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La diputada Sandra Morán,  de la bancada   Convergencia, se reunió con autoridades del Ministerio de Salud, Trabajo, y de la Procuraduría de Derechos Humanos, para buscar una solución al problema de los vendedores que se encuentran en las afueras del hospital Roosvelt.

A la reunión asistieron el viceministro de Previsión social y Empleo, Gabriel Aguilera; la encargada del departamento de inmuebles y bienes del Ministerio de Salud,  Glen Guerra; y representantes de  la Procuraduría de Derechos Humanos.

La diputa Morán manifestó su preocupación por un posible desalojo de los vendedores que están en los alrededores de este hospital, quienes en su mayoría subsisten por la economía informal.

“Entendemos de la necesidad  de empleo, ya hemos estado dialogando con los vendedores, que en su mayoría tienen más de un puesto de venta informal, para que inicien con microempresas legales”, enfatizó el Viceministro de Trabajo.

Los representantes del Ministerio de Salud aseguraron que a la mayoría de los vendedores que están ubicados en los alrededores del hospital Roosvelth se les ha ubicado una caseta en la plaza dentro del hospital, pero algunos de ellos han alquilado o vendido su derecho de llave, para seguir vendiendo en las afueras.

Al  concluir la reunión, se  conformó una mesa técnica de trabajo a la que se invitará a  los representantes de los vendedores, para llegar a un acuerdo, y buscar soluciones al problema sin afectar su economía.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Deportes se reunieron con autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), para dialogar sobre los resultados finales y los logros que obtuvo la delegación guatemalteca que participó en el torneo de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, 2018.

Los congresistas se mostraron orgullosos del resultado de la delegación guatemalteca que obtuvo 84 medallas en total, colocando a Guatemala entre los mejores países de la región Centroamericana y de Latinoamérica.

La delegación estuvo integrada por 428 deportistas, 194 mujeres y 234 hombres. El abanderado fue el arquero Thomas Flossbach, y los escoltas: la tenista, Andrea Weedon, y el fondista verapacense, Mario Pacay.

A la reunión acudió Gerardo Estrada Mayorga, gerente general del Comité Olímpico Guatemalteco; y Azucena Morales, subgerente técnica de la  institución deportiva, entre otras autoridades del COG, a quienes los diputados interrogaron sobre los incentivos, becas, y apoyo que se les da a estos deportistas.

“Tenemos que estudiar en el sistema de las doce cajas de la institución y ver en qué estado se encuentran los atletas. Según el Programa de Retención de Talentos, con  una medalla de oro pueden recibir hasta Q 3 mil 400 de beca mensual, todo depende de las medallas y de los puestos”, dijo Estrada Mayorga, del COG.

Los congresistas insistieron en que se debe estimular a todos no solo a los que ganaron porque realmente hicieron un esfuerzo que trae noticias positivas para el país, y si representan a Guatemala es porque aquí son los mejores, y a lo mejor hay que apoyarlo.

“Estamos preparando una actividad especial para reconocer a los deportista que se sacrificaron, participaron y lograron su triunfo que para todos los guatemaltecos es un orgullo”, indicó la congresista Flor de María Chajon, presidenta de esa sala legislativa.

En otro punto, los integrantes de la Comisión se reunieron con Julia Acevedo, atleta  de la disciplina de baile deportivo quien habló de la necesidad de que se les reconozca en los estatutos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), como una asociación deportiva.

Los legisladores acordaron citar para una próxima sesión de trabajo a los dirigentes y autoridades deportivas de la CDAG para abordar el tema y buscar una solución. “No solo es esta disciplina deportiva la que quiere que se le reconozca , también está la Asociación de Porrismo”, explicó el diputado José Alejandro De León Maldonado, vicepresidente de la Comisión de Deportes.

Por José Castellanos

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La mesa técnica integrada por diputados de la Comisión de Desarrollo Social, representantes de los ministerios de Salud y Economía, Sesan, y Procuraduría de Derechos Humanos, continúan con la elaboración de un proyecto de ley que regule el etiquetado alimentos.

El objetivo es proporcionarle al consumidor, por medio  de sellos de advertencias nutricionales, la cantidad de grasa, azúcar y sodio que contiene el producto, para que pueda hacer una elección informada a la hora de comprar alimentos.

Durante la reunión se acordó ampliar el contenido del proyecto,  abarcando temas de educación para que se  incorpore por ejemplo, en el curriculum nacional básico, la enseñanza de las guías alimentarias para la población infantil.

“Según la datos de la Organización Panamericana de Salud, el costo de la diabetes  en Guatemala sobrepasa los  USD900 millones. De igual forma, el 71 por ciento de los adultos que viven en el área urbana  padece de sobrepeso y obesidad, siendo el Estado quien al final paga esta sobrecarga económica”, comentó el diputado Jairo Flores, presidente de la referida Comisión.

Eduardo Palacios, coordinador del Programa Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud, dijo que “es de vital importancia trabajar en la promoción, difusión y concientización de la alimentación saludable para reducir la morblidad y mortalidad prematura”.

En opinión del diputado Flores la propuesta es muy completa. “Esperamos presentarla la próxima semana. Apoyaremos este material, ya que será en beneficio de la población en general”.

Por Rosemary Recinos.

 

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El ministro de Gobernación (Mingob), Enrique Degenhart Asturias, expuso este lunes ante los Jefes de Bloque y Junta Directiva, los detalles del proceso de implementación del control telemático en el proceso penal, contenido en el Decreto 49-2016, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso el 22 de noviembre de 2016, con el fin de disminuir el hacinamiento en las cárceles del país.

“El instrumento en mención consiste en un dispositivo electrónico que se colocará a las personas en el tobillo y muñeca sujetas a arresto domiciliar o arresto residencial por orden de  juez competente”, explicó el titular de la cartera del interior a los congresistas.

El funcionario aseguró que la fase actual del proyecto está en el desarrollo de una mesa técnica interinstitucional en la que participan autoridades del Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal y del Sistema Penitenciario. “Dicha instancia es la encargada de los protocolos con los que se deberá regir la normativa, dando paso a la fase de licitación, la que prevé pueda hacerse en el mes de octubre”, agregó.

Entre las dudas que se generaron en la reunión fueron las relacionadas al atraso de la implementación de la ley, tomando en cuenta que han pasado 20 meses, luego de su entrada en vigencia en diciembre de 2016; así como el número de personas que se necesitaran para el monitoreo de dicha plataforma de control.

Degenhart afirmó que el atraso se originó tras el cambio de la propuesta. “En una primera instancia, el proyecto estará a cargo de la Policía Nacional Civil. Entrará a funcionar una unidad específica que tendrá la responsabilidad del control y monitoreo, y que contará con una nómina de no menos de 100 personas, que serán seleccionadas bajo el escrutinio más estricto”, expresó.

Durante la reunión, los legisladores aprobaron el orden del día que se conocerá en la sesión plenaria de este martes 14 de agosto, el cual incluye como único punto, el inicio de la interpelación del ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Carlos Soto Menegazzo, a solicitud del diputado  Marvin Orellana, subjefe del bloque Alianza Ciudadana (AC).

La razón de la interpelación, según se argumenta en la misiva del congresista de AC, se debe a la poca respuesta que el titular del MSPAS ha dado a pobladores del departamento de Alta Verapaz, quienes han denunciado el atraso en la remodelación  de la emergencia del hospital de la localidad, contemplada desde hace dos años.

El artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su párrafo tercero, señala que si la interpelación se extendiera más de dos sesiones, el Congreso programará una última sesión adicional, cualquier día de la semana, durante la cual se podrán programar temas de agenda legislativa, incluyendo la interpelación en curso.

Por Karen Mendoza

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El congresista por el departamento de Jutiapa, Carlos Santiago Nájera Sagastume, de la Unidad Nacional de Esperanza (UNE), se reunió con personeros de la distribuidora de energía eléctrica Energuate, autoridades del INDE, Alcalde, presidentes de los Cocodes y líderes comunitarios de cuatro caseríos del municipio de Conguaco del referido departamento, con el propósito de que se suministre por primera vez el servicio de energía eléctrica, y se beneficie a más de 2 mil 500 habitantes de la región suroriental del país.

Durante la reunión se informó que más de 60 comunidades en el municipio de Conguaco no cuentan con el servicio esencial de energía  eléctrica. Las aldeas están dentro del rango de pobreza y pobreza extrema, y solo cuentan con el servicio alternativo de energía solar térmica. “Los aparatos no cargan con la suficiente energía para que duren el tiempo que se necesita”, se quejan los vecinos.

Fabián Cortez González, alcalde de la corporación municipal de Conguaco, Jutiapa contó que conoce muy bien a esas comunidades y a sus habitantes. “Han hecho hasta lo imposible para lograr tener el servicio, pero han llegado personas mal intencionadas a estafarlos y engañarlos con venderles la luz. Se les ha mentido y son de escasos recursos, hasta han vendido sus gallinas y animales de corral para tener luz”.

Uno de los líderes comunitarios del caserío los Cerrones comentó que ellos ya han comprado los postes del alumbrado que son de madera y que hasta los han colocado en la tierra. “Ya compramos los insumos y los aparatos que se requieren, solo estamos esperando que nos conecten el servicio”.

Alex Girón Castillo, del área de Electrificación de Energuate, y Carlos Osoy, gerente de Electrificación Rural del INDE, explicaron los procedimientos que  cada institución tiene que llevar a cabo en la instalación y conexión del servicio. “En primer instancia debemos  hacer una vista de campo y ver las condiciones y cómo se encuentran las comunidades. Se tienen que verificar varias indicaciones para que se puedan llevar a cabo los proyectos de electrificación rural”, expresó Girón Castillo, personero de Energuate.

Carlos Osoy, gerente de Electrificación Rural del INDE, se comprometió a regularizar la red. “Ustedes nos tienen que presentar un diseño así como otros requisitos técnicos como los derechos de servidumbre entre otras acciones,  con el fin de llenar la documentación del caso”.

El diputado Carlos Santiago Sagastume, del referido departamento de oriente opinó que ya es hora que las comunidades logren tener su propia energía. “Sabemos que la mayoría son pobres pero esa no es un limitante para ellos,  ya que han demostrado a base de sus sacrificios y esfuerzos que necesitan el servicio eléctrico y esperamos que se muy pronto”.

Por José Castellanos

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El diputado Víctor Estrada Orellana, de la bancada Movimiento Reformador (MR), llevó a cabo una reunión con representantes de diferentes instituciones de gobierno y pobladores de El Progreso para dar seguimiento a denuncias de tala desmedida en esa región.

Con el fin de mediar en el problema y buscar soluciones, el diputado convocó a las partes en conflicto. Por un lado llegaron representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Instituto Nacional de Bosques (INAB), y de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH); y por el otro Óscar Rodríguez, gobernador departamental de El Progreso; Mario Castro, alcalde municipal de San Agustín Acasaguastlán, y pobladores de varios municipios de dicho departamento.

Pobladores y autoridades de varias comunidades, principalmente de los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Morazán, El Progreso, contaron  al diputado Estrada que están preocupados por la tala inmoderada de árboles en el área boscosa del lugar, especialmente en la Sierra de las Minas y le pidieron que investigue si la situación está dentro del marco legal.

Los afectados quieren que los aserraderos cumplan con los requerimientos que solicita CONAP e INAB para otorgar los permisos, y de ser así quieren que se regule y reduzca el número de hectáreas ya que opinan que hay un exceso en la tala, lo cual pone en peligro la vida silvestre, nacimientos de agua y demás recursos forestales.

Empresarios de aserraderos aseguran que están trabajando conforme a la Ley y los permisos necesarios, lo cual será verificado por el diputado quien acordó hacer una visita de campo para esclarecer la situación y tomar las acciones correspondientes en beneficio de la población.

Por su parte, las autoridades de gobierno coincidieron en que se ha abierto una investigación para dar seguimiento a las denuncias que datan de meses atrás, y que participarán en la visita de campo agendada. También se comprometieron a revisar los permisos otorgados a los aserraderos y pidieron apoyo para que desde el legislativo se puedan endurecer las sanciones establecidas en el Código Penal para los delitos ambientales.

Por Estuardo Zeceña

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La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Sofía Hernández, se reunió con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y con jubilados del departamento de Huehuetenango, para verificar el estado y calidad del servicio que el seguro social presta a dicho sector de la sociedad.

Los jubilados aseguran que enfrentan muchas carencias y solicitaron la intermediación de la diputada, ya que no hay medicamentos y la atención a  pacientes de la tercera edad que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, entre otras, es muy deficiente.

Los interesados solicitan a demás la apertura de un Hospital en la cabecera departamental, ya que en las clínicas a donde asisten no hay muchos especialistas. “Tenemos un problema con el transporte, ya que tardamos demasiado tiempo en llegar hasta la cabecera del departamento; la atención es deficiente, y nuestras citas son cada 2 meses”, se quejó Víctor Palacios, Presidente de la Asociación de Jubilados de Huehuetenango.

Las autoridades del IGSS indicaron que harán las gestiones necesarias para abastecer de manera inmediata los centros de atención en dicho departamento. También dieron a conocer que para enero 2019 se tiene contemplada la inauguración de un hospital, el cual se encuentra en proceso de construcción.

“Espero que de verdad se tome en cuenta lo establecido hoy en la reunión, no es posible que el IGSS siga teniendo deficiencias en los servicios que brinda a jubilados y población en general, yo en lo personal le daré un estricto seguimiento al caso”, concluyó la legisladora Hernández.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad, la cual preside el representante Amílcar Pop,  se reunieron con funcionarios de la Academia de Lenguas Mayas (ALMG), Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), Contraloría General de Cuentas y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), para fiscalizar la ejecución y funcionamiento de dicho centro de aprendizaje.

Marcos Santiago, presidente del Consejo de ALMG, informó que el presupuesto asignado para esta entidad es de Q 31 millones y que se cuenta con Q6 millones de saldo de caja del 2017.

Agregó que en lo que va del año se ha ejecutado el 33.84 por ciento, correspondiente a Q 9 millones, para actividades administrativas, como pago de planillas y servicios institucionales, mientras que para los programas lingüísticos y culturales Q 2 millones.

“Me preocupa esta situación, ya que como pueblos indígenas nos quejamos de que no tenemos recursos y sin embargo lo que se asigna no se ejecuta en su totalidad”, comentó el parlamentario Pop.

Agregó que  si este año tampoco se ejecuta el cien por ciento,  esto podría derivar en una reducción  presupuestaria, “lo que sería lamentable tomando en cuenta el racismo que existe en el Estado para hacer inversión pública en nuestras comunidades”, afirmó.

El subcontralor de Cuentas, César Armando Elías, indicó que en la pasada auditoría efectuada a dicha academia se encontraros varios hallazgos relacionados con la  contratación de trabajadores,  transporte de personas y gastos protocolarios, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes.

El diputado Pop anunció que dará seguimiento este tema, ya que la difusión  de las lenguas mayas  es de suma importancia para eliminar las barreras lingüísticas en el país.

Por Rosemary Recinos

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La diputada Mayra Alejandra Carrillo, presentó en Dirección Legislativa del Congreso, un anteproyecto de ley para exonerar temporalmente a los cafetaleros del impuesto de exportación al quintal de café, como paliativo a las pérdidas registradas entre el año 2013 al 2016, y en ayuda a los damnificados por la explosión del Volcán de Fuego.

La ley tendrá una duración de cinco años y contempla que los recursos económicos equivalentes a la exoneración se inviertan en hacer cambios al 50% del parque cafetalero, que equivale a unas 150 mil hectáreas, para que se renueve con variedades que resistan a plagas como la roya.

En los últimos años la producción de café ha proyectado una baja, especialmente después de un severo ataque de roya que sufrieran varias regiones del país a finales del año 2013. Las pedidas rebasan los Q 1.95 millones de café oro (qq), equivalente a USD 331.5 millones.

“Hemos tenido reuniones con caficultores y alcaldes; nos han reportado las perdidas como la tendencia a la baja en la producción…, el café en un producto importante e histórico y está ligado al desarrollo económico del país y nos han solicitado se legisle en favor del gremio”, dijo en conferencia de prensa la diputada independiente Carrillo.

Respecto del fideicomiso del café que administra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), señaló: “Personalmente creo que los fideicomisos solo se han prestado para una mala administración y son difíciles de auditar”.

El texto dice que la caficultura guatemalteca se encuentra en una crisis que genera como graves consecuencias el desempleo, la migración, el aumento en las tasas para préstamos a los caficultores y la negación en el otorgamiento de créditos para la siembra.

También destaca que la reciente catástrofe provocada por la erupción del Volcán de Fuego, ha afectado a más de 5 mil familias productoras de café y ha generado un fuerte impacto para este producto.

Reportes de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), dan cuenta de que el café actualmente ocupa el segundo lugar como producto agrícola de exportación en el país (superado únicamente por el azúcar). Es el producto agrícola con la fuente de empleo más alta en Guatemala con más de medio millón de empleos cada año; además los pequeños productores representan el 96.81% de 121 mil 292 productores en el país.

Por José Castellanos

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