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Diputados de la Comisión de Trabajo se reunieron con Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), para conocer los avances en la elaboración del reglamento del Convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial; y de la ratificación, en el Congreso, del Convenio 169 sobre consultas a pueblos indígenas y tribales. Ambos son tratados internacionales ratificados por el Estado Guatemalteco ante la Organización internacional del Trabajo (OIT.

Junto con la ministra Teleguario acudieron a la reunión los viceministros Gabriel Aguilera Bolaños, del área de  Previsión Social y Empleo, y  Francisco Sandoval García, del despacho Administrativo del Trabajo. También estuvo presente Martin Salcalxot, de la Unidad de Pueblos Indígenas y Derechos Laborales de esa institución.

Respecto del convenio 175, sobre el trabajo a tiempo parcial, la Ministra dijo que “fue ratificado por el Congreso de la República en enero del año pasado, decreto 2-2017. El Ejecutivo cumplió con depositarlo en las oficinas de la OIT,  y el 28 de febrero del 2018 entró en vigencia. Guatemala es el primer país en Latinoamérica en ratificar el acuerdo, y a nivel mundial somos la nación 17 en certificarlo, estamos a la espera que se emita una nueva opinión o dictamen por la PGN.

“Es importante tener las reglas claras para que en un documento se nos permita tener certeza jurídica  tanto a los trabajadores y los empleadores para su implementación en el país”, añadió Teleguario

Los congresistas Juan José Porras, de la bancada Viva; Edgar Armando Sandoval, de FCN-Nación; Marco Antonio Lemus, de la UNE; y Ovidio Monzón Pedroza, del bloque Todos, se interesaron además por  las acciones que se están ejecutando para la implementación del Convenio 169 sobre la consulta a Pueblos Indígenas y Triviales.

“Este Convenio obliga a los Gobiernos que lo ratifican a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan a su desarrollo económico o social. Exige asimismo a los Gobiernos que respeten los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, dijo en un comunicado la OIT el día de la ratificación.

La titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social recordó que el convenio 169 fue ratificado en el año 1996 y entró en vigor en el mes abril del mismo año. “Ya han pasado más de 20 años en que fue ratificado este convenio y la Corte de Constitucionalidad ha emitido resolución y hace recomendaciones para que se elabore un reglamento, estamos acatando ese mandato para que se implemente en el Guatemala el convenio”.

Los funcionarios mostraron un mapeo de las 87 consultas hechas en Guatemala convocadas por los pueblos indígenas con resultados de 53 a minería, 8 hidroeléctricas, 19 no definidas.

El diputado Edgar Armando Sandoval Trigueros, secretario de la junta directiva de esa sala legislativa dijo que el “objetivo de la reunión es conocer el trabajo y acciones que están realizando en los convenios internacionales con la OIT y en el caso del convenio 169 estamos interesados ya que vamos a trabajar en las iniciativas de ley en el tema de la consulta a los pueblos indígenas”.

En ese sentido, la próxima semana se volverán a reunir para darle seguimiento a los temas ya que quedó pendiente en que los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, informen sobre la aplicación del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.

Según reportes de prensa, el 18 de julio de 2017, el presidente Jimmy Morales junto a  Óscar Chinchilla, presidente del Congreso de la República, y   Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo, presentaron la guía operativa para efectuar las consultas comunitarias a pueblos indígenas, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT,  la cual serviría para llevar a cabo consultas a los pueblos indígenas sobre los proyectos que se impulsen en sus comunidades.

El instrumento fue negociado durante ocho meses de diálogo con líderes comunitarios y dirigido por el Ministerio de Trabajo. La guía establece que se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas en proyectos relacionados con temas del medio ambiente, educación y seguridad, así como sobre medidas administrativas en sus territorios.

El presidente anunció que esa guía sería enviada al Organismo Legislativo para que sirviera como un documento para elaborar la iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas.

Por José Castellanos

 

 

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La Comisión de Salud ha estado sosteniendo reuniones esta semana para avanzar en la agenda legislativa y cumplir con el estudio y dictamen de las iniciativas que han sido remitidas a esa sala de trabajo por el Pleno de los Diputados al Congreso de la República.

Entre las iniciativas que se encuentran a discusión está la 4712 que pretende regular la donación de órganos. El proyecto de decreto fue presentado al pleno en 2014 y aprobado en tercer debate. El año pasado se detuvo la discusión por artículos y redacción final debido a una serie de problemas legales, y ahora la comisión la retoma para solventar las dudas, mejorar el contenido y que pueda ser una realidad.

La Comisión de Salud también analiza el contenido de la iniciativa 5342, “Ley Nacional de Vacunación”, la cual busca que el Estado garantice la “inoculación adecuada de los infantes como método de prevención de enfermedades”, en los últimos años se ha registrado un descenso en vacunación de niños entre 18 a 29 meses debido al desabastecimiento.

Los diputados también, para su dictamen, la iniciativa 5461 ley de control del tabaco y sus productos; la 5391 Ley de rastros para evitar enfermedades por contaminación de carne de res a la población, y la 5424 de Donación de Alimentos, la cual será presentada al pleno para su aprobación en los próximos días.

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Durante la reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva de este lunes, los diputados aprobaron la agenda legislativa que se conocerá en las sesiones ordinarias de este martes 7 y jueves 8 de agosto, a partir de las 14:00 y 10:00 horas, respectivamente.

El martes, los diputados conocerán en primera lectura dos iniciativas, la primera que dispone aprobar la ley para el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas (5405), otra es la iniciativa 5367, ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango.

De igual manera, en su tercer debate, se discutirá  el registro 5119, iniciativa que propone una ampliación del plazo de legalización de terrenos ubicados en distintos asentamientos del país, dicha propuesta fue incluida en el orden del día a solicitud del jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), Carlos Fión.

Otra de las iniciativas en agenda es la que declara cada 8 de marzo como el día nacional de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y aprueba una pensión vitalicia a las niñas y adolescentes sobrevivientes.

Asimismo, los jefes de los diferentes partidos políticos, representados en el Pleno del Congreso  aprobaron la agenda para la plenaria del jueves, en la que resalta la discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto que dispone aprobar la ley de fortalecimiento al emprendimiento (5241), que forma parte de la agenda de reactivación económica que impulsa la administración del presidente Alvaro Arzú Escobar.

De aprobarse la misma posicionaría al país a la vanguardia en la región centroamericana al establecer figuras legales y mecanismos que apoyen directamente a personas emprendedoras, facilitándoles fuentes de financiamiento y capacitación.

En la sesión de ese día también se contempló la inclusión de las iniciativas 4947 y 4781, la primera de ellas dispone la aprobación de la ley de agricultura familiar y la segunda propone modificaciones al Código Municipal relacionadas con el arbitrio del alumbrado público, propuestas que fueron solicitadas por el subjefe de la bancada  de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda.

En la reunión participaron el presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Carlos Solórzano; y el ministro de Salud Pública, Carlos Soto Menegazzo a quienes se les pidió información sobre la situación jurídica y el estado de salud del exdiputado Manuel de Jesús Barquín DurÁn, entre otros.

Carlos Solórzano informó, en respuesta al cuestionamiento del presidente Arzú de un posible fallecimiento, que efectivamente tras complicaciones cardiacas y pulmonares Barquín falleció pasada la una de la tarde.

La trágica noticia causó revuelo entre los legisladores, por el tema en el abuso de la prisión preventiva y las pocas acciones del comisionado del Congreso de la República en materia de Derechos Humanos, por lo que diputados coincidieron que será un tema prioritario de fiscalización en el Organismo Legislativo.

Por Karen Mendoza

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Por unanimidad, los rectores de las universidades del país, eligieron este lunes al superior de la Universidad Mesoamericana, como presidente de la Comisión Postuladora que deberá presentar al Congreso una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de Jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La elección se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso de la República,  donde los rectores de las 14 universidades del país, fueron recibidos por el presidente del legislativo Alvaro Arzú Escobar, quien luego de dar la bienvenida y leer la convocatoria para la elección a Contralor, dejo en manos del rector de la Universidad del Valle, Roberto Moreno, la elección.

El Pleno de los Diputados al Congreso, aprobó el Decreto 18-2018, para una nueva convocatoria para la integración de la Comisión Postuladora que debe recoger los expedientes de los  candidatos a  ocupar el cargo de Contralor General de  Cuentas, el próximo 13 de octubre.

La postuladora está integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades  que incluyan la carrera de contaduría   pública   y   auditoria     de   cada   universidad   del   país,  y   un   número equivalente  de representantes  electos por   la asamblea  general del  Colegio  de Economistas,   Contadores   Públicos,   Auditores   y   Administradores   de   Empresas, como se establece en el artículo 233 de la Constitución Política de la República.

Tras haber sido electo como presidente de esta Comisión, el  rector de la  Universidad  Mesoamericana, Félix Javier Serrano, aseguró que se realizará la convocatoria para que se integre la Comisión, proceso que podría llevarse algunas semanas. Luego de esto ya se haría la convocatoria para la recepción de documentos de  candidatos para asumir el cargo de contralor.

Según el ahora presidente de la Comisión Postuladora seria hasta finales de noviembre cuando se podría tener al próximo contralor, por lo que mientras no se realice la elección, la Ley Orgánica de la Contraloría  señala en su artículo 24 que será el director de probidad, quien asuma temporalmente,  hasta que haya una elección.

Por Karla Herrera

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El diputado Ferdy Elías Velásquez sostuvo este día varias reuniones con altos funcionarios de Salud y Educación con el fin de fiscalizar la ejecución de las referidas carteras y el uso de fondos provenientes de ampliaciones presupuestarias y préstamos del BID.

Para el efecto se reunió con José Gustavo Arévalo, viceministro Administrativo-Financiero del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); y Oscar Hugo López, ministro de Educación, a quienes pidió detalles de los gastos y fondos con los que cuentan ambas instituciones. También estaba citado el Ministro de Comunicaciones pero no asistió.

En el caso de Salud, el congresista  pidió detalles  sobre la distribución y  ejecución de los recursos monetarios provenientes de una ampliación presupuestaria y de un préstamo con el BID, en la red de hospitales nacionales.

“Nosotros ya hicimos los requerimientos al Ministerio de Finanzas y solo estamos pendientes de que se complete la documentación en la institución y se pueda emitir un acuerdo gubernativo para que se oficialicen los fondos y se puedan ejecutar los Q60 millones de ampliación”, explicó Arévalo.

Los fondos se usarán para comprar insumos médicos, medicinas y artículos para 10 hospitales a través de eventos y licitaciones públicas.

El  diputado Ferdy Elías, también se reunió con el  ministro de Educación, Oscar Hugo López, a quien solicitó un informe de la ejecución del préstamo, por Q150 millones, aprobado por el Congreso de la República, Decreto 10-2018, para el “Programa para el Mejoramiento de Cobertura y Calidad Educativa”.

Según el Ministro, la Cartera de Educación será la encargada de administrar y evaluar el proyecto, con el apoyo de algunas auditorías externas contratadas por medio de un proceso de licitación, con el objetivo de transparentar el desarrollo del mismo.

“Con el programa se tienen fijados varios objetivos, entre los que sobresalen beneficiar a niños con útiles escolares, material didáctico, profesionalización a docentes, alimentación escolar, así como la instalación y remozamiento de centros educativos en mal estado”, dijo López.

El Ministro indicó al legislador que están completando los requisitos para solicitar el primer desembolso, para que este se lleve a cabo aproximadamente en el mes de septiembre.  Posteriormente se  creará la unidad ejecutora

Por José Castellanos y Estuardo Cezeña

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Diputados de la Comisión de la Mujer, que preside el representante Aníbal  Rojas, de la bancada Visión con Valores (VIVA), abrieron este lunes el proceso de audiencias públicas para el análisis de la Iniciativa de Ley 5395, que dispone aprobar la identidad de género.

Entre las organizaciones que hoy participaron están: Iglesia Vida Real, Alianza  Evangélica de  Guatemala,  Iglesia Católica, Asociación Gente Positiva  Asociación la Familia  Importa,  Colectivo de Hombres Trans Transformación y   Red de Mujeres Trans.

El objetivo de las audiencias públicas es conocer, durante las próximas semanas de agosto y septiembre, los  puntos de vista sobre la iniciativa que fue presentada por  los diputados Sandra  Morán  y  Walter  Félix, la cual fue enviada a  las Comisiones de la Mujer y Educación.

Durante su exposición,  representantes de las organizaciones a favor de  esta propuesta de ley, argumentaron que se debe dejar atrás  la discriminación hacia las personas  trans, a quienes se les ha velado el derecho a la salud,  educación y obtener una cuenta bancaria.

Representantes de las diferentes iglesias aseguran que se debe aplicar  el artículo uno de la Constitución Política de la República, de proteger a la familia y el bien común, y dijeron estar en contra de la propuesta de ley.

“Como diputados vamos a  seguir escuchando la opinión que cada sector, a fin de crear una idea previo a dar un dictamen. Durante las próximas semanas esperamos avanzar con  el estudio de cada artículo”, declaró  el presidente de esta sala de trabajo Aníbal Rojas

El contenido de la propuesta de ley 5395, que cuenta con 29 artículos, será analizada cada lunes durante las próximas cuatro semanas, hasta el 10 de septiembre. Está contemplado que participen unas 28 organizaciones.

Por Karla Herrera

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Con el fin de favorecer a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, en Escuintla, el diputado Víctor Cruz Clavería (FCN Nación), presentó una iniciativa que reforma el Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes que han sido expropiados legalmente, puedan ser otorgados a las comunidades afectadas por desastres naturales, entre otros.

“El objetivo de este proyecto es garantizar que el Estado pueda dar una respuesta pronta a los guatemaltecos que salgan afectados por este tipo de eventos inesperados, no solo en esta oportunidad, sino cada vez que sea necesario”, dijo el diputado Cruz Clavería.

El congresista explicó que el artículo 48 de dicha Ley determina quienes prioritariamente se verán beneficiados con los bienes extinguidos, por lo que propone que se agreguen como entes prioritarios a las comunidades agrarias afectadas por algún desastre natural.

Cruz Clavería, representante por el departamento de Escuintla, aprovechó la oportunidad para pedir el apoyo de los diputados con el fin de pueda convertirse en decreto lo antes posible, pues considera que  será de mucho beneficio para los guatemaltecos más necesitados.

Por Mayra Recinos

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El congresista Leocadio Juracán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que se instalará una mesa técnica con el fin de mejorar las condiciones en que prestan sus servicios las madres cuidadoras del programa Hogar Comunitario, el cual es coordinado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente(SOSEP).

La mesa contará con la participación de representantes de los ministerios de Trabajo y Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, y Procuraduría de Derechos Humanos. El objetivo es que esta actividad, que actualmente funciona bajo la modalidad de voluntariado, sea reconocida.

“Este programa existe hace más de 25 años y no se reconoce una relación de trabajo entre las madres cuidadoras y el Estado, sin embargo sí se les exige cumplir con  requerimientos específicos, obligaciones y horarios”, declaró el diputado Juracán.

Byron Paredes, defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó: “Aquí existe una clara violación a sus derechos laborales,  vemos una intención perversa  de no querer reconocer esta relación, siendo que es el Estado quien debería de velar porque se reconozcan los derechos  de los trabajadores tanto públicos como  privados”.

Integrantes de dicho sindicato comentaron que ellas son quienes realizan la labor más dura con  los niños, y que el apoyo que se les entrega es de  Q1mil 400 por cuatro semanas de trabajo, por debajo del salario mínimo. Las delegadas y supervisoras del programa, si tienen contrato y  los  salarios que devengan son de  aproximadamente Q4 mil, por lo que consideran que se trata de discriminación racial.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados Edgar Cruz y Sandra Morán, de la Comisión de Pueblos Indígenas, se reunieron con representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Contraloría General de Cuentas (CGC), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), Registro General de la Propiedad, autoridades indígenas y funcionarios del municipio de Nebaj, Quiché, para fiscalizar cómo va el trámite para que se autorice la construcción de un Centro de Salud en la comunidad Salquil Grande.

Líderes comunitarios y representantes municipales dieron a conocer que en la comunidad nunca han contado con servicios de salud, y a pesar de que se tienen prácticas ancestrales, como lo es la medicina natural, hay tratamientos que deben ser ejecutados por médicos especialistas.

Para facilitar el proceso, en el año 2012 los vecinos y la Municipalidad de Nebaj, Quiché, decidieron otorgar una porción de tierra al Estado para que construya en la misma dicho Centro de Salud, pero al momento no ha iniciado el trámite. Los funcionarios de Salud y Finanzas aseguran que el problema es la falta de certeza jurídica en cuanto a la propiedad absoluta de los terrenos.

Tras escuchar a las partes, los legisladores exigieron agilizar los trámites correspondientes y atender una solicitud que data de más de 5 años. Informaron que la próxima semana citarán a la cúpula de varias entidades del Estado, principalmente Ministerio de Salud, Contraloría y Registro General de la Propiedad para pedir resultados. “Es imposible que se limite el derecho constitucional  de la salud a la población Ixil”, expresó la diputada Morán.

Por Estuardo Zeceña

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