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La congresista Sandra Morán, sub jefa del bloque Convergencia, acompañada por representantes de la Coordinadora 28 de Mayo, fiscalizaron la ejecución presupuestaria 2017 y el nivel de abastecimiento de medicamentos en cumplimiento con el Programa Nacional de Salud Reproductiva a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSPAS).

La reunión se llevo a cabo en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, en donde participaron Helmonth Herrera, coordinador del Programa Nacional de Salud Reproductiva; Zulma Calderón, jefa de la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la PDH; Mirna Montenegro, Observatorio en Salud Sexual y Reproductivo (OSAR); y organizaciones civiles como el colectivo 28 de Mayo, la Red Guatemalteca de Mujeres Positivas En Acción y Red de Hombres, entre otras.

“Nos reunimos para analizar la situación y resolver la problemática de la salud integral de las mujeres. Lo que buscamos es encontrar el camino y la ruta de salida a la inversión pública en la ejecución presupuestaria para compras de medicamentos en salud reproductiva. Sabemos que hay una debilidad en el Sistema Nacional de Salud en general, pero queremos la solución de la conflictividad”, indicó la diputada Morán.

La congresista dio a conocer estadísticas que preocupan a las organizaciones de mujeres.  “En el mes de mayo 140 muertes maternas, 600 nacimientos de niños de madres menores de 10 a 14 años de edad, cuatro casos de violencia sexual diarios, 800 mil casos de nacimientos de madres adolescentes durante el año 2017, y 600 muertes de mujeres al año por cáncer cérvico uterino…, y pese a ello solo se  ha ejecutado un 23.38 por ciento en todos los programas”.

Patricia Pinto, coordinadora del colectivo 28 de Mayo (Codenfem), en su intervención comentó que tienen más de 18 años de monitorear la asignación y el gasto presupuestario en favor del avance de las mujeres. “La  ejecución es muy poca y no se trasladan los fondos en su totalidad”, denunció.

En opinión de Mirna Montenegro, representante del Observatorio en Salud Sexual y Reproductivo (OSAR) “hay una debilidad institucionalidad en la logística de la distribución en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas”.

La representante de la Red Guatemalteca de Mujeres Positivas En Acción, denunció que las personas que viven con el VIH enfrentan un serio problema en las clínicas de atención integral donde hay un gran desabastecimiento de medicamentos.

“La Procuraduría ha hecho las denuncias sobre la falta de insumos y medicamentos para la salud sexual y reproductiva. Se deben fortalecer todos los procesos de adquisición de los medicamentos”, dijo Zulma Calderón, jefa de la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la PDH

La diputada Morán solicito informes a las instituciones citados como a la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Programa Nacional de Salud Reproductiva, con el fin de analizar la información y dará continuidad a la problemática en una próxima reunión.

Por José Castellanos

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Luego de 3 días de analizar temas de  identidad, educación y cultura de los pueblos garífunas y afrodescendientes de Guatemala, los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas, acordaron instalar una mesa técnica para trabajar en  una política  pública que permita el desarrollo económico y social de este sector.

Durante estas reuniones se contó con la participación de funcionarios de los ministerios de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga),  Desarrollo Social (Mides), Economía y  de Trabajo, así como de representantes del Fondo Nacional de  Tierras e Instituto Nacional de Bosques, entre otras entidades, quienes evidenciaron que aunque se ejecutan acciones  parta favorecer la inclusión de estos pueblos, no han  causado el impacto necesario para su progreso.

“También es preciso realizar una sistematización científica del idioma, ya que actualmente no existe”, indicó la parlamentaria Sandra Morán, de la bancada Convergencia, para quien es importante que queden establecidos fondos  dentro  Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2019 para atender y garantizar los derechos de estos pueblos.

Wendy Soto, directora de Planificación del Mides,  explicó que se está trabajando para reprogramar  en este año el proyecto de “Mejoramiento de Instalaciones Deportivas  y Recreativas” en la cabecera municipal de Puerto Barrios, Izabal, ya que por falta de presupuesto no se ha podido ejecutar.

Cecilia de Paz, coordinadora de la Unidad de Interculturalidad del Maga, señaló que este ministerio ha desarrollado acciones a favor de esta población, por medio de algunos programas de proyección social como mesas de diálogo para el desarrollo intercultural, con el objetivo de construir  una plataforma de  análisis y discusión que permita visibilizar sus necesidades.

Se espera iniciar con este trabajo durante la primera quincena de junio, y entregar una propuesta en el mes de septiembre.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados Luis Hernández Azmitia, jefe del bloque Movimiento Reformador (MR), y Christian Gabriel González, de la bancada FCN-Nación,  se reunieron con Luis Chang, ministro de Energía y Minas (MEM), con el fin de solicitar mayores controles en los precios de los combustibles debido a las alzas desmedidas de las últimas semanas.

“Esta fue una citación con funcionarios del ministerio de Energía y Minas sobre las denuncias de la población respecto de la fluctuación de precios de combustibles. La Ley de Hidrocarburos manda al Ministerio que regule y controle los precios  para que no exista una fluctuación o coacción a los consumidores.

“Nos preocupa que solo tengamos 5 verificadores a nivel nacional, quienes adolecen de presupuesto, por lo que le daremos seguimiento”, dijo el diputado Azmitia.

Durante la reunión Chang justificó el alza haciendo  referencia a lo que establece el Decreto 109- 97, Ley de Comercialización de Hidrocarburos. “Es importante mencionar el artículo 1 literal A y B, sobre la libre competencia en materia de petróleo e hidrocarburos para promover el máximo beneficio de los consumidores. El objetivo especifico es velar por el cumplimiento de las normas que fomenten y aseguren la comercialización evitando conductas contrarias a la libre u justa competencia”, explicó el funcionario del (MEM).

El ministro de Energía y Minas dio a conocer que se puso en marcha el Plan Centinela y que un equipo de verificadores visitó 16 inspecciones de estaciones de servicio y 8 expendios de gas propano encontrando varios incumplimientos, entre ellos recalibración de equipos de estaciones de servicio, deficiencias en las medidas de seguridad industrial y ambiental, incluso un operador que no contaba con la licencia correspondiente.

El congresista Christian González, de FCN-Nación y vicepresidente de la sala de trabajo de Energía y Minas, requirió información sobre los precios que manejan las tres empresas importadoras Zeta Gas, Grupo Tomza de Guatemala (Tropigas) y Global Gas. El fin es que haya  control de los precios que se tienen, que las empresas no aumenten los precios al gas propano, y que  no existan abusos; todo a favor de la población que es la que se ve afectada en su economía con estos incremento.

El ministro iba acompañado de  Julio Paredes, subdirector de Comercialización; Jorge Sierra, subdirector de Hidrocarburos; Francisco Pedroza, jefe de Fiscalización Técnica; y Guillermo Xoy, jefe del departamento de Análisis Económica del MEM.

Al concluir la reunión los diputados solicitaron un informe de las verificaciones de campo hechas, las sanciones que han impuesto a los comercializadores, qué empresas venden los combustibles y una opinión técnico jurídico sobre posibles reformas al Decreto Legislativo 109- 97, Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

Por José Castellanos

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En una segunda jornada de trabajo, la Mesa de Identidad, Educación y Cultura, que coordina la Comisión de Pueblos Indígenas, recibió  a diferentes instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar de dicho sector de la sociedad  con el fin de conocer la  ejecución de proyectos dirigidos a  los pueblos garífunas y afrodescendientes.

La congresista Sandra Morán (Convergencia), solicitó a  los delegados un detalle de los proyectos y los  montos invertidos en los programas que promuevan la cultura garífuna y afro descendiente en el país.

Francisca Tum, de la Secretaría para la Paz (SEPAZ), dijo que la función de dicha institución es velar porque los proyectos del Ejecutivo sean congruentes con lo establecido en los Acuerdos de Paz. Además explicó que invirtieron Q28 mil 833 en apoyo al Consejo Nacional Garífuna; y Q22 mil 460 en el posicionamiento de la Cosmovisión del pueblo Garífuna, para un total de Q54 mil 293.

Carmen Quiej de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), comentó que tienen destinados Q40 mil para la oficina que funciona en  Izabal.

Cristina Chávez del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua), dijo que tienen varios proyectos, dentro de los que destacan la Política para la Incidencia y el programa de Gestión para el Buen vivir. “Aproximadamente d Q453 mil, se han invertido en proyectos para la cultura garífuna”, indicó.

La diputada Morán considera que existe una debilidad en las finanzas de las dependencias del Estado, las cuales deben fortalecerse para impulsar proyectos no solo de la cultura garífuna sino también la Xinca, los cuales  han quedado rezagados.

La diputada también urgió a las autoridades de  la Academia de Lenguas Mayas para que emprendan acciones que incluyan el idioma garífuna y el  idioma Kohataneko. “Es inconcebible que en 20 años que lleva  funcionando la Academia, no han hecho nada para reconocer esos idiomas que también son parte de las diferentes culturas que convergen en el país”.

Iris Drumond y Mario Ellintong, representantes de la comunidad garífuna de Guatemala, pidieron a las diferentes dependencias que elaboren verdaderas estrategias de inclusión y no programas leves y aislados, que no tienen ningún impacto.

Los diputados Sandra Morán y José de la Cruz Cutzal (FCN Nación), integrantes de la Comisión, solicitaron mediciones de impacto de cada una de las políticas implementadas por las dependencias y propuestas para mejorar la inclusión de los pueblos garífunas y xincas.

A la reunión también asistieron Rosa María Tacán delegada del ministerio de Cultura y Deportes; Rubén Darío Flores, del ministerio de Educación; y Sandra Tum de la Defensoría de la Mujer Indígena.

Por Mayra Recinos

 

 

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La diputada independiente Mayra Alejandra Carrillo se reunió con funcionarios de la Junta Nacional del Servicio Cívico, para analizar el funcionamiento de los 11 programas que llevan a cabo diferentes instituciones,  y promover reformas al Decreto 20-2003, Ley del Servicio Cívico.

La Junta Nacional del Servicio Cívico está integrada por la Secretaría Ejecutiva del Servicio Cívico, y la preside Axel Romero, vicetitular de Prevención del Delito; además de varios ministerios, SAT, Inguat, Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, entre otras instituciones.

Los 11 programas están dirigidos a jóvenes servidores que presentan de manera voluntaria un servicio a la comunidad y el país.  Para este año se prevé que más de 6 mil 500 jóvenes presten su servicio voluntario en diferentes áreas de trabajo, donde están en contacto con la realidad cultural, social y económica del país.

Durante la reunión, Emirs Franco, secretaria ejecutiva del Servicio Cívico, presentó un informe de las instituciones que han ejecutado su programa de servicio cívico social, señalando que algunas  que han tenido un breve atraso en la convocatoria y capacitación a los jóvenes, así como la ejecución de la asignación presupuestaria.

“Es necesario que se cumplan los programas con la participación de los jóvenes, que de manera voluntaria participan durante 728 horas con una remuneración de Q. 8. 75 la hora”, indicó Axel Romero, viceministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación.

La congresista Carrillo comentó que están trabajando en un proyecto de reformas  a la ley específica, que fue aprobada en el año 2003, y que se volverán a reunir la próxima semana para continuar con el trabajo.

Durante la reunión las autoridades dieron a conocer que ya se han capacitado a los jóvenes servidores en diversos temas como por ejemplo actividades agrícolas - pecuarias, reforestación, recolección de desechos, detectar basureros clandestinos, lucha contra el contrabando, cultura tributaria, cultura vial y guías o anfitriones en turismo.

Por José Castellanos

 

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Diputados de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), bajo la dirección del diputado Orlando Blanco, se reunieron este jueves con autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), Dirección de Migración, y Policía Nacional Civil (PNC), a quienes cuestionaron sobre la ejecución del presupuesto orientado a la reforma policial.

Manuel Castellanos, viceministro administrativo de la cartera del interior, aseguró que en dicha materia se tiene asignado desde el 2017  un techo presupuestario de Q29 millones, de los cuales solo ese año se ejecutó un 41 por ciento del recurso (11.89 millones), mientras que para este año lo erogado a la fecha es de 12.89 por ciento del presupuesto total.

Otro de los temas a discusión fue el de las 4 mil armas de fuego adquiridas por la PNC a finales del año pasado, con un costo de Q20 millones; a consideración de los legisladores el equipo no reúne las especificaciones técnicas que se requieren en la materia. También se analizó la compra de 1 mil 350 vehículos, con un costo estimado de Q400 millones.

“Nos llama la atención que dichas licitaciones tienen especificaciones que solo cumple un proveedor específico, lo que nos hace pensar que los procesos fueron manipulados para beneficiar a un oferente al ser adquiridas bajo la modalidad de adquisición con proveedor único, misma que esta contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado”, denunció el diputado Blanco.

El diputado Oscar Argueta pidió un informe circunstanciado que contenga el contrato y las especificaciones de la compra de los vehículos. “Tenemos conocimiento de que las radio patrullas fueron compradas con ciertas especificaciones y fueron entregadas con un equipamiento por debajo a lo pactado”.

Al concluir los representantes coincidieron en solicitar informes circunstanciados tanto de la compra de armas como de vehículos, mismos que serán analizados para determinar si se ha incurrido en actos de corrupción a lo interior de la cúpula policial.  “De encontrar anomalías en los referidos procesos,  procederemos a interponer las denuncias penales que sean necesarias para deducir responsabilidades”, acotò el jefe de la bancada UNE.

Por Karen Mendoza

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Integrantes de la mesa técnica de la  Comisión de Asuntos  Electorales avanzaron este jueves en el análisis de la iniciativa de ley 5389, Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ya fueron analizados 31 de los 41 artículos que tiene el proyecto.

En el debate participan legisladores, asesores de la Comisión, representantes del Tribunal  Supremo Electoral, delegados de Partidos Políticos y organizaciones en favor de las mujeres.

Uno de los primeros artículos a discusión fue el 26, que reforma el 157 de la LEPP, referente a las condiciones de discapacidad ciudadana. Durante la reunión  se intercambiaron ideas sobre la forma en que se deber referir a las  personas con discapacidad, capacidades limitadas o capacidades especiales, al final acordaron consultar los convenios internacionales y al Consejo Nacional de Discapacidad,  sobre cuál es la forma correcta de nombrarlos.

También se conoció la propuesta (artículo 28) que obliga a la Contraloría General de Cuentas a crear una unidad especial durante los comicios electorales para dar acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral.

Finalmente se analizaron los artículos 29, 30 y 31, que hablan sobre la formula para elegir a los diputados dependiendo de los  votos obtenidos por partido, temas que serán analizados en una próxima  reunión, en donde representantes del Tribunal Supremo Electoral, harán una presentación del tema.

Al finalizar la reunión los integrantes de la mesa técnica anunciaron que la próxima semana se llevará a cabo un conversatorio, con representantes de  las distintas universidades del país, sobre los artículos que ya han sido analizados.

Por Karla Herrera

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Los diputados del bloque Movimiento Reformador, se reunieron con Byron Monterrosa, presidente de la Junta Directiva de la empresa portuaria de Santo Tomas de Castilla, para conocer detalles de las operaciones en ese desembarcadero.

A la reunión también asistieron José Benito, ministro de comunicaciones; Byron Acevedo, viceministro de Agricultura; Erwin Tzic, director de la Policía Nacional Civil; Fernando Fernández , sub contralor de cuentas; y representantes de la Superintendencia de  Administración Tributaria y Cámara de Comercio.

Los congresistas solicitaron información a los funcionarias  sobre las operaciones en el Puerto debido a la existencia de denuncias sobre atrasos en la salida  y entrada de contenedores y  falta de maquinaria y equipo, lo cual afecta al comercio en el país y ha hecho que algunas empresas prefieran utilizar  la portuaria de  Honduras.

Byron Monterrosa reconoció la existencia de fallas y solicitó a los congresistas revisar las leyes para que se puedan mejorar las instalaciones y el desempeño de la portuaria,  y que siga siendo el centro de desarrollo regional.

“Como diputados estamos preocupados por los problemas que se han registrado en la portuaria,   y creemos  que el gobierno debe buscar los mecanismos necesarios para que las empresas importadoras y exportadoras sigan usando este puerto, por lo que se debe invertir en infraestructura, y revisar las leyes para mejorar los procesos de entrada y salida de la mercadería”, dijo el diputado Luis Hernández Azmitia.

Por Karla Herrera

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Gabriel Juárez, viceministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, del Ministerio de Gobernación, compareció ante diputados de  la Comisión de Reformas al Sector Justicia, quienes le cuestionaron sobre la suspensión del evento de licitación para la adquisición de 3 mil brazaletes electrónicos, destinados a la implementación del Sistema de Control Telemático en casos de prisión preventiva.

“Estamos preocupados porque nuevamente el evento de adquisición no se lleva a cabo y se deja a un lado el proceso para instalar los controles Telemáticos, lo cual creemos que es una clara irresponsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Gobernación”, indicó el diputado Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala y presidente de la referida sala de trabajo.

Los diputados recordaron al funcionario que ya fue aprobado el Decreto Legislativo 49-2016, Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, y que no se ha hecho nada al respecto pese a los graves problemas de hacinamiento en las cárceles del país.

Gabriel Juárez explicó que están trabajando en implementar los controles telemáticos en el proceso penal y que ya se aprobó el reglamento que contiene las disposiciones legales para su uso, Acuerdo Ministerial 169-2107.

“El plan de trabajo está en tiempo y estamos poniendo nuestro mejor empeño; lo que queremos es mejorar los procedimientos. En un mes consideramos que levantaremos el evento público de la licitación y aprobaremos cambios en el reglamento”, explicó el funcionario de Gobernación.

Los diputados Dorian Taracena, Leonel Lira, Oliverio García Rodas, Eduardo Camey y Delia Back no se mostraron satisfechos con las respuestas que dio Juárez y le advirtieron de posibles acciones penales si el tema no se resuelve lo antes posible.

Por José Castellanos

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