NOTICIAS RECIENTES

BUSCADOR GENERAL

*Seleccione una de las opciones.


Por tag:


Por Fecha De A

El primer Vicepresidente de Junta Directiva, diputado Felipe Alejos,  recibió de manos de Boris Lemus, presidente de la Asociación civil \"Sociedad en Acción\"; y de Noel Barillas, de la organización \"Política más una Docena de Huevos\", un documento con 23 mil firmas de ciudadanos, quienes piden la destitución  del comisionado del congreso, Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por incumplimiento de funciones y discriminación.

“Somos asociaciones que luchamos por defender los derechos de los guatemaltecos y presentaremos querellas penales contra todos aquellos funcionarios que no hagan bien su trabajo”, expresó Barillas.

El representante de la organización \"Política más una Docena de Huevos” informó que ya interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, porque consideran  que el ejercicio del Procurador ha sido selectivo en la defensa de sus causas, beneficiando solo a ciertos sectores, como a la Comisión Internacional  Contra la  Impunidad en Guatemala (CICIG).

“La denuncia fue presentada por discriminación ya que cuando él asumió el cargo, expresó que quería incluir en su equipo de trabajo solo a personal que no fuera ladino”, dijo Barillas.

Tras recibir el petitorio, el diputado Felipe Alejos dijo que trasladará a todos los  diputados y a la Comisión de Derechos Humanos la solicitud para su conocimiento.

“Concuerdo con lo que ellos manifiestan, ya que los funcionarios tienen que hacer su trabajo apegado a la ley y regirse bajo las normas constitucionales y lo que hemos visto es que el procurador Rodas se preocupa más por cuidar de los delincuentes”, indicó.

Por Rosemary Recinos.

LEER MÁS

El diputado Felipe Alejos, primer Vicepresidente de Junta Directiva, recibió la visita  de Joviel Acevedo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, quien junto a líderes magisteriales solicitan la aprobación de la iniciativa 5438 que dispone una ampliación al presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, por un monto de Q.961 millones 755 mil 970.

Lo anterior permitiría cumplir con el incremento salarial del 5 por ciento para los docentes, establecido en el pacto colectivo, el cual fue firmado el pasado 8 de febrero.

“Ante el incumpliendo de lo establecido nos sentimos burlados por el Gobierno, que ha justificado el incumplimiento con falta de presupuesto. Nos hemos visto obligados a retirarnos de las aulas y los más perjudicados son los niños de Guatemala”, dijo Acevedo.

Agregó que lo que pretenden es dignificar el salario de los maestros, ya que después de 4 años de labores su salario es Q.3 mil mensuales y después de 25 años trabajados apenas se alcanzan los Q.6 mil.

En la reunión, participaron diputados de la bancada TODOS, quienes mostraron su anuencia para que el proyecto pueda aprobarse. “La iniciativa se conoció ayer  en  el pleno del Congreso y fue remitida a la Comisión de Finanzas para su análisis y dictamen correspondiente”, explicó a los maestros el parlamentario Ovidio Monzón, presidente de la Sala de Educación, Ciencia y Tecnología.

Tras la reunión, el diputado Alejos se comprometió a trasladar esta petición a cada Jefe de Bloque, para que se busquen los consensos y se defina si se aprobará de urgencia nacional con 105 votos,  o en su proceso normal en tres lecturas.

Por Rosemary Recinos.

LEER MÁS

La diputada Sofía Hernández, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, y Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva e integrante de dicha sala de trabajo, citaron a delegados de diferentes instituciones del departamento de Huehuetenango, para conocer los esfuerzos que han hecho en la lucha contra la desnutrición crónica y aguda relación, en cumplimiento  al amparo 1247-2017 otorgado por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, a congresistas.

A la reunión asistió el Gobernador de Huehuetenango, Ramiro Barillas; el delegado de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, Jorge Arturo Sosa; la delegada de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, SOSEP, María de Lourdes Ovalle; Fernando Gómez, director del área de Salud de dicho departamento; Aníbal Arizmendi Martínez, director departamental de Educación; César Camilo Calo, delegado del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, MAGA; y Francisco Méndez, delegado del ministerio de Desarrollo Social, MIDES.

El Gobernador de Huehuetenango, Ramiro Barillas Castillo, indicó que de acuerdo a los informes recibidos se han recuperado 34 niños de 214 casos incluidos en el amparo y se ha dado seguimiento a los programas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional de VISAN, del MAGA, y han dado vigilancia a los programas de saneamiento de agua.

El director de Salud mencionó que esperan contar con suministros de vitamina A y micronutrientes, situación que preocupó a las parlamentarios, por lo que pidieron que les entreguen copia de las solicitudes que  han hecho al Ministerio de Salud, con el fin de agilizar el abastecimiento. “Si seguimos con este ritmo, nunca dejaremos de ser departamento priorizado”, enfatizó la diputada Martínez.

La diputada Martínez indagó al delegado de la SESAN con el fin de conocer si han dado cumplimiento a los programas encaminados a la atención de este grupo de niños. “Hemos realizado dos entregas de alimentos en lo que va del año, dando un total de 2 mil 684 raciones en 32 municipios del departamento”, explicó Arturo Sosa de la SESAN.

Ovalle, de la Sosep. informó que en Huehuetenango cuentan con 18 hogares y 12 Centros de Atención Integral, CAI, y además llevan a cabo jornadas médicas con apoyo de entidades como la Embajada de Taiwán.

Al director departamental de Educación las diputadas le pidieron detalle sobre la situación que afrontan los niños que no están recibiendo clases debido a las manifestaciones de maestros que se registran y las medidas que tomarán al respecto. Además les preocupa que no existan las denominadas Organizaciones de Padres de Familia, OPF, con el fin de dar cumplimiento a la nueva Ley de Alimentación Escolar.

Arizmendi, respondió que hasta el momento ya tiene el 100 por ciento de las OPF conformadas, pero que “ha habido atrasos en el Ministerio de Finanzas debido a que se deben cumplir con diferentes procesos para poder contar con la clave que les autoriza recibir los recursos. Sin embargo estamos avanzando”,  explicó.

La diputada Sofía Hernández considera que continúa existiendo poca coordinación entre las dependencias que trabajan el tema del combate a la desnutrición por lo que solicitó que se realicen reuniones en el departamento.

Las diputadas establecieron que el 14 de mayo se reunirán, en la Gobernación departamental, con los 26 monitores de la SESAN que laboran en los municipios de Huehuetenango, y los delegados de las diferentes dependencias que hoy estuvieron presentes, para analizar de forma conjunta la situación  para  unir esfuerzos y recursos con el fin de evitar la muerte de más niños guatemaltecos.

“Debemos pensar que los puestos son pasajeros, pero los resultados de nuestro trabajo quedaran plasmados en una mejor calidad de vida para nuestros niños”, dijo la diputada Sofía Hernández.

Por Mayra Recinos

 

 

LEER MÁS

La diputada Edna Soto Juárez, de la bancada Todos,  se reunió con representantes de la Procuraduría General de la Nación, PGN; Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, Fondo Social de Solidaridad y Procuraduría de Derechos Humanos, para fiscalizar el proyecto de construcción del  Centro de Atención Integral Materno Infantil, Caimi, en el municipio de San Martín Jilotepeque,  departamento de Chimaltenango.

“Este Caimi vendría a solucionar muchos problemas de salud para los pobladores de la región”, indicó la parlamentaria Soto, quien agregó, que el proyecto data del año 2005, sin embargo se detuvo por la falta de cumplimento de la  empresa constructora, quienes enfrentan ya un proceso jurídico.

La congresista contó que el avance físico de la obra se encuentra en un 45 por ciento, y que tanto el Gobernador departamental como el alcalde, han mostrado su anuencia a brindar apoyo económico y que se pueda retomar el proyecto.

Byron Gaitán, coordinador de operaciones del Fondo Social de Solidaridad, expresó que debido a  este proceso jurídico, la obra se encuentra en una fase intermedia. “Es la PGN quien  tiene que desjudicializar el proceso para  que  se pueda continuar con su construcción”.

Se acordó una próxima reunión para conocer los avances y las acciones de la procuraduría para que se agilicen los procesos legales.

Por Rosemary Recinos.

LEER MÁS

Diputados de la Comisión Extraordinaria, nombrada para modificar el segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal sobre Financiamiento Electoral Ilícito, la cual preside el diputado Rodolfo Castañon, se reunieron este día para continuar discutiendo el contenido de las iniciativas 5432, 5433 y 5434, con el fin de elaborar el dictamen correspondiente.

“Entre los congresistas y el equipo técnico de asesores estaremos dictaminando sobre la base de las tres iniciativas de ley presentadas a la Comisión”, dijo el diputado Castañon.

El acuerdo legislativo 11-2018 manda a los diputados que integran la Comisión Extraordinaria que emitan, en un plazo de 45 días, una iniciativa de ley con el dictamen correspondiente para que se tipifique el delito de Financiamiento  Electoral Ilícito, para lo cual se modificará el Código Penal.

Los anteproyectos de ley hacen referencia a las sanciones y penas que un juez competente debe imponer a las personas responsables de cometer el delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

Durante la reunión los diputados hicieron un breve análisis del contenido de las iniciativas de ley que les fueron entregadas. “Es necesario que continuemos analizando las iniciativas de ley que nos entregaron y se hagan los mejores aportes para que el dictamen sea el más adecuado y real”, dijo el diputado Oscar Argueta, de la bancada UNE.

El parlamentario Raúl Romero, del bloque Fuerza, dijo que tienen que ver los antecedentes jurídicos sin perder de vista el fondo político de la reforma al artículo 407 N. “Este fondo es desincentivar el financiamiento electoral ilícito, el tema de aumentar a no pena va dirigido a desincentivar políticamente ese financiamiento electoral ilícito”, puntualizó el representante Romero.

El diputado Manuel Orellana, de la bancada PAN, explicó que el acuerdo 11-2018 les faculta para hacer dos tareas: primero la iniciativa de ley y luego el dictamen correspondiente. “El plazo ya lo estamos cumpliendo…, fueron presentados tres anteproyectos de ley, por diferentes diputados, y de ahí tenemos que elaborar el dictamen sobre las penas de prisión y multas por Financiamiento  Electoral Ilícito”.

En el Transcurso de la reunión se incorporaron a la Comisión Específica los diputados  Luis Hernández Azmitia del bloque Movimiento Reformador y Carlos López Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Por José Castellanos

LEER MÁS

Los diputados Orlando Blanco, Karina Paz y Carlos Barreda, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, se reunieron este miércoles con autoridades del Instituto Nacional de Estadística, INE, a quienes pidieron un informe detallado del avance del XII Censo Poblacional y de Vivienda 2018.

Eduardo Ríos, director del Censo Nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas, FPNU, explicó que en febrero concluyó el levantamiento cartográfico que registró 3.99 millones de estructuras, cifra que tuvo un incremento del 21 por ciento comparado con lo obtenido en 2006, que fue de 3.78 millones de edificaciones.

El funcionario aseguró que la fase de digitalización  se completará en la tercera semana de junio y que los resultados finales del censo podrían estar listos para el mes de agosto de 2019, lo que significa casi un año de retraso, según lo programado por el INE.

“Dicho retraso obedece al no seguimiento de la recomendación internacional de efectuar cada 10 años un censo, lo que originó que se identificarán más estructuras de lo que se tenía proyectado, dando como resultado el incumplimiento de los tiempos en el cronograma” informó Ríos.

Néstor Guerra, gerente del INE, dijo que el crecimiento de la vivienda además de constituir un factor que atrasó el proceso censal, creó la necesidad de mayores recursos económicos para llevarlo a cabo. “Por ello se está trabajando en una ampliación del presupuesto por un monto de Q57.7 millones para este año y unos Q20 millones más para el 2019”, informó.

Otro de los temas que se trataron en la reunión a solicitud del congresista Carlos Barreda, fue el de la ejecución de los fondos y la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas en cuanto a la calidad del gasto de dicho recurso económico.

Guerra afirmó que a la fecha se han ejecutado al menos de Q112 millones, lo que constituye un 42 por ciento del techo presupuestario, el cual es de Q269 millones según lo aprobado por el Congreso de la República, para el efecto, en 2016. “La Contraloría ha dado acompañamiento a cada fase del proceso lo que le ha permitido a dicho ente, auditar la calidad del gasto”, mencionó el funcionario.

Finalmente el jefe del bloque UNE, Orlando Blanco manifestó que aún quedan ciertas dudas en cuanto a si es necesario o no la ampliación de fondos a la que hizo referencia el titular del INE. “Nos preocupa que una mala planificación, ocasione que se deba dar una ampliación  en un tema por demás cuestionado”, concluyó.

Por Karen Mendoza

LEER MÁS

Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos conocieron el informe circunstanciado de los hechos que originaron el motín del pasado 26 de abril, en la Granja de Rehabilitación Canadá, en el departamento de Escuintla, el cual dejó el saldo de al menos ocho reos fallecidos y 25 heridos.

En la reunión participaron Kamilo Rivera, viceministro de gobernación; Juvell De León, director del Sistema Penitenciario y Carlos Solórzano, presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y representantes de la Oficina de la PDH, durante la cual se determinó como una de las causas de los hechos el hacinamiento de reos. “La infraestructura de la Granja Penal Canadá es para 600 privados de libertad y hay 3 mil 099 recluidos”, detalló Juvell de León.

“El hacinamiento provoca crímenes dentro de las cárceles, intentos de fuga, rehenes y el deterioro de la infraestructura”, dijo el director del Sistema Penitenciario.

Entre las soluciones al problema, la Comisión de Derechos Humanos acordó que se retomarán las iniciativas de ley que evaluadas el año pasado por  la Comisión de Gobernación y en la Mesa de Trabajo de Seguridad y Justicia, dirigida por el diputado independiente Oliverio García Rodas.

“Acordamos invitar a los diputados que trabajaron el año pasado esas leyes para que presenten un análisis de los avances a los que llegaron, específicamente a los que se refiere a la redención de penas y reos olvidados”, expresó Ronald Arango, presidente de la Sala de trabajo.

En otro tema, los diputados acordaron solicitar un informe al Ministerio de Gobernación acerca de lo sucedido con los dos agentes policiales asignados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y una inspectora de la Policía Nacional Civil quienes habrían sido retenidos en contra de su voluntad, dijo la diputada Nineth Montenegro.

Por Byron Ramírez

LEER MÁS

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el Pleno del Congreso aprobó el decreto15-2018, que nombra al diputado Edgar Raúl  Reyes Lee, como representante del Legislativo ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA,  por un periodo de dos años.

Los legisladores conocieron además la iniciativa de ley 5438, que dispone aprobar una ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos del  Estado para el ejercicio 2018,  por un monto de Q961 millones 755 mil 970.

La ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo será utilizada por el Ministerio de Educación para el pago de sueldos y salarios del magisterio nacional, propuesta que fue enviada a la Comisión Legislativa de Finanzas.

Entre los primeros debates se conoció la iniciativa de ley 5257, que dispone aprobar reformas al  Decreto 2-2003, del Congreso de la República, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

Tras levantar la sesión, el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar, convocó a los diputados para mañana a las 10:00 horas para conocer un nuevo orden del día que, entre otras cosas, en tercer debate contempla la aprobación del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para la Prevención de la Tuberculosis en Guatemala (5354).

Por Karla Herrera

 

LEER MÁS

El diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente de Junta Directiva del Congreso, recibió este miércoles a Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con quien conversó sobre la agenda legislativa referente al tema.

Tauli-Corpuz manifestó su preocupación en torno a la armonización de la legislación guatemalteca vigente, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en materia de consulta popular a los pueblos originarios.

“Nos hemos comprometido con la relatora a generar los mecanismos que garanticen que el tema sea ampliamente discutido, y que de como resultado una normativa que recoja la opinión y el consenso de todos los sectores involucrados”, dijo el diputado Alejos.

El congresista del bloque Todos aseguró que solicitarán al presidente de Comisión de Trabajo que acelere la emisión del dictamen, conforme con los tiempos que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (45 días), y que dicha propuesta pueda ser conocida cuanto antes en las próximas plenarias.

Tras ser recibida por el diputado Alejos, la delegada de la ONU, quien está de visita oficial en el país, sostuvo una reunión con integrantes de las Comisiones de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, presididas por los representantes, Leocadio Juracán y Ronald Arango, respectivamente, con quienes abordó varios temas como la tenencia de tierras, la oposición de comunidades a los megaproyectos, criminalización de pueblos indígenas y radios comunitarias, entre otros.

El Convenio 169 es una convención adoptada por la OIT en 1989, ratificado por Guatemala el 5 de junio de 1996 y constituye el instrumento internacional más importante que garantiza los derechos indígenas en cuanto a mantener su cultura, sus tradiciones, e integridad política.

Por Karen Mendoza

LEER MÁS