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Los Jefes de Bloque acordaron este lunes conocer, durante la sesión del martes 15 de mayo, temas como la interpelación al ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),  Alfonso Alonzo Vargas; y la juramentación de dos de los tres relatores electos de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La sesión de este martes iniciará con la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, y posteriormente, a solicitud del jefe del bloque Todos, Arturo Martínez Dell, serán juramentados los relatores. Inmediatamente después está prevista la interpelación al ministro Alonzo, mecanismo que fue requerido por integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, para que el funcionario resuelva dudas y explique pormenores sobre su gestión, y el uso de un helicóptero que fue pagado con fondos públicos, el 15 de abril.

Este juicio político se suma al solicitado en mayo del año pasado por el fallecido diputado Álvaro Velásquez en contra del exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Aldo García Morales; y a la reciente interpelación que se hizo a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erica Jovel Polanco, quien fue cuestionada en  materia consular, migratoria y relaciones bilaterales, el 8 de marzo de este año.

Esta plenaria pone fin al primer periodo de sesiones ordinarias del Legislativo, dando cumplimiento a lo normado en el artículo 158 de la Constitución Política de la República.

El receso servirá para incentivar el trabajo de las Comisiones, lo cual favorecerá la actividad legislativa durante el segundo semestre que va del 1 de agosto al 30 de noviembre. Durante este tiempo, la Comisión Permanente puede convocar a sesiones extraordinarias para tratar temas específicos o urgentes. Dicha instancia será constituida por el Presidente, los tres Vicepresidentes y tres Secretarios de Junta Directiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

“La Comisión Permanente será la encargada en este periodo extraordinario de convocar a sesiones para avanzar con la agenda pendiente”, aseguró el presidente en funciones, diputado Felipe Alejos, al concluir la reunión de Jefes de Bloque.

Durante esta primera fase se celebraron 32 sesiones ordinarias, se aprobaron 13 decretos y se llevaron a cabo dos interpelaciones; todo como parte del trabajo legislativo y de fiscalización de los diputados al Congreso de la República.

Por Karen Mendoza

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Los diputados Rodolfo Castañón, Julio Longo y Juan Manuel Giordano, electos por el departamento de San Marcos, entregaron un reconocimiento al ministro de Salud, Carlos Soto; y al director del hospital nacional de San Marcos, Ángel Alfredo Longo; por su apoyo y mejoramiento de los servicios de salud en ese departamento.

“Recibir este reconocimiento es de los logros más importantes en mi carrera, es un orgullo, han valorado mi trayectoria; pero fundamentalmente la labor que hago en el hospital Nacional de San Marcos”, dijo el director del hospital, Ángel Alfredo Longo, al recibir el reconocimiento de los diputados a solicitud del pueblo marquense.

El diputado Rodolfo Castañón, se mostró honrado de poder entregar este reconocimiento a los galenos en nombre de las población de San Marcos. “En común tienen algo muy bueno, expresó y es un gran liderazgo, capacidad y competencia profesional. San Marcos es un ejemplo de que se debe reconocer lo que se hace bien y a las personas que lo realizan”.

“Este tipo de reconocimientos nos incentiva a continuar con la construcción de una mejor sociedad, donde el acceso a la salud sea igual para todos y llegue a las zonas más recónditas y desfavorecidas del país”, concluyó el ministro de Salud tras recibir el reconocimiento.

Por Byron Ramírez.

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Diputados de la Comisión del Migrante se reunieron con autoridades del albergue Casa Nuestras Raíces, de la Secretaria de Bienestar Social, y de la Casa del Migrante, de la Pastoral de Movilidad Humana, con el fin de fiscalizar los programas de  atención a los niños migrantes no acompañados.

“En seguimiento al plan de trabajo nosotros queremos conocer que acciones se están llevando a cabo y cómo se ejecutan los programas para la protección de los derechos de la niñez migrante no acompañada. Además queremos coordinar con otras instituciones para que nos indiquen las necesidades y puntos de vista para mejorar el trabajo”, indicó el diputado Nery Samayoa, presidente de la referida sala de trabajo.

Zulma García, encargada del albergue Casa Nuestras Raíces indicó que para la Secretaria de Bienestar Social “el tema de la niñez migrante no acompañada es una de las prioridades. Gracias a la cooperación internacional y del trabajo de los colaboradores de han podido mejorar los albergues en Quetzaltenango y Guatemala en beneficio de los menores”.

“Nosotros les damos sus alimentos los tres tiempos al día, ropa y los insumos personales que necesitan, además los orientamos en temas fundamentales, les brindamos el lugar adecuado para alojarlos. Hemos atendido  11 mil cados de niños migrantes no acompañados; y en lo que va de este año a 2 mil 513 migrantes menores como adultos”,  informó Mario Morales, coordinador de proyectos Casa del Migrante Tecún Umán, de la Pastoral de Movilidad Humana.

Al concluir la reunión los diputados y autoridades acordaron hacer una vista de campo a los diferentes albergues para constatar la realidad de la situación que vive la niñez migrante.

Por José Castellanos

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Los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), liderada por la representante Nineth Montenegro, recibieron a Pablo García, ministro de  Relaciones Exteriores en funciones, a quien cuestionaron sobre las razones por las que el Estado de Guatemala pidió el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass y de la embajadora de Venezuela, Elena Salcedo, ambos acreditados en el país.

Durante la reunión los presentes escucharon una grabación con las declaraciones que dio el embajador Kompass,  donde dice que la sociedad guatemalteca era corrupta, y  por las cuales el gobierno considera  que existió  injerencia en asuntos internos del país.

Tras escuchar el audio, Montenegro indicó que en ningún momento (Kompass) se refiere de forma directa a Guatemala como un país corrupto, por lo que no ve mayores razones para pedir su retiro. “Nos preocupa que este tipo de acciones puedan afectar las relaciones bilaterales así como la cooperación que Suecia brinda al país en materia de Derechos Humanos y la defensa de los derechos de la mujer.

El  ministro García explicó que en ningún momento están rompiendo relaciones diplomáticas con Suecia. “Por el contrario hemos llevado a cabo un proceso que inició el 11 de enero del 2017, cuando la canciller Jovel sostuvo pláticas con la canciller Sueca e hizo saber la situación que se estaba presentando con el embajador Kompass”.

La diputada Montenegro, así como los congresistas Dorian Taracena y Leonel Lira, consideraron que no existen suficientes argumentos para solicitar la salida de los embajadores acreditados en el país, y que “la Constitución de la República en sus artículos 149 y 151 hacen referencia a las relaciones internacionales y de amistad que Guatemala puede mantener con otras naciones”.

García explicó que se apegaron al artículo cuatro de la Convención de Viena que indica que “el Estado receptor no está  obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento”, por lo que consideran estar en todo el derecho.

Para Montenegro y sus compañeros de bancada esta puede ser parte de la una campaña de debilitamiento a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala,(CICIG), por lo que indicaron que citarán a la canciller guatemalteca Sandra Jovell, a su retorno de la visita oficial al Estado de Israel.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), bajo la dirección del representante  Orlando Blanco, llamaron a Carlos Martínez, viceministro administrativo de Finanzas Públicas, a quien solicitaron un informe de la ejecución presupuestaria 2018.

Los congresistas específicamente cuestionaron el aumento de Q141 millones al Ministerio de la Defensa, así como la ampliación al Ministerio de Agricultura por Q120 millones, al parecer para pago de nóminas.

“No comprendemos la base legal en que se dio este incremento al Ejército, debido a que existe un acuerdo gubernativo que suprime que las fuerzas de seguridad ciudadana continúen con actividades conjuntas con el Ministerio de Gobernación, y aún así le trasladaron fondos a esos programas, por lo que podría haber una malversación de fondos”, denunció el diputado Carlos Barreda.

Su colega de bancada Orlando Blanco se mostró preocupado porque pese a las ampliaciones el trabajo no se visualiza, este es el caso del Ministerio de Comunicaciones: “Le incrementaron su presupuestario en Q593 millones y no se ven  avances en los trabajos de la red vial”.

El viceministro administrativo de Finanzas Públicas dijo que como no se aprobó el presupuesto para este año fue necesario solicitar esta ampliación para poder cumplir con la planificación y con los concursos de licitación levantados desde el  año pasado.

El funcionario informó que “ya se contrató la ejecución por medio de la Dirección General de caminos  y de la  Unidad Ejecutora de Conservación Vial, pero el avance no se ve reflejado porque muchos (trabajos) están en calidad de anticipo, que es  la primera etapa en que se ejecutan los proyectos”.

Otro punto importante que se trató durante la reunión fue la ampliación presupuestaria al ministerio de Educación para aumento de salarios según el nuevo pacto colectivo que se negocia.  “Esta ampliación no tienen un dictamen favorable por parte de Finanzas, por lo que pediremos una opinión al Ministro  Julio Héctor Estrada, sobre este tema ya que son más de Q5 mil millones que están comprometiendo los presupuestos 2018, 2019 y 2020”.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados de la Comisión de Finanzas se reunieron con autoridades del Ministerio del ramo para analizar la iniciativa de ley  5438, que aprueba una ampliación presupuestaria  de Q961 millones 755 mil 970 para el Ministerio de Educación.

El ministro de Educación, Oscar  Hugo López, explicó que el dinero será utilizado para incrementar en un 5% el salario de los maestros, pagar un bono anual de Q2 mil 500, en diciembre de cada año; y un segundo aporte de Q500 por incentivo  a quienes se profesionalicen en el tema magisterial.

A la reunión también asistió el representante del Centro de Investigaciones Nacionales, Jorge Labarreda, quien  aseguró que se debe seguir analizando la propuesta para un incremento salarial para ver bien la fuente de financiamiento.

La iniciativa fue propuesta por el Organismo Ejecutivo para honrar los compromisos que se deriven de la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la referida Entidad a cargo del Estado

“Consciente de la importancia de la labor de los maestros del sector público en la construcción del desarrollo del país,y en seguimiento a lo establecido en la normativa vigente en materia de recursos humanos del sector público, considera viable honrar los compromisos que se deriven de la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la referida Entidad a cargo del Estado, que cubren 5% de incremento al salario del personal del Ministerio de Educación, el otorgamiento de una bonificación de profesionalización y de un bono único, entre otros beneficios contenidos en el Pacto referido”, dice el proyecto de ley.

No muy satisfecho con las respuestas, el presidente de esta sala  de trabajo, diputado Ferdy Elías Velásquez, solicitó al titular de la cartera de Educación detalles por escrito sobre la utilización de la ampliación y de los acuerdos a los que llegaron con el sector magisterial, por lo que se espera sostener una nueva reunión para continuar con el estudio de la propuesta de ley.

Por Karla Herrera.

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Los congresistas Dolores Beltrán, tercera vicepresidenta de Junta Directiva, y el Julián Tesucún, de la bancada FCN-Nación, acordaron con María  Eugenia Barrios, viceministra de Educación; y representantes del  Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, integrar una mesa de trabajo para elaborar una propuesta de ley que permita a los empleados del Estado consolidar  deudas por préstamos con las entidades bancarias.

“No estamos pidiendo que se nos regale nada, solo  queremos  lograr acuerdos y buscarle una salida al sobre endeudamiento que tienen muchos  trabajadores del Estado”, comentó el líder magisterial Joviel Acevedo.

Aclaró que los acuerdos podrían ir en doble vía, buscando  ampliación a los  plazos para pagar y a que el empleado no adquiera  un nuevo préstamo mientras no pague la deuda.

La Viceministra de Educación explicó que  “son muchas las situaciones por las que un trabajador se endeuda y como viceministerio apoyamos esta incitativa en beneficio no solo de los maestros sino del empleado público en general”.

La parlamentaria Beltrán indicó que la mesa empezará a trabajar el lunes 21 de mayo, y que se convocará a todas las entidades involucradas. “Tenemos que analizar muy bien este tema para presentar un proyecto que no incurra  en inconstitucionalidades y que cumpla con su cometido”, expresó la diputada Beltrán.

Por Rosemary Recinos.

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El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), presentó este viernes un proyecto que contiene nueve artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que no fueron objeto de consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2016 y que podrían poner en riesgo la primera generación de cambios a la referida normativa.

“La idea es cumplir con lo establecido en el artículo 175 de la Constitución Política de la República, que manda que cualquier modificación a una norma de rango constitucional debe de ser consultada a la CC, previo  a ser aprobada por el Congreso de la República”, aseguró el congresista.

El legislador afirma que de no cumplir con este precepto constitucional podrían quedar sin validez las 38 enmiendas que el Pleno del Congreso aprobó ese año, debido a que constituye “un vicio en el procedimiento legislativo”.

“Es importante aclarar que en 2015 se efectuaron enmiendas al Decreto 1-85 que fueron enviadas a la CC para su consulta, y regresaron al Legislativo en febrero de 2016, sin embargo de las 30 enmiendas, 21 se aprobaron tal y como venían, y las 9 restantes sufrieron modificaciones que no fueron remitidas a la CC”, explicó

A consideración de Linares Beltranena, esta nueva ley ayudaría a rescatar los artículos que disponen el voto nulo, regulaciones  sobre el financiamiento y su publicación, y participación ciudadana, entre otros.

Las reformas a la LEPP exigidas en las manifestaciones de 2015 y 2016, cuya segunda generación es analizada por la Corte de Constitucionalidad, modifican las condiciones del proceso electoral guatemalteco, dejando intacto el sistema político en el que se sostiene la democracia del país.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Trabajo, presidida por el parlamentario José Berreondo, llevaron a cabo una mesa de diálogo para hacer un “Intercambio de Experiencias en el Marco del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)”, con la participación de representantes del Banco Mundial, Ministerio de Cultura de Perú y de la República de Colombia, quienes disertaron sobre la consulta a los pueblos indígenas.

El objetivo de la mesa, en la que estuvieron presentes también autoridades indígenas de diferentes departamentos del país,   fue escuchara los diferentes sectores y recibir sus aportes, los cuales permitirán enriquecer el trabajo en materia legislativa, que hace la Comisión a favor de este sector.

Hernán Coronado, representante OIT, comentó, que están comprometidos con Guatemala en que aborde un instrumento de consulta, siempre en el marco de Derechos Humanos, y en específico en el convenio 169. “Esto debe hacerse  acorde a  la realidad del país, que tiene  gran riqueza cultural y que necesita políticas que atiendan estas diferencias, pero  no como un problema, sino como un elemento que lo enriquezca”.

Herinaldy Gómez, experto de OIT de Colombia, compartió la experiencia de su país. “En mi país, por ejemplo, la Consulta sobre un proyecto particular, quien la hace y  solventa los costos es  la empresa y   cuando  la medida es administrativa o legislativa, lo hace el Estado”.

Por su parte el diputado Berreondo expresó hoy hicimos esta primea convocatoria para hacer un diálogo abierto en relación a una consulta de buena fe para buscar puntos de equilibrio”. Añadió que la Comisión buscará un acercamiento con las comunidades  en el interior de la República  para socializar el mencionado convenio.

Por Rosemary Recinos.

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