunidad de poder tener este diálogo tan necesario para la construcción de un elemento fundamental. “Un elemento central en la profundización de la democracia, el papel de los partidos políticos y un tema esencial que es uno de los problemas estructurales del paísque es el financiamiento ilícito de los partidos políticos y creemos que se debe regular el tema en el Organismo Legislativo”.

Al terminar la audiencia representantes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Convergencia Nacional para la Reforma Política y Primero Guatemala, no se presentaron a la actividad por lo que los legisladores esperan que presenten sus propuestas en los próximos días. 

El diputado Rodolfo Moisés Castañón, del bloque FCN-Nación, y presidente de la instancia legislativa indicó que ahora empezarán a trabajar en el seno de la Comisión sobre la base de las propuestas para elaborar la propuesta de iniciativa de ley para que se cumpla con el plazo establecido por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y sea entregada al pleno del Congreso de la República para su aprobación. ñonf,

Por José Castellanos