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La Instancia de Jefes de Bloque y los miembros de Comisión Permanente escucharon este lunes a José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos (SIB), quien presentó un informe sobre la situación actual y desafíos del sistema bancario guatemalteco. Habló además de la necesidad de la aprobación de reformas al Decreto 19-2002, “Ley de Bancos y Grupos Financieros”.

El jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB) aseguró que a la fecha el país tiene un sistema solvente y estable, según las calificadoras en materia económica, sin embargo añadió que a  raíz de ciertas circunstancias políticas suscitadas en los últimos años, dichos entes internacionales han hecho recomendaciones en cuanto a la actualización de la legislación y trabajar en las homologaciones con normativas internacionales en materia de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

La iniciativa 5157 es  una normativa que proviene de la Junta Monetaria y fue presentada por el Organismo Ejecutivo en septiembre de 2016, con la  cual se establece la posibilidad de que los bancos incrementen sus capitales de acuerdo a estándares internacionales, además de identificar los grupos económicos, y ayudar a reducir el sobreendeudamiento de la población

La referida normativa se encuentra a la espera de ser aprobada por el Pleno del Congreso, en tercer debate, por artículos y redacción final, por lo que a consideración de Arévalo, con su implementación se autorizaría al Banco de Guatemala intervenir una institución bancaria para proteger el dinero de los depositantes, “lo que contribuiría a mantener las calificaciones internacionales a las que esta sujeta Guatemala”, puntualizó

En el debate los legisladores Rudy Castañeda y Fernando Linares Beltranena de Unión del Cambio Nacional y del Partido de Avanzada Nacional, respectivamente, coincidieron que la referida normativa  debe de estar sujeta a modificaciones ya que tal y como esta no es viable y podría ser objeto de inconstitucionalidades.

Otro de los puntos expuestos fue el referente al crecimiento económico en el cual el funcionario indicó que “Guatemala constituye el país con el crecimiento más grande de Centro América,  con un producto interno  bruto por encima de los 80 millardos de dólares, posicionando al país a la cabeza de la región en comparación con países como Costa Rica y Panamá que en los últimos años su economía ha crecido exponencialmente”, concluyó.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el parlamentario Carlos Barreda, se reunieron con Mario Méndez, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Carmen Abril, viceministra de finanzas; representantes de la Asociación Nacional del Café,  y pequeños caficultores,  para conocer los avances en el tema de la reactivación del fideicomiso cafetalero  Decreto 31-2001.

Ante la reciente erupción del volcán de fuego, los parlamentarios buscan que se reactive lo más pronto posible dicho fideicomiso, que se creó con el objetivo de apoyar a los caficultores con créditos al más bajo interés.

“Se dañaron aproximadamente 50 mil quintales de café en los departamentos de  Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, y hubo pérdidas de Q 100 millones en otro tipo de cultivos, por lo que buscamos que se agilice esta ayuda y también que se agende en tercera lectura la ley de agricultura familiar”, comentó el diputado Barreda.

El ministro Méndez expresó que el techo actual del fideicomiso es de Q 325 millones, y que en gran parte se utilizará en la restructuración de deuda de los agricultores de baja escala, por lo que será necesario una ampliación de Q 1 mil 500 millones para realmente rehabilitar la caficultura en Guatemala.

“Este crédito lo está tramitando ANACAFE con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 300 millones de dólares; préstamo que llegaría al Congreso para su aprobación”, indicó Méndez.

La próxima reunión entre todos los involucrados se pactó para el 18 de julio con el fin de conocer propuestas de modificación a la Ley del Fideicomiso y a su reglamento, y  fortalecer a este sector del país.

Por Rosemary Recinos

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El congresista Marvín Orellana, representante por Alta Verapaz, y de Alianza Ciudadana (AC), sostuvo una reunión de seguimiento con funcionarios y autoridades del Programa Nacional de Resarcimiento, Dirección Técnica del Presupuesto de Finanzas Públicas, Fondo de Tierras, Contraloría General de Cuentas, Copredeh, PDH y la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), para conocer el avance en el caso de las familias refugiadas en Yalcastan, Chiapas, México.

“En el transcurso de la sesión de trabajo el diputado Orellana lamentó el poco avance en la compra de una finca para las más de 600 familias que se encuentran refugiadas en Yalcastan, Chiapas, México. Además recordó que las instituciones que conforman el aparato gubernamental tienen una obligación y responsabilidad para atender a las personas que sufrieron persecución después del Conflicto Armado Interno en Guatemala”, mencionó el representante por Alta Verapaz.

Byron Paredes Tiul, defensor de Pueblos Indígenas de la PDH, dijo que en la institución que representa están analizado el caso. “Vemos la posibilidad de presentar y hacer una demanda al Estado de Guatemala por el incumplimiento de las responsabilidades que tienen las diferentes instituciones, ya han pasado varios años y no se les resuelve nada”.

Sebastián Torres, presidente del grupo de pobladores de Yalcastan explicó que a causa del conflicto armado interno se vieron obligados a salir de sus terrenos. “Ya ha pasado mucho tiempo de  espera, cinco años de gestión y no se nos ha cumplido nada, la población está desesperada y esperamos que no hayan conflicto entre las comunidades”, aseguró el dirigente.

Por José Castellanos

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La Comisión Específica que  analiza reformas a la iniciativa 5311, Ley de Aceptación de Cargos, entregaron a Guillermo Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial; Marlon Arnoldo López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados; y a Roselia Lima, integrante de la Asociación de Juezas de Guatemala; el proyecto de ley para que lo estudien y hagan sus aportes y recomendaciones correspondientes.

“Con esto concluimos la fase para el sector público, específicamente las organizaciones involucradas en el proceso penal”, comentó el diputado Manuel Conde presidente de la Comisión, quien señaló que posteriormente se  reunirán  con la sociedad civil para que nos hagan llegar sus opiniones.

“Reconocemos la importancia de legislar en esta materia y de añadir un título que pueda incluir un procedimiento de aceptación de cargos, por lo que  estamos realizando este proceso con toda la transparencia y receptividad posible”, dijo el parlamentario.

Por otro lado, la Jueza Lima resaltó que “el tema de los beneficios de la aceptación de cargos, es algo que se debe analizar detenidamente  ya que en la actualidad tenemos la  ley del Régimen Penitenciario, en donde se establece que un día después de cumplir la mitad de la pena  él recluso puede solicitar la libertad controlada”.

“Para nosotros es enriquecedor tener este intercambio con quienes aplican  la justicia, para que después de aprobada la ley, esta sea viable”, concluyó el parlamentario Conde.

La Comisión espera concluir su trabajo en la segunda quincena de julio para entregar el informe correspondiente a la presidencia de este Organismo.

Por Rosemary Recinos.

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En un acto especial que se celebró en el Salón del Pueblo del Congreso de la República, este jueves se oficializó la convocatoria de la primera Hackatón DataLegis 2018, que tiene como objeto generar la participación de la ciudadanía para que a través de un concurso  abierto se desarrolle la primera aplicación (App) para dispositivos móviles en un ente gubernamental.

“La idea de este evento es hacer un llamado a los emprendedores a que participen y se pueda agilizar la transformación digital y tecnológica del Organismo Legislativo, a través de una aplicación que permita facilitar la comunicación hacia la población, contribuyendo de esta manera a la política de transparencia y rendición de cuentas que se impulsa en el Congreso”, expresó el congresista Alvaro Arzú Escobar, presidente de Junta Directiva.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Campus Tecnológico (Tec), que es un concepto innovador en la Ciudad de Guatemala, que aglutina una serie de empresas y emprendedores expertos en tecnología, según lo expuso María Mercedes Zaghi, desarrolladora de negocios y comercializadora de tecnología.

“Vemos una oportunidad de proveer de una herramienta de fácil acceso, co-creada por guatemaltecos, para beneficio  no solo de los diputados y colaboradores de este organismo sino que para todo aquel que este interesado en la información que se genera aquí. Con esta contribución Guatemala se constituiría además como el pionero en contar con una aplicación en organismo del Estado”, aseguró Zaghi.

Dentro de la dinámica del concurso se tendrá cuatro etapas, el lanzamiento de la convocatoria, el registro, la sesión de dudas con mentores y el jurado final y premiación, con lo que se contará con un tiempo estimado de un mes.

El jurado  estará conformado por representantes del Congreso, de la distintas universidades del paìs, mentores y colaboradores expertos. La idea ganadora  tendrá como premio un contrato de mantenimiento de la aplicación por un periodo determinado.

Por Karen Mendoza

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El diputado Marcos Yax,  en conferencia de prensa, indicó que recientemente varios migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos le hicieron saber que poseen alrededor de 5 toneladas en  donaciones para los damnificados por la tragedia del Volcán de Fuego, el pasado 3 de junio. y solicita el apoyo de las autoridades correspondientes para facilitar el ingreso de la ayuda a territorio nacional.

A la actividad asistieron representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quienes indicaron que dicha institución está anuente a colaborar en el proceso de clasificación de las donaciones, así como la distribución de las mismas según las necesidades de los afectados.

A los migrantes que van a realizar el aporte les preocupa el hecho de que la próxima semana termina la vigencia  del estado de calamidad, y que los trámites para que la ayuda ingrese al país puedan tardar un tiempo considerable, por lo que solicitan que la medida sea extendida, de lo contrario deberán pagar una fuerte suma de dinero en concepto de impuestos.

Por Estuardo Cezeña

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Durante una reunión en la que participaron diputados de las Comisiones del Menor y la Familia y de Derechos Humanos;  Pablo García Saenz, viceministro de Relaciones Exteriores; Miriam Roquel Chávez, Procuradora  de Derechos Humanos en funciones; y representante de la PGN, se dieron a conocer una serie de acciones para la protección de las niñas, niños y adolecentes que han sido separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos de América.

Los funcionarios de Cancillería, Procuraduría de Derechos Humanos y  Procuraduría General de la Nación, presentaron un informe individual sobre las acciones que han ejecutado para atender los casos de menores y adolescentes que fueron separados de sus familias debido a la política migratoria “Tolerancia Cero”, que está afectando a la niñez guatemalteca.

“Lo que hoy pudimos comprobar es que las medidas gubernamentales de Guatemala son tibias y de poco alcance para la protección y seguridad de las niñas, niños y adolescentes. Creemos que debemos unir esfuerzos y lograr hacer algo positivo para los menores que migran a ese nación”, refirió el diputado Walter Félix, presidente de la sala de trabajo del Menor y la Familia.

La diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, se mostró insatisfecha con los informes presentados y exigió la elaboración de una política de prevención.

“Aquí hoy fue ratificado que no hay una política migratoria en el país en favor de los migrantes. No hay una política de prevención con planes, programas que sean efectivos a favor del migrante”, finalizó la representante.

Miriam Chávez, procuradora  de Derechos Humanos en funciones, dijo que han solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puedan ejecutar las medidas cautelares al sector de los menores afectados en las fronteras de Estado Unidos ya que “sí creemos que se han vulnerado y violado los Derechos Humanos de los menores y adolescentes”.

Los congresistas Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Fernando Linares, Partido de Avanzada Nacional; Mauro Guzmán, Unidad nacional de la Esperanza; y el diputado independiente Leonado Camey Curup, cuestionaron a los funcionarios citados por la falta de una política pública migratoria que favorezca y proteja a las niñas, niños y adolescentes de Guatemala y violado los Derechos Humanos de los menores y adolescentes”.

“La ministra Sandra Jovel, en su visita a las instalaciones de los consulados, indicó que  la mayoría de los 465 casos de menores se encuentra en proceso de reubicación con sus familias y esperan que sea lo antes posible”, informó García Saenz, vicetitular de Relaciones Exteriores. Indicó que el gobierno guatemalteco ha solicitado a las autoridades de los Estados Unidos el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El gobierno de Donald Trump, ha implementado en todo el territorio estadounidense la política migratoria “Tolerancia Cero” con la finalidad de detener y evitar la entrada ilegal de inmigrantes indocumentados al país.

Por José Castellanos

 

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El diputado Oscar Argueta, presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, se reunió con representantes del Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Energuate, Alcalde Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango, y pobladores de varias comunidades de ese municipio para conocer y buscar soluciones al problema de la suspensión de energía eléctrica en más de 15 comunidades del lugar.

Los representantes de la distribuidora de energía eléctrica, Energuate, indicaron que el corte del servicio en las comunidades de Coatepeque se dio como consecuencia de algunas instalaciones irregulares y falta de pagos, ya que solo el 10% de las personas que viven en los lugares afectados están solventes en la cancelación de sus facturas.

Los pobladores dijeron que es imposible que no se les provea de energía eléctrica, debido a que es un servicio de vital importancia para cubrir las necesidades en salud, educación y desarrollo en general, por lo que exigieron a la empresa distribuidora que haga los cortes de servicio a las personas que no pagan y no que sea una situación generalizada.

Antes de finalizar la reunión, el diputado Argueta expresó que es importante crear un diálogo que solucione el conflicto en definitiva y de una manera pronta, para evitar de esa manera que se sigan generando bloqueos en las carreteras. Asimismo solicitó a las partes puedan ceder por bien de las personas afectadas.

Por Estuardo Cezeña

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Diputados del Partido de Avanzada Nacional, coordinados por el parlamentario Eduardo Zachrisson, se reunieron con Francis Argueta, director General de Aeronáutica Civil, para conocer los avances  sobre el ordenamiento  del Aeropuerto Internacional la Aurora.

Dentro de los temas discutidos, los parlamentarios indagaron sobre la instalación de los bolardos, los cuales  fueron colocados en el  carril  destinado para dejar y recoger  pasajeros, lo que ha entorpecido en gran medida el flujo vehicular.

El funcionario Arqueta  indicó que esta disposición se tomó con base a una recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional, como una medida de prevención ante actos terroristas, pero dijo que los reubicarán en lugares más apropiados.

También se tocó el tema de las ventas ambulantes, y se comentó que ayer inició una mesa técnica en conjunto con la municipalidad de Guatemala para firmar un acuerdo interinstitucional y evitar este tipo de actividades en el aeropuerto.

“Se necesita  poner especial atención en colocar aire acondicionado en el lobby de la terminal aérea, así como instalar más  servicios sanitarios y  darle mantenimiento a los  elevadores y  gradas eléctricas, entre otros puntos, para brindar una mejor atención al turista nacional e internacional”, dijo el diputado Zachirsson.

Los parlamentarios acordaron visitar el aeropuerto próximamente para verificar la implementación de estas mejoras.

Por Rosemary Recinos

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