Los diputados de la bancada Movimiento Reformador (MR), convocaron nuevamente a las instituciones relacionadas al tema de las portuarias del país con el fin de esclarecer diferentes dudas con respecto a la baja competitividad que registran.

Luis Hernández Azmitia, jefe de bancada, explicó que desde hace algún tiempo han abordado esta problemática, ya que les preocupa la baja de ingresos en los puertos, según lo han constatado en reuniones anteriores.

En la reunión anterior, se estableció que los procesos legales que mantiene la Procuraduría General de la Nación (PGN), sobre la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), y la empresa comercializadora Pahame, S.A., mantienen bloqueados proyectos que incrementarían los ingresos al país, por lo que hoy se hizo presente la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfin.

En el caso de TCQ, Morfínn explicó que ellos actúan cuando el Presidente de la República o algún ministerio se los solicita, por lo que respondiendo a las solicitudes que les llegaron, después de las investigaciones legales correspondientes, se declaró lesivo dicho contrato.

“Sin embargo, en este caso la misma Presidencia (del Ejecutivo) me solicitó su revisión, debido a las pérdidas económicas que representa para el país y por ende a los guatemaltecos”, indicó Morfin, quien agregó que después de analizarlo, se pudo establecer que la empresa que suscribió el contrato no actuó de mala fe y no estuvo involucrada en ilegalidades de forma directa.

Aunque en el caso de Pahame, S.A. que tiene sus operaciones en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Morfín, dio a conocer que el aspecto que los hizo declarar lesivo dicho contrat, fue principalmente la tarifa desigual que la portuaria cobra: “Santo Tomás le cobraba en un inicio $70 centavos a Pahame, mientras que a los usuarios normal llegaba a más de $4.00, entre otros aspectos”, comentó la procuradora.

Según Byron Monterroso, presidente de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, este entrampe legal deja pérdidas de aproximadamente Q40 millones mensuales a Guatemala. “Estos recursos podrían ir a inversión social”, indicó.

El congresista Hernández Azmitia concluyó la reunión explicando que todos los entrampes legales que hay actualmente en las portuarias mantienen bajos los ingresos estatales y esto merma la inversión social.

Por tal motivo los diputados de MR establecieron que la próxima semana llevaran a cabo una mesa técnica donde participen todas las instituciones involucradas, dijo el congresista Hernández Azmitia.

A la reunión de hoy fueron convocados, el presidente de la Portuaria Quetzal, Bernardo López; el presidente de Santo Tomás de Castilla, Byron Monterroso; el viceministro de Puertos y Aeropuertos, Rudy Keller; el Superintendente interino de Administración Tributaria, Abel Cruz; el Gerente General de portuaria Santo Tomás, César Meza; el Subcontralor General de Cuentas, César Elías y la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín.

Por Mayra Recinos