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El  presidente  de  la  Comisión Legislativa  de  Probidad,  congresista  Amílcar  Pop,  firmó con  representantes de la Comisión  Ciudadana  por  la  Transparencia  de  Sacatepéquez, el segundo  Convenio  de  Apoyo  a  la Fiscalización  y  Auditoria  Social  en el uso de los recursos del Estado, en  el departamento y formación ciudadana sobre el derecho de todos los guatemaltecos al acceso a la información pública.

El primer Convenio fue firmado en diciembre del 2012, tras la conformación de la  Comisión  Ciudadana   por  la  Transparencia  de  Sacatepéquez,  integrada por  un  grupo  de  vecinos  de  los  municipios  de  Sacatepéquez   a  causa  de  las  anomalías  de  corrupción  y  la  detención  del  Alcalde  de  la  Antigua  Guatemala, Adolfo Vivar.   

“Hoy  estamos  dándole  continuidad  a  una  labor  iniciada  el  año  pasado,  la cual vamos a continuar a través de la conformación de comisiones ciudadanas por  la  transparencia, daremos acompañamiento  a  los  ciudadanos  en la realización de las  denuncias  de  actos  de  corrupción, por medio de auditorías  sociales  ejercidas  por  los  grupos  de  vecinos”, indicó el Presidente de la Instancia Parlamentaria,   diputado  Amílcar  Pop.

Suzanne   Brichaux,  coordinadora  de  la  Comisión  Ciudadana, por su parte mencionó: “Hemos  estado  realizando  las auditorias  sociales  en  el  departamento  de  Sacatepéquez, con el apoyo del  diputado  Amílcar  Pop, con  la  idea  de contrarrestar  la  corrupción  en  la  gestión  pública,   la  administración  de  los  alcaldes  y  las  corporaciones  municipales,  ya  que  persiste  la   desconfianza  en  la  población”.   

La Comisión Ciudadana por la Transparencia de Sacatepéquez, tiene como objetivos, coadyuvar  en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la lucha contra la corrupción en la administración pública, y propiciar la participación  ciudadana en estos ejercicios de transparencia  y fiscalización al Estado.

 

Por José Castellanos.

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Diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada –LIDER-, solicitan  la suspensión temporal  del Plan de Expansión de Transmisión,  que ejecuta  la Empresa de Transporte de Energía de Centroamérica,  debido a supuestas anomalías en la licencia otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con el diputado Nery Rodas del bloque legislativo, se hace necesario interrumpir el proyecto de construcción de la líneas de transmisión que ejecuta dicha empresa, hasta que se determine si previó a otorgar la licencia se aprobó el estudio de impacto ambiental correspondiente.

La solicitud para que se suspendan los trabajos se hizo, en una reunión en la que participaron autoridades del Ministerio de Ambiente,  Procuraduría de Derechos  Humanos, Contraloría General de Cuentas y  pobladores  de la Cienága, San Raymundo,  quienes manifestaron su rechazo por la instalación de la sub estación eléctrica “Guate  Oeste” que forma parte del proyecto Plan de Expansión de Transporte 2008- 2018 lote A,  pues aseguran que esta planta puede generar enfermedades.

“Lo que buscamos es que se suspenda la construcción hasta que exista un acercamiento con la población y se determine que se cumplió con los requisitos establecidos, entre ellos el estudio de impacto ambiental, pero al parecer, obviaron este proceso, lo cual es preocupante”, explicó el diputado Rodas.

Por su parte la Diputada Delia Back, aseguró que  darán seguimiento al caso para no se afecte a los pobladores de  las comunidades que han expresado su rechazo a la instalación de la empresa.

El   Plan de Expansión de Transporte a cargo de la empresa Trecsa,  incluye 853 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad para, los que se ha negociado el 60 por ciento de servidumbres de paso.

Por Karla Herrera.

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Diputados  del  Bloque  Independiente  TODOS,  citaron  al Vicepresidente  del  Banco  de  Guatemala y  Junta  Monetaria,  Julio  Roberto  Suárez,  a fin de conocer  detalles  de  los criterios que tomaron en consideración  para  dictaminar de manera  favorable  la emisión  y  colocación de Bonos del Tesoro por   3  Mil  500  Millones  de  quetzales, destinados en un porcentaje para saldar el pago a los contratistas que se tiene pendiente de años anteriores.

Los  parlamentarios  indagaron  al  funcionario  de  la  banca central,   sobre  los  riesgos  y  el  peligro  que conllevaría  a  la  economía  de  los  guatemaltecos,  si el Congreso de la República, aprobara  el endeudamiento a través de  la colocación de bonos en el mercado nacional e internacional, por  lo  que darán seguimiento al tema, por medio de una  comisión especial  que conformaran con  el  acompañamiento  de  la  Contralora  General  de  Cuentas,  Nora  Segura.

El Vicepresidente  de  la  Junta  Monetaria,  Julio  Suárez, ante las inquietudes de los legisladores, detalló la importancia que según ellos tiene la emisión, negociación y colocación  de los Bonos del Tesoro, y les dio a conocer el  dictamen preparado por el cuerpo técnico que entre otras cosas advierte que de aprobarse los bonos y préstamos sería necesario que se hagan los ajustes presupuestarios correspondientes de manera que el déficit fiscal no sobre pase el 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto para el presente año y el 2014.

Al concluir la citación, el jefe del bloque legislativo, Jorge Mario Barrios Falla, dio a conocer que aún quedan dudas por resolver, sobre el tema,  por lo que continuarán analizando  la viabilidad de su aprobación.

Por José Castellanos.

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Bajo la coordinación de  la Bancada Encuentro por Guatemala, se llevo a cabo el Foro: “Viabilidad e importancia de las Reformas a la Ley de Comisiones de Postulación Decreto 19-2009”, en el que participaron los Decanos de las Facultades de Derecho de las diferentes universidades del país,  así como representantes de la sociedad civil.

El objetivo explicó la Congresista  Nineth Montenegro, es avanzar en el análisis de las reformas a la normativa,  tomando en cuenta la importancia que tiene  la elección de las personas para ocupar cargos públicos. Algunas de estas elecciones muy próximas como lo es el caso de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral.

“Exhortamos a las Comisiones Legislativas involucradas para que antes que culmine  el mes de julio puedan  tener un dictamen favorable, o bien  que  se pudiera obviar el dictamen y se aprobara por lecturas ordinarias y en la tercera lectura,  incluir las enmiendas que  propongan las diferentes mesas de trabajo”,  dijo la diputada Montenegro.

Las reformas planteadas establecen  por ejemplo: que exista límite de los gastos de campaña de las elecciones,  tablas de gradación y su reconocida honorabilidad,  la prohibición de nombrar decanos extraordinarios, y ampliar el plazo para la instalación de las Comisiones de Postulaciones para que los integrantes  puedan analizar a profundidad cada uno de los expedientes, explicó el diputado Leonel Lira.

Los diputados acordaron que esperarán los resultados de las mesas de trabajo que realiza la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales  sobre el mismo tema y a partir de ello decidirán si es necesario continuar con los foros.

Por Mayra Recinos.

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El  diputado  Amílcar  Pop de la bancada Winaq,  en  Audiencia  Pública  ratificó  ante  los  integrantes  de  la  Comisión  Pesquisidora,   la  denuncia  por medio de la cual  solicita el  antejuicio  en  contra  de  la  Ministra  de  Educación,  Cynthia  del  Águila,  por  haber  violado  el  artículo  38  de  la  Ley  General  del  Presupuesto,  que  obliga  a  presentar  informes  financieros  a  los  presidentes  de  las   Comisiones  de  Probidad,  Nacional  por  la  Transparencia  y  de  Finanzas  Públicas,  del  Congreso  de  la  República.    

Al  ratificar  la  denuncia  el  congresista  Pop,  mencionó  que  los  posibles  delitos en los   que  incurrió  la  funcionaria  del  Mineduc  son:   Abuso  de  Autoridad  e  Incumplimiento  de  Deberes   por  no  acatar  la  norma  presupuestaria.

“Esta  denuncia  la  inicie  el  año  pasado  cuando  fungí  como  presidente  de  la  Comisión  Extraordinaria  Nacional  por  la  Transparencia, a la cual  hoy  estoy  dando  seguimiento,  porque  creo  que  es  necesario  sentar  un  precedente  por  eso  solicito  que  se  declare   con  lugar  el  antejuicio  a  la  Ministra  de  Educación”,   manifestó  el  parlamentario  Amílcar  Pop,  presidente  de  la  Comisión  de  Probidad.

El  Secretario  de  la  Comisión  Pesquisidora,  diputado  Manuel  Barquín,  indico: “Esta audiencia pública  en la cual recibimos la ratificación de la denuncia es parte del procedimiento que la Ley  establece,  el  paso  siguiente  será  el  próximo  jueves en donde escucharemos y recibiremos a la  Ministra de Educación, Cynthia del Águila, quien nos presentará  pruebas de descargo ante la denuncia planteada, después  elaboraremos  un  informe  que se entregará al  Presidente del Organismo  Legislativo  para  que  sea  remitido  a  la Instancia de Jefes de Bloque, y a su vez sea trasladado al Pleno Legislativo en donde se decidirá  si  se declara con  lugar o no  el  antejuicio”.

Por José Castellanos.

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Diputados del bloque legislativo  TODOS, se reunieron con el  Viceministro Administrativo y Financiero,  Víctor Mejía y la Viceministra de Protección  Social, Michelle Martínez, ambos  del Ministerio de  Desarrollo Social, con el objetivo de aclarar  diferentes  denuncias  de irregularidades  en la ejecución  de los Programas Sociales a su cargo.

En  la reunión participaron  beneficiarios del programa Bolsa Segura de distintas zonas de la ciudad capital, quienes  manifestaron que existe politización  en la selección y distribución   de dicho programa, que consiste en  brindar una bolsa de alimentos a familias vulnerables  en  situación de pobreza. También señalaron extorsiones,  malos tratos por parte del personal de la cartera de desarrollo y productos sin control de calidad.

“El tema que también nos  preocupa, son las  compras fraccionadas  de los productos para los Comedores y Bolsa Segura, con lo cual evitan los procesos de licitación, evadiendo la libre competencia”,  señaló el diputado Jorge García Silva.

Al respecto el Viceministro Mejía declaró, que no          existe ninguna    empresa que pueda abastecer todos los Comedores Seguros, por lo que  se realiza  una licitación por comedor  y,   la Junta calificadora y de  Licitación, es la encargada  de   verificar  las propiedades  de los productos para otorgar a las empresas, las adjudicaciones correspondientes.

El diputado Ronald Arango, comentó que continuaran con este proceso de fiscalización y  convocaran a una nueva reunión, para que el Ministerio  plantee  una estrategia,  que contribuya a mejorar     la distribución de los alimentos y evite  la discrecionalidad.

Por Rosemary Recinos.

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El  Cuarto Secretario del Congreso de la República, diputado  Leonel  Soto  del  Partido Unionista, acompañado  por el  congresista  Fidel  Reyes  Lee de  la  Alianza  Multipartidaria,  dio a conocer que presentó a Dirección Legislativa una Iniciativa de Ley sobre Infraestructura Nacional, elaborada con el acompañamiento de la    Universidad  Rural,   ex presidentes  del  Colegio  de  Ingenieros  y  decanos  de  las  facultades  de  Ingeniería de diferentes universidades del país.

La Iniciativa  de  ley  contempla  la  creación  del  Instituto  Nacional de  Infraestructura   orientado  a  la técnica  de  ingeniería  no  ejecutora   y  el  propósito  fundamental  es  planificar   los  diseños,  Construcción,  Supervisión,  Operación  y   Mantenimiento  de  la  infraestructura  del  país.

El legislador como representante del departamento de Quetzaltenango, manifestó la importancia de promover esta propuesta de Ley  a consecuencia de los problemas en la infraestructura pública del país, provocados por los desastres naturales que se han registrado en los últimos años.

“Cada  vez  que  hay  un  invierno  en  el  país,   la  obra  pública  está  en  riesgo,  hay  derrumbes  en  las  carreteras,  en  los  asentamientos,  las  casas  se  van  al  fondo  del  barranco   por  deslizamientos, los  hospitales  colapsan  y  el  problema  persiste  porque  el  mantenimiento  es  nulo  y  nadie  tiene  la  responsabilidad,  no  la  atiende;   por  eso  es  que  presentamos  esta  Ley”, aseguró el  parlamentario.

Por José Castellanos.

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Con la participación de diferentes sectores de la sociedad, diputados de la  Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, presidida por  el parlamentario Juan José Porras, realizaron la primera mesa de diálogo para analizar reformas a la Ley de Comisiones de Postulación, a través de la recepción de propuestas  y comentarios con base al  proyecto de Ley 4471.

En el  desarrollo de este primer periodo de discusión, se escucharon las ponencias de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Fundación para el Desarrollo de Guatemala -FUNDESA- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad  de San  Carlos y del  Partido Republicano Institucional -PRI-.

Dentro de los planteamientos expresados destacan: la ampliación  del plazo para la integración de las Comisiones de Postulación, control y  fiscalización de  los fondos de campaña, calificación de los aspectos éticos y reconocida  honorabilidad, denuncias de impedimento, así como la   eliminación de  pruebas psicométricas.

“Es positiva la reforma que establece que el requisito de reconocida honorabilidad, sea evaluado al momento de la votación, porque ésta, se tiene o se carece de ella, no es susceptible de asignarle una puntuación”,  comentó  Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia.

De acuerdo con el Presidente de la Sala Legislativa diputado Juan José Porras: “Al final de cada mesa realizaremos una síntesis de los distintos  aportes,  para establecer consensos alrededor de las modificaciones a la Ley  que contribuyan a mejorar el aspecto operativo y funcional”.

Al respecto, cabe recordar que la  función de las Comisiones de Postulación, es  proponer una lista de  candidatos para el cargo de   Fiscal General  y Jefe del Ministerio Público, candidatos a Magistrados,  Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Director del Instituto de la Defensa Pública Penal y Procurador de los Derechos Humanos.

Por Rosemary Recinos.

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El Secretario General de la Presidencia,  Gustavo Martínez presentó al Congreso de la República, una Iniciativa de Ley  con la cual se busca que los diputados y diputadas aprueben una moratoria de dos años a la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos.

De acuerdo al funcionario de gobierno, la intención primordial de plantear esta moratoria es para que este alto Organismo de Estado, pueda convocar al diálogo a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca a la construcción de una Ley de Minería que actualice la norma vigente desde 1994.

“Se deben buscar los acuerdos entre las empresas mineras, el Estado y los habitantes de las comunidades para determinar cuál debería ser el porcentaje de utilidades que deben pagar  por la explotación y explotación de metales”, comentó el Secretario General de la Presidencia, Gustavo Martínez.

Por Karla Herrera.

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