INE Y SEGEPLAN RECONOCEN ANOMALÍAS EN AUMENTO DE ALDEAS Y CASERIOS
Jueves, 15 de marzo de 2018
El instituto Nacional de Estadística, INE y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN admitieron, en citación de la Comisión de Transparencia y Probidad, que existieron irregularidades para aumentar aldeas y caseríos en 67 municipios desde el año 2010 sin los documentos y verificaciones legales para justificar su existencia, después que se diera a conocer en reportaje de un medio escrito hace dos semanas.
Néstor Mauricio Guerra, Gerente del INE informó a los diputados, el inicio de las acciones administrativas internas, la rectificación de datos en la Comisión del Cálculo Matemático, la solicitud de Auditorias Especiales en los 67 municipios por la Contraloría General de Cuentas y la presentación de denuncia en el Ministerio Público para que investigue las irregularidades incurridas y poder deducir responsabilidades penales.
En tanto Miguel Ángel Moir Secretario de SEGEPLAN informó sobre la denuncia penal presentada ante el MP para que también investigue y compruebe “la comisión de ilícitos penales y la participación de quienes resulten responsables” por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad Dip. Amílcar Pop ejemplifico los números sospechosos en donde pudo haber participación directa y posibles sobornos entre funcionarios del Instituto Nacional de Fomento Municipal, Concejos y Alcaldes Municipales, SEGEPLAN y el INE.
• San Francisco el Alto, Totonicapán en 2010 cuantificó 14 aldeas; del 2011 al 2016 268 y en 2017 redujo a 14.
• Puerto Barrios, Izabal en 2010 cuantificó 83 poblados, del 2011 al 2016 268 y en el 2017 redujo la cantidad de 52.
• La cabecera departamental de Sololá en el 2010 44, del 2013 al 2016 75 y en el 2017 a 40 aldeas.
Los congresistas enfatizaron que por la alteración de estos datos, muchos funcionarios incurrieron en posibles ilícitos con la intención aumentar la designación del situado constitucional, por el cual solicitaron informes circunstanciados de los procesos, ya encaminados, a ambas instituciones para continuar en el proceso de fiscalización.