En la reunión de hoy de la Instancia de Jefes de Bloque fueron aprobadas las agendas de las sesiones plenarias que se llevarán a cabo en la presente semana, donde destaca este martes la tercera lectura de la ley de competencia y la elección del Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

A solicitud del subjefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, se incluyó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.

En la sesión plenaria de mañana, que dará inicio a las 14:00 horas, también se discutirá en tercer debate, por artículos y redacción final el proyecto de decreto de reformas a la ley que promueve el turismo interno.

Para el jueves 22, a las 10:00 horas, se tiene previsto la discusión en tercera lectura, por artículos y redacción final del proyecto de decreto de ley del día nacional del autismo, así como la continuación de la discusión por artículos y redacción final de las reformas a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles.

El presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, después de la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, informó que en lo que concierne a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en donde se exhorta al Legislativo a modificar el artículo 407, inciso N del Código Penal que contempla el delito de financiamiento electoral ilícito, este martes será leído el fallo en despacho calificado y a partir de ese momento se sostendrán reuniones con los jefes de bloque para determinar cuál será la mejor ruta a seguir en este caso.

“Yo creo que más que urgente, lo que ha sucedido aquí es que la Corte de Constitucionalidad nos exhorta a que se reforme un artículo, que ellos reconocen, no está bien redactado. Entonces, más que urgencia es responsabilidad del Congreso hacer las cosas bien para que ese artículo quede de la mejor manera posible”, aseveró el presidente del Legislativo.

Esto es lo que exhorta la CC que debe ser modificado por el Legislativo, Artículo 407 inciso “N” del Código Penal: La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.

Por Nery Morales y Byron Vásquez