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Congresistas del bloque legislativo Unión del Cambio Nacional (UCN), se reunieron con Edgar Ling Lorenzo Chin, director general del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), y su equipo de trabajo para que explique el trabajo que están ejecutando.

El propósito de la reunión es conocer las acciones que llevan a cabo los 113 jóvenes voluntarios desplegados en varios centros de acopio habilitados por la tragedia del Volcán de Fuego en los departamentos afectados.

“La finalidad de la reunión es conocer las acciones que llevan a cabo los jóvenes  voluntarios como parte del Sistema Nacional de Emergencia en la tragedia del Volcán del Fuego y también conocer como están funcionando los planes y programas de Conjuve y la ejecución presupuestaria”, informó la congresista Vivían Preciado, subjefe del bloque UCN.

Lo diputados de UCN aprovecharon para fiscalizar los planes y programas que ejecuta el Conjuve y la asignación en la ejecución presupuestaria del año 2016 a la  fecha del presente periodo fiscal 2018.

Lorenzo Chin, director del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) comentó  que son 113 jóvenes voluntarios que trabajan con cuatro organizaciones juveniles e iglesias. “Tenemos a cargo algunos centros de acopio que los abastecemos con insumos médicos y alimentos, así como con ropa y otros artículos para los damnificados de la tragedia del Volcán de Fuego”.

El funcionario de Conjuve confirmó que tienen presencia en otros centros de acopio que hay una delegación de jóvenes atendiendo la emergencia en Jocotenango y Alotenango en conjunto con jóvenes representantes de la Universidad de San Carlos.

“Estamos teniendo problemas con el control de las donaciones por el momento de la emergencia que no se tiene una contabilidad de lo donado por las personas pero tenemos el control de la situación”, resumió Chin.

Durante la reunión la diputada Vivían Preciado, subjefa de la UCN y representante por el distrito de San Marcos, recordó que por “la situación de la tragedia a la población se le debe de informar de las acciones que están llevando a cabo en la emergencia y la tragedia del Volcán de Fuego y la ayuda que necesitan porque hay personas que quieren brindar su apoyo”.

Por José Castellanos

 

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Como parte de la agenda de trabajo que desarrollan los integrantes de la Comisión de Educación, presidida por el diputado Ovidio Monzón, este día se reunieron con miembros de los Institutos por Cooperativa a nivel nacional y con los viceministros de Educación, Héctor Canto y de Trabajo, Gabriel Vladimir Aguilera.

“Durante la reunión se solicitó la ampliación presupuestaria para los institutos por Cooperativa”, ya que actualmente cuentan con un presupuesto anual de Q160 millones, “los cuales  ya no son suficientes para cubrir las necesidades de  los mil 110 Institutos por Cooperativas que funcionan en el país, y que brindan educación a un gran porcentaje de la ciudadanía”, expresó el diputado Ovidio Monzón.
Los representantes de las cooperativas también solicitaron la mediación de los diputados para buscar una solución a las sanciones que ha impuesto el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento del pago del salario mínimo. De acuerdo con César Juárez, representante de los institutos, “los informes que realiza la inspección de trabajo no son acordes con la realidad que se vive”, ya que en esta modalidad educativa los maestros no llegan a recibir el salario mínimo “por la falta de un buen presupuesto”.

Ante lo expuesto por los representantes de los institutos los Viceministros de Trabajo y Educación acordaron participar en la mesa de trabajo que se instalará el próximo 13 de junio.

En otro tema, el Presidente de la Comisión, Ovidio Monzón informó que en la reunión se acordó solicitar al ministerio de Finanzas un análisis técnico de la iniciativa 5403 que busca aprobar bonificación Escolar Anual para trabajadores del sector privado y público por núcleo familiar.

Por Byron Ramírez

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Legisladores de| la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad del Congreso de la República que preside Sandra Cruz Ramírez, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN), se reunieron con representantes de 10 asociaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad auditiva para evaluar el contenido de la ley 5128, Ley de Lenguaje de Señas de Guatemala.

La norma busca la inclusión de las personas discapacitadas en las actividades cotidianas de la sociedad, y para ello reconoce el lenguaje de señas como un idioma oficial en el país, tomando en cuenta que se tiene un registro de 250 mil personas con discapacidad auditiva.

La iniciativa fue presentada en el año 2008, y se retomó en 2015 con la constitución de una mesa técnica donde se habló de la importancia que la ley tiene para las personas con discapacidad auditiva, y la necesidad de que norme el tema de acceso a servicios básicos como trabajo, salud, educación y eliminar la discriminación en temas de atención médica y materia judicial por falta de intérpretes, acceso a licencias de conducir o documentos de identificación como el DPI, que indique que es una persona sorda

 

El legislador Claude Harmelin de León, de (FCN), se comprometió a apoyar el proyecto, el  cual crea un instituto que aglutina a todas las instituciones que trabajan en pro de las personas con sordera, “Es importante que este instituto cuente con sus propio financiamiento a través de un presupuesto para poder funcionar”, explicó.

La presidenta de la sala de trabajo expuso que la iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, y que será solicitada por la sala de trabajo de Asuntos sobre Discapacidad, además en la próxima reunión se citará a representantes de la entidad emisora de licencias de conducir y el Registro Nacional de las Personas, con el objeto de agilizar que en los documentos exista un distintivo para las personas que padecen de sordera y sean identificados.

Por Fernando Bolaños

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La diputada Edna Soto de la Bancada TODOS  y representante del departamento de Chimaltenango, cuestionó  los pocos avances que se han tenido en la construcción del centro recreativo y deportivo ubicado en el departamento de  Chimaltenango.

A la reunión asistió el director administrativo de la Confederación  Deportiva Autónoma de Guatemala, Nelson Morata ya, quien además está a cargo del proyecto; y representantes de las distintas disciplinas deportivas de  Chimaltenango.

“Nos encontramos en la primera fase de la construcción del centro deportivo,  y tenemos Q9.5 millones disponibles para iniciar con la construcción de algunas canchas y la piscina. El problema  es la circulación del terreno, por lo que esperamos iniciar con esta fase lo antes posible”, informó Nelson Morata ya.

La diputada Edna Soto lamentó que el proyecto esté tan atrasado, y solicitó la agilización de los procesos para concluir con este centro deportivo lo antes posible, pues el mismo servirá para qué jóvenes y  adultos deportistas pueden tener un espacio  para practicar las distintas disciplinas deportivas.

Por Karla Herrera

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Los diputados de la comisión específica que analiza la iniciativa 5311, que dispone aprobar reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, ley de aceptación de cargos, acordaron  iniciaran audiencias públicas este miércoles 06 de junio, con la participación de Jorge Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación; y de Nydia Lissette Arévalo,  directora del Instituto de la Defensa Pública Penal.

El objetivo es recibir aportes y propuestas tanto del sector público y privado como de  organizaciones civiles y personas individuales que quieran hacer llegar  inquietudes sus sobre este proyecto de ley.

“Se trata de ser lo más incluyentemente posible, en cuanto a los distintos puntos de vista que este tema generará”, comentó el diputado Raúl Romero, de la bancada Fuerza.

El legislador Enrique Álvarez, del partido Convergencia, señaló que debe convocar a través  de  los medios de comunicación, para que las organizaciones interesadas en participar y que no se hayan citado, puedan hacer una propuesta suficientemente sustentada.

Por su parte el parlamentario Manuel Conde, presidente de la sala,  comentó “he hablado ya  con Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico, María Consuelo Porras, quien se mostró anuente a  participar en este análisis, por lo que próximamente programaremos su  disertación”.

La iniciativa está integrada por 16 artículos, dentro de los cuales se contempla un procedimiento especial de aceptación de cargos, como mecanismo anticipado de salida al proceso penal, el cual será aplicable a cualquier  delito que no se encuentre contenido en los de lesa humanidad.

Por Rosemary Recinos.

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Con el voto favorable de 112 diputados, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 14-2018, que ratifica el  Decreto Gubernativo 1-2018,  que declara Estado de  Calamidad Pública, por 30 días, en los departamentos de Chimaltenango,  Escuintla y Sacatepéquez.

La sesión extraordinaria, que fue convocada exclusivamente para tratar el tema de la ratificación del  Estado de Calamidad, inició con un minuto de silencio en memoria de la muerte de, al cierre de esta edición, de más de 60 guatemaltecos a consecuencia de la erupción del Volcán de Fuego, el domingo último.

“El Estado de calamidad Pública se da como consecuencia de la erupción del Volcán de Fuego, que ha dejado pérdidas  de vidas humanas, daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar y salud, actividad productiva y desarrollo humano”, dice el decreto enviado por el Consejo de Ministros del Ejecutivo al Congreso.

El congreso ratificó el decreto con más de 105 votos, con algunas modificaciones, entre ellas las hechas al artículo 7, sobre  las adquisiciones de bienes y contrataciones donde se autoriza la compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para preinversión, ejecución y supervisiones de trabajos, exclusivamente para el área territorial afectada por la erupción  del volcán.

Entre los cambios que se hicieron al decreto gubernativo, según explicó el diputado Felipe Alejos, presidente del Congreso en Funciones es que la Contraloría General de Cuentas fiscalice el uso de fondos y que se use la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. “Esos dos cambios son claves y buscan que los fondos y donaciones sean usadas con transparencia”, dijo.

Los diputados al  Congreso de la República acordaron además donar  Q10 millones, de los recursos propios, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para un fondo de atención a los niños y niñas que quedaron huérfanos,  así como los que fueron afectados con quemaduras por la erupción, en donde las unidades ejecutora serán la Procuraduría  General de la Nación y Ministerio de Salud.

Tras la ratificación de Estado de Calamidad, diputados de distintas bancadas, como  Leopoldo Cruz Clavería, electo por el departamento de Escuintla, agradeció los votos para la ratificación, en tanto la diputada Nineth Montenegro, aseguró que seguirán de cerca la utilización de lo aprobado. La Legisladora Delia Back, por el departamento de Chimaltenango, aseguró que con la ratificación del Estado de Calamidad se podrán iniciar con los trabajos  de ayuda para  damnificados.

Por Karla Herrera

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Las diputa Sofía Hernández y Karla Martínez, de la Comisión de Salud, recibieron de manos del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado Cerezo, el proyecto de “ley de Control del Tabaco y sus Productos”.

“La iniciativa busca reducir el consumo de tabaco y establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las personas”, dijo Carlos Cerezo, quien agregó que la iniciativa refuerza los artículos ya establecidos en la Ley de Creación de los Ambientes Libres de Humo de Tabaco..

Entre las novedades está  aumentar las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarros, prohibir el uso de términos como: suaves, ultra suaves, ligeros, bajas en nicotina, ligth, Mind o cualquier expresión que pretenda dar a entender que un producto es menos nocivo que otro”, expuso el rector de la universidad.

Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva del Congreso, manifestó su apoyo al proyecto de ley. “Este tipo de iniciativas son de bienestar para las familias guatemaltecas”, dijo la parlamentaria, quien agregó aunque ya hay una legislación sobre los ambientes libres de tabaco, se quedaron pendientes “aspectos fundamentales como endurecer la prohibición de toda publicidad, propaganda y/o patrocinio, sobre este producto en diferentes eventos.

La congresista Sofía Hernández, presidenta de la Comisión expresó que luego de ser leída en el pleno, solicitarán  que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen lo más pronto posible, “ ya que es una ley de ayuda y prevención para la salud de los niños y niñas”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud el consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible del mundo. En Guatemala, según la encuesta de tabaquismo hecha en 2015; más del 15% de  jóvenes entre 13 y 15 años son fumadores, y  7 de cada 10 estudiantes obtienen los cigarrillos sin problema alguno.

Por Byron Ramírez

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“Todos los guatemaltecos tenemos derecho a estar informados y a poder elegir qué clase de alimentos  consumimos”, dijo el diputado Jairo Flores (UNE), presidente de la Comisión de Desarrollo Social y coordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre, al iniciar una reunión interinstitucional donde discutieron el contenido de una iniciativa de ley de etiquetado de alimentos.

El congresista explicó que  el objetivo es crear una ley que contemple un etiquetado en todos  alimentos, donde  se marque si el producto es alto en sodio, en azúcares o grasas saturadas. “No queremos bloquear el comercio nacional o exterior, simplemente darle a los guatemaltecos  el derecho humano de elegir lo que vamos a ingerir”.

Durante la reunión, el diputado Flores presentó algunas propuestas de etiquetado, entre ellas, las utilizadas  en  otros países como Chile y Ecuador, quienes ya cuentan con una legislación de este tipo. “La primera consiste en hacerlo tipo semáforo, para ir indicando los  niveles de algún componente como azúcar, sodio o grasas. Otra propuesta es colocar etiqueta negra a todos aquellos alimentos procesados que contengan alto grado de los componentes ya mencionados”.

Eduardo Palacios, de la Unidad  de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Cáncer del Ministerio de Salud, brindó estadísticas sobre los niveles de obesidad  y sobre peso que se manejan en Guatemala. “Un 38 por ciento de los adolescentes presentan sobre peso, y un 52 por ciento de las mujeres en edad reproductiva también están por encima de su peso ideal”, dijo Palacios, quien además recalcó que esto incide en que una  gran cantidad de la población sufra enfermedades como hipertensión, diabetes y hasta cáncer.

El diputado Ovidio Monzón (Todos), coincidió con Adrin Chávez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), en que una ley no es suficiente para solventar el problema. “Se debe educar a los padres de familia y a los mismos niños para que aprendan a alimentarse, por lo que considero necesario incluir al Ministerio de Educación en la reuniones”, dijo Monzón.

Delegados internacionales como Diego Recalde, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);  y Tomo Kanda, de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); ratificaron su apoyo técnico en la estructuración de una nueva norma legal que permita conocer el contenido de cada uno de los alimentos. “Esta es una tendencia que muchos países del mundo están adoptando”, dijo Kanda.

Recalde indicó que Guatemala tiene estadística que llaman la atención: “Un 39 por ciento de las madres de niños desnutridos, tienen sobre peso”, lo que también es preocupante, explicó, ya que estas mujeres sufren otras enfermedades derivadas de la obesidad.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Apoyo Técnico se reunieron para continuar analizando las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94, y de la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, Decreto 36-2016.

Las modificaciones buscan liberar a los miembros de la Junta Directica del Congreso de conocer los recursos administrativos que son planteados por el personal del Organismo Legislativo, y se propone que sea el Director General y el Director de Recursos Humanos, quienes vean estos temas.

Otra de las propuestas es que la Comisión de Apoyo Técnico apoye, a otras comisiones de trabajo de Legislativo, en el cumplimiento de los Acuerdos de la Agenda Global y se publique el avance los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El congresista Oscar Argueta, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y presidente de la referida sala de trabajo, indicó  hay un cuadro comparativo que explica los diferentes cambios, uno de ellos es el que plantea el diputado Walter Félix, quien pide que se cambie el nombre de la Comisión del Menor y la Familia, y se le ponga Comisión de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia”.

Los diputados de la Comisión de Apoyo Técnico continuarán analizando las reformas en una próxima reunión las cuales serán presentadas a Dirección Legislativa para que las conozca el Pleno del Congreso y sean aprobadas según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso.

Por José Castellanos

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