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El diputado Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, interpuso una acción de amparo en contra de la empresa infor.net, para evitar la compilación, sistematización, archivo y comercialización de información privada de los guatemaltecos.

Entre los argumentos vertidos por el congresista está que muchas veces ese tipo de información hace que los guatemaltecos tengan menos oportunidades de trabajo y acceso a créditos…, entre otros. “Se estigmatiza a las personas no respetando derechos fundamentales, como el de trabajo e igualdad, establecidos en la Constitución Política de la República”, dijo.

El congresista Arango indicó que a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ya emitió dos sentencias que prohíben la comercialización de la información privada de los guatemaltecos sin previa autorización, estas empresas siguen lucrando de diferentes maneras perjudicando a muchas familias de este país.

La acción legal fue presentada en el Organismo Judicial y será conocida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. Se espera que en los próximos días, según el trámite correspondiente, se pueda llevar a cabo una audiencia en la que las partes presenten sus pruebas de cargo y descargo.

El diputado Arango ha venido trabajando para que por ley se penalice a todas las empresas bancarias o cualquier otra entidad que venda la información privada de las personas a un tercero, ya que se violenta la privacidad de sus clientes. Informó que próximamente presentará otra acción de amparo para evitar que los patronos soliciten directamente a empleados información privada, ya que serían copartícipes de la violación a la intimidad de las personas.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad concluyeron la  elaboración del anteproyecto de “ley general e integradora del sistema nacional de adquisiciones del Estado”, con la finalidad crear una nueva  herramienta que permita ejecutar los recursos de manera fluida, transparente y segura.

“Después de 60 reuniones con diferentes organizaciones sociales, expertos en la materia e instituciones del Estado, y tras un año de análisis y estudio,  hoy estamos entregando una nueva Ley de Adquisiciones del Estado para su estudio, dictamen y aprobación. No buscamos reformar la Ley, ya que sería la doceava reforma a la ley vigente; estamos hablamos de un nuevo proyecto”, dijo en rueda de prensa el diputado Amílcar Pop, jefe del bloque Winaq.

El congresista informó que esta iniciativa busca modernizar todo el proceso de adquisiciones del Estado. Entre las novedades está: el uso de la tecnología de manera progresiva, celeridad de los procesos, evitar el entrampamiento de procedimientos de licitación, así como pagos y compras de voluntades…entre otras cosas.

La nueva norma busca regular las compras directas,  cotizaciones, licitaciones, el contrato marco, la subasta inversa y, específicamente, la contratación en momentos de excepción o de urgencia nacional.

“Se abrió una Mesa Técnica del Sistema de Adquisiciones, quien fue la  encargada de recopilar las opiniones y sugerencias de las instituciones y los entes de la sociedad civil.  Es de mucha importancia este trabajo para la Comisión ya que el contenido de las propuestas están incluidas”, explicó el diputado uneista, Julio Ixmamey Velásquez, vicepresidente de la referida sala de trabajo.

La representante Andrea Villagrán, del bloque Todos, agregó que “la iniciativa de ley pretende mejorar los servicios en las compras y adquisiciones del Estado y busca, de manera integral, superar la ley que ya existe. Reduce los tiempos para que se agilicen las diferentes compras y contempla de  manera eficaz cómo actuar ante situaciones de emergencias por desastres naturales u otras.

El anteproyecto de ley tiene  más de 150 artículos y capítulos, asimismo conlleva el régimen de licitación, cotización,  modalidades específicas, excepción,  enajenación de bienes del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, y contratos (contrato abierto).

Por José Castellanos

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El diputado Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (VIVA), anunció que la próxima semana solicitará la Interpelación del ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, ante la negativa de asistir a varias reuniones de trabajo, y por no entregar información que en su momento le ha sido solicitada.

El congresista declaró que debido al mal estado de las carreteras en el país ha decidido cuestionar al jefe de la cartera de Comunicaciones, quien no se ha presentado a las citaciones. “Es lamentable la actitud del Ministro, ante muchos temas que se tienen pendientes de tratar”.

La noticia se dio luego de la negativa de Benito de acudir a una reunión con  autoridades y pobladores del municipio de Tiquisate, Escuintla, quienes presentaron denuncias al diputado Rojas por el mal estado del tramo carretero que conduce de la Finca Ipala a la playa El Semillero. Los pobladores informaron que la ruta es de 13.1 kilómetros, y que por falta de mantenimiento está deteriorada, lo cual afecta los vecinos, el comercio y turismo del lugar, a lo que el congresista indicó que dará seguimiento.

Por Estuardo Zeceña

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La presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario, Lesly Valenzuela, se reunió con la viceministra de Educación, María Eugenia Barrios; el director departamental de educación, Oscar Fuentes; y alcaldes del departamento de San Marcos, para evaluar las contrataciones de maestros para la región.

Según la Viceministra, en lo que va del año se han abierto al menos 61 plazas de maestros para el departamento, aparte de los que ya fueron contratados en los diferentes renglones, que sumados sobrepasan 12 mil para San Marcos. “Las nuevas contrataciones son en espacios que dejan mentores jubilados o retirados por diferentes motivos, esperamos para el próximo año poder abrir una mayor cantidad de plazas en contratos 021 para fortalecer a ese departamento”, expresó la funcionaria.

La legisladora cuestionó que únicamente se hayan contratado a 62 educadores en 9 municipios, siendo San Marcos uno de los departamentos con mayor necesidad. “Queremos saber qué criterio se utilizó para la selección de los maestros y por qué no se enviaron más a estas áreas que están muy necesitadas”,  dijo la diputada.

“El criterio de selección se ha hecho conforme a las necesidades de cada municipio”,  dijo Oscar Fuentes. “Hay escuelas muy alejadas donde los maestros dejan sus empleos por la lejanía, y alrededor de 80 plazas que fueron creadas por la minera pero que ahora pagan los jefes ediles. Trabajamos para que el ministerio pueda cubrir estas plazas”, puntualizó.

Los alcaldes de Sipacapa  y San Antonio Sacatepéquez, coincidieron en indicar que existe un déficit de maestros en las regiones más lejanas donde un mentor atiende hasta 6 grados y que en muchos casos no se toma en cuenta a los que pueden enseñar su lengua nativa. Esto por no tener la certificación que emite el Ministerio, pues no las entregan en San Marcos sino que deben viajar hasta la capital a tramitarla.

Por Fernando Bolaños

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La diputada Karla Martínez, segunda secretaria de la  Junta Directiva del Congreso de la República,  junto con el representante Julio Lainfiesta, integrante de la Comisión de Salud, se reunieron con representantes del Colegio de Médicos, ministro de Salud, Carlos Soto Menegazo, y directores de los hospitales General San  Juan de Dios y Roosevelt, para analizar la solicitud de los galenos de un aumento salarial.

El motivo de la reunión fue mediar entre los médicos y las autoridades de Salud luego de que cerraran la consulta externa del hospital Roosevelt en demanda de aumento salarial; solitud que también es apoyada por médicos del hospital General  San Juan de Dios.

Durante la reunión Astrid Tello,  médico e integrante de la junta directiva del Colegio de Médicos, aseguró que “actualmente un médico III tiene un salario de Q 4 mil mensuales, por lo que para ellos es indispensable que les aprueben un incremento salarial”.

En respuesta a esta solicitud, el  ministro de Salud, Carlos Soto Menegazo, dio a conocer que para otorgar un aumento salariar se deben buscar las fuentes de financiamiento, y que por el momento se cuentan con Q 23 millones para otorgar un bono único de Q 4 mil para diciembre.

“Es necesario que se lleve a cabo un diálogo entre  médicos y autoridades de salud,  y poder llegar a un acuerdo sobre  un incremento salarial, por lo que recomiendo que   se hagan un presupuesto para el próximo año, donde se incluya este incremento”, puntualizo la diputada Karla Martínez.

Al concluir la reunión, se acordó que para el próximo lunes se sostendrá una mesa de diálogo entre médicos y autoridades del Ministerio de salud, para llegar a un acuerdo. El viernes próximo habrá una nueva reunión con los legisladores para  conocer el resultado de la mesa de trabajo.

Por Karla Herrera

 

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Diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria, que preside el representante Marcos Yax,  manifestaron su preocupación por los casos de desnutrición que se han registrado en el departamento de Jutiapa a raíz de la sequía que se vive en el país, ante la ausencia de lluvias.

“Nos preocupa que en Jutiapa, al igual que en los departamentos del corredor seco y algunos del occidente, se estén incrementando los casos de desnutrición, por lo que  las autoridades de gobierno encargados del tema, deben trabajar en conjunto para evitar que las cifras aumenten”, destacó el diputado Marcos Yax, presidente de la referida Comisión.

A la reunión asistió Juan Carlos  Carias, secretario de seguridad slimentaria; Manfredo Melgar, viceministro de seguridad alimentaria y nutricional (SESAN); Pedro Corado, gobernador departamental de Jutiapa; Cesar Elías, sub contralor de cuentas; Claudia Maselli, procuradora adjunta de Derechos Humanos; así como delegados de la SESAN, Ministerio de Salud y Educación.

Según las estadísticas, este año se han atendido  287 nuevos casos de desnutrición en el departamento de Jutiapa, la mayoría  niños menores de 10 años, por lo que los representantes del Ministerio de Salud, hicieron un llamado a las autoridades de SESAN, MIDES  y al Ministerio de Agricultura, a aumentar el presupuesto y personal para los centros de salud.

Nery Morales, delegado de la SESAN en Jutiapa, dio a conocer que mantienen un monitoreo para determinar los casos de desnutrición,  y que las familias afectadas puedan ser incluidas en los  programas de ayuda social, donde se les brindan bolsas de alimentos y fertilizantes.

Se dio a conocer que   hay más de 300 mil familias guatemaltecas afectadas por la sequía en todo el país, por lo que se podría analizar la posibilidad de declarar estado de calamidad en los departamentos del corredor seco, y algunos del occidente.

Por Karla Herrera

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La Comisión de la Mujer, presidida por el diputado Aníbal Rojas (Viva), analizó este jueves el artículo 7 de la iniciativa 5376, que plantea un sistema de protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora para niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual.

 

En la actividad participaron cerca de 65 organizaciones de la sociedad civil, entre las que resaltan Asociación Go Joven Guatemala, Coalición Ministerial Cristiana, Mujeres Transformando el Mundo, Alianza Evangélica de Guatemala, Asamblea Feminista, Instituto de Derecho a la Vida, entre otras, las cuales presentaron argumentos a favor y en contra de la normativa

 

Quetzali Cerezo, de la Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME), aseguró que el Estado debe de garantizar que la maternidad ideal sea libre y deseada a través de estrategias interinstitucionales, que eviten la incidencia de casos de violaciones sexuales en menores.

 

“De lo contrario nos enfrentamos a la interrupción de la vida de una niña mediante un abuso violento, trayendo serias consecuencias para su desarrollo. El Estatuto de Roma, en su artículo séptimo, refiere que  el embarazo forzado es considerado un crimen a la humanidad, situación que hace que las menores en esta condición sean estigmatizadas”, agregó Cerezo.

 

Orlando Cabrera, del Instituto Juntos por la Vida, explicó que no ven  viable el proyecto de ley, bajo varias perspectivas: “No se considera la salud física y psicológica de la menor que interrumpe el embarazo”.

“Vemos con preocupación que se quiera aprobar una ley que excluye a otras victima de delito sexual y peor aun que no se contemple un castigo severo al abusador. Creemos que se debe de trabajar en soluciones de fondo como el acompañamiento a la víctima, el castigo al criminal y combate a la clandestinidad de los abortos”, afirmó Cabrera.

Al concluir la reunión, el congresista Rojas indicó que la mesa se reunirá nuevamente en los próximos días para continuar con el análisis de la propuesta. “Escucharemos a dependencias del Estado involucradas en el tema en virtud de contar con un dictamen ampliamente discutido”, anunció el legislador.

Datos del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, refieren que en lo que va del año, al menos 1 mil 475 menores, entre 10 y 14 años, tienen un embarazo no deseado a causa de un delito sexual.

Por Karen Mendoza

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La diputada Eva Nicolle Monte, de la bancada Alianza Ciudadana, se reunió con Reyes Patal, alcalde del municipio de Patzún, Chimaltenango; Juan Pablo Muñoz, coordinador de construcción de la empresa Construdam; y José Muñoz, coordinador de la división de supervisión  de la Dirección General de Caminos, para conocer los avances de la reparación de un tramo carretero que atraviesa dicha región.

El alcalde Patal comentó que la obra abarca 13 kilómetros y que  después de ocho meses únicamente se han asfaltado  2.5 km, por lo que se le solicitó a la empresa constructora que  agilice el proceso, ya que este tramo es de suma importancia para el desarrollo de la población, que se caracteriza por la producción de arveja china y brócoli.

“La ruta es de Patzicía  a Patzún, y nos preocupa porque la población ya está bastante molesta ante este atraso, y no queremos que surjan manifestaciones ante esta inconformidad”, señaló el jefe edil.

Por su lado, el representante de la empresa señaló que la demora se debe a que hasta en el mes abril recibieron  el anticipo por parte del ministerio de Finanzas, y que los procesos burocráticos por la ley de compras y contrataciones son muy lentos. “Recibimos el dinero dos meses después de terminar con una parte del área y esto nos limita para avanzar más rápido”, afirmó.

La diputada Monte, representante del departamento de Chimaltenango, expresó: “La carretera está totalmente deteriorada y es muy probable que ocurran accidentes de tránsito, por lo que seguiré con está fiscalización para verificar que se cumplan los plazos y que este año se pueda concluir  este proyecto”.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados Jaime Lucero y Julio Lainfiesta, de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), se reunieron con empresarios, autoridades del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, y el alcalde municipal de Jalapa, para verificar el estado y procedimiento de los permisos que se otorgan a las líneas de transporte colectivo para poder operar en el área, con el fin de evitar conflictividad social.

Según los transportistas del municipio de Jalapa, empresarios ajenos a la localidad, tienen la intención de registrar nuevas líneas de buses, lo cual crearía una sobrepoblación de estos vehículos, ya que los que trabajan actualmente cubren a cabalidad la demanda de la población; por lo que solicitan a las autoridades de Comunicaciones que no se otorguen las autorizaciones respectivas.

El viceministro de telecomunicaciones y  transporte, Cristian Aguilar, indicó que verificarán si en realidad hay solicitudes de registro de buses y darán seguimiento a las demandas de los transportistas de Jalapa, con el objetivo de evitar un conflicto directo entre empresarios de transporte. Además dijo que el 21 de agosto integrará una mesa de diálogo con la participación de todas las partes involucradas en la problemática.

Otro tema que se trató en la reunión fue la dificultad que tienen los transportistas para ingresar a Santa María Xalapán, Jalapa,  debido a la negativa de las autoridades locales, aduciendo que es su derecho consuetudinario. Las autoridades tomaron nota del problema y aseguraron que dialogarán con los líderes comunitarios para explicarles la necesidad que tienen los vecinos de movilizarse.

“Es importante que se llegue a un acuerdo en estos temas, y de esa manera evitar que la población sea la menos perjudicada”, expresó el diputado Lucero, quien dijo darán seguimiento a las mesas de diálogo para solventar los problemas que enfrentan los transportistas en la zona.

Por Estuardo Zeceña

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