A instancias de la diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, hoy se llevó a cabo el primer conversatorio para abordar los avances en el cumplimiento del Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles.

A la reunión asistieron diferentes organizaciones de la sociedad civil, representantes de las tres principales empresas telefónicas del país, del Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC), Sistema Penitenciario (SP) y Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

Erika Gonzales, del movimiento Pro Justicia, indicó que de acuerdo a sus monitoreos los índices de extorsiones desde las cárceles se han mantenido, debido a que no hay suficiente supervisión y control de parte de los guardias de los centros carcelarios.

“Otro problema es que la SIT no cumple a cabalidad con la inspección de los centros de comercialización de tarjetas telefónicas, y tampoco verifican que no se compren celulares con documentos de identificación falsos”, explicó Gonzales.

Juvell de León, director del SP, argumentó que desde los años 70 no se invierte en las cárceles del país, lo que los ha llevado a tener una sobrepoblación del 350 por ciento más de su verdadera capacidad. “En los 21 centros de privación de libertad del país hay 23 mil 235 hombre recluidos y un aproximado de 2 mil 431 mujeres, y este número va en aumento”, acotó.

Además indicó que el verdadero problema que afrontan actualmente es la tecnología de punta que están utilizando los presos para hacer llamadas telefónicas, ya que han detectado el sabotaje en el servicio de luz eléctrica y de los bloqueadores de señal en los centros de reclusión, así como la utilización de teléfonos satelitales.

Karen Cabrera, de la firma Claro, dijo que es lamentable que hayan invertido Q28 millones en bloqueadores de señal para las cárceles y que ahora no tengan buen uso.

La diputada Montenegro expresó que es preocupante que la delincuencia organizada vaya adelante de las instituciones encargadas de impartir justicia y seguridad en el país, por lo que pidió que se investigue a la empresa Red, que distribuye celulares satelitales.

Pero sobre todo urgió que se pida apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), para que coopere en la depuración del personal del SP, así como asesorar en materia de tecnología, “Estos son grupos de crimen organizado que utilizan estrategias que van más allá de la capacidad que el mismo Estado tiene para contrarrestarlos”, aseveró la diputada.

Por Mayra Recinos