Integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado independiente Oliverio García Rodas, se reunieron con Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien presentó el diagnóstico de personas privadas de libertad olvidadas, quienes ya cumplieron su sentencia pero no han salido libres por diferentes causas.

El diagnóstico indica que hay más 23 mil personas detenidas por diversos delitos, tanto en los centros para mujeres como para hombres, pero no hay datos exactos de parte de las instituciones encargadas del tema de cuantas personas recluidas hay y que ya cumplieron con la condena y no han salido de prisión, por lo cual se les estaría violando sus derechos fundamentales, como la libertad y vida.

En la reunión participó Ana María Upegui, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), quien manifestó que “el Estado guatemalteco tiene compromisos internacionales a través de la ratificación de tratados y convenios internacionales y hay recomendaciones de los órganos internacionales para buscar los mecanismos y la solución de la situación de los recluidos”.

“Esta es una problemática a nivel nacional que se debe resolver urgentemente, ya que hablamos de personas que se les está violando sus derechos humanos porque ya cumplieron con la sentencia, pero están detenidos porque no han logrado pagar su multa y se le está criminalizando su situación de pobreza”, dijo el jefe de la PDH.

El parlamentario García Rodas, coordinador de la mesa técnica, expresó: “Este es un tema que debe preocuparnos a todos, ya que hay muchos casos de personas privadas de libertad cuya sentencia ya fue cumplida y siguen detenidos, pero no pueden pagar su sanción penal y los obliga a seguir presos por muchos años por su situación económica y hay una sobrepoblación en las cárceles por muchos casos. Tenemos que solucionar esta problemática”.

Al concluir la reunión, las organizaciones sociales y los congresistas concluyeron que estarán buscando una reunión con Junta Directiva del Congreso de la República, que preside el diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar, y la Instancia de Jefes de Bloque para que reciban al Procurador de los Derechos Humanos y representantes de Oacnudh para conocer el diagnóstico.

Por José Castellanos