Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Ronald Arango (Todos), se reunieron hoy con representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a quienes cuestionaron sobre los registros y acciones que implementan para contrarrestar las violaciones sexuales a menores de edad.

José Roberto Molina, viceministro técnico del MSPAS, expuso que reportes de esa cartera registraron en los últimos tres años alrededor de 7,900 niñas menores de 14 años embarazadas, producto de un delito sexual, los cuales fueron denunciados a la autoridad pertinente. Sin embargo, aseguró que hay un subregistro de casos no denunciados, los cuales hacen que las cifras sean mayores.

“Los departamentos con mayor incidencia de violaciones de menores son Guatemala, Escuintla y Chimaltenango, donde un 89 por ciento de las víctimas son del sexo femenino”, dijo el funcionario.

Rubén Herrera, jefe de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP, explicó que a la fecha hay 11 oficinas de esa instancia en distintos nosocomios de la red hospitalaria del país. “Solo en el departamento de Guatemala hay 1,217 expedientes en investigación y 35 sentencias por el delito de violación en 2017”, agregó.

El congresista Arango afirmó: “Conocemos los esfuerzos de los entes de impartición de justicia en cuanto a agilizar los procesos de condena; sin embargo, estamos seguros de que de haber mayor persecución penal ayudaría a la disuasión de este hecho”.

El diputado Raúl Romero (Fuerza), propuso a la mesa la conformación de una comisión específica que permita orientar propuestas y dé seguimiento al tema.

Finalmente el diputado Arango reiteró: “Dicha comisión será integrada en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, veremos la posibilidad de adherirnos a la mesa interinstitucional coordinada por la Vicepresidencia de la República para generar los mecanismos que permitan la erradicación de este flagelo”.

Según el Código Penal Procesal guatemalteco, las personas que cometan el delito de violación podrían ser sometidas a una pena de prisión de entre 8 y 12 años. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indica que por lo menos 70 perfiles genéticos de violadores o posibles violadores se podrían registrar al día con la vigencia de la Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense (Decreto 22-2017) aprobada el año pasado por el Legislativo.

Por Karen Mendoza