Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Instituto Nacional de Estadística (INE) y alcaldes de varios municipios para intermediar en el problema generado a partir de una reducción en el aporte constitucional que afectó a más de 60 municipalidades.

Nestor Guerra, director del INE, reconoció que hubo “errores” en los datos sobre la variable poblacional, que fueron enviados a la comisión encargada de realizar el cálculo matemático para la distribución de la asignación constitucional a las municipalidades.

“A nosotros nos redujeron Q163 mil en cada aporte mensual, lo que repercutirá en la educación y salud de las aldeas más pobres”, indicó el alcalde Guillermo Guerra, de Camotán, Chiquimula.

“Lo que queremos es que se quede sin efecto el dictamen de 2018 y se continué con el aprobado el año pasado, mientras no haya un nuevo censo”, expresó el jefe edil.

El diputado Carlos Barreda, expresó: “Cometieron una ilegalidad, ya que no solo redujeron la asignación este año, sino también afectaron el aporte de diciembre 2017”.

“Esto es un asunto de urgencia nacional, ya que ahorita se está dialogando, pero si no se rectifica, y le llega a los alcaldes un cheque más con este ajuste la población va a salir a manifestar”, agregó.

En la reunión se acordó que por parte del INE se enviará una enmienda de procedimiento a la comisión, para que esta proceda a emitir una resolución.

Por Rosemary Recinos