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Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el representante Fernando Linares Beltranena, dictaminaron a favor de tres iniciativas de ley y en contra de dos que fueron envidas por el Pleno a esa sala de trabajo para su estudio.

Los proyectos que regresarán al Pleno para su trámite y posible aprobación, tras recibir el beneplácito de la Comisión son el 5375, para reconocer el día del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación; el 5440, sobre la Ley de Avisos Electrónicos; y el 5411  que dispone aprobar reformas al Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio, para la implementación del cheque electrónico.

Las iniciativas de ley 5395, sobre identidad de género, que fue presentada por la diputada Sandra Morán; y la 5437, sobre las publicaciones electrónicas que fue presentada y retirada por la diputada Andrea Villagrán, recibieron dictamen desfavorable.

Durante la reunión también se informó que fueron enviadas por el Pleno a la Comisión, para su estudio y dictamen, las iniciativas 5474, presentada por el diputado Juan Ramón Lau, para que se les dé medida preventiva a los reos o sindicados de algún delito que sobrepasen los 70 años de edad; y otra enviada por el diputado Amílcar Pop “para que las consultas populares sean bien explicadas a los pueblos indígenas”.  Los legisladores recibieron copia de las iniciativas de ley para que sean analizadas, y puedan así opinar sobre su contenido en  una próxima reunión.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Deportes se reunieron con autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), para verificar el mantenimiento que se da los diferentes complejos a cargo de la confederación, así como los mecanismos para que se pueda incrementar el aforo del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Los parlamentarios explicaron que la intención de que se incremente la capacidad de ingreso de aficionados al estadio es aumentar el aforo en los partidos internacionales. Para la presidenta de la Comisión, Flor de María Chajón, el aumento del aforo del Estadio Nacional continúa como una asignatura pendiente, y que en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  se deberá tomar la decisión final.

Los representantes de la CDAG explicaron que el objetivo principal es brindar la mayor seguridad a los asistentes al Estadio. Según dijeron “en 2013, la CONRED emitió una serie de recomendaciones y disposiciones donde se explicaban los cambios que debían hacerse, entre ellos reducir la capacidad de asistencia, los cuales se cumplieron y que esperarían que con una reevaluación podría aumentarse el aforo hasta los 23 mil espectadores”.

El aforo en estos momentos es de 18 mil personas, distribuidas de la siguiente manera: 3 mil 685 en la localidad de preferencia, 3 mil 685 en la general sur, 3 mil 158 en tribuna, un mil 070 en palco y 3 mil 869 en la general norte y el resto distribuida en la gramilla.

Los diputados acordaron citar para una próxima reunión a representantes de la CONRED, CDAG, Ministerio de Cultura y Deportes para conocer las alternativas y que se puedan resolver las dudas sobre si se puede incrementar las localidades en el Estadio.

Por Byron Ramírez

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La iniciativa de ley 5367, que dispone aprobar la ley temporal para la agilización de la  ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango, fue aprobado en su tercera lectura por el Pleno de los Diputados al congreso, con 85 votos a favor.

En su exposición de motivos, los diputados de la bancada CREO, ponentes de la iniciativa de ley, argumentan la norma servirá de soporte legal para la conclusión del Proyecto de Libramiento, con una extensión total de 15.32 kilómetros, para evitar el paso de la Ruta Centroamericana CA-1, o carretera interamericana, por los municipios de El Tejar y Chimaltenango.

“Con esto se espera  negociar los derechos de vía con los propietarios particulares de los terrenos que  forman parte del trazo, por lo que se espera declarar de interés público  la obra y que se procesa  a la indemnización correspondiente a quienes se les expropie de sus patrimonios”, dijeron los congresistas.

Luego de haberse aprobado en tercera lectura, se inició con las votaciones  por artículos, por lo que espera que para la próxima semana se pueda continuar con esta fase y por redacción final.

Con esta ley se espera construir una vía  alterna para facilitar el paso de vehículos que diariamente transitan por el lugar rumbo a los departamentos y municipios del occidente.

Por Karla Herrera

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La diputada Lucrecia Samayoa, presidenta de la Comisión de Integración Regional, se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), y Registro Nacional de la Personas (Renap), con el objetivo de verificar los avances en el proceso de legalización de firmas de registradores civiles en las cabeceras departamentales de Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu, Quezaltenango, Escuintla, y Quiché, así como el tema de apostillado en los documentos de los menores de edad.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García, indicó que se está trabajando para favorecer la movilidad de los guatemaltecos que viven en zonas fronterizas y desean cruzar con fines turísticos o comerciales.

El Viceministro contó que en breve se firmará un convenio bilateral entre Cancillería y el gobierno mexicano, para  regresar al pase temporal lo que facilitará el comerció y movilidad entre las poblaciones fronterizas. En el caso de los menores se necesita una certificación de nacimiento debidamente apostillada y certificada por el MINEX.

La diputada Samayoa se mostró satisfecha con las respuestas e indicó que ve un avance en cuanto al proceso de la legalización de firmas de registradores civiles en cabeceras de varios departamentos, lo cual dijo “agiliza y economiza los trámites migratorios de las personas en áreas fronterizas”. Expresó que dará seguimiento a ambos temas.

Por Estuardo Zeceña

 

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Los legisladores que integran la Comisión de Trabajo se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para verificar el cumplimiento y aplicación de los Convenios 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación;  y 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ambos  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su momento fueron ratificados por el Estado de Guatemala.

Con respecto al Convenio 87, los representantes de la cartera de Trabajo mostraron a los congresistas un informe sobre los sindicatos existentes, los inactivos, y los que se encuentran en proceso de autorización. Asimismo las acciones que han tomado en cuanto a la publicidad y promoción de la libertad sindical, como campañas publicitarias, entre otras.

La seguridad que se brinda a sindicalistas en caso de amenazas o hechos de violencia también fue contemplada en la reunión, ya que los congresistas expresaron que es importante que el Ministerio de Trabajo vele por el ejercicio de la libertad y protección de la sindicación en Guatemala.

En cuanto al Convenio 169, que se refiere a los derechos de Pueblos Indígenas y Tribales, los legisladores indicaron que es de vital importancia socializar el tema de la consulta, ya que existen iniciativas de ley que tratan el tema, por lo que se prevé la creación de mesas de diálogo.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión Transparencia y Probidad, que preside el representante Amílcar Pop, sostuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Comisión Presidencial de Diálogo, Procuraduría de Derechos Humanos y pobladores de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, con el objetivo de fiscalizar el proceso de cierre de la mina Marlín.

La  compañía Montana Exploradora, propietaria de la mina Marlin, concluyó  con las operaciones extractivas  en  mayo del año pasado,  para iniciar con el proceso de recuperación  y responsabilidad tanto  ambiental como social, sin embargo pobladores de la región manifestaron su inconformidad pues aseguran que no se están cumpliendo los  compromisos adquiridos.

Denuncian daños irreparables al medio ambiente, entre ellos: la desaparición de manantiales, contaminación microbiológica del agua en las zonas cercanas a la operación del proyecto, así como afecciones en su salud, y daños a la infraestructura de sus viviendas. “No es posible que la mina se retire sin resarcir los daños a la naturaleza y a  las familias afectadas y el Estado lo permita”, expresó el poblador Jacinto Morales.

El parlamentario Pop comentó: “Fueron más de 10 años de explotación de los recursos naturales y no vemos que realmente haya sido de beneficio para las comunidades, al contrario fueron años de corrupción,  y  no se ve desarrollo ni progreso”.

Durante la reunión Sergio Alejandro Flores, comisionado presidencial de diálogo, expresó que desde el 2017  se le dieron seguimiento a  trece demandas, y que se ha estado mediando para lograr acuerdos entre la empresa y las comunidades.

Explicó que  en algunas  ocasiones se rompió el diálogo y se  tomaron medidas de hecho por parte de los pobladores, por lo que no se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero que el proceso continúa y como Comisión están anuentes a seguir  intermediando en este conflicto.

Por su parte, Julio Recinos, viceministro administrativo de Ambiente, indicó que el estudio de cierre de la mina Marlin presentó varias inconsistencias y que luego de solicitar la opinión técnica a Conred, y a los  Ministerios de Energía y Minas y de Salud, se ha evidenciado  que no se llenan los requisitos para su aprobación.

El presidente de la sala legislativa solicitó más información a los funcionarios sobre el plan de cierre de la mina,  auditorías ambientales, así como de los resultados de las aguas residuales y de las evaluaciones sobre las viviendas dañadas, para continuar con la  fiscalización.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva, y Julio Lainfiesta del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), en conferencia de prensa, manifestaron su preocupación por la no comparecencia del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto Menegazzo, a dos citaciones en las que se tratarían temas como muertes de menores por desnutrición y el cierre de las consultas externas en la red hospitalaria, entre otros.

El motivo principal de las reuniones fue el anuncio del cierre por tres días de  la consulta externa de los hospitales y centros de Salud a nivel nacional, el pasado 13 de agosto. Medida que fue tomada por los profesionales de la salud, en demanda de un ajuste salarial, estabilidad laboral y el establecimiento de un estatuto con el que sea crea un escalafón de puestos y salarios.

“En el Congreso estamos tratando de intermediar entre los médicos y el Ministerio,  pero es lamentable que las autoridades de Salud Pública no tomen con seriedad este tema. Queremos buscar las salidas al problema, por lo que buscamos el acompañamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Colegio de Médicos en función de contar con los criterios técnicos y evitar la politización”, dijo Lainfiesta.

Los profesionales se quejan de la mala infraestructura de los centros hospitalarios, los bajos salarios y las carencias de insumos médicos y quirúrgicos. “Es necesario propiciar el diálogo con las autoridades, por lo que en asamblea los médicos hemos decidido que las referidas unidades de atención, trabajen con normalidad, con el fin de no afectar a los guatemaltecos que van en búsqueda de los servicios médicos”, aseguró el doctor Jaime Cáceres, representante del Hospital General San Juan de Dios.

“No quitaremos el dedo del renglón en cuanto a la fiscalización de los recursos destinados en materia de salud, para que los mismos lleguen a  quienes lo necesitan. Intermediaremos entre las partes involucradas para que los médicos sean dignificados  con mejores condiciones salariares”, concluyó la congresista Martínez.

Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, la cual preside la diputada Laura Franco Aguirre, de la bancada FCN-Nación, recibieron los resultados del análisis del Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas, hecho por los representantes de la Mesa Técnica constituida para el efecto.

En la mesa, que analizó parte de los 65 artículos de los que consta el proyecto de reforma, participaron representantes de la Confederación Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Confecoac R.l.), sindicatos de cooperativas del país y expertos en temas financieros, entre otros.

“Dado el consenso de todas las subcomisiones de trabajo, dentro de la mesa técnica y como aporte nuestro del proceso de reforma al Decreto No. 82-78, Ley General de Cooperativas, al cual fuimos invitados por ustedes…, estamos entregando lo que de momento consideramos un anteproyecto que debe hacerse contener en dicha ley”, dice la nota.

Los congresistas citarán para una próxima reunión de trabajo a funcionarios de instituciones como la Contraloría General Cuentas (CGC), Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que también den sus aportes.

Los diputados indicaron además que es de mucha importancia una reunión con los representantes del Banco Mundial (BM), aprovechando la visita oficial que hará al país una delegación de funcionarios de ese organismo internacional, “con el fin de conocer los puntos de vista y aspectos financieros, mercantiles y monetarios a nivel internacional, y enriquecer el contenido del anteproyecto de ley”.

La congresista Laura Franco Aguirre, del bloque FCN-Nación, y presidenta de la referida Comisión, habló de la importancia de socializar el documento enviado por los integrantes de la mesa técnica. “Hay que enriquecer el contenido y presentar un anteproyecto de ley con los cambios que se requieren como la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito”, dijo.

Por José Castellanos

 

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El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas (Renap), Enrique Aceituno,  solicitó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, un aumento presupuestario de Q337 millones para el próximo año.

El dinero servirá principalmente para adquirir nuevos equipos para capturar y procesar los datos para la identificación de personas a nivel nacional. “Necesitamos cambiar la tecnología con que trabajamos, el proveedor de los servidores de la institución es francés y debe actualizar la memoria de espacio para registros, lo que puede costar unos Q60 millones”, argumentó el funcionario.

El legislador Gabriel Heredia, de la UNE, cuestionó la ejecución presupuestaria anual de la institución, los atrasos en entregas de los Documentos de Identificación Personal (DPI), así como el costo de los servicios que pagan los guatemaltecos por ser registrados.

Los diputados Alejandra Carrillo (Movimiento Reformador), e Inés Castillo (UNE), coincidieron en cuestionar los altos salarios de algunos funcionarios, entre los que figura el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, con Q25 mil; y el director del Renap, con Q48 mil mensuales. También los altos pagos por concepto de alquiler de oficinas, poniendo de ejemplo el edificio central que equivale a medio millón de quetzales mensuales, pese a que no tiene parqueo ni áreas adecuadas para las personas hacen trámites.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Ferdy Elías, de (FCN-Nación), solicitó un informe detallado de los gastos de funcionamiento, salarios, contratos y pago de servicios que hace la institución, con el objetivo de evaluar a detalle la solicitud del director del Renap.

Algunos legisladores adelantaron opinión e indicaron que mejor solicite un traslado presupuestario de alguno de los ministerios que no han cumplido su ejecución, y que exista el compromiso de acelerar el proceso de entrega del DPI.

Por Fernando Bolaños

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