Con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  a favor de pobladores de varias comunidades de San Marcos, en donde se realizaron explotaciones mineras, diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad se reunieron con autoridades de diversas instituciones.

Las medidas cautelares consisten en un resarcimiento por medio de  la ejecución de diversos proyectos,  y al referirse al sistema de agua potable, Julio Contreras, gerente del Instituto de Fomento Municipal (Infom), expresó que  ya se encuentra  en un 90 y  100 por ciento de ejecución, información que fue desmentida por los pobladores de municipios como Sipacapa y San Miguel  Ixtahuacán.

“A más de 8 años de que se decretaron esas medidas cautelares, es lamentable  que ninguno de esos proyectos esté funcionando en su totalidad”, dijo el comunitario  francisco Bámaca.

Julio García Colindres, viceministro de Atención Primaria en Salud   expresó que aun no existen sistemas de cloración en esas comunidades. “El agua está contaminada y pone en riesgo la vida y la salud de las personas”, declaró el diputado Amilcar Pop, presidente de la Sala Legislativa.

La Comisión de Probidad acordó realizar una fiscalización en el lugar  para verificar el estatus real de estos proyectos  y determinar responsabilidades por la falta de cumplimiento.

Por: Rosmery Recinos

Fotos: Roberto Aguja

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