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La Comisión Legislativa de Asuntos Municipales, inició el análisis de la Ley de Servicio Civil Municipal que desarrollo un marco regulador que establece principios, normas y procedimientos, para que la relación empleador-empleado sea una interacción productiva, que permita a los gobiernos y administraciones  municipales, el  desarrollo de  su recurso humano de manera profesional.

El estudio de la propuesta de Ley 4130, se retomó  de acuerdo con los legisladores de la Sala Parlamentaria considerando la priorización que se realizó para el trabajo legislativo que se han fijado para este año y tomando en cuenta no solo el beneficio de las 334 municipalidades del país, sino de la población en general.

“Esta es una iniciativa que está dentro de la propuesta de trabajo para el año, consideramos que la Ley de Servicio Civil Municipal es importante e indispensable porque con ella se pretende crear la carrera municipal y fortalecer la institucionalidad local en busca del desarrollo”, explicó el Vicepresidente de la Comisión, diputado Selvin García.

“Vamos  a hacer el esfuerzo necesario como Comisión para realizar un análisis que facilite la disposición legal que pueda viabilizar la aplicación de esta normativa, en donde estamos tomando en cuenta a las 334 municipalidades y autoridades municipales”, comentó el legislador.

Al asegurar: “que dentro esquema discutido en la Comisión representada por diputados y diputadas de las distintas bancadas del Parlamento, existen consensos en la priorización de los temas, por lo que consideraron prudente iniciar con las temáticas de mayor interés, de esa cuenta que dependerá de los buenos oficios el cabildeo que realicen para lograr la aprobación”.
 

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En busca de conocer cuáles son los proyectos y programas que los  distintos Ministerios e instituciones del Organismo Ejecutivo, tienen para implementar en favor de los pueblos indígenas, el diputado Flavio Yojcom García, realizó una citación en la cual cuestionó a los funcionarios de las diferentes dependencias de gobierno.

“La idea principal, es conocer que están haciendo en cada una de las dependencias estatales, cual es el presupuesto destinado y que proyectos, estarían por implementar, así como cuales son los obstáculos que enfrentan”, manifestó el congresista.

“Pero también como diputados indígenas  estamos provocando la búsqueda de acciones en las que podamos apoyar en la labor que están haciendo  los ministerios, con la firme intención de que  se visualice que en los pueblos indígenas, es en donde notamos pobreza, desnutrición, hambre y analfabetismo, lo que hicimos ha sido un primer ensaño, un primer acercamiento”, indicó el legislador Yojcom García.

Esto al mencionar que los Ministerios de Educación y Salud, muestra muchas debilidades en la proyección que tienen para beneficiar a las poblaciones indígenas. “Además, vemos un pequeño porcentaje de participación de funcionarios indígenas en el gobierno central”, concluyó.

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La Comisión Legislativa de Asuntos Municipales, inició el análisis de la Ley de Servicio Civil Municipal que desarrollo un marco regulador que establece principios, normas y procedimientos, para que la relación empleador-empleado sea una interacción productiva, que permita a los gobiernos y administraciones  municipales, el  desarrollo de  su recurso humano de manera profesional.

El estudio de la propuesta de Ley 4130, se retomó  de acuerdo con los legisladores de la Sala Parlamentaria considerando la priorización que se realizó para el trabajo legislativo que se han fijado para este año y tomando en cuenta no solo el beneficio de las 334 municipalidades del país, sino de la población en general.

“Esta es una iniciativa que está dentro de la propuesta de trabajo para el año, consideramos que la Ley de Servicio Civil Municipal es importante e indispensable porque con ella se pretende crear la carrera municipal y fortalecer la institucionalidad local en busca del desarrollo”, explicó el Vicepresidente de la Comisión, diputado Selvin García.

“Vamos  a hacer el esfuerzo necesario como Comisión para realizar un análisis que facilite la disposición legal que pueda viabilizar la aplicación de esta normativa, en donde estamos tomando en cuenta a las 334 municipalidades y autoridades municipales”, comentó el legislador.

Al asegurar: “que dentro esquema discutido en la Comisión representada por diputados y diputadas de las distintas bancadas del Parlamento, existen consensos en la priorización de los temas, por lo que consideraron prudente iniciar con las temáticas de mayor interés, de esa cuenta que dependerá de los buenos oficios el cabildeo que realicen para lograr la aprobación”.
 

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Diputados que integran la Comisión de Previsión y Seguridad Social, conocieron hoy la situación del Programa de Clases Pasivas del Estado, a través de un diagnostico realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que refleja un déficit presupuestario de mil 265 millones de quetzales.

“Conocimos un informe preliminar en este proceso de estudio que estamos iniciando, en el cual se  dio a conocer que existe una brecha financiera entre los ingresos y egresos que significa un déficit de mil 265 millones de quetzales al año”, explicó el Presidente de la Comisión, diputado Alejandro Arévalo.

“La situación que conocimos nos preocupa y por ello, buscaremos que se corrija esa brecha para que se asegure que los trabajadores del Estado seguirán recibiendo sus prestaciones y que en ningún momento se vean reducidas o disminuidas”, indicó el congresista.

Al asegurar: “en la  Comisión nuestra propuesta es  que discutiremos y analizaremos el tema para que en su momento podamos proponer una primera  solución en el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 que debe ser aprobado antes del 30 de noviembre, para lo cual conformamos un grupo de trabajo conjunto entre Finanzas y nosotros”.

Además, el Presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, diputado Alejandro Arévalo, anunció que este mismo ejercicio se hará con las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que se aseguren las prestaciones en el Programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS-.
 

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Diputados que integran la Comisión de Previsión y Seguridad Social, conocieron hoy la situación del Programa de Clases Pasivas del Estado, a través de un diagnostico realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que refleja un déficit presupuestario de mil 265 millones de quetzales.

“Conocimos un informe preliminar en este proceso de estudio que estamos iniciando, en el cual se  dio a conocer que existe una brecha financiera entre los ingresos y egresos que significa un déficit de mil 265 millones de quetzales al año”, explicó el Presidente de la Comisión, diputado Alejandro Arévalo.

“La situación que conocimos nos preocupa y por ello, buscaremos que se corrija esa brecha para que se asegure que los trabajadores del Estado seguirán recibiendo sus prestaciones y que en ningún momento se vean reducidas o disminuidas”, indicó el congresista.

Al asegurar: “en la  Comisión nuestra propuesta es  que discutiremos y analizaremos el tema para que en su momento podamos proponer una primera  solución en el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 que debe ser aprobado antes del 30 de noviembre, para lo cual conformamos un grupo de trabajo conjunto entre Finanzas y nosotros”.

Además, el Presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, diputado Alejandro Arévalo, anunció que este mismo ejercicio se hará con las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que se aseguren las prestaciones en el Programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS-.
 

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El legislador del Partido de Avanzada Nacional, señaló que el programa de entrega de fertilizantes es de beneficio para la población más desfavorecida del país, por lo que está a favor de su continuidad. Sin embargo, como diputado, es su deber fiscalizar y analizar a profundidad el cumplimiento de la ley en el proceso de compra de los mismos
El diputado Hugo Morán señaló que luego de efectuar el análisis e investigación correspondiente a la compra de fertilizantes por parte del MAGA, sin entrar a valorar el uso del procedimiento de excepción para su adjudicación, es oportuno hacer de conocimiento público lo siguiente:


• En cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Presidente de la República en Consejo de Ministros promulgó el Acuerdo Gubernativo 66-2012 facultando al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y cito textualmente parte del texto de su artículo 2:  “para que, bajo su estricta responsabilidad y a través del Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, con recursos de dicho fideicomiso, lleve a cabo, sin sujetarse a los requisitos de licitación y cotización, las contrataciones y compras necesarias para la adquisición de fertilizantes y la contratación de los servicios siguientes; a) de seguridad; b) verificación de calidad de insumos y materias primas; c) bancarios; d) promoción y divulgación para el proceso de entrega; y, e) así como celebrar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que fueren necesarios para el depósito de los mismos”. Este procedimiento fue publicado en el portal de GUATECOMPRAS en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
En dicho Acuerdo Gubernativo se establece un monto máximo de Q.460, 000,000.00 para la realización de las contrataciones amparadas bajo dicho Acuerdo, entre ellas la compra de fertilizantes. No obstante lo anterior, el monto adjudicado a las tres empresas beneficiadas fue por Q.478,132,807.17, lo que claramente excede el monto autorizado en el Acuerdo Gubernativo por un monto de Q.18,132,807.17, lo que constituye una evidente violación de ley.
Adicionalmente, bajo el marco regulatorio del Acuerdo Gubernativo 66-2012 se realizaron otros dos procesos de adjudicación aplicando el proceso de excepción, siendo éstos los servicios de seguridad para la protección en el depósito y entrega de los fertilizantes y el de servicios bancarios por pagos provenientes de los beneficiarios del programa de fertilizantes para uso agrícola 2012. En el caso de los servicios de seguridad se benefició a 4 empresas por el monto total de  Q.4,916,378.30 y en el caso de los servicios bancarios por pagos provenientes de los beneficiarios del programa de fertilizantes para uso agrícola 2012, la adjudicación fue por Q5,744,249.00.

La suma total de los tres procesos de excepción son de Q488,793,434.47, monto que excede en Q28,793,434.47 el máximo señalado por dicho Acuerdo.
Por lo tanto, “quiero manifestar mi preocupación en relación a esta situación y les quiero informar que he solicitado un informe circunstanciado al respecto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación para aclarar el tema, así como la intervención de la Contraloría General de Cuentas para analizar dicho procedimiento. De no contar con la justificación correspondiente, se procederá a presentar el recurso pertinente para impugnar la validez de esta adjudicación. Además, voy a estar muy atento a la conformación de los Comités de Transparencia, a través de los cuales se distribuyen los fertilizantes, así como la elección de los beneficiarios” señaló el diputado Hugo Morán Tobar.


Anomalías en el Proceso de Compra de Fertilizantes, servicios de seguridad y servicios bancarios
• El Acuerdo Gubernativo establece un monto máximo de  Q460,000,000.00
• El monto de la adjudicación de Fertilizantes fue de  Q.478,132,807.17
• Los gastos en seguridad fueron adjudicados por     Q.4,916,378.30
• Los gastos por servicios bancarios fueron de        Q5,744,249.00.
• El monto que excede el Acuerdo Gubernativo es de Q28,793,434.47

Medidas tomadas por el   Diputado Hugo Morán

• Solicitud de informe circunstanciado al respecto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
• Involucramiento de la Contraloría General de Cuentas, para investigar y analizar dicho procedimiento.
• Finalmente de no contar con la justificación correspondiente, el diputado presentará el recurso pertinente para impugnar la validez de dicha adjudicación.

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El legislador del Partido de Avanzada Nacional, señaló que el programa de entrega de fertilizantes es de beneficio para la población más desfavorecida del país, por lo que está a favor de su continuidad. Sin embargo, como diputado, es su deber fiscalizar y analizar a profundidad el cumplimiento de la ley en el proceso de compra de los mismos
El diputado Hugo Morán señaló que luego de efectuar el análisis e investigación correspondiente a la compra de fertilizantes por parte del MAGA, sin entrar a valorar el uso del procedimiento de excepción para su adjudicación, es oportuno hacer de conocimiento público lo siguiente:
• En cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Presidente de la República en Consejo de Ministros promulgó el Acuerdo Gubernativo 66-2012 facultando al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y cito textualmente parte del texto de su artículo 2:  “para que, bajo su estricta responsabilidad y a través del Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, con recursos de dicho fideicomiso, lleve a cabo, sin sujetarse a los requisitos de licitación y cotización, las contrataciones y compras necesarias para la adquisición de fertilizantes y la contratación de los servicios siguientes; a) de seguridad; b) verificación de calidad de insumos y materias primas; c) bancarios; d) promoción y divulgación para el proceso de entrega; y, e) así como celebrar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que fueren necesarios para el depósito de los mismos”. Este procedimiento fue publicado en el portal de GUATECOMPRAS en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
En dicho Acuerdo Gubernativo se establece un monto máximo de Q.460, 000,000.00 para la realización de las contrataciones amparadas bajo dicho Acuerdo, entre ellas la compra de fertilizantes. No obstante lo anterior, el monto adjudicado a las tres empresas beneficiadas fue por Q.478,132,807.17, lo que claramente excede el monto autorizado en el Acuerdo Gubernativo por un monto de Q.18,132,807.17, lo que constituye una evidente violación de ley.
Adicionalmente, bajo el marco regulatorio del Acuerdo Gubernativo 66-2012 se realizaron otros dos procesos de adjudicación aplicando el proceso de excepción, siendo éstos los servicios de seguridad para la protección en el depósito y entrega de los fertilizantes y el de servicios bancarios por pagos provenientes de los beneficiarios del programa de fertilizantes para uso agrícola 2012. En el caso de los servicios de seguridad se benefició a 4 empresas por el monto total de  Q.4,916,378.30 y en el caso de los servicios bancarios por pagos provenientes de los beneficiarios del programa de fertilizantes para uso agrícola 2012, la adjudicación fue por Q5,744,249.00.

La suma total de los tres procesos de excepción son de Q488,793,434.47, monto que excede en Q28,793,434.47 el máximo señalado por dicho Acuerdo.
Por lo tanto, “quiero manifestar mi preocupación en relación a esta situación y les quiero informar que he solicitado un informe circunstanciado al respecto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación para aclarar el tema, así como la intervención de la Contraloría General de Cuentas para analizar dicho procedimiento. De no contar con la justificación correspondiente, se procederá a presentar el recurso pertinente para impugnar la validez de esta adjudicación. Además, voy a estar muy atento a la conformación de los Comités de Transparencia, a través de los cuales se distribuyen los fertilizantes, así como la elección de los beneficiarios” señaló el diputado Hugo Morán Tobar.
Anomalías en el Proceso de Compra de Fertilizantes, servicios de seguridad y servicios bancarios
• El Acuerdo Gubernativo establece un monto máximo de Q460,000,000.00
• El monto de la adjudicación de Fertilizantes fue de Q.478,132,807.17
• Los gastos en seguridad fueron adjudicados por Q.4,916,378.30
• Los gastos por servicios bancarios fueron de Q5,744,249.00.
• El monto que excede el Acuerdo Gubernativo es de Q28,793,434.47

Medidas tomadas por el   Diputado Hugo Morán

• Solicitud de informe circunstanciado al respecto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
• Involucramiento de la Contraloría General de Cuentas, para investigar y analizar dicho procedimiento.
• Finalmente de no contar con la justificación correspondiente, el diputado presentará el recurso pertinente para impugnar la validez de dicha adjudicación.

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La Comisión de  Derechos Humanos del Congreso de la República, levantó la sesión permanente declarada para revisar los expedientes de las objeciones planteadas por organizaciones civiles y particulares,  tras lo cual decidió que los señalamientos recibidos contra 8 candidatos serán tomados en cuenta en el proceso que se realiza para la elección del Procurador o Procuradora de los Derechos Humanos.

“La Ley establece claramente que la Comisión debe verificar si los impedimentos presentados contra los candidatos tienen formalidad o fundamento para ser tomadas en consideración, de los 8 aspirantes efectivamente todas vienen fundadas y traen papelería que respalda que es necesario que los profesionales hagan una prueba de descargo ante la Comisión, por esa razón de forma unánime se decidió notificarle a los 8  que han sido tachados”, explicó el Presidente de la Instancia Legislativa, diputado Luis Fernando Pérez.

“Considerando la decisión asumida los 8 candidatos tendrán del lunes a viernes de la semana próxima, la posibilidad de presentar sus pruebas de descargo por escrito, aunque el lunes  23 a partir de las 8:30 de la mañana se llevará a cabo una audiencia pública, para que quienes plantearon objeciones las expongan a viva voz y a efecto de que los señalados puedan defenderse”, informó el legislador.

De acuerdo, con los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos, se otorgará un espacio de 5 minutos para que se expongan las tachas y para que los aspirantes a ocupar el cargo en la Procuraduría de los Derechos Humanos se defiendan.

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“La Ley establece claramente que la Comisión debe verificar si los impedimentos presentados contra los candidatos tienen formalidad o fundamento para ser tomadas en consideración, de los 8 aspirantes efectivamente todas vienen fundadas y traen papelería que respalda que es necesario que los profesionales hagan una prueba de descargo ante la Comisión, por esa razón de forma unánime se decidió notificarle a los 8  que han sido tachados”, explicó el Presidente de la Instancia Legislativa, diputado Luis Fernando Pérez.

“Considerando la decisión asumida los 8 candidatos tendrán del lunes a viernes de la semana próxima, la posibilidad de presentar sus pruebas de descargo por escrito, aunque el lunes  23 a partir de las 8:30 de la mañana se llevará a cabo una audiencia pública, para que quienes plantearon objeciones las expongan a viva voz y a efecto de que los señalados puedan defenderse”, informó el legislador.

De acuerdo, con los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos, se otorgará un espacio de 5 minutos para que se expongan las tachas y para que los aspirantes a ocupar el cargo en la Procuraduría de los Derechos Humanos se defiendan.

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