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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), visitaron comisarías y subestaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), para verificar las condiciones en que laboran los agentes, por lo cual citaron a Kamilo Rivera, viceministro de Gobernación, Erwin Juárez y Augusto Gómez, director y subdirector policial respectivamente, a quienes mostraron las condiciones deplorables en que laboran los agentes.

Los parlamentarios hicieron ver que, los servicios sanitarios se encuentran en mal estado, son de uso mixto, no tienen agua ni instalación eléctrica, algunas literas se están quebradas y las colchonetas rotas o podridas. “Algunos agentes nos indicaron que ellos mismos tienen que comprar artículos de limpieza y repuestos para  motocicletas” comentó la diputada Nineth Montenegro.  Resaltando que es indispensable dignificar la labor de las agentes atendiendo las necesidades básicas.

“Este no es un problema nuevo, tampoco se puede resolver en unos meses”, indicó el jefe de la PNC, quien agregó que solamente con una ampliación presupuestaria significativa podrían solventar la problemática.

El subdirector policial dijo que, ya se encuentran levanto eventos de licitación  para adquirir los insumos necesarios, entre ellos uniformes, armamento y otros enseres que mejoren el funcionamiento de la institución.

“Son miserables las condiciones en que encontramos estas comisarias, sin embargo redujeron Q195 millones de presupuesto a la academia, en lugar de fortalecerla” manifestó la diputada Montenegro.

La bancada solicitó también un informe sobre los últimos ascensos y destituciones de agentes. “Tenemos conocimiento que removieron 28 agentes y 19 fueron promovidos sin respetar los procesos legales, por lo que queremos verificar estos casos” coincidieron los legisladores Leonel Lira y Dorian Taracena con la Jefe de Bancada.

Por Rosemary Recinos.

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Durante una reunión de trabajo,  diputados de la Comisión de Asuntos Electorales, recibieron una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), por parte del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI).

Son 7  las propuestas presentadas por el Director de  CONADI, Sebastián  Toledo, acompañado por el  presidente de la Junta Directiva de esa institución,   José Yat, siendo estas:


  • Reforma al artículo 13, sobre los apoyos que se les deben brindar a las personas con discapacidad física, mentales, intelectuales o sensoriales, al momento de emitir el voto.

  • Reforma para el artículo 22, sobre la  inclusión de los ciudadanos con discapacidad, después de la participación de las mujeres y demás sectores.

  • Artículo 126. Agregar una literal, para desarrollar políticas que aseguren el derecho electoral y participación ciudadana de las personas con discapacidad.

  • Artículo 157, incluir llevar en el padrón electoral  un registro de los ciudadanos con discapacidad,

  • Artículo 228, de los materiales electorales, se determina que en  todas las juntas receptoras de votos, deberá contar  con dispositivos electorales para personas con discapacidad.

  • Artículo 245. Para la divulgación de resultados de las elecciones, se debe buscar los medios accesibles para las personas con deficiencia visual.

  • Artículo 245, en su primera parte busca cumplir con las convenciones de derechos de las personas con discapacidad, para regularizar los mensajes de información sobre el proceso electoral.

Estas propuestas fueron presentadas y entregadas físicamente a los diputados de la sala de trabajo, que es dirigida por el Diputado Luis Alfonso Pernilla, quien aseguro que al igual que otras propuestas serán analizadas por la comisión.

Karla Herrera

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Diputadas de distintas bancadas del Congreso de la República de Guatemala, acompañadas de organizaciones civiles, en conferencia de prensa condenaron y rechazaron la resolución 1749-2017 de Inconstitucionalidad General Parcial, que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC), respecto al artículo 6 de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008.

Dicho artículo establece que el agresor será sancionado con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años y que no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo y que además no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.

Sin embargo, con  esta disposición emitida por la CC, se permitiría la reducción de penas a quienes cometan estos delitos. “Rechazamos cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y cualquier tipo de agenda que retroceda los avances obtenidos en esta materia”, declaró la diputada independiente Alejandra Carrillo.

Por su parte, la parlamentaria Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva, expresó: “Hacemos un  llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos, para que vele por los derechos de las mujeres guatemaltecas. No podemos permitir más víctimas mortales por este tipo de violencia”.

La representante del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) Ana Victoria Maldonado, comentó que el hecho de reducir la pena puede llevar a que las agredidas dejen de presentar las denuncias por temor a represalias.

Las diputadas analizan la posibilidad de presentar una nueva iniciativa de ley que refuerce el espíritu de la normativa contra el femicidio y que pueda fortalecer a las instituciones públicas que luchan por sus derechos.

En la conferencia también participaron las diputadas Eva Monte Bac (Alianza Ciudadana) y Edna soto Juárez (TODOS).

Por Rosemary Recinos.

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En reunión con alcaldes y autoridades ancestrales del departamento de Baja Verapaz, la legisladora Marleni Matías de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), solicitó a autoridades de  la Dirección General  de Caminos y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), la reparación de tramos carreteros en ese departamento.

“Hicimos la solicitud concreta a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para que atiendan las demandas de los jefes ediles, quienes hacen un llamado a la restauración de los tramos carreteros entre los municipios de Santa Cruz el Chol, Rabinal, Granados, San Miguel Chicaj, Purulah y Salamá”, expresó la diputada Matías.

El alcalde de Salamá, Byron Mayen, presentó un mapa de la ruta  afectada, asegurando que los daños a la carretera también provocan serios problemas a quienes transitan de forma peatonal por el lugar, lo cual hace urgente la reparación de algunas rutas principales que sirven de unión entre los municipios de Baja Verapaz.

El director de Caminos Juan José Hanser, explicó que la empresa encargada del proyecto, previo a iniciar los trabajos de reparación del tramo carretero en cuestión, debe liquidar obras que tiene pendientes y al cumplir con estos requisitos podrá iniciar con la ejecución de los trabajos.

Finalmente, la diputada aseguró que dará seguimiento a los procesos hasta que se inicie el proyecto de reparación y se cumpla con la solicitud.

Por Karla Herrera.

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La diputada Edna Soto de la bancada TODOS, fiscalizó los avances en la construcción del Centro Integral Materno Infantil (CAIMI), del municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, el cual lleva una década paralizado debido a problemas administrativos.

Para tal efecto, se reunió con representantes de las instituciones que conforman la mesa técnica  interinstucional,  integrada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Fondo Social de Solidaridad (FSS), Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Alcalde de la localidad, quien expuso la necesidad que tiene la población de contar con un centro asistencial con estas características.

La  representante del departamento de Chimaltenango, lamentó la situación indicando que en la cabecera departamental existe un centro de salud donde se atienden emergencias y se brindan otros servicios, pero se encuentra muy lejano del municipio de San Martín Jilotepeque, lo cual dificulta el acceso a la salud de los habitantes.

“El proyecto es necesario para la localidad, es indignante que la empresa (Constroc) no cumpla con su obligación,  causando que muchas personas no cuenten con servicios de salud, mientras el centro en la actualidad es utilizado como albergue de animales debido al abandono en que se encuentra el edificio”, expresó la diputada Soto.

César Elías, subcontralor de Calidad del Gasto Público, explicó que existe una denuncia interpuesta por la institución desde el año 2013 y que buscan una salida para continuar con la obra sin que se pierda o se entorpezca el proceso legal en contra de la constructora. Además, se comprometió a remitir copia del dictamen de la auditoria de la CGC a la PGN, MSPAS y FSS, para que puedan continuar con la obra.

Manuel López, director del Fondo Social de Solidaridad, indicó: “Al contar con el dictamen técnico y la opinión jurídica de la PGN, podremos agilizar los procesos de construcción con el fin de concluir el CAIMI lo antes posible”.

El Alcalde de la localidad, Héctor Hernández, manifestó que la comuna cuenta con los recursos financieros para apoyar  la construcción de la obra que beneficiaría a miles de personas.

Por Byron Ramírez.

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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con el alcalde de San José Acatempa, Jutiapa, Walfred Castillo, a la actividad también asistieron  autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el objetivo es solicitar que se eleve de categoría el centro de salud local, convirtiéndolo en Centro de Atención Permanente (CAP).

Durante la reunión, el jefe edil manifestó su compromiso con la población a través de un proyecto que consiste en la construcción de un área exclusiva para la atención de partos, además la implementación de incubadoras para niños prematuros, por medio de una donación.

“Lo que necesitamos es que las autoridades del Ministerio de Salud Pública nos apoyen en elevar de categoría al centro de salud de la localidad, con el fin de prestar mejor atención a la ciudadanía más necesitada”, expresó el Alcalde Castillo.

Los congresistas, encabezados por el jefe de la bancada UCN, Rudy Castañeda, realizaron la intermediación entre el jefe edil y el viceministro de Atención Primaria en Salud, Julio García Colindres, quien manifestó su compromiso en colaborar con llevar a cabo las acciones necesarias para dar una respuesta a la brevedad posible.

“Las enfermedades no avisan, por eso solicitamos agilizar los procedimientos para elevar a CAP el centro de salud, aprovechando que el Alcalde tiene disponibilidad financiera” comentó el diputado Julio Lainfiesta.

En la reunión estuvieron presentes el diputado Napoleón Rojas y el secretario general del partido UCN, Mario Estrada.

Por José Castellanos.

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Los diputados Leocadio Juracán de Convergencia y José de la Cruz del Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación), se reunieron con representantes del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), con el objeto de analizar nuevamente la iniciativa 4981, Convenio sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos.

El convenio se encuentra contenido en el artículo 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en Ginebra, Suiza, el cual no ha sido ratificado en nuestro país.

Los parlamentarios indicaron que cada día aumenta la cantidad de personas que trabajan en las labores domésticas y que no cuentan con prestaciones apegadas a las leyes vigentes del país, siendo este uno de los temas principales abordados en el convenio de la OIT.

Juracán  explicó que, en los próximos días solicitarán una revisión técnica de la iniciativa, con el fin de que se retome su discusión en el pleno del Congreso. “Esta nueva normativa podría beneficiar a más de 200 mil guatemaltecos, especialmente mujeres que trabajan en este y en otros oficios domésticos”,  concluyó.

Según la encuesta nacional de empleo e ingresos del año 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas que trabajan en labores domesticas registran ingresos entre Q600 a Q800 mensuales, estando muy por debajo del salario mínimo y no cuentan con prestaciones. “Con estos niveles de ingresos es necesario analizar y revisar las condiciones laborales de este sector de la población, lo antes posible”, concluyó el diputado Juracán.

Por Wendy Sandoval.

 

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezados por el congresista Orlando Blanco, se reunieron este martes con gobernadores de distintos departamentos del país a quienes cuestionaron sobre la baja ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

A la fecha según información del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), los Codedes registran un gasto del 4.11 por ciento a nivel nacional. Para el 2018 cerca de mil 900 proyectos y un saldo de caja de por lo menos Q500 millones, que están a la espera de ser derogados por las comunas.

En la reunión los diputados interrogaron a los gobernadores sobre el presupuesto que tienen las comunas, para el desarrollo de diversos proyectos comunitarios, la formulación de los expedientes, la ejecución de recursos en el primer semestre, y saldos en caja, entre otros.

Los representantes de los gobiernos locales coincidieron en que el atraso en la ejecución del recurso económico se debe a varios factores, entre ellos la documentación incompleta en los expedientes y la certeza jurídica de los terrenos.

Manuel Cordón, gobernador de Zacapa aseguró que esto sucede debido a las modificaciones en la entrega de los expedientes. “Hasta el momento hubo cuatro ampliaciones en el tema, lo que originó  que los jefes ediles se retrasaran en completar la papelería, por lo que no han ejecutado los techos presupuestarios destinados para el desarrollo de las comunidades”.

Los gobernadores denunciaron que la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), ha separado de su cargo a trabajadores operativos de los Consejos, sin notificar a los gobernadores.

En su defensa José  Alejandro Pérez, subsecretario de la SCEP, afirmó que dichas decisiones han sido tomadas luego de una evaluación de desempeño a la que son sujetos todos los trabajadores del Estado.

Los legisladores acordaron solicitar una certificación de los saldos de caja al Ministerio Finanzas y a la SCEP las evaluaciones de los empleados destituidos. “Nos llama la atención los criterios utilizados para el despido del personal y peor aún cuando no han tomado en cuenta la opinión de los gobernadores”, enfatizó el representante por el distrito de Totonicapán, diputado Armando Chun Chanchavac.

Por Karen Mendoza.

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El legislador Fernando Linares Beltranena del PAN, presentó el proyecto de iniciativa de ley denominado “robo de fluidos”, con el que pretende reformar el Código Penal y la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de evitar robo de fluidos, como energía eléctrica y agua potable.

El diputado explicó que, la normativa evitaría que cualquier persona realice instalaciones ilegales de servicios públicos considerados como “fluidos”, entre los que mencionó la energía eléctrica, el agua potable, el gas e incluso las aguas de ríos y lagos, entre otros.

El proyecto de ley propone fortalecer y dotar a las instituciones encargadas de impartir justicia de las herramientas necesarias para su aplicación, ampliando las penas de delitos relacionados al mismo, la iniciativa está dirigida a personas individuales y estructuras criminales que cometan estos ilícitos.

“Buscamos beneficiar a la población que paga sus servicios y que en ocasiones se ven afectados por los cortes generales que realizan las empresas distribuidoras”, enfatizó el diputado Linares, al presentar la iniciativa en Dirección Legislativa del Congreso.

Entre las reformas se contemplan multas de Q 1 mil a 5 mil y penas de prisión de 3 a 12 años, además establece la diferencia entre el hurto y el robo, “Son dos delitos que poseen características diferentes y para cada uno de ellos se establece una sanción o pena, según corresponda”, concluyó el legislador.

Por Estuardo Zeceña.

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