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Los diputados Delia Back y Oscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana,  cuestionaron este martes a la Junta Directiva del Fondo Para la Vivienda (FOPAVI), sobre la ejecución para el tema de Vivienda, y la falta de entrega de subsidios a pobladores que viven en condiciones precarias.

Durante lo que va del presente año solo se ha ejecutado el 18% del presupuesto asignado para Vivienda, lo cual preocupa a los diputados debido a la demanda existente.

“Nosotros somos intermediarios del pueblo de Guatemala, por eso exigimos una solución inmediata ya que no podemos permitir que se vean perjudicadas de ninguna manera las personas más necesitadas”, dijo la congresista Back.

Los congresistas dieron a conocer que FOPAVI arrastra una deuda de Q 45 millones a favor de los desarrolladores de muchos proyectos de vivienda y es por ello que los procesos de construcción se detienen afectando seriamente a los beneficiarios.

Cristina Lemus, directora de FOPAVI, se comprometió entregar un informe circunstanciado con respecto de los subsidios otorgados  durante 2014 y 2015, ya que según los diputados Back y Quintanilla podrían existir algunas anomalías en el proceso de adjudicación de los mismos.

Los congresistas trasladaron a Lemus denuncias de despidos injustificados en el Ministerio de Comunicaciones y le solicitaron un informe al respecto.

En el último lustro, desde el 2011, el déficit de casas en el país creció a un ritmo del 3% anual, según datos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Por Estuardo Zeceña

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En conferencia de prensa, el presidente en funciones del Congreso de la República, diputado Felipe Alejos (Todos), hizo un llamado a los legisladores a asistir a la sesión extraordinaria convocada para este lunes, a partir de las 14:00 horas, en la que se conocerá el Decreto Gubernativo 1-2018, enviado por el Ejecutivo y por medio del cual se decreta Estado de Calamidad Pública por 30 días, tras la devastadora erupción del Volcán de Fuego.

La decisión fue tomada por integrantes de la Comisión Permanente de este Organismo tras recibir de parte del Ejecutivo el Decreto de Calamidad para los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, donde se han registrados pérdidas materiales y al menos 35 personas fallecidas.

El Estado de Calamidad decretado por el gobierno central  consta de 13 artículos y tiene como objetivo mitigar, restablecer la infraestructura, servicios esenciales y  evitar mayores consecuencias, en el marco del Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  que será la encargada de intervenir para  el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro de zonas declaradas como de “Alto Riesgo”.

“Hacemos un llamado a los diputados para que asistan a la sesión convocada de manera urgente para hoy a partir de  las 14:00 horas. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 113 de la Ley Orgánica del Legislativo que establece que al momento de aprobar una declaratoria de urgencia nacional, se necesita contar con el voto favorable de no menos de las dos terceras partes de diputados que integran el Pleno del Congreso (105)”, afirmó Alejos.

El legislador aseguró que se están tomando “las medidas necesarias” en cuanto a cumplir con las funciones que la ley establece en estos casos. “Hemos habilitado el parqueo del Congreso como centro de acopio y estamos en pláticas con el Ministerio de Salud, ya que se está haciendo el análisis para hacer una donación económica orientada a la adquisición de insumos médicos para la red hospitalaria y que la ayuda llegue a los afectados”, dijo.

Por aparte se prevé que en la sesión de la instancia de Jefes de Bloque que se llevara a cabo a partir de las 12:00 horas, se cuenta con la presencia del director del Insivumeh, Eddy Sánchez, quien explicará a los representantes de los distintos partidos políticos la magnitud del desastre que dejó la erupción.

De acuerdo al artículo 14 de la Ley del Orden Público, “El estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”.

Dicho mecanismo se decreta en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y los lugares que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres vaya determinando en el transcurso que duré el decreto en mención.

Por Karen Mendoza

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La congresista Sofía Hernández Herrera, del bloque Alianza Ciudadana, y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia, sostuvo una intensa jornada de trabajo en pro de la salud de la mujer durante la cual se reunió con diferentes instituciones y organizaciones civiles.

La congresista presentó este día la iniciativa de ley fomento y protección de la salud obstétrica, la cual garantiza el derecho a una atención digna y respetuosa del embarazo del parto y post parto sin violencia ni discriminación a las mujeres.

En los considerandos, el proyecto de decreto señala que según estadísticas de Instituto Nacional de Estadística, según el último censo de 2013, la asistencia médica recibida durante el parto fue de 62.8%; por comadrona 32.2%; empírica 2.2%; no recibió asistencia el 2.0% y el 1% fue atención paramédica.

“Estamos sensibilizando a las mujeres de acuerdo a las necesidades que tenemos sobre el acceso a los servicios de la atención en salud, pero también con las demás necesidades que cada día enfrentamos como sector de mujeres.  Hoy tuvimos una jornada médica en el Congreso de la República dirigida al personal femenino y un conversatorio sobre los avances y retos en la salud reproductiva de las mujeres en el país, con autoridades competentes, organismos internacionales y organizaciones civiles”, indicó la representante Hernández Herrera.

Zulma Calderón, jefa de la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la  Defensoría para los Derechos Humanos de la PDH, resaltó la importancia que tienen para la población femenina estas actividades donde se pone sobre la mesa la problemática del poco acceso a la salud. “Uno de los derechos más vulnerados en este país corresponde al derecho de la salud sexual y reproductiva y en general de todas las mujeres”.

El diputado Julio Lainfiesta Rimola, del bloque Unión del Cambio Nacional, y secretario de la referida sala legislativa comentó  que “todos los integrantes de la Comisión estamos trabajando en pro de mejorar la salud para mujer guatemalteca. Hay muchas enfermedades que son 100 ciento prevenible como es el caso del cáncer cérvico uterino, el cual a través de una prueba de ADN se puede detectar tempranamente y  prevenirlo al 100 por ciento”, explicó el congresista.

En el conversatorio sobre los avances y retos en la salud reproductiva de las mujeres fueron invitadas  a exponer sus puntos de vista varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, Secretaria Presidencial de la Mujer, Procuraduría de los Derechos Humanos, el Observatorio de Salud sexual y Reproductiva, y la Organización Panamericana de la Salud, quienes brindaron sus aportes, cifras y datos sobre la falta de acceso a la salud de las féminas.

Bernarda Méndez, consultora a nivel nacional de Mortalidad Materna de la OPS, recalcó que aún persisten “fallas en el sistema nacional de Salud y que la cobertura para la atención en los diferentes servicios es débil”.

“En el país existen aproximadamente 63 políticas públicas, la mayoría dirigidas a la prevención de la salud tanto en las mujeres como para los hombres, pero vemos poca voluntad política”, refirió Débora Grave Pérez, coordinadora del Área de Salud de la dirección de políticas públicas de la Secretaría de la Presidencia de la Mujer.

Durante la jornada médica, que se llevó a cabo en la sede central del edifico del Palacio del Organismo Legislativo, fueron atendidas más de 200 empleadas del Congreso de la Republica, con la colaboración de enfermeros y especialista del centro de la Salud de la zona 1, y la atención del doctor Otto Marroquín, de la clínica del Congreso de la República. Se brindaron varios servicios médicos como pruebas del nivel de glucosa, presión arterial, peso y talla, nutrición y consultas sobre la prevención del cáncer cérvico uterino.

Por José Castellanos

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Los diputados Delia Back (Alianza Ciudadana) y Estuardo Galdámez, cuarto secretario de Junta Directiva del Congreso, sostuvieron una reunión este viernes con autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), por la reciente licitación de vehículos y aeronaves para estas instituciones, por un monto no mayor de Q 81 millones.

Luis Miguel Ralda, titular del MDN, explicó que todas las licitaciones han sido publicadas en el Portal de Guatecompras, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. “Ha sido un proceso transparente y a la vista de la ciudadanía y de los entes fiscalizadores como la Contraloría General de Cuentas”.

El funcionario aseguró además que la adquisición obedece a una modernización que se quiere en esa instancia, ya que a la fecha se han visto con problemas de movilización para cumplir con tareas de rescate y el control del espacio aéreo. “El espíritu de estas compras es recuperar las capacidades, hacer buen uso de los recursos y ponerlos a la disposición de los guatemaltecos”, insistió.

La congresista Back pidió detalles de la fuente de financiamiento que el Ministerio redireccionará para la compra que incluye 2 buses pullman, 22 automóviles tipo agrícola, 2 aviones monomotor turbo-hélice y 2 avionetas para el entrenamiento en la Brigada de Paracaidismo, ubicada al sur del país.

Ralda dijo que los fondos  vienen, en gran parte, del estipendio que da Naciones Unidas  a la milicia guatemalteca por el servicio que presta a este ente internacional, afirmó también que gran parte de los recursos económicos provienen de la Secretaría Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed),  “con lo que no se ve afectado el techo presupuestario de la entidad”.

Al concluir el encuentro, ambos legisladores pidieron que todo el proceso se lleve con transparencia. “Daremos seguimiento al tema, porque estamos conscientes de que se debe dotar al Ejército de Guatemala de las herramientas que permitan el buen desarrollo  de estrategias que resguarden la soberanía del país, siempre y cuando este ejercicio se haga de forma transparente y cumpliendo con la rendición de cuentas”, enfatizó el diputado Galdámez de FCN-Nación.

Por Karen Mendoza

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Como parte del trabajo de intermediación que hacen los congresistas, la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, citó a representantes de diferentes instituciones de Gobierno encargadas del tema de resarcimiento social, para establecer rutas de trabajo que den viabilidad a la problemática de varias familias de Santa Cruz, Quiché, que fueron desalojadas de sus tierras durante el conflicto armado.

La problemática inició cuando en la década de los 80 varias familias fueron expulsadas de sus tierras en la comunidad  Xatinap Quinto, de Santa Cruz del Quiché,  donde se instaló  la zona militar número 20, y posteriormente  el Instituto Adolfo Venancio Hall.

A la reunión asistieron Lourdes Xitumul, de la Secretaria de la Paz (SEPAZ); Fernando Molina, director del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR); Walter Tello, del Registro de Información Catastral (RIC); Jorge Luis Borrayo Reyes, presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh); y Byron Velásquez del Instituto Adolfo V. Hall de Quiché, entre otros.

La diputada Morán explicó que con su intermediación busca el resarcimiento legal de las familias Zapeta y Pac, entre otras, que tienen expedientes abiertos en el PNR, sin embargo no han avanzado. La congresistas instó a las autoridades a solventar el problema, y en apoyo presentó una hoja de ruta de trabajo.

La Secretaria de Sepaz dijo que existen algunos vacíos legales dentro de los expedientes que manejan, por lo que habría que buscar toda la información para poder dar viabilidad a la hoja de ruta presentada en la reunión.

Velásquez, del Adolfo V. Hall Quiché, urgió a los presentes a avanzar en la resolución  del resarcimiento. “Necesitamos que existan un verdadero diálogo, ya que integrantes de las familias en mención han amenazado con ir a tomar posesión de sus tierras, pues manifestaron que cuentan con una orden de juez competente”.

Durante la reunión se estableció la instalación de una mesa técnica que analizará los casos y dará seguimiento a los mismos, la cual estará coordinada por el PNR conjuntamente por la SEPAZ.

Fernando Molina, presidente del PNR, indicó que convocará a las diferentes instituciones durante la semana del 18 al 22 de junio, donde esperan tener diferentes diálogos que logren la resolución de este conflicto a la brevedad posible.

La parlamentaria Morán reiteró su compromiso para dar  seguimiento al caso donde se han instituido como mediadores. “Quedamos a la espera de la próxima convocatoria donde participaremos activamente”.

Por Mayra Recinos

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Con  una Sesión Solemne y la presencia de los Presidentes de los tres Organismos del Estado, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y cuerpo diplomático acreditado en el país, entre otros invitados, este día se conmemoró en el Congreso de la república el 33 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala.

“Este día renovamos nuestros votos y declaramos que respetamos y defendemos a la Constitución y que  de ser necesario defenderemos su cumplimiento y respeto con nuestra propia vida”, dijo el presidente en funciones del Legislativo, diputado Felipe Alejos.

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad, magistrada Dina Josefina Ochoa,  expresó  que ese hito histórico realizado por la Constituyente, supuso romper con muchos años de autoritarismo en donde constantemente  se vulneraban los derechos fundamentales y libertades   de la ciudadanía, para dar paso a un régimen jurídico, político y social, basado en los principios de un nuevo modelo democrático.

El  mandatario Jimmy Morales recalcó que todos como guatemaltecos debemos defender el Estado de Derecho, “ninguna institución ni ningún funcionario de Gobierno es superior  a la ley”.  Resaltó que  es nuestra obligación respetar, cumplir y velar por  que se cumpla lo establecido en nuestra Constitución sin ninguna excepción.

José Antonio Pineda, presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, reafirmó  el compromiso por trabajar en la defensa de los derechos humanos a través de una administración de justicia transparente y basada en principios de legalidad.

Por Rosemary Recinos.

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El presidente del Congreso en funciones, diputado Felipe Alejos, instaló la comisión específica para analizar el dictamen favorable de la iniciativa 5311, “Ley de Aceptación de Cargos, en  cumplimiento del Acuerdo Presidencial 1-2018 del Congreso de la República.

Durante la primera sesión, los integrantes eligieron por unanimidad a su junta directiva, la cual quedó estará presidida por el diputado  Manuel Conde, del partido de Avanzada Nacional; Juan Ramón Lau de la bancada Todos, vicepresidente y Julio Lainfiesta, de Unión del Cambio Nacional, Secretario.

El acuerdo establece que la comisión debe convocar a audiencias públicas y después de concluidas todas las actividades que considere pertinentes para este estudio, remitirá un informe circunstanciado al pleno de este Organismo, en las dos primeras sesiones ordinarias, tras el receso parlamentario,

La iniciativa 5311 que dispone aprobar reformas al decreto número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal,   pretende otorgar ciertos  beneficios a los procesados como la  rebaja de penas hasta en una tercera parte.

“Iniciaremos este lunes con las labores encomendadas”, indicó Conde quien aclaró que se buscara el mayor  consenso para determinar si es necesario o no hacer enmiendas.

El congresistas que se convocará a la Corte Supera de Justicia, (ponente del proyecto),   Ministerio Publico,  Instituto de la Defensa Publico Penal, Colegio de Abogados y centros de investigación y análisis especializados en derecho penal, así como a  las personas individuales que quieran hacer llegar sus aportes.

“Esta es una nueva figura jurídica procesal, y necesita ser  clara y precisa,  que no dé lugar a  ambigüedades, y mucho menos a situaciones discrecionales”, expresó el presidente de la Comisión.

El diputado Alejos explicó que originalmente existían  dos inactivas;  una propuesta por  el diputado Oliverio García Rodas, la cual fue retirada; y esta, que será objeto de estudio, en la cual sí se  especifican los  delitos para los cuales  no se podría aplicar este procedimiento especial,  como los relacionados a temas de   genocidio y  lesa humanidad, entre otros.

Por Rosemary Recinos.

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Tras una reunión con el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, diputados de la bancada Movimiento Reformador solicitaron al subcontralor Fernando Fernández, que investigue si durante el proceso de adquisición de medicamentos para este año,  se realizaron compras fraccionadas.

“Analizando el comportamiento de compras en este 2018 nos llama la atención que se llevaron a cabo 24 mil 27 eventos por un monto de Q 933 millones, de los cuales 23 mil 698 fueron por compras directas”, dijo el diputado Luis Hernández Azmitia, jefe del bloque MR.

Comentó que en el portal de Guatecompras se registra que a una unida ejecutora le adjudicaron 15 eventos, en el mismo día, para un solo medicamento por  más de Q1 millón. “Podríamos estar frente a  compras fraccionadas y no vamos a permitir que se negocie con la salud” afirmó el diputado.

Contreras se defendió indicando que “para dar cumplimiento a la sentencia del amparo interpuesto por el Procurador  Derechos Humanos, y que establece que debían utilizarse los mecanismos que fueran necesarios para garantizar el abastecimiento de medicamentos, se llevaron a cabo este tipo de procedimientos”.

Agregó que gran parte de las compras se adquirieron  a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y que actualmente el suministro a nivel nacional es de un 86.56 %.

“Lo que vemos es falta de organización en  el programa anual de compras;  la adquisición de  medicamentos para tratar el cáncer o la diabetes, debe planificarse con tiempo,  para evitar este tipo de eventos, y evitar que esto derive  en una administración corrupta”, concluyó el legislador.

Por Rosemary Recinos.

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El presidente en funciones del Organismo Legislativo, diputado Felipe Alejos, informó en conferencia de prensa que, en cumplimiento del Acuerdo Presidencial 1-2018 del Congreso de la República, este miércoles se integró una comisión específica para estudiar y analizar el contenido del dictamen emitido, en sentido favorable, por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a la iniciativa de ley identificada en el número de registro 5311, ley de aceptación de cargos.

La comisión, que mañana jueves a las 9:00 tendrá la primera reunión durante la cual elegirá presidente, vicepresidente y secretarios, quedó integrada de la siguiente manera: Walter Félix, URNG- MAIZ; Carlos López Maldonado, UNE; Raúl Romero, FUERZA; Juan Ramón Lau, TODOS; Juan José Porras, VIVA; José Alejandro de León, Movimiento Reformador; Enrique Álvarez,  CONVERGENCIA; Julio Lainfiesta, UCN; Ileana Calles, FCN-Nación; Manuel Conde, PAN; Delia Back, Alianza Ciudadana  y Carlos Chavarría, CREO.

“Todos los bloques parlamentarios tenían hasta ayer (martes), para  nombrar a sus representantes, a fin de comenzar con las audiencias públicas”, dijo Alejos, quien explicó que lo que se pretende es “lograr consensos sobre varios aspectos del proyecto”.

Los diputados deberán programar audiencias públicas para escuchar las opiniones de representantes del sector público y privado. Concluidas las actividades pertinentes presentará un informe circunstanciado al Pleno del Congreso; tras ello la comisión específica quedará disuelta.

Por Byron Ramírez

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