Quedaron definidas las agendas legislativas de las sesiones ordinarias de martes 5 y, miércoles 6 de marzo y de nuevo se dio prioridad al trabajo legislativo pues serán tres sesiones en la presente semana  a partir de las 14:00 y 10:00 horas, luego de su aprobación por parte de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva.

La interpelación al Ministro de Desarrollo Social (Mides),  Carlos Velásquez continuará en la sesión del martes por la tarde y la del Ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, comenzará el miércoles a las 10:00 Horas.

En la segunda sesión del miércoles, a las14:00 horas, en segundo debate se conocerá la iniciativa para la promoción comercial, competitividad, e inversión, conocida como marca país (5500) mientras que la Ley General de Infraestructura Vial y la Ley de Reactivación Económica del Café fueron incluidas a petición de algunos diputados, por lo que se retoma la discusión.

Se contempla la discusión del proyecto que dispone aprobar las negociaciones para un apoyo económico del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US $120 millones para la ejecución de la tercera etapa del programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala (5010).

Se incluyó la discusión de otras propuestas, como las reformas al  Decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional (5377), la propuesta de la diputada Sofía Hernández para que la ley que propicia la donación y trasplante de órganos regrese  a la Comisión de Salud, sea afinada y posteriormente pueda discutirse su  aprobación y la iniciativa que propone que perros guías que asisten a personas con discapacidad visual  ingresen  a lugares públicos y la elección del Contralor General de Cuentas.

Al concluir la aprobación de las agendas, los legisladores escucharon a funcionarios de diferentes entidades relacionadas con el Sistema Penitenciario para discutir sobre la situación de las personas en prisión preventiva y provisional. Camilo Morales, director del Sistema Penitenciario, Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Mario Rolando Veras, presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Fanuel García, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses presentaron  estadísticas  del hacinamiento en el sistema carcelario.

Según  Morales la sobrepoblación reclusa  alcanza  el 350 por ciento de la capacidad actual de las cárceles, 26, 390 personas en prisión preventiva y  condenados  distribuidos en 21 centros de detención y 13 comisarias.  Las autoridades coincidieron que el problema  en su mayor parte se debe al excesivo uso del  artículo 268 del Código Procesal Penal que establece la prisión preventiva, por lo que aseguraron que la aprobación de leyes como la de aceptación de cargos, procedimiento abreviado, entre otras,  ayudaría a terminar el hacinamiento en dichos centros.

Por: Karen Mendoza

Fotos: Héctor Monroy