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Los diputados de la Comisión de Deportes del Congreso, que preside la diputada, Flor de María Chajón (FCN-Nación), e integrantes de la mesa técnica, que tienen a su cargo analizar las reformas al Decreto 76-97, Ley Nacional de la Cultura Física y del Deporte, se reunieron con el fin de avanzar en la discusión de dicha   normativa.

El legislador Ranferí Montúfar (Encuentro por Guatemala), secretario de la Comisión, fue el encargado de coordinar la reunión, con el objetivo de recibir las diferentes propuestas para definir la ruta de trabajo que establecerán durante el proceso de aprobación de la iniciativa de ley en mención.

Durante la sesión participaron  representantes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Federaciones y Asociaciones Deportivas, Comisionado Presidencial del Deporte y Dirección General de Educación Física (DIGEF), entre otros.

Ana Mercedes Archila, representante de la DIGEF, solicitó que la iniciativa de ley  contenga los preceptos necesarios para el desarrollo deportivo de toda la población escolar del país.

En el desarrollo de la discusión Noé Hinestroza, delegado del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), lamentó que ese sector de la sociedad este relegado, por lo que considera necesario que sea tomado en cuenta en las reformas que se están discutiendo.

Elder Suchité Vargas, Comisionado Presidencial del Deporte, la Educación Física y la Recreación; y Julio Martínez de la CDAG, coincidieron  en que el debate ha sido enriquecedor por lo que es necesario cambiar la metodología del análisis del articulado. “De esta forma podremos agilizar su aprobación”, dijo Suchité Vargas.

El diputado Montúfar al concluir la reunión informó que realizarán nuevas citaciones para continuar con el análisis correspondiente. “La idea de este ejercicio es poder recibir los aportes de las diferente instituciones con el fin de obtener una normativa ampliamente discutida”.

Por José Castellanos.

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La Comisión de Transparencia y Probidad que preside el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, conoció una serie de denuncias sobre contaminación ambiental en cuencas de ríos y en el lago de Izabal, por lo que sostuvo una reunión con los viceministros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), alcaldes y pobladores de diferentes  municipios afectados.

Durante la reunión, el congresista discutió temas relacionados a la extracción de arena y  estudios de impacto ambiental para el manejo sustentable de las cuencas de ríos y del lago de Izabal.

Pobladores de los municipios de Chinautla y Chuarrancho, del departamento de Guatemala,  explicaron que han observado que algunas empresas se dedican a extraer arena de los ríos del sector, lo cual genera socavamiento de tierra, además causan daño a puentes, viviendas y terrenos del lugar.

Sobre el tema, el viceministro del MARN, Magner Estrada, indicó que no tienen registro de ninguna empresa que tenga autorización para efectuar esas tareas y ofreció iniciar esta semana las inspecciones correspondientes. “De ser necesario, realizaremos las denuncias penales respectivas”, aseveró.

El presidente de la sala dijo que cuenta con documentos que evidencian la existencia de licencias mineras para la extracción de arena, que han sido autorizadas por el MARN.  El diputado también explicó que han recibido múltiples denuncias sobre anomalías en esos proyectos. “Muchas veces los proyectos no cuentan con los estudios de impacto ambiental, lo que representa faltas a la ley, por lo que no descartamos presentar las  denuncias respectivas” expresó.

Maritza Aguirre directora de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal, denunció la existencia  de dos empresas que se dedican a la crianza de peces. “Ellos introducen jaulas dentro del lago y esto genera una seria contaminación en el mismo”.

“Varias municipalidades se han opuesto a la instalación de jaulas usadas como criadero, que han sido instaladas en  las aguas de Río Dulce y el lago de Izabal”, indicó el diputado Mynor Cappa, representante del departamento de Izabal.

El legislador Cappa ofreció dar seguimiento a las denuncias y enfatizó que analizarán los criterios utilizados por las empresas para realizar la crianza de peces, que a su criterio no es legal.

Por Fernando Bolaños

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En una reunión realizada por representantes de la bancada Visión con Valores (VIVA), El diputado Aníbal Rojas, converso con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a quienes cuestionó sobre licitaciones y adjudicación de obras realizadas a través del Estado de Calamidad Pública, luego de la erupción del Volcán de Fuego.

El legislador solicito las explicaciones pertinentes al titular del CIV, José Luis Benito, sobre denuncias de posible sobrevaloración en adjudicación y compras de proyectos, “Recibimos denuncias de pobladores sobre el mal  manejo de los recursos económicos provenientes del Estado de Calamidad y sobre todo en adjudicación de proyectos que realiza el Ministerio de Comunicaciones”,  indicó el congresista.

El titular del CIV detalló las obras contempladas dentro del Estado de Calamidad, que van desde reconstrucción de cinco kilómetros de carreteras, reposición de 12 kilómetros de cinta asfáltica, construcción de 13 rotondas y tres puentes. “Estos proyectos podrían tomar hasta 18 meses para su ejecución”, argumentó el funcionario.

El congresista solicitó información por escrito para cotejarla con las denuncias recibidas,  “De esta forma comprobaremos si los contratos de adjudicación están apegados a la Ley, de lo contrario efectuaremos las denuncias del caso”, concluyó.

Axel Figueroa, gobernador de Chimaltenango, aprovechó la oportunidad para solicitar la intervención de las autoridades del CIV, para que realicen los trabajos en tramos carreteros de seis comunidades de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, que se encuentran incomunicadas debido a los daños provocados por la erupción volcánica del mes pasado.

En una segunda reunión el congresista Rojas, citó a Felipe Orellana, viceministro de Agricultura Ganadería y Alimentación, y a representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo del municipio de la Tinta, Alta Verapaz, con el objetivo de conocer el motivo del atraso en el programa que entrega subvención de insumos agropecuarios de los años 2017 y 2018.

Orellana indicó que no existen recursos para entregar los insumos de forma inmediata, pero que los municipios de ese departamento están priorizados dentro de la agenda que manejan, a lo cual el legislador se comprometió a dar seguimiento a las peticiones de los pobladores, sobre ese tema.

Por José Castellanos.

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El presidente del Congreso de la República Alvaro Arzú Escobar, e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Ronald Arango, recibieron el informe detallado de la investigación realizada en torno al fallecimiento del doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal, quien se suicidó en el centro de detención Mariscal Zavala, donde guardaba prisión preventiva por su presunta participación en el caso IGSS-Pisa.

En la reunión donde asistieron, Carlos Solórzano, de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o Degradantes, Juvel de León, director del Sistema Penitenciario (SP), Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos y Fanuel García Morales, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se conoció el informe sobre el deceso del profesional de la medicina.

En su informe, el director de Inacif indicó que Oliva, presentaba antecedentes de suicidio y se encontraba bajo medicamentos considerando que la negación de medida sustitutiva podría haber agravado su estado depresivo.

A la reunión asistió el Presidente del Legislativo y parlamentarios de diferentes bancadas que expusieron a las autoridades han observado varios casos en los que consideran como anómalo el abuso de la prisión preventiva, las medidas dilatorias y falta de atención médica a privados de libertad que tienen enfermedades crónicas o terminales, causas que consideran haber influido posiblemente, en el suicidio del detenido.

El director de la Oficina Contra la Tortura, Carlos Solórzano, señaló que han detectado dos casos donde los reclusos cumplieron 18 años en prisión preventiva, violentando los derechos humanos de estas personas.

Ronald Arango, aseguró que dicha comisión presentará una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Penitenciario,  la cual indique que los privados de libertad que padezcan enfermedades crónicas avanzadas o terminales, puedan  guardar prisión domiciliar con el fin de que sean atendidos de forma digna, a su vez realizarán un análisis al Código Procesal Penal, con el objeto de establecer las medidas necesarias donde no se abuse de la prisión preventiva o de las acciones legales que retrasan los procesos penales.

Wendy Sandoval.

 

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Los diputados José Arturo Martínez Dell, Juan Ramón Lau y Ronald Arango, de la bancada TODOS, cuestionaron al directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), acerca de la existencia de la Gerencia de Investigación Fiscal, la cual fue creada en 2016 a través del acuerdo 014-2016, de dicha institución, pero no fue publicado.

Los diputados refutaron la disposición legal porque esta no fue publicada en el Diario Oficial. Los congresistas solicitaron un informe detallado de las atribuciones de la nueva gerencia y una explicación de los motivos por los que no se publicó oportunamente.

Para los legisladores, el haber creado la nueva gerencia sin efectuar la publicación correspondiente, podría provocar que se generen cuerpos paralelos al Ministerio Público, que realicen investigaciones que no le competen.

Según Abel Cruz, Superintendente de la SAT, la publicación del acuerdo se hizo en su momento por medio del sitio Web institucional, además indicó que desconocía que se debía realizar en el Diario de Centroamérica.

El Superintendente, argumentó que la Gerencia de Investigación tiene dentro de sus atribuciones principales combatir la evasión fiscal, resguardar de forma confidencial la información bancaria de los contribuyentes, para alcanzar una recaudación de impuestos óptima.

Los congresistas solicitaron al Directorio de SAT que el acuerdo sea publicado lo más pronto posible en el Diario Oficial, para que la población guatemalteca esté informada acerca de la Gerencia creada y que, de sospechar alguna anomalía, se investigue por dicha dependencia.

Los funcionarios citados se comprometieron a realizar los trámites correspondientes y de esa manera cumplir con el marco legal establecido.

Por Estuardo Zeceña.

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La instancia de Jefes de Bloque e integrantes de Comisión Permanente del Congreso, escucharon este miércoles los informes en cuanto al uso de recursos económicos, avances y asuntos pendientes, presentados por  autoridades de las distintas instituciones involucradas en dar respuesta inmediata a la población afectada por la erupción del Volcán de Fuego, suscitada el 3 de junio.

A la reunión acudieron funcionarios del Ministerio de Comunicaciones (CIV), Finanzas Públicas (Minfin), Desarrollo Social (Mides), Defensa Nacional (Mindef), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), representantes de bomberos Municipales y Voluntarios, Gobernadores y Alcaldes Municipales de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, quienes solicitaron la ratificación del Decreto Gubernativo 2-2018, que amplia por 30 días más el Estado de Calamidad Pública en estas localidades.

Los diputados cuestionaron a los funcionarios acerca de la forma en que se han invertido los recursos para atender la emergencia, señalando que han recibido una serie de denuncias,  entre ellas, que los  víveres no están llegando a las familias necesitadas. “Nos llama la atención que han licitado cantidades enormes de alimentos, cuando tenemos conocimiento de que en los centros de acopio los productos no perecederos han sido donados por la población”, lamentó el congresista Amílcar Pop, del bloque Winaq.

El Ministro Carlos Velásquez (Mides) indicó: “Si bien a la fecha tenemos abastecimiento de alimentos en los diferentes albergues a cargo del Ministerio, se necesita comprar más provisiones para atender a casi 900 familias que se atienden en los albergues”.  Por lo que se ha previsto la compra de 400 mil raciones de alimentos, que serán servidas en los tres tiempos, a partir del 10 de julio”.

En relación al uso transparente de los recursos económicos designados, el titular del Minfin, Julio Héctor Estrada aseguró que han trabajado en el ordenamiento del gasto público a través de la elaboración de una plataforma en el sitio web de la cartera, la cual aglutina  las asignaciones de cada Ministerio, eventos de cotización y adjudicaciones; todas encaminadas a atender la emergencia.

“A la fecha, de los Q386 millones que se tienen como techo presupuestario, han  ejecutado alrededor de Q1 millón, dejando el saldo de  Q21 millones que ya están comprometidos. Hay 465 eventos en Guatecompras, de los cuales 364  han sido adjudicados, todos estos datos están a la vista de los guatemaltecos, como parte de la política de rendición de cuentas y transparencia que impulsa el Gobierno del presidente Morales”, dijo Estrada.

Por aparte, distintos gobernadores, jefes ediles y representantes de los cuerpos de socorro,  agradecieron el aporte aprobado por el Congreso de la República para atender la emergencia;  sin embargo, señalaron  la necesidad de la ampliación del Estado de Calamidad pues consideran que aún existen muchos trabajos por concluir, como la construcción de puentes, habilitación de tramos carreteros y construcción de viviendas, entre otros.

La ampliación del Estado de Calamidad decretada por el Organismo Ejecutivo, en Consejo de Ministros, el lunes 2 de julio, será conocida este jueves en la sesión plenaria convocada para el efecto. Dicha ampliación, deberá de ser aprobada por las dos terceras partes de legisladores que integran el Pleno del Congreso.

Calamidad Pública

El Estado de Calamidad decretado por el Gobierno Central  que consta de 13 artículos, tiene como objetivo mitigar, restablecer la infraestructura, servicios esenciales y  evitar mayores consecuencias, en el marco de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  dicha entidad ha sido  la encargada de intervenir en el  traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro de zonas declaradas como de “Alto Riesgo”.

De acuerdo al artículo 14 de la Ley del Orden Público, “El Estado de Calamidad Pública podrá ser decretado por el Ejecutivo, para evitar en lo posible, los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”. Este mecanismo se decretó en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y en otros lugares aledaños que Conred ha considerado de alto riesgo.

Por Karen Mendoza.

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La Comisión de Integración Regional del Congreso de la República, presidida por la diputada Lucrecia Samayoa sostuvo una reunión de trabajo con el objetivo de dar seguimiento al proceso de descentralización de la apostilla  y legalización de firmas de los registradores civiles del Registro Nacional de las Personas (RENAP).

La diputada Samayoa explicó que el objetivo es  facilitar el traslado de menores de edad del territorio nacional a países vecinos, sin que los padres tengan  que viajar a la ciudad capital para cumplir con los requisitos migratorios vigentes, ya que en los departamentos no cuentan con esos servicios.

A la reunión asistieron Enrique Aceituno, director Ejecutivo de RENAP, la representante del Congreso de la República ante el directorio del RENAP, Elvia Álvarez y representantes de la Vicecancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes se refirieron a los resultados de un plan piloto a través del cual se implementaron las medidas de descentralización cuestionadas durante la citación.

No obstante, se evidenció que durante las jornadas de trabajo realizadas por el RENAP en los Departamentos de Huehuetenango y Quetzaltenango hubo una significativa afluencia de personas, pero dichas jornadas carecieron de la socialización debida, a efecto de maximizar su resultado.

Tras la presentación de un dictamen negativo emitido por la asesoría jurídica del RENAP, que sugería mantener la restricción de delegar la firma del registrador central de la institución; tanto los representantes del RENAP, como del Ministerio de Relaciones Exteriores, estudiarán los elementos necesarios para presentar una nueva propuesta ante la sala de trabajo legislativa, para agilizar el trámite, descentralizarlo y hacerlo menos oneroso para los usuarios.

En la actualidad, se estima que para los usuarios esta gestión representa un gasto elevado, ya que oscila entre Q800  a Q2 mil,  porque deben viajar a la capital y permanecer de 2 a 3 días, lo que se reduciría significativamente de concluirse el proceso.

Por Rodrigo Arias.

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Diputados que integran la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por Carlos Barreda, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), realizaron la tercera reunión de audiencias públicas, donde analizan la iniciativa 5431, ley general de infraestructura Vial.

Esta vez, acudieron representantes del Sindicato de la Dirección General de Caminos, las Cámaras del Agro, de la Construcción y de Finanzas, la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM), la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativista (Confecoop) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), quienes dieron a conocer su punto de vista sobre el  proyecto de ley.

El diputado Barreda, indicó que la importancia de estas audiencias radica en conocer cada una de las posturas que las organizaciones tienen sobre el contenido del proyecto de ley. “Esperamos obtener herramientas que nos ayuden a mejorar el contenido de esta nueva normativa” afirmó.

Durante la reunión los congresistas explicaron que la iniciativa  pretende normar el correcto desarrollo, planificación, financiamiento,  contratación, construcción y mantenimiento de la red vial del país, entre otros aspectos. Además pretende brindar garantías de pago a los inversionistas, con el fin de evitar  que  las deudas obstaculicen la ejecución de obras.

La iniciativa de ley propone la creación de la Superintendencia Vial (Sivial), que será la encargada de supervisar las ejecuciones de proyectos de reparación y construcción de carreteras.

Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif, aseguró que están en la disposición de apoyar la iniciativa, con el fin de atender las necesidades que el país tiene en materia de infraestructura.

Al concluir la fase de audiencias públicas, los diputados de la Comisión de Economía solicitarán a la Comisión de Comunicaciones del Congreso, que analicen conjuntamente las propuestas presentadas, previo a emitir un  dictamen.

Por Karla Herrera.

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), visitaron comisarías y subestaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), para verificar las condiciones en que laboran los agentes, por lo cual citaron a Kamilo Rivera, viceministro de Gobernación, Erwin Juárez y Augusto Gómez, director y subdirector policial respectivamente, a quienes mostraron las condiciones deplorables en que laboran los agentes.

Los parlamentarios hicieron ver que, los servicios sanitarios se encuentran en mal estado, son de uso mixto, no tienen agua ni instalación eléctrica, algunas literas se están quebradas y las colchonetas rotas o podridas. “Algunos agentes nos indicaron que ellos mismos tienen que comprar artículos de limpieza y repuestos para  motocicletas” comentó la diputada Nineth Montenegro.  Resaltando que es indispensable dignificar la labor de las agentes atendiendo las necesidades básicas.

“Este no es un problema nuevo, tampoco se puede resolver en unos meses”, indicó el jefe de la PNC, quien agregó que solamente con una ampliación presupuestaria significativa podrían solventar la problemática.

El subdirector policial dijo que, ya se encuentran levanto eventos de licitación  para adquirir los insumos necesarios, entre ellos uniformes, armamento y otros enseres que mejoren el funcionamiento de la institución.

“Son miserables las condiciones en que encontramos estas comisarias, sin embargo redujeron Q195 millones de presupuesto a la academia, en lugar de fortalecerla” manifestó la diputada Montenegro.

La bancada solicitó también un informe sobre los últimos ascensos y destituciones de agentes. “Tenemos conocimiento que removieron 28 agentes y 19 fueron promovidos sin respetar los procesos legales, por lo que queremos verificar estos casos” coincidieron los legisladores Leonel Lira y Dorian Taracena con la Jefe de Bancada.

Por Rosemary Recinos.

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