En cumplimiento de sus funciones de intermediación y fiscalización, congresistas del Movimiento Reformador, que preside el congresista Luis Hernández Azmitia, se reunieron con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura, y Vivienda (CIV), a quienes cuestionaron sobre el techo presupuestario, déficit y criterios para otorgar viviendas.

De acuerdo con Fred Santeliz, viceministro y jefe del Fondo para la Vivienda (Fopavi), del CIV, el déficit habitacional asciende a no menos de 1 millón 600 mil. Según el funcionario, la mayor complicación es que en el plan operativo anual para este año se estimó un presupuesto de Q528 millones, pero solo fueron asignados Q170 millones (32 por ciento).

Aseguró que si bien fue la unidad del CIV con la mejor ejecución en 2017 (98 por ciento), solo fueron subsidiadas 4 mil 411 viviendas. “Entre las fuentes de financiamiento que alimentan al Fopavi está lo percibido por el impuesto al cemento y la gasolina, rubros que no han sido transferidos por Finanzas Públicas para que el fondo cuente con el recurso económico suficiente para garantizar a los guatemaltecos un vivienda digna”, dijo el funcionario.

En cuanto a los criterios técnicos de focalización y priorización, indicó que se atiende a los beneficiarios según el orden en que ingresan los expedientes calificados al Fopavi, por lo que no se cuenta con un criterio técnico para este tema.

El diputado Hernández Azmitia expresó:“Nos preocupa que el programa no esté teniendo el impacto que debería, ya que tenemos conocimiento de que el mismo ha sido politizado y hay casos en los cuales las viviendas no han sido entregadas a sus beneficiarios pese a que cuentan muchos de ellos con su expediente completo. Por esta razón hemos pedido un detalle al viceministro de cuántas solicitudes atendieron desde que el tomó posesión en el viceministerio, cuántas de ellas han sido aprobadas y finalmente entregadas”.

Según registros de un estudio comparativo del estado de la vivienda en Centroamérica, realizado por Hábitat para la Humanidad y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clacds), del INCAE Business School en 2016, Guatemala es uno de los países de la región en el que sus pobladores no cuentan con certeza jurídica en la tenencia de sus viviendas.

Asimismo, muchos de quienes tienen la oportunidad de contar con una no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, por estar construidas en condiciones precarias y carecer de los servicios básicos o por estar erigidas en zonas de alto riesgo que ponen en peligro la vida de sus habitantes.

Por Karen Mendoza