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Integrantes de la Comisión de Apoyo Técnico, que preside el diputado Oscar Argueta (UNE), se reunieron este jueves para ultimar detalles del proyecto de ley que propone reformas al Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, previo a emitir su dictamen.

En la reunión los congresistas analizaron 8 de los 13 artículos de la iniciativa 5388, la cual fue propuesta por los legisladores Flor de María Chajón, Luis Antonio Alonzo Pernilla de FCN-Nación y Luis Hernández Azmitia del Movimiento Reformador.”La idea es agilizar el trabajo del Legislativo, y descargar a la Junta Directiva de temas eminentemente administrativos”, aseguró el diputado Argueta.

Dichas reformas buscan actualizar algunos procedimientos administrativos, como el traslado de personal, que debe de ser responsabilidad de Dirección General y de Recursos Humanos y no de la  directiva como lo establece la ley vigente. Otros de los cambios están orientados a dispensar la lectura de la exposición de motivos de las iniciativas que son conocidas por Pleno del Congreso y enviadas a las comisiones de trabajo para su análisis y dictamen, esto con el fin de eficientar los tiempos.

La enmienda al artículo 152 de la referida normativa establece que las publicaciones  deberán ser difundidas de manera electrónica. “Hoy por hoy el Congreso tiene por mandato  que imprimir muchos documentos para difundirlos en físico, con lo planteado en el artículo 6, se pasaría de un medio impreso a uno electrónico que nos parece es lo mas eficiente”, dijo el congresista.

La última vez que dicha ley sufrió reformas fue en el 2016 con la aprobación del Decreto 14-2016, donde destacó la regularización de la contratación de asesores, además de la creación de una entidad encargada de proveer los expertos a cada comisión de trabajo para la investigación y análisis legislativo.

La propuesta incluye además restricciones y penalizaciones al transfuguismo, la reordenación y reclasificación de puestos y sueldos de los colaboradores de ese organismo, entre otros aspectos relacionados con el trabajo parlamentario.

Por Karen Mendoza

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El congresista Julio Ixcamey Velásquez (UNE), electo por Sacatepéquez, presentó un proyecto de ley que promueve la reactivación de la  económica familiar a través de la reforma al artículo 50 del Decreto 99-70 Ley Orgánica del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Bandesa), actualmente Banco de Desarrollo Rural S, A, (Banrural).

La propuesta contempla que se puedan conceder préstamos fiduciarios hasta por 15 años y que el Sistema Nacional Bancario, que opera en Guatemala, se otorguen préstamos con garantías hipotecarias hasta por un 90 %.

La propuesta de ley surge a solicitud de que varios trabajadores del sector público de diferentes instituciones han presentado a congresistas varias quejas y denuncias de altos y desmedidos cobros de intereses.

“Lo que se pretende con esta normativa es alargar el tiempo y el plazo que los bancos tienen para otorgar el crédito hasta por 15 años. Si esto pasa los usuarios tendrán la capacidad para cumplir con los compromisos en los bancos”,  explicó el diputado Ixcamey Velásquez, quien al dar a conocer el contenido de la propuesta estaba acompañado por diferentes docentes de los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, y San Marcos, entre  otros.

“Solicitamos a los diputados del Congreso de la República que nos puedan ayudar en salir adelante en nuestros problemas financieros con el sistema bancario”, dijo Luis Barrios, maestro de Quetzaltenango.

El anteproyecto de ley está firmado por varios diputados entre ellos, la representante Dolores Beltrán, de Todos, tercera vicepresidenta de Junta Directiva del Congreso; Julio Ixcamey, Gabriel Heredia, Juan Salanic, Lucrecia Samayoa y Orlando Blanco, de la UNE;  y Oscar Quintanilla, del bloque  Alianza Ciudadana.

Por José Castellanos

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El congresista Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, y  presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, medió en una reunión entre varias instituciones, comunidades del municipio de Cunén, Quiché; y el Gobernador departamental de referido distrito, para buscar una solución al conflicto originado por un proyecto de agua potable que beneficiará a 14 mancomunidades de esa región del país.

En la reunión participaron funcionarios de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia, Segeplan, Procuraduría de los Derechos Humanos, autoridades ancestrales, presidentes de los Consejos Comunitarios Departamentales, Consejo de Desarrollo Departamentales, líderes de las 14 mancomunidades y Carlos Samayoa, gobernador departamental del departamento de Quiché, a quienes el diputado solicitó que emitieran opinión sobre la problemática y se comprometieran a buscar una solución conjunta.

“El problema lo está provocando el alcalde municipal José Guadalupe Baten, porque cuando inicio el proyecto de agua potable no consultó a las comunidades. Se apropió de terrenos y se irrespetaron las normas ancestrales de la mancomunidades. Nosotros no queremos que se echen a perder más de Q10 millones del proyecto”, indicó Francisco Osmualdo Ixlaj, líder comunitario.

Los representantes de las mancomunidades mostraron su repudio e indignación porque el jefe edil tiene aproximadamente 15 días de no llegar a trabajar y de no abrir la municipalidad. “Es triste y lamentable porque no hay atención a los ciudadanos y le exigimos que enfrente esta situación”, dijo Miguel Ordoñez, de esa localidad.

El congresista Leocadio Juracán, presidente de la sala legislativa, hizo un llamado a los presentes a dialogar para el proyecto de agua potable se instale y no se pierdan los recursos financieros ya asignados”.

Para finalizar solicitó un informe  de todo lo actuado para poder darle seguimiento en los próximos días.

Por José Castellanos

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El legislador Juan Ramón Lau Quan, tercer secretario de Junta Directiva, presentó una iniciativa de ley para reformar el Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la República, con el fin de agilizar los procesos que se ventilan en los juzgados laborales.

“Hay miles de procesos laborales estancados en los tribunales de justicia, esto a pesar de que se han creado más salas jurisdiccionales de trabajo por parte del Organismo Judicial. El tema de la admisión de los procesos laborales ha perdido agilidad atrasando los procesos”,  dijo el Congresista al presentar la iniciativa en Dirección Legislativa.

La iniciativa busca reformar 8 artículos y derogar 3 más, para lograr la celeridad procesal de los tribunales laborales. El congresista argumenta que “existen acciones que retardan el proceso ya que los eleván a salas de jurisdicción superiores”.

Los incidentes en algunos casos pueden llegar a demorar hasta 5 años para ser resueltos. Los cambios al Código de Trabajo harán que, en tanto se resuelve el incidente, el proceso continué su trámite en el juzgado ordinario laboral, además que se resuelvan algunas cuestiones en las audiencias previas que señalan los jueces, acortado el tiempo de la primera instancia de entre 4 a 5 años, a solamente de 3 a 6 meses, lo que ayudaría principalmente a la clase trabajadora.

Por Fernando Bolaños

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Congresistas de la Comisión de la Juventud, sostuvieron este día una reunión de trabajo para analizar la ejecución presupuestaria de este año del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), debido a denuncias de posibles anomalías en distintos rubros como la contratación de personal, gastos en capacitaciones a jóvenes, y compras de suministros e insumos para la institución juvenil.

La diputada Andrea Villagrán Antón, de Todos, y vicepresidenta de la referida sala legislativa, habló de la importancia de fiscalizar las finanzas del Conjuve, y comprobar la veracidad o no de las denuncias ciudadanas en contra del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Juventud, Edgar Chin.

Entre las anomalías se detalla que en el Plan Operativo Anual 2018 hay varias contradicciones financieras. Ejemplo de ello es el Programa del Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes. Según un informe en manos de los diputados, de los Q281 mil 813.69 presupuestados para este mes, solo se gastaron Q.89, 991 en Servicios  Personales.

Durante el mes de junio tampoco hubo gastó en programas para el beneficio de la juventud. “Existe una mayor cantidad del presupuesto asignado al personal, instalaciones y materiales de oficinas, lo que indica que se hace muy difícil realizar actividades de beneficio real para el sector juvenil”, lamentan los congresistas.

Los diputados Andera Villagrán y Raúl Romero consideraron que es oportuno y necesario citar para los próximos días a las principales autoridades del Consejo Nacional de la Juventud para que expliquen y detallen la situación financiera.

“Es fundamental que vengan a explicar las supuestas anomalías, y las razones de la baja ejecución en la puesta en marcha de proyectos a favor de la juventud. También citaremos a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, entre otras instituciones”, acotó el congresista Raúl Romero, de la bancada Fuerza.

Por José Castellanos

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Más de 111 organizaciones de la sociedad civil participaron en las audiencias públicas convocadas por la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, que culminaron hoy, para  analizar el contenido de la iniciativa 5376, ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual, explotación sexual y trata de personas.

Durante la jornada de hoy se escuchó la opinión de varias organizaciones, entre ellas, Alas de Mariposa, iglesia Luterana, Asociación de Ginecología y Obstetricia, Asociación de Abogados Evangélicos, y Gente Positiva. El objetivo de las audiencias era analizar de forma integral el contenido de la propuesta, sin embargo, el artículo siete, referente a la autorización de la interrupción del embarazado, por violación, en niñas de 10 a 14 años, captó de nuevo especial atención entre los presentes.

Aldo Dávila, de la organización Gente Positiva, al igual que otras organizaciones, se unió al llamado hacia los diputados para que aprueben esta ley. “No nos escuchen a nosotros como organizaciones, vayan directamente hasta donde estás esas niñas embarazadas y pregúntenles qué es lo que sienten, de esa manera podrán legislar de una forma más justa”, expresó.

Las organizaciones religiosas que se hicieron presentes, pidieron a los congresistas que protejan la vida desde su concepción tal como lo establece la Constitución,  y se enfoquen en  fortalecer la educación y  endurecer los castigos para los violadores, ya que es ahí donde inicia el verdadero problema.

“Sabemos que el artículo siete tiene muchas probabilidades de ser descartado, pero les pedimos que por favor no boten el proyecto por completo, no les fallemos a las niñas, no las dejemos de nuevo abandonadas, son niñas de 10 años con embarazos no deseados, luchemos por ellas”, dijo la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, y ponente de la ley.

El presidente de la sala de trabajo Aníbal Rojas, de VIVA, agradeció a los presentes por su participación, dio por concluidas las audiencias y dijo que  después de escuchar a más de cien organizaciones tendrán elementos para dictaminar la iniciativa. “Aunque abiertamente reconozco mi lucha por la defensa de la vida desde su concepción, no soy el único integrante de la Comisión y prevalecerá la opinión de la mayoría de los parlamentarios que la integran”, manifestó.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Asuntos Electorales se reunieron con representantes del Instituto Nacional Demócrata (NDI),  quienes dieron su opinión sobre la el contenido de los artículos 19 y 33, que se encuentran en la iniciativa de  ley 5389,  que fue enviada por el Tribunal Supremo Electoral, para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El artículo 19 habla sobre los partidos distritales que podrán postular candidatos para diputados y corporaciones municipales. En opinión de Hugo Novales del NDI, esto no es del todo conveniente. “Con esta propuesta se corre el riesgo de aumentar la fragmentación y demandas de autonomía, pues existirían más candidatos que espacios a ocupar”, dijo.

También se trató el tema de la revocatoria del mandato que se propone en la reforma al artículo 33 de la LEEP,  para  diputados, corporaciones municipales, presidente y vicepresidente. El TSE propone que la revocatoria de mandato  pueda ser solicitada luego de dos años de haber asumido el puesto, y será con el apoyo de más del 40% de firmas de ciudadanos, que estén empadronados y que sean del lugar donde se solicita la revocatoria.

En este tema el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Luis Antonio Alfonso, aseguró que para ellos esto no es factible, pues la revocatoria se da cada cuatro años, cuando a la población  participa en la contiendas electorales y  decide si un diputado, alcalde, sigue en los puestos, por lo que no es necesario  que se apruebe. Finalmente se dio a conocer que se continuará con el análisis de estos dos artículos,  previo a dar un dictamen a la iniciativa de ley.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, presidida por la parlamentaria  Laura Franco, se reunieron con José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos de Guatemala; Fernando Fernández, Subcontralor de Cuentas; y representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para analizar la creación de una nueva ley que permita fiscalizar el desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito en el país.

“La ley vigente tiene más de 30 años, ya es obsoleta, y lo que buscamos es fortalecer la iniciativa con los aportes y experiencias de los entes involucrados. A la fecha son más de dos millones de cooperativas de ahorro y crédito que operan y la mayoría no están inscritas en la SAT”, dijo la diputada Franco.

El superintendente Arévalo indicó que desde 1956, y hasta 1978,  las cooperativas eran fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos,  sin embargo a partir de esa fecha el movimiento cooperativo decidió hacer su propio régimen legal.

“Estas cooperativas han crecido, y existen algunas que manejan  más de Q 1 mil setecientos millones, y tienen alrededor de dos millones de afiliados, que confían su dinero en estas entidades”, dijo el experto.

Fernández explicó que “actualmente es la Inspección General de Cooperativas,  quien realiza esta fiscalización, aunque sería conveniente que  estuvieran inspeccionadas por la SAT, ya que manejan capitales que rebasan a algunas entidades bancarias”.

“Esperamos entregar un buen proyecto de ley antes de que concluya este año y que tenga la estructura para regular el funcionamiento de este sector”, concluyó el diputado Byron Chacón, de la bancada FCN-Nación.

Por Rosemary Recinos

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Con 88 votos a favor, diputados al Congreso de la República aprobaron, en la trigésima octava sesión ordinaria celebrada este miércoles, el Decreto 16-2018 por medio del cual se declara el 8 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia Ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La normativa con registro 5420, establece en su artículo 2, que las 15 menores sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro, tragedia acaecida en marzo del 2017, sean beneficiadas con una pensión vitalicia de Q5 mil, los primeros tres años;  y su equivalente al salario mínimo a partir del cuarto año en adelante.

El decreto, que entrará en vigencia un día después de ser publicado en el diario oficial, dispone además que las menores sean incluidas gradualmente a programas sociales del Ejecutivo, para su reinserción a la sociedad.  Asimismo establece que la fuente de financiamiento provendrá de fondos propios del Legislativo. La ponente de la ley en mención es la diputada por el listado nacional, Alejandra Carrillo.

En otro punto de agenda, los congresistas aprobaron  con 81 votos el Decreto 17-2018, que ratifica el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias que data del año 1972, conocido como el Convenio de Londres.

Dicho mecanismo tiene como fin primordial fomentar los controles efectivos de todas las fuentes de contaminación del mar, y la adopción de todas las medidas posibles para prevenir su contaminación. A la fecha 87 son los países que han ratificado este tratado internacional; entre los que resaltan México, Perú y España.

Por aparte fue conocida en su primer debate la iniciativa 5272, que dispone aprobar la ley para la protección de la vida y la familia. Dicha propuesta generó un amplio debate en la plenaria del pasado martes, con opiniones a favor y en contra de la normativa presentada por el jefe del bloque Visión con Valores (Viva), Aníbal Rojas.

Asimismo en el punto de iniciativas de ley se conoció el registro 5453, que dispone la creación del sistema nacional de control interno y la auditoría para fortalecer el control del gasto público. La propuesta fue trasladada a las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y de Transparencia y Probidad para su estudio y dictamen en conjunto.

Tras tres horas de  sesión ininterrumpida el trámite se detuvo por no contar con la mayoría calificada (105) para la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 5367, ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango. La instancia de Jefes de Bloque se reunirá el lunes 27 de agosto para consensuar el orden del día de las sesiones de la próxima semana.

Por Karen Mendoza

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