Diputados que integran la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), solicitaron hoy a la Contraloría General de Cuentas (CGC) efectuar una auditoría de los listados de  beneficiarios del Programa de Transferencias Condicionadas a cargo del Ministerio de Desarrollo (Mides), debido a ciertas dudas que se tienen en cuanto al cumplimiento de  corresponsabilidades como la asistencia de los niños a las escuelas y centros de salud.

Los legisladores también cuestionaron a los viceministros de Prevención Social y de Planificación, de la referida cartera, Carlos René Vidal y Javier Santizo, respectivamente,  por la baja ejecución presupuestaria en 2017, ya que de los Q395 millones asignados a este programa solo se ejecutaron Q211 millones (53 por ciento).

Vidal aseguró que el ministerio tuvo en 2017 una ejecución global del 58 por ciento, cifra que se sitúa por debajo a lo registrado el año anterior que fue del 84 por ciento, siendo el Fondo de Desarrollo Social la entidad con la ejecución más baja, alcanzando únicamente un 26 por ciento.

En cuanto a la medición de las corresponsabilidades de las 153 mil familias que recibieron dicha ayuda, en el tema de educación fueron verificadas no menos de 32 mil y en salud alrededor de 4 mil beneficiarios. “Los pagos se efectuaron, teniendo como requisito  la carta de aceptación y la conformación del expediente, en el caso de la asistencia a las escuelas, la misma no pudo ser verificada en los meses de noviembre y diciembre debido a que las escuelas estaban cerradas”, dijo el funcionario.

Carlos Barreda, jefe del bloque UNE, expresó: “Nos preocupa que los programas no están impactando en la mejora de los indicadores de la matricula estudiantil, ya que a la fecha existe un 78 por ciento de deserción solo en nivel primario”.

Otro de los temas que resaltaron en la reunión fue la no renovación de 200 plazas, ya que a criterio de los congresistas del bloque uneísta la contratación de nuevo personal  se debería al favorecimiento de personas que fueron candidatos y que pertenecen a diferentes partidos políticos.

“El Mides en los últimos dos años ha tenido una nómina inmensa, que ha respondido a criterios de orden político, por lo que hemos pedido a la Contraloría que verifique con el Tribunal Supremo Electoral, si estas personas están afiliadas a partidos políticos, si fueron candidatas a cualquier puesto público en la elecciones pasadas, ya que tenemos información de posible favorecimiento a dichas entidades”, concluyó el legislador.

Por Karen Mendoza