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El diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente de Junta Directiva del Congreso, recibió este miércoles a Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con quien conversó sobre la agenda legislativa referente al tema.

Tauli-Corpuz manifestó su preocupación en torno a la armonización de la legislación guatemalteca vigente, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en materia de consulta popular a los pueblos originarios.

“Nos hemos comprometido con la relatora a generar los mecanismos que garanticen que el tema sea ampliamente discutido, y que de como resultado una normativa que recoja la opinión y el consenso de todos los sectores involucrados”, dijo el diputado Alejos.

El congresista del bloque Todos aseguró que solicitarán al presidente de Comisión de Trabajo que acelere la emisión del dictamen, conforme con los tiempos que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (45 días), y que dicha propuesta pueda ser conocida cuanto antes en las próximas plenarias.

Tras ser recibida por el diputado Alejos, la delegada de la ONU, quien está de visita oficial en el país, sostuvo una reunión con integrantes de las Comisiones de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, presididas por los representantes, Leocadio Juracán y Ronald Arango, respectivamente, con quienes abordó varios temas como la tenencia de tierras, la oposición de comunidades a los megaproyectos, criminalización de pueblos indígenas y radios comunitarias, entre otros.

El Convenio 169 es una convención adoptada por la OIT en 1989, ratificado por Guatemala el 5 de junio de 1996 y constituye el instrumento internacional más importante que garantiza los derechos indígenas en cuanto a mantener su cultura, sus tradiciones, e integridad política.

Por Karen Mendoza

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Legisladores de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, iniciaron la discusión del proyecto que reforma el Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, cuyo fin es beneficiar a los atletas Guatemaltecos de las diferentes disciplinas

El análisis de la iniciativa de ley se lleva a cabo en una mesa técnica de trabajo donde se aglutina entidades que velan por la calidad del deporte en el país, entre las que se encuentran las asociaciones deportivas, Fundación Amigos del Deporte, la Confederación Deportiva  Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco.

La presidenta de la Comisión de Deporte, Flor de María Chajón, de la bancada Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación, indicó que “los cambios deben consensuarse con las personas que conocen de cerca los deportes tanto entrenadores, dirigentes como atletas, buscando el beneficio colectivo que redunde en triunfos y medallas para nuestro país”.

Oscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana, argumentó que la “ley que rige el deporte tiene más de 20 años de existir, lo que hace necesario dinamizarla en beneficio de los deportistas. Los cambios deben hacerse de una manera transparente donde la opinión de todos los protagonistas sea tomada en cuenta”.

Esta opinión fue compartida  por la legisladora Karina Paz, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien asegura que deben  hacerse cambios profundos que redunden en mejores resultados.

La mesa técnica tiene la tarea de analizar los 231 artículos que tiene la ley vigente. Una de las principales preocupaciones es la universalidad del deporte, que se incluyan a personas de capacidades diferentes en el deporte federado. Para el efecto hay que evaluar los puntos de accesibilidad e inclusión, y analizar bien los primeros 10 artículos.

El futbolista Carlos Figueroa, en representación de los atletas, hizo un llamado a las instituciones y a los legisladores para que se reconozca no solo el deporte federado sino también el deporte amateur. Pidió a los participantes velar por las asignaciones presupuestarias para el deporte y su buena utilización, para lo cual se tienen que establecer controles y regulaciones en la nueva ley.

Por Fernando Bolaños

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Diputados de la  Comisión de Pueblos Indígenas manifestaron su apoyo a los comisionados presidenciales contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, quienes cabildean por la aprobación de la Iniciativa de Ley 2699, que aprueba el reconocimiento de la competencia del comité para la eliminación de la discriminación racial.

La propuesta ya fue conocida por el Pleno de los Diputados en su segunda lectura, por lo que los comisionados de CODISRA solicitaron a los legisladores y a representantes de la Secretaría de la Paz, (SEPAZ), continuar con la aprobación de la normativa lo antes posible.

El reconocimiento de la competencia del comité para la eliminación de la discriminación racial está regulado en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Este en su punto 1. establece que: “Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente Convención. El Comité no recibirá ninguna comunicación referente a un Estado parte que no hubiere hecho tal declaración”.

“Como diputados de la Comisión de pueblos indígenas estamos interesados en que se apruebe la iniciativa. El fin principal es lograr programas de ayuda para evitar la discriminación, y cumplir con algunos puntos de los acuerdos de paz”,  destacó el diputado Leocadio Juracán.

Por Karla Herrera

 

 

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Diputados de la Comisión de  Pequeña y Mediana Empresa, encabezados por el representante Sergio Celis Navas, de la bancada Alianza Ciudadana, se reunieron con Gloria Zarazúa, viceministra de Economía, para evaluar la posibilidad de trabajar en un proyecto de ley de apoyo y promoción de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), en relación al fortalecimiento de los procesos para la incorporación a nuevos mercados.

“Actualmente existe una debilidad en el proceso de formalizar una empresa o de poderla internacionalizar”, expresó la viceministra, quien agregó que  la ley lo que haría es fortalecer la vinculación de todas las instituciones que participan en ella.

Gloria Zarazúa indicó que la Política Nacional de la Mipyme necesita una actualización ya que fue aprobada en el año 2004.

El parlamentario Celis  comentó que se reunirán nuevamente con funcionarios del ministerio de Economía para analizar las experiencias latinoamericanas  en legislación comparada, y resaltó la necesidad de flexibilizar estos  trámites como ha ocurrido en Nicaragua, uno de los países más avanzados en esta materia. Comentó que se espera tener una propuesta en septiembre de este año para buscar el apoyo necesario que permita que el proyecto avance en su trámite.

Por Rosemary Recinos.

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Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, CIV, comparecieron ante los diputados de la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario del Congreso de la República, que preside la representante Lesly Valenzuela, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con el fin de conocer a detalle la situación de los tramos carreteros en diferentes departamentos del país.

Juan Carlos Méndez, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, COVIAL, dijo que esperan que en las próximas semanas de mayo inicien todos los trabajos de mantenimiento, bacheo y limpieza de carreteras, para lo cual cuentan con diferentes presupuestos por departamento.

“Para el departamento de San Marcos contamos con Q58 millones 667 mil; Huehuetenango tiene asignados Q40 millones, Quetzaltenango Q70 millones, Sacatepéquez Q20 millones 904 mil y Quiché Q47 millones”, informó Méndez.

La diputada de la UNE Lucrecia Samayoa, representante del departamento de Huehuetenango, pidió especial atención en la carretera que conduce de San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barillas. “Faltan 28 kilómetros para concluir este tramo, pero hace como 20 años que lo han rezagado”, lamentó la parlamentaria.

José Luis Benito Ruíz, ministro de Comunicaciones explicó que dicha obra tiene un costo de Q139 millones, sin embargo está a cargo del Fondo de Desarrollo Social, FODES, el cual, según explicó, ha sido sumamente afectado con recortes financieros en la denominada “Fuente 21”.

“Con el objetivo de contar con los recursos para cubrir los gastos de la nueva Ley de Alimentación Escolar, las unidades ejecutoras que estaban financiadas con la Fuente 21, fueron recortadas en sus presupuestos, por tal razón estamos pidiendo una ampliación”, dijo el Ministro Benito Ruíz.

La diputada Marleny Matías, representante de Baja Verapaz, indicó que es lamentable que su departamento aún no tenga avance con los trabajos carreteros, los cuales se encuentran en mal estado, por lo que urgió al Director de Caminos, Juan José Hanser, para que inicien operaciones en el lugar.

Hanser explicó que su mayor problema es el desabastecimiento de combustibles, pues han levantado varios eventos en Guate compras, pero nadie participa. Además por ser unidades ejecutoras diferentes no pueden pedir apoyo directo a Caminos. “Estamos planteando algunas soluciones, por lo que esperamos contar con el diésel en junio a más tardar”, acotó el funcionario.

Durante la reunión también se escuchó a Vitalino Gómez, vecino del departamento de Tejutla, San Marcos, quien planteó que desde el 2010, han solicitado una licencia de línea de transporte extraurbano, pero en el Ministerio no les han extendido la tarjeta oficial y operan con un permiso temporal que se los revalidan eventualmente.

La diputada Valenzuela pidió al titular de la cartera que analice esa Dirección para evaluar su desempeño y fiscalizar a las personas que ahí laboran, ya que tienen denuncias sobre expedientes que son trabajados extrañamente con mucha rapidez, y otros simplemente los dan por perdidos.

“Esteremos pendientes del avance de las obras que hoy nos indicaron y de las peticiones que  realizamos a los funcionarios de Comunicaciones”, concluyó la diputada Lesly Valenzuela.

Por Mayra Recinos

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Integrantes de la Comisión de Seguridad Nacional, que preside la diputada Thelma Ramírez, sostuvieron este día una reunión de trabajo para continuar con el análisis  de la Iniciativa 5410, Ley de la Policía Nacional Civil.

Durante esta reunión se logró avanzar en el análisis hasta el artículo 32 de la mencionada iniciativa. Continuarán con el trabajo el próximo miércoles 9 de mayo con el fin de dictaminar sobre la mencionada iniciativa a la brevedad posible.

La diputada Thelma Ramírez, presidenta de esta Comisión de trabajo, señaló que trabajan en el análisis de esta iniciativa y tienen 45, que corren a partir del pasado 23 de marzo, para dictaminar y que esperan poder avanzar para presentar el dictamen en los próximos días

Entre los puntos torales está la descentralización de algunas de las funciones de la Policía nacional Civil, así como que se les permita a los agentes  poder hacer uso de sus armas de fuego en un caso de defensa propia sin que esto les perjudique el desarrollo de su carrera policial.

Por Wendy Sandoval

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Como parte de su labor de fiscalización, el diputado José Rodrigo Valladares, se reunió con el subcontralor, Cesar Elías, y el viceministro de Ambiente, Julio Recinos, a quienes solicitó información específica de los contratos que tenga ese Ministerio con diferentes empresas que provean servicio de helicópteros.

El parlamentario solicitó un informe pormenorizado de los vuelos que este Ministerio contrata, la periodicidad de los mismos y las empresas que prestan este servicio a la cartera de Ambiente.

“Lo que se busca es conocer cuáles son las empresas contratadas por el Ministerio de Ambiente para prestar el servicio de helicópteros, y si estas empresas llenan los requisitos establecidos por la ley de contrataciones”, dijo Valladares.

Cesar Elías, subcontralor de Gasto Público, informó que la fiscalización en esta clase de contratos se intensificó desde que el pasado 15 de abril el titular de esa Medio Ambiente usó una aeronave para llegar a emitir su voto.  Contó que el ministro Alfonso Alonzo ya presentó el informe que la Contraloría General de Cuentas requirió sobre este tema, que el mismo está siendo analizado por esta entidad y que los resultados de este análisis se darán a conocer en próximos días.

El parlamentario José Rodrigo Valladares dijo que continuarán fiscalizando  las acciones y funcionamiento de la Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales  para verificar que no se ejecuten acciones ni gastos innecesarios.

Por Wendy Sandoval

 

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La diputada Sofía Hernández, presidenta de la Comisión de Salud, y la parlamentaria Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva del Congreso, se reunieron con representantes de diferentes instituciones gubernamentales,  para dar seguimiento a la mesa de trabajo establecida con el propósito de fiscalizar los avances en el proyecto de construcción de un edificio propio  para el Hospital de San Pedro Necta, en el departamento de  Huehuetenango.

“La obra se encuentra abandonada  desde el año 2011, se detuvo con un avance físico del 49.55 por ciento por la liquidación del Fondo Nacional para la PAZ, FONAPAZ, y debido a los trámites burocráticos no se ha podido retomar”, informó Epifanio Mejía Ramírez, director del nosocomio.

La diputada Hernández expresó que existe una demanda penal en el Ministerio Público por  algunas anomalías en su construcción, y habló de la necesidad de que el Fodes nombre una Comisión receptora y liquidadora para que el proyecto pueda trasladarse al Ministerio de Salud, y continuar con su proceso.

“Se otorgó de plazo hasta el lunes 07 de mayo, para que  envíen un informe sobre el cumplimiento de estos requisitos. Si no resolvemos antes de 10 días esta situación se pierden Q.20 millones que ya están presupuestados para este año  para terminar  su construcción”, dijo la congresista,

Estuardo Campo, fiscal regional del Ministerio Público comentó que mañana se realizará un inspección ocular para verificar que el estado de su construcción, concuerde con las auditorias entregadas por la Contraloría General de cuentas, y  con los informes  del Fodes,   para encontrar una solución lo más pronto posible Y poder concluir con esta investigación.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados de Junta Directiva y los jefes de los diferentes bloques legislativos aprobaron este día el orden del día que se conocerá en las sesiones ordinarias del próximo miércoles 2 y jueves 3 de mayo, a partir de las 14:00 horas.

El martes los diputados continuarán con la elección del  representante del Congreso ante la Junta Monetaria y el Consejo Nacional de Atención al Migrante. También está en agenda y el nombramiento de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura  y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En la agenda está previsto  que se conozca en primer debate la iniciativa 5257, que contiene reformas al Decreto 2-2003, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. En segundo debate serán discutidas tres iniciativas: la 5354, ley de prevención de la tuberculosis en Guatemala y su Control; la 5074 que dispone aprobar la ley de competencia, y por último  la 5132, ley de aceptación de penas, la cual fue incluida a solicitud del jefe del bloque del Movimiento Reformador, Luis Hernández Azmitia.

El miércoles también está previsto que se conozca en el Pleno el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora, que analizó el expediente de antejuicio 33-2018, promovido en contra del ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela.

Para el jueves 3 de mayo se conocerán en su segunda lectura las reformas a la Ley de ONG’s. En tercer debate está la discusión de la ley de Prevención y Control de Tuberculosis; y por artículos y redacción final se tiene prevista la aprobación de la ley de competencia.

Tras aprobar las agendas los legisladores recibieron la visita de jóvenes representantes del Parlamento Guatemalteco de la Niñez y Adolescencia quienes solicitaron la aprobación de la iniciativa 5285, que propone un sistema nacional de protección a este sector etario de la sociedad.

Por Karen Mendoza

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