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Diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que preside el representante Ronald Arango, llevaron a cabo una mesa técnica, con diferentes entidades de Gobierno, para presentar la propuesta de iniciativa  Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El objeto de proyecto  es crear un  Sistema Nacional, una Comisión,  un   registro  y equipos de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los cuales deberán actuar con libertad de prejuicios  por sexo, género, religión, condición social u orientación sexual.

El diputado Arango, de la bancada Todos, señaló que la Comisión estará integrada por el Ministro de Gobernación, Director del Registro Nacional de Personas, Fiscal General, Director de la Policía Nacional Civil, Procurador General de Nación y Director del Sistema Penitenciario, entre otras autoridades.

“Esta Comisión va a ser determinante para coadyuvar en la búsqueda, localización  e identificación  de las personas desaparecidas, así como en  lo relativo a procurar el castigo para los responsables”, comentó el parlamentario”.

Marisol Figueroa, representante del Instituto Nacional Demócrata (NDI), resaltó que según reportes de la Policía Nacional Civil,  del 2016 al 2017 han desaparecido 14,500 personas, lo que implicaría 16 desapariciones diarias, por lo que es necesario que se implementen políticas públicas que garanticen la justicia y una reparación digan para las víctimas.

La propuesta establece que todas las autoridades del Estado de Guatemala, deberán actuar con prontitud, inmediatez, celeridad, eficacia, exhaustividad, profesionalismo y respeto ante los derechos humanos de los afectados.

Esta sala recibirá la próxima semana, los aportes de representantes de la Procuraduría General de la Nación,  Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Organismo Judicial, Ministerio Público, Bomberos Voluntarios, y Cruz Roja, entre otros,   para enriquecer y fortalecer esta iniciativa.

Por Rosemary Recinos

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Autoridades del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC), Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), vecinos de Antigua Guatemala y otros municipios aledaños del departamento de Sacatepéquez, comparecieron ante el diputado Raúl Romero Segura, jefe de la bancada Fuerza, quien pidió información sobre  los planes de seguridad que tienen en esa  zona, debido al incremento de hechos delictivos durante el presente año.

El diputado Romero explicó que su mayor preocupación es que se registre algún delito que tenga mayor impacto y que provoque  una mala imagen del país a nivel internacional. “Antigua Guatemala, es uno de los principales lugares turísticos del país, nos preocupa que el robo de vehículos y el narcomenudeo vaya en aumento”, expresó.

Vecinos del municipio de San Miguel Escobar denunciaron que los robos a sus casas se registran diariamente, pero sobre todo les preocupa que puedan agredir a sus hijos, pues son quienes  más tiempo permanecen en los hogares.

Además indicaron que en Antigua Guatemala proliferan los bares, las tiendas que venden licor, los cuidadores de carros, que a su vez  sirven de banderas para los vendedores de droga y los robacarros, manifestaron los vecinos, quienes se quejan de obtener muy poco apoyo  por parte de la comuna del lugar.

“Precisamente ayer se llevó a cabo una reunión con 16 alcaldes de municipios de Sacatepéquez y la Gobernación Departamental, con el fin de analizar la situación delictiva y  presentar una estrategia que los beneficie a todos”, explicó el viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, quien adelantó que se otorgaron nueve patrullas más para el departamento.

El jefe de la Comisaria de Sacatepéquez, Elmer Porras, aprovechó la oportunidad para pedir apoyo a la municipalidad de la Antigua Guatemala, pues considera que tiene poco control de bares y lugares que provocan disturbios, además pidió el apoyo de las ciudadanía para que acuda a las reuniones que ellos convocan con el fin de que tengan participación activa  de las decisiones que se tomen y a la vez que se acerquen a denunciar, para que ellos tengan elementos de investigación.

“Es indignante que en este país los ladrones entran riéndose a las cárceles y salen con carcajadas a los dos días”, se quejó  el parlamentario Romero Segura, quien se unió a la petición para que la sociedad civil participe y su a vez pidió que se incremente el apoyo a la PNC para que puedan brindar un mejor servicio.

El diputado dejó en claro que continuará fiscalizando ese tema, pues toma mayor trascendencia, debido al alto número de turistas nacionales e internaciones que acuden a la ciudad colonial.

Por Mayra Recinos

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La segunda secretaria de Junta Directiva, Karla Martínez, se reunió este jueves con  autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), representantes de los Ministerios de de Salud, Educación, Finanzas y de distintas gremiales en el país, con quienes analizó la iniciativa 5461, ley de control del tabaco y sus productos, que entre otros aspectos regula la distribución y empaquetado de este producto.

La norma,  que consta de 10 capítulos y 59 artículos, reglamenta  la implementación de medidas para promover la cesación y el tratamiento para la dependencia del cigarrillo. “Dicha propuesta fue armonizada con el Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud (OMS)  para el Control del Tabaco, lo que responde a un estudio comparado y a medidas implementadas en otros países”, aseguró el doctor Miguel Garcés de la USAC.

Carlos Pineda, de la Cámara de Comercio, y Felipe Barreda, de la Cámara de Industria, coincidieron en la necesidad de contar con una propuesta viable técnica y jurídicamente que no riña con los preceptos constitucionales, y a la vez no afecte a la industria tabacalera.

Santiago Velasco, gerente de Negocios de la British American Tobacco, dijo que una reglamentación en esta materia podría dar paso a ilegalidades y a la competencia desleal del contrabando. “Vemos con preocupación  el tema de la propiedad intelectual lo que adolecería en una inconstitucionalidad”.

El empresario aseguró además que la industria tabacalera se ha visto afectada en los últimos años con las regulaciones como el Decreto 74-2008, al tener que tercerizar algunos procesos y la pérdida de no menos de 80 empleos directos en 2017.

Oscar Barreneche, representante de la OMS en el país, afirmó que si bien la 5461 no se apega a todas las recomendaciones de esa organización internacional, Guatemala ha tenido avances importantes en la reducción de los índices de mortalidad por tabaquismo. “Celebramos el trabajo que se esta haciendo desde el Organismo Legislativo y reiteramos el acompañamiento en el análisis de la ley”, dijo.

Al concluir la reunión, la legisladora Martínez pidió a los presentes hacer llegar las opiniones técnicas y jurídicas de la iniciativa, para el miércoles de la próxima semana. “La idea es tener los consensos posibles que permitan contar con una normativa fortalecida en que todas las partes se vean beneficiadas sin dejar de lado la prevalencia de la salud de los guatemaltecos”,  puntualizó.

Por Karen Mendoza

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Como parte del trabajo legislativo en favor de los guatemaltecos, la diputada Lesly Valenzuela, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, participó en un taller interinstitucional sobre la importancia de  proteger al consumidor financiero a través de Leyes efectivas. A la actividad, entre otros, asistieron representantes del Banco Mundial (BM),  y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).

El consultor del Banco Mundial, José Rutman, dio a conocer experiencias relacionadas a la protección de consumidores del sistema financiero en otros países. Principalmente indicó que se deben crear normas para que  las entidades bancarias protejan de manera estricta los datos personales de sus usuarios, así como ofrecer productos y servicios de calidad. Otro tema mencionado fue que dichas Instituciones deben informar bien a los consumidores de tasas de interés que se manejan, y las consecuencias de no hacer los pagos a tiempo para que no exista un sobreendeudamiento.

La legisladora Valenzuela explicó a los presentes que desde el Congreso de la República se trabaja en la creación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y el Usuario, como lo establece el artículo 107 del Decreto 06-2003 (LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y USUARIO), por lo que buscará hacer un llamado para que los diputados unan esfuerzos que deriven en resultados positivos que beneficien  a la población, ya que al darle vida jurídica a la Procuraduría se tomará en cuenta la protección a usuarios de bancos y cooperativas.

Por Estuardo Zeceña

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La Comisión de la Mujer, que preside el diputadoAníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), dictaminó en contra de la iniciativa de Ley de Identidad de Género (5395).

Según lo expuesto por la legisladora Sandra Morán, quien voto a favor de la iniciativa, esta pretendía que las personas transgénero pudieran solicitar la rectificación de su partida de nacimiento. También establecía medidas para contrarrestar la discriminación contra este segmento de la población.

Estela Alonzo, diputada independiente, reiteró que apoya iniciativas de este tipo, sin embargo recordó que en el país todos se encuentran vulnerables no únicamente las personas trasn, por lo cual instó a los parlamentarios a impulsar normativas encaminadas a la protección colectiva no solo de cierto sector. “Nuestra función es proteger a todos por igual”, expresó.

El legislador Erick Lainfiesta, de Encuentro por Guatemala, lamentó que las personas de este grupo estén siendo vulneradas y espera que se pueda humanizar más a las personas para poder incluirlo en la fuerza laboral y evitar la discriminación.

Por Fernando Bolaños

 

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La diputada Lesly Valenzuela, representante por San Marcos, y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, se reunió con personeros de la empresa Energuate, autoridades de la CNEE, delegado de la PDH y el alcalde del municipio de La Reforma, para mediar a favor de los más de 5 mil pobladores afectados por cortes de luz en el área.

Haroldo Morales, jefe edil del municipio de La Reforma, dijo que a partir de las cinco de la mañana del lunes pasado llegaron los técnicos hacer el corte en varios postes y no se dio el aviso a las autoridades  de la municipalidad. “Hay vecinos que están molestos ya que están al día en los pagos del servicio”.

Los pobladores se quejaron además de que no estaban funcionando muchas lámparas, lo cual afecta su seguridad.  “Los vecinos me solicitaron que se compraran con fondos de la municipalidad y yo tuve que comprar 385 lámparas ahorradoras” dijo el alcalde.

Durante la reunión, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y representantes de la empresa distribuidora de energía Energuate, argumentaron que los cortes del alumbrado público se ejecutan  según la deuda contraída por la corporación municipal.

“Es la CNEE quien se encarga de definir las tarifas, las cuales son actualizadas trimestralmente con base a una metodología de cálculo y están reguladas en el reglamento de la Ley General de Electricidad, que está vigente para todo el país”, indicó José Argueta, gerente de Fiscalización de la CNEE.

Gabriela Ríos, representante de la empresa Energuate refirió que “en este caso se tiene una deuda por 1 millón 270 mil quetzales y no han pagado 13 facturas a partir del año 2017 y esto ha generado el corte que es inmediato el alcalde tiene que hacer un convenio de pago para que se reinstale el servicio”.

La congresista Valenzuela, de la Unidad Nacional de la Esperanza, solicitó a los funcionarios de la CNEE que se envíen una opinión jurídica del caso ya que a los vecinos y usuarios que sí han pagado se les está violando los derechos al hacerles el corte del servicio del alumbrado público.

También requirió a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que emita una resolución al respecto ya que “hay una violación directa a los derechos fundamentales tanto colectiva e individual de las personas del municipio de la Reforma de San Marcos”.

Por José Castellanos

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Diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE e integrantes de la Comisión de la juventud, cuestionaron la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE),  la contratación de 204 personas,  salarios elevados, y el gasto en reparación de vehículos.

Durante la reunión, se cuestionó al director general de CONJUVE,  Edgar Chin, y al director ejecutivo de esta institución, Vinicio del Cid, por  el aumento de la contratación de personal en comparación con el 2015, donde  solo se contrató a 30 empleados.

Según los reportes de gastos, para pagar a  204 empleados se ejecuta casi Q1 millón 200 mil cada mes, distribuido de la siguiente manera: Q40 mil para el 0-11; Q100  para el 0-22, y Q1 millón para el 0-29. Tomando en cuenta que Conjuve tiene Q15 millones de presupuesto, se puede deducir que la mayoría del gasto este año será para pago de salarios y no para atención de los jóvenes y ampliación de cobertura y programas, destacó el diputado Orlando Blanco, jefe bancada de la UNE.

Otro de los cuestionamientos hechos fue  el pago de varias facturas por reparación de vehículos. También el pago de Q25 mil por cada capacitación dada por una empresa  inexistente.

Ante estos señalamientos, el director del CONJUVE, Edgar Chin, aseguró que el personal es parte del plan de contrataciones de pilotos y monitores para los buses gratis que salen de  la universidad  de San   Carlos de Guatemala, hacia varios, puntos.

En la reunión también estuvo presente César Elías, sub contralor del Gasto Público, a quien los diputados solicitaron realizar  una auditoría sobre las contrataciones del personal y de los pagaos a talleres y empresas de capacitaciones.

Por Karla Herrera

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Como seguimiento al estudio de la iniciativa de ley No. 5402, que pretende la creación de un Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por el legislador Ovidio Monzón, se reunió con representantes de los   Ministerios de Educación (Mineduc), y Desarrollo Social (Mides), Secretaría General de Planificación  y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN).

En la mesa de trabajo se tuvo a la vista la iniciativa sobre cuto contenido los participantes presentaron sus observaciones y recomendaciones. Entre estas sobresalen la creación de métodos de estudios socioeconómicos para determinar quiénes realmente serían beneficiados de esta posible norma,  y de las oportunidades laborales que ofrece.

Los congresistas acordaron planificar futuras reuniones relacionadas a este tema, por  lo que solicitaron a los representantes de las instituciones involucradas hacer un profundo análisis para crear un diálogo que fortalezca la propuesta de ley.

El diputado Monzón dijo que es de suma importancia reunirse también con autoridades del Ministerio de Finanzas, ya que se tiene que verificar la correcta administración de los fondos que sean asignados a becas y programas que incluya la iniciativa. “Tenemos que apoyar a la juventud. Este año se gradúan de diversificado 225 mil estudiantes, de los cuales solo el 2%  tiene posibilidades de ir a una Universidad”.

Por Estuardo Zeceña

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La Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, presidida por la diputada Laura Franco, se reunió con consultores del Banco Mundial (BM),  para conocer experiencias a nivel internacional sobre los controles y supervisión de cooperativas de ahorro y crédito, para evitar abusos de dichas entidades a sus asociados.

Los legisladores dieron seguimiento a una propuesta que pretende reformar la Ley General de Cooperativas (Decreto 82-78). Según dicen es una norma que se aprobó hace 40 años a la que es necesario hacer  modificaciones que vayan de acuerdo a la época y las demandas actuales de la población.

Representantes del Banco Mundial expusieron a los congresistas una serie de observaciones y experiencias que se han obtenido en otros países en cuanto a regulación de las actividades de las cooperativas  de ahorro y crédito. “Se necesita un control estricto que verifique las funciones que desempeñan estas entidades, ya que muchas llevan actividades de tipo bancario, como creación de cuentas, emisión de tarjetas de crédito o débito y producto de seguros”, dijo José Rutman (BM).

Entre algunas recomendaciones se tomó en cuenta la asistencia técnica a las cooperativas, la creación de incentivos y sanciones, aplicación de plataformas tecnológicas y que alguna institución estatal sea la encargada de llevar un estricto control en beneficio de todas las personas que confían su dinero en dichas entidades. “Estamos atentos a este tema tan importante sobre todo para evitar abusos y anomalías contra las personas que confían en las cooperativas ”, expresó el diputado Julio Longo.

Por Estuardo Zeceña

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