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Durante la mesa técnica de trabajo de los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales se conoció la propuesta del Tribunal Supremo Electoral  para que  la elección de los Diputados al Congreso de la República,  Parlamento Centroamericano y  Concejales Municipales sea nominal,  sugerencia que está incluida en las reformas a la Ley  Electoral y de Partidos Políticos  (LEPP).

En la propuesta se determina que en las papeletas aparecezca la foto de cada uno de los candidatos  para que los votantes puedan conocer el rostro de quienes serán sus representantes, propuesta que continuará siendo analizada.

Otro de los temas abordados fue que el Registro Nacional de las Personas, deber incluir en los DPI, el género, etnia y domicilio de cada ciudadano, para que pueda ejercer el voto sin mayor problema, y mantener un registro de las personas con  discapacidad.

En el tema de  las personas con discapacidad, Sebastián Toledo  del Consejo Nacional para la  Atención de las personas con Discapacidad, CONADI,  enfatizó que son los Ministerios de Salud y Educación, los que  deben mantener comunicación con RENAP y TSE, sobre las estadísticas de personas con discapacidad y establecer la clase y grado de  discapacidad que  se padece.

Fernando Fernández, subcontralor de probidad,  enfatizó que la institución está  dispuesta a  efectuar las auditorías que sean necesarias, para evitar anomalías en el proceso electoral.

Al finalizar la reunión, el diputado Luis Alfonso Pernilla, presidente de esta sala de trabajo, aseguró que  luego de conocer las propuestas, se continuará con el análisis de las propuestas,  previo a dar un dictamen.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión Específica que analiza la iniciativa 5311, la cual adiciona el título sexto del Código Procesal Penal el “Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos”, inició el proceso de Audiencias Públicas con la participación de Nydia Arévalo, directora de la defensa Pública Penal; representantes de la Procuraduría General de la Nación y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Arévalo indicó que en la legislación guatemalteca ya se contempla este procedimiento abreviado, pero que en esta propuesta lo que se trata es de extender el tiempo para aceptar los cargos, con el fin de que un mayor número de personas que se encuentran actualmente cumpliendo  o guardando prisión puedan acogerse a él.

Agregó que este proyecto debe analizarse profundamente en cuanto a su viabilidad por todo el sector justicia y la sociedad civil. Señaló que próximamente enviarán a esta sala los aportes correspondientes.

Carlos Hernández, jefe del departamento jurídico del Colegio de Abogados, comentó que como entidad se comprometen a realizar un estudio exhaustivo por la complejidad del tema y  a remitirlo a esta Comisión.

El diputado Juan Ramón Lau señaló “ya existen procedimientos desjudicializadores como el criterio de oportunidad, que es casi lo mismo, pero  la pena no pasa de 5 años. Lo que pretende es  a acelerar los procesos para aligerar la carga al Ministerio Público en cuanto a  las investigaciones,  “ya que confesos los sindicados   podrán  salir de la prisión”.

El presidente de esta Comisión, diputado Manuel Conde, añadió que se espera  que esta iniciativa  de ley pase en primera, segunda y tercera lectura y allí detenerla previo a la aprobación por artículos, en donde se haría las propuestas de enmienda.

Por Rosemary Recinos.

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Congresistas de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario se reunieron con fin de conocer en qué fase está el trámite de la acción extraordinaria de amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad encaminado a que se fije un plazo específico para que, por medio del Congreso de la República, se apruebe la creación de la Procuraduría de Defensa y Protección al Consumidor y el Usuario (PRODECO), según lo considerado en la iniciativa 5082, Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor.

La acción de amparo fue interpuesta por la diputada Lesly Valenzuela de Paz, de la bancada UNE, en su calidad de presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, y representante por el distrito de San Marcos, con el propósito de que el pleno del Congreso de la República cumpla con lo preceptuado en el artículo 107 del Decreto 06-2003 del Organismo Legislativo.

“El tema que abordamos hoy en la Comisión fue el tramite que otorgaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a la solicitud de amparo que mi persona promovió hacia el Congreso de la República, ya que como Organismo Legislativo no se ha cumplido en lo establecido en el artículo 107 de la Ley para la Defensa y  Protección del Consumidor”, comentó la diputada Valenzuela de Paz, presidenta de la referida sala de trabajo.

La congresista indicó que estarán a la espera de lo que resuelva el alto organismo constitucional para realizar las acciones legislativas del caso.

En otro tema el congresista Juan Carlos Salanic, integrante de la referida Comisión y representante del departamento de Quetzaltenango, denunció que hace varios días cortaron el servicio eléctrico en municipios del distrito que representa y propuso que sean citados los directivos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para que se busque la solución a la problemática.

“No existen oficinas de atención en los municipios que son afectados con el corte del alumbrado eléctrico, los usuarios y la población no pueden hacer sus reclamos”, comentó Salanic, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza.

Los congresistas Lesly Valenzuela, Edwin Lux, Claude Harmelin y Lucrecia Samayoa, como integrantes de la sala de trabajo propusieron hacer un análisis jurídico del convenio y contrato de los servicios que presta la empresa distribuidora de energía eléctrica en el interior del país y, de acuerdo a los resultados, tendrán que hacer la intervención del caso.

Por José Castellanos

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Los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, la cual es presidida por el diputado Ovidio Monzón (TODOS), continuó con su trabajo de intermediación en la búsqueda  de mejorar el sistema educativo del país.

Este día los diputados convocaron, a una reunión de trabajo, al viceministro de la cartera educativa, José Inocente Moreno, para que escuchara las diferentes peticiones planteadas por los integrantes de la Asociación Nacional de Directores y Subdirectores del Programa de Extensión y Mejoramiento de la Enseñanza Media (PEMEM).

El diputado Monzón lamentó que desde la década de los 70 fueron creados estos institutos, pero al momento  no han recibido al apoyo necesario por parte del Estado. “Por ese motivo estamos pidiendo a las autoridades de la cartera de Educación que escuchen sus necesidades y les brinden una respuesta rápida”.

Silda Maldonado, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Directores y Subdirectores del  PEMEM, fue puntual al exponer que sus necesidades son urgentes ya que atienden a un gran número de jóvenes en el país. “Solicitamos la inmediata creación de códigos especializados para que se  agilicen los procesos para contratación de catedráticos, en la plazas 011,  para nuestros  50 centros educativos de todo el país”.

Maldonado agregó que también necesitan mantenimiento, así como compra de equipo y herramientas para los talleres que funcionan en los institutos PEMEM, por lo que se hace necesaria una ampliación presupuestaria, aunque no cuentan con un monto específico. “Otro aspecto urgente es la adecuación de la plataforma del Sistema de Registro Educativo (SIRE), pues deben  evitar los inconvenientes que han tenido  en la entrega de papelería a estudiantes, especialmente para los de tercero básico”, indicó.

Por último solicitaron una reunión urgente con representantes de la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN), para que les indiquen cuantos estudiantes pueden tener en los talleres, de acuerdo a las normas de seguridad industrial que ellos manejan.

El viceministro Moreno, aseguró que trasladará cada una de las peticiones y enviará a los integrantes de la Sala de Trabajo Legislativa un cronograma para para ir abordando cada una de las problemáticas planteadas durante la reunión. El diputado Monzón, como presidente de la Comisión, estableció que dicho cronograma sea enviado a más tardar el martes de la próxima semana.

La diputada Marleny Matías de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrante de la Comisión, aprovechó la oportunidad para solicitar una revisión del trabajo de los 22 directores departamentales de Educación. “En baja Verapaz, tenemos a una persona que no sabe tomar decisiones, por lo que nos urge esa revisión”, aseveró.

Por Mayra Recinos

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La oportuna gestión y fiscalización de la diputada Eva Nicolle Monte sirvió como apoyo a las Comunidades de La Alameda, Chimaltenango y áreas aledañas, cuyos vecinos se oponen a la instalación  de una casa de atención y abrigo para adolescentes en conflicto con la ley.

Tras la reunión sostenida con la parlamentaria con representantes de los COCODES chimaltecos, representantes de la Secretaria de Bienestar Social y el Ministro de Gobernación,  Enrique Degenhart ; las autoridades de la Secretaria de Bienestar Social declinaron de la instalación del Centro de Protección y Abrigo en el área de Chimaltenango.

De acuerdo con la parlamentaria Eva Monte parte de las solicitudes que se han hecho en  favor de la seguridad del departamento es el traslado de la cárcel que se encuentra en el centro de la población, lejos de eso las autoridades habían programado el traslado de un hogar de jóvenes en conflicto con la ley  lo que pondría más en riesgo a los vecinos chimaltecos.

“Yo tengo que apoyar a mi departamento y hacer lo que esté en mis manos para que Chimaltenango no tenga más inseguridad\", señaló la parlamentaria. El Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, se comprometió a instalar de forma conjunta con los alcaldes y el gobernador de Chimaltenango una mesa de trabajo y estrategias de seguridad, esto con el fin de ir paulatinamente  aplicando políticas y estrategias que permitan bajar los índices de inseguridad en ese departamento.

Por Wendy Sandoval

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Los diputados Nineth Montenegro y Leonel Lira (Encuentro por Guatemala), acompañados de representantes de ONU Mujeres y del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), presentaron este jueves un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar el matrimonio y la unión de hecho de niñas, niños y adolescentes. La norma establece por primera vez la figura de matrimonio ilícito, sancionando a quien autorice la unión de menores con penas de 10 a 15 años de cárcel.

“El objetivo de la propuesta de ley  es atender las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y generar un legislación que permita el cumplimiento del Decreto 13-2017, que establece en 18 años la edad para contraer matrimonio en el país”, dijo la congresista Montenegro.

La normativa, que contiene 2 reformas y 3  artículos nuevos al Código Penal, instituye además la figura de unión de hecho ilícita la cual es sancionada con multas de Q100 mil hasta Q200 mil, así como la inhabilitación del funcionario que resultaré responsable, que incluye a jueces, jefes ediles, entre otros.

Adriana Quiñonez, de ONU Mujeres, manifestó su satisfacción en el tema y aseguró que Guatemala ha avanzado con las modificaciones al Código Penal que aprobó el Congreso en 2017, sin embargo lamentó que pese a que ya existe una prohibición en esta materia aún se registran este tipo de uniones.

“Tanto la unión de menores de edad como el matrimonio infantil forzado  tiene consecuencias negativas en este sector etario, que se traducen en deserción escolar, riesgo de morir durante el embarazo, parto o postparto, limita su derecho al trabajo y a desarrollarse profesionalmente y peor aun genera violencia contra la mujer”, explicó Quiñonez.

“Estamos conscientes de que falta mucho que hacer en esta materia, pero con esta iniciativa damos un primer paso para erradicar el matrimonio infantil, por lo que solicitamos el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio para hacer el eco que permita que esta ley sea una realidad”, concluyó la legisladora.

Por Karen Mendoza

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A raíz de una reunión con funcionarios de los ministerios de la Defensa Nacional,   Procuraduría General de la Nación (PGN), Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  e Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), entre otros,  diputados de la bancada Alianza Ciudadana acordaron  visitar el próximo lunes los lugares afectados por la erupción del Volcán de Fuego, en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango

Lo anterior con el propósito de  fiscalizar el plan de acción que se está llevando a cabo por la emergencia. “Después de 72 horas de ocurrida la tragedia es preocupante que el Gobierno no tenga una ruta específica para atender lo acontecido, y que exista tanta descoordinación entre estas entidades”, comentó la diputada Delia Back, jefa de la bancada.

Manuel Fernando Pineda, viceministro de la Defensa,  indicó que desde el primer día se han llevado a cabo las acciones de búsqueda y de rescate con todo el personal. Se han habilitado todos los vehículos disponibles para tal tarea, y  se están empleando  helicópteros  para trasladar a los afectados a zonas más seguras, y víveres a las bodegas de acopio.

Respecto a lo ocurrido el domingo 3 de junio,   Edy Sánchez, director  del Insivumeh,  aclaró que ante   la magnitud que podía tener el evento volcánico se  emitieron nueve informes en forma sucesiva desde las seis de la mañana  y que se recomendó a Conred tomar las acciones necesarias

Por otra parte José Román,  delegado de la Conred declaró que no se ha  proporcionado una guía oficial  para poder donar desde el extranjero, ya que según esta entidad  “no se necesita ayuda internacional ya que el país tiene lo suficiente para brindar la asistencia que se necesita”.

Jorge Luis Donado Vivar, Procurador General de la Nación, indicó que se está trabajando en los albergues para determinar  cuántos menores se encuentran sin resguardo familiar y que a la fecha se  han emitido 30 alertas Alba Keneth por 59 niños y adolescente desaparecidos.

Por Rosemary Recinos

 

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La diputada Dolores Beltrán, tercera vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso de la República,  dirigió la segunda  mesa de trabajo  para analizar las posibles soluciones al endeudamiento que mantienen varios  maestros con distintos bancos de país, por préstamos que los han dejado  afectados económicamente.

A la reunión asistieron la viceministra de educación, María Eugenia Barrios; Joviel  Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala STEG; y  representantes de los maestros de distintos departamentos.

Los docentes solicitan la consolidación de las deudas y reformas a la Ley de Bancos para reducir las tasas de interés en los préstamos, y que los mismos no sean otorgados en  más del 35% de los salarios, para  evitar endeudamientos que esté fuera de su alcance.

“Vamos a analizar  una reforma a la Ley de Bancos para que las tasas de intereses se reduzcan, pero también hay que hacer un llamado, para que maestros y cualquier personas evite endeudarse de esta forma”, destacó la diputada Dolores Beltrán.

Esta propuesta también podría alcanzar a los trabajadores del Estado que han adquirido  deudas con algún banco des sistema, tales como sector  Salud, Policía Nacional   Civil y Congreso de la República.

Por Karla Herrera.

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Durante el desarrollo de la cuarta sesión extraordinaria del Congreso de la República, que preside el diputado Alvaro Arzú Escobar, el Pleno conoció varias iniciativas de ley en su primer y segundo debate.

En primera lectura pasaron tres proyectos de decreto; el primero de ellos orientado a aprobar la ley que declara el 8 de marzo de cada año como el día nacional de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el cual aprueba una pensión vitalicia de Q5 mil mensuales, para las niñas y adolescentes sobrevivientes. Del cuarto año en adelante recibirán  lo equivalente al salario mínimo.

El proyecto dispone además que las 15 adolescentes beneficiarias sean incluidas gradualmente a programas sociales para su reinserción a la sociedad, asimismo establece que la fuente de financiamiento provendría de fondos propios del Legislativo. Dicha propuesta está incluida en el registro 5420.

El segundo proyecto conocido por los  representantes, fue el que dispone aprobar reformas al artículo 407 “N” del Código Penal referente al financiamiento electoral ilícito, y que propone un incremento de las penas en dos terceras partes, cuando el delito sea cometido por un funcionario público, y de 1 a 5 años de prisión a quien oculte la identidad del financista de un partido político.

Otra de las iniciativas conocidas en primer debate fue la que se encuentra bajo el registro 5196 y con la cual se aprobaría una ley marco para la regulación, uso y comercialización de las bolsas de plástico en Guatemala. El ponente de dicha propuesta es el primer vicepresidente de Junta Directiva, Felipe Alejos (Todos).

Por aparte fue discutido en su segundo debate el proyecto con el cual la República de Guatemala suscribirá un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Reconstrucción y fomento (BIRF) por un monto de USD250 millones destinado a políticas de desarrollo para la mejora de la gobernanza de los recursos públicos y nutrición.

Asimismo fueron conocidas dos iniciativas de ley la 5443 y 5445, la primera de ellas que aprueba reformas al decreto 85-2005, y propone un incremento del techo económico del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor de Q500 millones a Q800 millones anuales,  la última reforma el Còdigo de Trabajo para aumentar los días de licencia de 2 a 10 en caso de paternidad, las referidas iniciativas pasaron a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Trabajo, respectivamente.

Por Karen Mendoza

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