La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emitió dictamen favorable a que Guatemala amplié su capital ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), lo cual asciende a US$4 millones, equivalente a Q29 millones 400 mil, con el objetivo de continuar con el beneficio de tener acceso a créditos.

El diputado Ferdy Elías Velásquez, del Frente de Convergencia Nacional-Nación y presidente de la citada sala de trabajo, explicó que la iniciativa 5086, que contiene la ampliación de capital por parte del Estado de Guatemala y cofundador del BIRF, tiene casi dos años de estar retrasada, pues se venció el 16 de marzo de 2016.

Agregó que Guatemala no tiene que hacer ninguna erogación adicional debido a que ya está contemplada por el Banco de Guatemala.

El otro tema abordado en la comisión fue la iniciativa 5343, que contiene el préstamo de US$100 millones con el BIRF que adiciona una donación de US$9 millones para la ejecución del proyecto Creciendo Sano, programa destinado para combatir la desnutrición en el país, que se pretende será coordinado por los ministerios de Desarrollo Social, Salud, así como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional; y que será ejecutado por el Fondo de Desarrollo Social.

El dictamen de la sala de trabajo fue pospuesto debido a que los diputados que integran la comisión pidieron que los representantes de los ministerios a cargo del programa y su ejecución, así como de Finanzas Públicas, sean citados para que expliquen la forma en que ejecutarán el programa Creciendo Sano.

El tercer tema conocido por la comisión fue la iniciativa 5417, por medio de la cual se pretende modificar los artículos 76 y 97 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el año 2018, para poder pagar obras que fueron ejecutadas en los últimos meses de 2017 por los alcaldes de todo el país.

En este caso, el diputado Elías Velásquez indicó que analizará el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales para poder dictaminar de forma conjunta y que se pueda conocerse en el pleno antes del 2 de abril, que es el plazo fijado por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia para que los jefes ediles puedan tener recursos financieros para pagar las denominadas obras de arrastre.

Por Byron Vásquez