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Durante la reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva de este lunes, los congresistas aprobaron la agenda legislativa que se conocerá en las sesiones ordinarias de el martes 4 y miércoles 5 de septiembre, convocadas a partir de las 14:00 y 10:00 horas, respectivamente.

El martes, los diputados conocerán en primera lectura dos iniciativas de ley. La primera que dispone aprobar la suscripción de un préstamo entre Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por USD100 millones, para financiar el proyecto “Crecer Sano” (5343). La segunda es la iniciativa 5300 que dispone reformas al Decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicios.

En su segundo debate se discutirá el registro 5405, iniciativa que propone la  ley de fortalecimiento de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Mientras que por artículos y redacción final, los legisladores aprobarán las reformas al Decreto 42-2010, Ley que Promueve el Turismo Interno.

El proyecto de ley que se encuentra bajo el registro 5222, tiene como fin principal  establecer que los días de asueto que caigan en martes, miércoles o jueves, sean trasladados al día hábil anterior o posterior (lunes o viernes) al fin de semana. Esto para incentivar el turismo nacional y el desarrollo económico de las comunidades que se consideran como atractivos turísticos.

Asimismo, los jefes de los diferentes partidos políticos, representados en el Pleno del Congreso,  aprobaron la agenda para la plenaria del miércoles, en la que resalta la discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto que dispone aprobar la ley de contador público y auditor, con registro 5277.

Por aparte los diputados retomarán la discusión por artículos y redacción final del proyecto que aprueba la ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango (5367).

“Contamos con el consenso de los jefes de bloque para los puntos que serán discutidos en las plenarias de esta semana. Hay temas importantes como el préstamo con el BIRF, que está destinado a reducir los índices de desnutrición en las áreas más vulnerables del país. Otro punto en agenda es la propuesta que tiene como fin promover el turismo interno. Esta última forma parte del paquete de leyes que impulsa Junta Directiva y que vendría a dinamizar la economía”, aseguró el presidente en funciones Felipe Alejos, al concluir la reunión.

Por Karen Mendoza

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El diputado Aníbal Rojas, jefe de la bancada Visión con Valores (VIVA), se reunió, con Pablo Girón, jefe de la Unidad del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (Conadea), del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, (MAGA), para trabajar en una iniciativa que impulse y promueva la producción de aguacate en el país.

“Vemos un potencial de mercado bastante grande en el aguacate, debido a que las  condiciones climáticas y características del suelo con el que contamos, son idóneas para su cultivo”, indicó el diputado Rojas.

Agregó que el objetivo es trabajar de manera conjunta con los entes involucrados, para empezar a crear un proyecto de ley que facilite la  inversión e incremente el nivel de exportación.

Girón indicó que  “actualmente hay una demanda de más de dos millones de toneladas métricas,  siendo nuestros principales compradores Honduras y El Salvador. Con un alto potencial de  crecimiento para otros países”

Explicó que en el Maga ya se está trabajando en una estrategia específica para potencializar  esta cosecha, pero que  sería conveniente la permanencia  de programas a través de la aprobación de una ley.

El diputado solicitó un informe sobre las acciones que actualmente se implementan para su desarrollo, así como las propuestas y  sugerencias que favorezcan su producción para integrarlas al primer borrador de iniciativa.

Por Rosemary Recinos

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En cumplimiento al Artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el  Ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada presentó este viernes, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio  Fiscal 2019, que asciende a Q79.7 millardos.

El artículo 23 establece que el  Organismo Ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Congreso de la República a más tardar el dos de septiembre del año anterior al que regirá.

El proyecto fue recibido por el presidente de  la Comisión de Finanzas Públicas y Monedas, Ferdy Elías Velásquez,  el  primer secretario de la Junta Directiva Estuardo Galdámez y  técnicos de la dirección legislativa.

De este monto, el  64.8% será utilizado para inversión, 19.8%, para deuda pública y el 15.4% para funcionamiento. Se priorizaran montos para educación con Q20 mil millones, Salud  Q8 mil millones, seguridad ciudadana y Defensa Q12  millardos y para urbanización de servicios  comunitarios Q9 mil millones.

Luego de presentar la propuesta el presidente de la comisión de Finanzas Ferdy Elías Velásquez, destacó que esperaran a que el proyecto se conozca en el pleno y sea enviado a la Comisión que elaborará un cronograma para  atender a organizaciones de Estado y no Gubernamentales, en  audiencias públicas, y conocer sus demandas presupuestarias.

El presupuesto deberá ser aprobado antes del 30 de noviembre, que es cuando  concluye el segundo periodo de sesiones ordinarias, del Congreso de República.

Por Karla Herrera

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Este viernes quedó formalmente integrada la Comisión Pesquisidora que tendrá la responsabilidad de analizar el expediente de antejuicio 185-2018 en contra del presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera,  remitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso, el pasado 22 de agosto.

Dicho mecanismo se originó a solicitud del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego de una investigación que señala al gobernante de recibir aportes por no menos de Q7 millones, que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en los comicios del 2015, cuando Morales Cabrera, era candidato presidencial y Secretario General del Partido Político, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Naciòn).

De acuerdo con el Decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicios, la instancia conformada el 28 de agosto en sesión plenaria, a través de un sorteo,  deberá de escuchar a las partes involucradas y en un plazo no mayor a 60 días, presentará un informe circunstanciado al Pleno, que con mayoría calificada (105) deberá decidir si se le quita  o no la inmunidad  al Jefe de Estado.

En la audiencia, el secretario de la referida instancia, diputado Santiago Nájera, dio lectura al documento en el que la CSJ expone sus argumentos, por los que el antejuicio debe de continuar con su trámite. Se hizo referencia que dentro de las pruebas presentadas por el MP y Cicig se remitió un disco en blanco y un expediente con más de 5 mil folios.

Luis Fernando Montenegro, presidente de la pesquisidora, recordó que dentro del trabajo de dicha instancia está poner a disposición la recomendación que defina si hay suficiente causa e indicios para que el mandatario sea investigado. “El lunes nos reuniremos a partir de las 14:00 horas, para presentar el cronograma y forma de trabajo de la comisión”.

“Esta comisión esta comprometida con Guatemala, por lo que antepondremos el bien colectivo por encima del bien particular. Nuestro trabajo será apegado a ley, imparcial, objetivo e independiente”, reiteró al concluir la audiencia el congresista Montenegro.

La comisión pesquisidora quedó integrada por un  presidente, Luis Fernando Montenegro Flores, de Encuentro por Guatemala; un secretario, Carlos Santiago Nájera Sagastume, de la UNE; y tres vocales: Fidel Reyes Lee, de la Une; Rudy Werner Pereira Delgado, de FCN-Nación; y Boris Roberto España  Cáceres, independiente.

Este antejuicio se suma al ya planteado por los mismos motivos, el 25 de agosto de 2017. El referido expediente llegó al Legislativo, donde con 104 votos fue rechazado y archivado, el 12 de septiembre de ese mismo año.

Por Karen Mendoza

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La diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, se reunió con funcionarios de los ministerios de Salud (MSP), Educación (Mineduc), y  Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA),  así como con  representantes de la Secretaría de la Paz, (SEPAZ),  para analizar los avances en el programa de atención de la salud de los pueblos indígenas y fortalecer el uso las plantas medicinales en lo tratamientos curativos.

El objetivo del programa es promover la pertinencia cultural en salud para que estos servicios  sean proporcionados de acuerdo a la cultura y cosmovisión de estos pueblos ancestrales.

“Lo que buscamos es fortalecer y potenciar la siembra y producción  de la medicina natural en Guatemala, para que no se pierdan estos conocimientos y se aprovechen para beneficio de la población”, expresó la diputada Morán.

Alex González Figueroa, director de apoyo a la producción comunitaria de alimentos  del MAGA, dijo que  dentro del programa huertos escolares y pedagógicos ya estan   trabajando con hortalizas nativas medicinales, respetando la pertinencia cultural.

El coordinador de currículo del Ministerio de Salud, Samuel Puac, comentó que, en el marco de la ley de Alimentación Escolar, se está impulsando y fomentando a través de los maestros,  padres de familias y estudiantes la producción y el consumo de los cosechas locales, para que se incluyan en  las porciones alimenticias que les entregan.

“En este contexto, también estamos elaborando un nuevo Curriculum a nivel nacional  desde preprimaria hasta carreras de nivel medio, enfocados en el rescate del idioma,  las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos Mayas, Garífunas y Xincas”, afirmó.

Esta mesa se reunirá el lunes 17 de septiembre, para establecer una ruta trabajo que permita mejorar los programas de capacitación, el uso apropiado   y la divulgación de este patrimonio inmaterial.

Por Rosemary Recinos.

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Funcionarios de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  (CIV), así como el alcalde del municipio de Sinibal, San Marcos, comparecieron ante la diputada Lesly Valenzuela, presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario, del Congreso de la República.

El objetivo principal de la citación fue conocer detalles sobre la reparación del tramo carretero que de Sibinal conduce hacía la cabecera departamental de San Marcos, el cual está  bloqueado desde hace más de un año, debido a derrumbes. La diputada Valenzuela pidió informes sobre la empresa que tenía a su cargo la ejecución de la obra.

“Nos indicaron con anterioridad que la empresa encargada de la obra, además de cambiar los planos originales, de un momento a  otro la abandonó, dejando un cerro, que debido a la fuertes lluvias, en cualquier momento se puede venir abajo”, dijo preocupada la diputada Valenzuela.

Carlos Martínez, director técnico de Caminos, dijo que lo más recomendable será retomar la obra, haciendo primero  un estudio geológico. “Además vamos a hacer los arreglos correspondientes para trasladar al lugar una excavadora y un cargador para que pueda remover las rocas que han caído a la carretera”.

El alcalde de la localidad, Amílcar Roblero, pidió que se atienda esta necesidad, ya que en cualquier momento el cerro se les puede venir encima. “Quedaríamos nuevamente obstaculizados, lo cual nos preocupa de sobre manera”.

La legisladora dijo que estará al pendiente de la información que le trasladen los persones de Caminos el próximo lunes, para poder hacer los arreglos correspondientes y que se avance con la reparación de la carretera y se busque una solución al derrumbe del cerro.

Por Mayra Recinos

 

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El congresista Raúl Romero Segura, jefe del bloque Fuerza, se reunión con Carlos Velásquez Monje, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y dirigentes sindicales (Sintramides), para que se esclarezcan las denuncias por el mal uso y manejo no bien orientado de fondos financieros en el contrato de arrendamiento del edificio para el Mides, además de la adquisición de otros servicios.

A la reunión acudieron autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de Cuentas (PGN), y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes explicaron lo que corresponde a hacer a cada institución, y emitieron su postura al respecto.

Durante la reunión intervinieron Jorge Solórzano, secretario general; y Vinicio Morales y Mauricio Rodríguez, representantes del Comité Ejecutivo del Sintramides, quienes indicaron que hay varias inconformidades de los empleados del Mides. Se quejaron de que no se están respetando los derechos colectivos como laborales y sindicales.

“Aquí vemos que hay una mala administración de los recursos financieros ya que en tres ocasiones distintas los anteriores ministros han visto la necesidad de alquilar un edificio para la institución. El último ministro intento arrendar un edificio que era más cómodo y accesible en el precio que este nuevo contrato, además de la adjudicación de otros servicios como de seguridad y limpieza que los precios son altos”, dijo Solórzano, del Sintramides.

El Ministro Velásquez Morales indicó que el costo del alquiler del edificio es de Q1 millón con 12 mil al mes.

“Como Contraloría General de Cuentas tenemos instalado un equipo de auditores en el Mides que ya está realizando una auditoria   especifica y en 15 días se dará un informe de auditoría de la inversión y los gastos ejecutados en esa institución”, refirió Cesar Elías, subcontralor del  Gasto Público.

Al concluir la reunión el congresista Romero pidió que se le enviara el documento de la auditoría para hacer un análisis jurídico financiero de esas inversiones presupuestarias en la entidad gubernamental.

“Estaremos programando una visita de campo a las instalaciones en donde nos puedan acompañar las instituciones que hoy están aquí citadas y se verifiquen los hechos”, aseguró el legislador Raúl Romero, de la bancada Fuerza.

Al mismo tiempo, el diputado Romero, requirió a las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que hagan una inspección ocular y se constate si se están violando los derechos de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.

Por José Castellanos

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El jefe de la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, (URNG), diputado Walter  Félix, sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Agricultura,  del Instituto Nacional de  Bosques (INAB) y representantes de la Junta Directiva de la Red del Programa de Incentivos Forestales  para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación  Forestal o Agroforestal (PINPEP),  quienes presentaron una serie de reformas al Reglamento de la Ley del PINPEP.

La intención es que quienes hagan el trabajo de reforestación y  posean  pequeñas tierras tengan mayores facilidades para recibir los incentivos por parte de las autoridades del  INAB  y Agricultura.

Entre los cambios a la ley se puede mencionar el que deja sin efecto la prohibición de que quienes hayan sido beneficiados anteriormente con este incentivo vuelvan a recibir la ayuda, y se suprime en su totalidad el artículo 11, sobre el fraccionamiento de terrenos.

En cuanto a la aprobación de proyectos, se establece que las notificaciones de las resoluciones deberán ser emitidas en un plazo no mayor de 30 días a partir del momento en que el expediente se encuentre en estado de resolver.

La propuesta fue entregada  al viceministro de Agricultura, José  Felipe Orellana, y al director del Instituto Nacional de Bosques, Rony Granados, quienes aseguraron que la analizaran.

“La entrega de la propuesta es una avance para mejorar los programas de reforestación, por lo que esperamos que cada reforma sea analizada por las autoridades correspondientes”, destacó el diputado Walter Felix, jefe  de la bancada de la URNG.

Por Karla Herrera

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La legisladora Lesly Valenzuela, quien preside la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuarios, se reunió con el gerente de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), Oscar Guzmán; el director de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), Daniel Pereira; y vecinos de la colonia Guajitos, zona 21, quienes denunciaron excesivos cobros por servicio de agua.

Los vecinos denunciaron cobros de Q2 mil 500 a Q5 mil mensuales, como el caso de Oscar Chojolán, a quien además le aparece una multa de Q19 mil por supuestamente alterar el contador de agua de su vivienda. Este tipo de hechos los llevaron a presentar la denuncia ante la Diaco y la sala de trabajo legislativa para que puedan dar el acompañamiento necesario.

El gerente de la empresa de agua manifestó que las lecturas de los contadores se hacen manualmente y se acusan con fotografías de los consumos que marca el contador de agua. En algunos casos se usa el historial de para respaldarse, sin embargo “existen problemas como daño o alteración de contadores, fugas o bloqueos que no permiten realizar una lectura adecuada y deben corregirse por parte del propietario de la vivienda para que las lecturas exactas”.

La diputada instó a la Diaco a acompañar las denuncias de los usuarios para que no se vulneren sus derechos, y verificar si las acciones tomadas por Empagua están sustentadas con evidencias para colocar multas exorbitantes. Además gestionó que los procesos de reclamo donde sea necesario retribuir montos económicos se agilicen, pues el usuario paga por un servicio recibido no por algo que no llega a su vivienda.  “Hay casos donde se cobra agua en cantidades que no es posible sean recibidas en una vivienda durante todo el mes”, concluyó.

Por Fernando Bolaños

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