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Diputados de la Comisión de Salud, que preside Sofía Hernández y la Segunda Secretaria de Junta Directiva, Karla Martínez, sostuvieron una reunión de fiscalización con funcionarios de las instituciones involucradas en la atención de damnificados, por la tragedia del volcán de Fuego, el pasado tres de junio.

A la reunión asistieron representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (Conred), Registro Nacional de las Personas (Renap), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), y Contraloría General de Cuentas (CGN), entre otros.

El director de la Conred, Sergio García Cabañas indicó que, aún atienden unas tres mil 500 personas en los albergues que se establecieron como primera acción de la emergencia.

Los diputados solicitaron a los funcionarios remitir los informes certificados de gastos y eventos de licitación, que cada uno de ellos ha realizado, el Renap deberá enviar copia certificada del listado de personas registradas en cada uno de los albergues e Inacif un listado con copia certificada de las personas fallecidas durante la tragedia.

El legislador Germán Velázquez instó a los funcionarios a realizar una revisión minuciosa de los eventos de cotización y licitación que han sido subidos al portal de Guatecompras, con el fin de  agilizarlos. “Esto evitará que los procesos se obstaculicen y podrán brindar mayor atención a los guatemaltecos en el menor tiempo posible”, enfatizó.

La diputada Hernández, presidenta de la Comisión, señaló que éstas  reuniones son parte de la fiscalización  permanentemente que realizan, en atención a las demandas de la población guatemalteca. “Incluso realizaremos visitas al lugar de la tragedia para verificar la atención que reciben las personas”, concluyó.

Por Wendy Sandoval.

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El congresista Aníbal Estuardo Rojas Espino, jefe de la bancada Visión con Valores (VIVA), se reunió con Arturo García Aquino, subgerente de Prestaciones en Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con el fin de buscar solución a  varios problemas que afrontan afiliados del municipio de Poptún, Petén.

Wendy Quezada, afiliada al IGGS de esa localidad denunció que la falta de personal médico y administrativo ha mermado los servicios, en cantidad y calidad. “Están espaciando las citas para cada cuatro meses y cuando llegamos no hay doctores que nos atiendan”, explicó.

Otro de los afiliados, Jorge Chen, agregó que falta un piloto y personal administrativo, como secretarias y doctores. “Si pagamos nuestra cuota al seguro social, es justo que nos den los servicios de salud que necesitamos para tener una mejor calidad de vida”.

Eva María Ortiz, directora interina de la Unidad Periférica del IGSS referido indicó que, ella ha efectuado solicitudes a las autoridades superiores, en temas de personal y administrativos sin embargo, aún no reciben  respuesta.

García Aquino, explicó que, con anterioridad los mismos afiliados solicitaron el cambio de personal médico. “Ahora estamos precisamente en el proceso de contratación del nuevo personal que cumpla con las calidades profesionales que nos indicaron”. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, actualmente tienen un 85 por ciento de suministros para atender a la población, concluyó.

Por su parte el legislador Rojas Espino, dio un lapso de ocho días para que las autoridades del Seguro Social resuelvan los problemas presentados por afiliados durante la reunión de trabajo. “Estaremos vigilantes a que los funcionarios cumplan con los compromisos aquí adquiridos dando el seguimiento necesario”, aseveró el congresista.

 

Por José Castellanos.

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Luego de transcurridos varios meses que entrara en vigencia el Decreto 22-2017, Ley de Banco de Datos Genéticos para uso Forense, aún existen trabajadores de diversas entidades que no han presentado su certificado de carencia de antecedentes por delitos sexuales, lo cual motivo a la legisladora Alejandra Carrillo, a realizar una reunión interinstitucional donde se aborde la problemática.

En la reunión estuvieron presentes autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Ministerio Público (MP), Secretaría de Bienestar Social (SBS), ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Educación (Mineduc), Cultura y Deporte (MCD) y Desarrollo Social (Mides).

A quienes la congresista explicó que, este procedimiento está a cargo del MP, a través del Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas), y que en búsqueda de garantizar el cumplimiento de la norma, realizó la verificación.

El MINEDUC, identificó 31 personas con señalamientos por delitos sexuales, de ellas, 17 aún ejercen la docencia explicó el viceministro de Educación Bilingüe Intercultural, Daniel Domingo López, quien aclaró que los señalados están pendientes de dilucidar su situación ante el ente investigador.

En el caso del Ministerio de Salud, se evidenciaron dos casos que están siendo analizados. “Al concluir las revisiones en todas las unidades procederemos a tomar las medidas pertinentes” argumentó Gustavo Arévalo, viceministro Administrativo de Salud.

La diputada lamentó que no existan avances en la implementación del reglamento que permitirá al Inacif, la toma de muestras de ADN.

Fanuel García, director de la referida institución dijo que, la mesa técnica trabaja en el  tema y espera contar con el reglamento este mes, pero para el óptimo funcionamiento de esta disposición, se requieren de aproximadamente Q60 millones.

Razón por la cual la diputada se comprometió a agilizar el diálogo con las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, para  dotar de recursos a la entidad, “Esta Ley se hizo con el fin de proteger a la niñez y adolescencia guatemalteca”, manifestó la parlamentaria, quien convocará a una nueva reunión en agosto para evaluar los avances de cada entidad.

Por Isabel Mazariegos.

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Con el objetivo que productores y agricultores de papa del municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango reciban los beneficios de programas sociales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el legislador Carlos Fión, de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), sostuvo una reunión de trabajo con Felipe Orellana, viceministro de Desarrollo Económico Rural.

“Hacemos una solicitud para que las autoridades ejecuten los programas sociales que tienen a su cargo y respondan de manera eficiente y rápida a la población que lo necesita en el área rural”, dijo el diputado Carlos Fión, en la reunión.

“Solicitamos ayuda para un grupo de pequeños agricultores y productores de papa; son personas de escasos recursos y necesitan semillas, fertilizantes y otros insumos para la agricultura”, comentó Rafael Hernández, jefe edil de Concepción Chiquirichapa, quien acudió a la reunión.

En respuesta a la solicitud del diputado, el viceministro del MAGA explicó que la próxima semana enviará técnicos y especialistas de la institución para que verifiquen las condiciones del caso y se incluyaa los pobladores en el Programa de Fertilizantes.

Por José Castellanos

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Los legisladores independientes Alejandra Carrillo y Ranferí Montúfar, se reunieron con representantes de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, Economía (Mineco), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), con quienes analizaron la iniciativa que regula el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), referente al trabajo de tiempo parcial.

El proyecto propone crear una serie de reglas para normar el trabajo parcial en el país, e incluye temas como horarios, retribución monetaria, pagos al IGSS, cuya definición y características se describen en el convenio 175 de la OIT ratificado por  Guatemala.

“Como diputados estamos conscientes que debemos proteger a los guatemaltecos que trabajan a tiempo parcial, por lo que esta ley es sumamente necesaria. Estaremos trabajando de la mano con el sector empresarial y el Ministerio de trabajo”, aseguró la diputada Alejandra Carrillo.

La propuesta indica que la jornada ordinaria de trabajo a tiempo parcial, no podrá ser mayor de seis horas diarias, o 30  horas a la semana, determinando que deberá observarse el principio de igualdad de salario, ante igualdad de trabajo.

Guido Ricci, director de la Unidad Laboral del CACIF, explicó que consideran que se debe trabajar en una propuesta que beneficie tanto al trabajador como al sector empresarial. “Estaremos pendientes del avance de esta iniciativa”, indicó.

Francisco Sandoval viceministro Administrativo del Mineco manifestó que, están abiertos al diálogo y realizarán los análisis correspondientes para presentar sus propuestas.

Los diputados indicaron que, escucharán a todos los sectores,  con el objeto que la iniciativa sea ampliamente discutida, previo a ser presentada en Dirección Legislativa, para que pueda ser conocida por el pleno del Congreso de la República.

Por Karla Herrera.

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La diputada Lesly Valenzuela (UNE), presidenta de la Comisión de la Defensa del  Consumidor y el Usuario del Congreso, se reunió con varios funcionarios, entre ellos, Carlos Luis Paredes, presidente del banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Carlos Martínez, subdirector técnico de la Dirección de Caminos; alcaldes de los municipios de Tejutla, Sibinal y Sipacapa, del departamento de  San Marcos, para fiscalizar el avance de diferentes tramos carreteros en la localidad.

En el primer caso, la parlamentaria solicitó que la Junta Directiva del CHN agilice el desembolso para el pago de fianzas y seguros, que permitirían la construcción de las carreteras que comunican de la cabecera departamental de San Marcos hacia los municipios de San Cristóbal Cucho y El Quetzal.

El presidente de la entidad bancaria solicitó a los alcaldes que le envíen a la  brevedad posible copia de los expedientes. “El compromiso es conocer cada uno de los casos en las próximas reuniones que realice la Junta Directiva, con el fin de agilizar el desembolso de las fianzas”, indicó Paredes.

Mientras que en el municipio de Sibinal, San Marcos, el jefe edil, Amílcar Roblero, denunció deficiencias en la construcción de un talud que se encuentra inestable y pone en riesgo la integridad de los pobladores de la localidad ya que por las lluvias han provocado deslaves. “Por esa razón solicitamos la inmediata supervisión del trabajo efectuado por delegados de Caminos”.

La parlamentaria y los jefes ediles plantearon una nueva reunión para evaluar la licitación de 10 kilómetros de carretera que lleva más de una década pendiente de ser adjudicado. “La construcción de esta obra permitiría que las comunidades y municipios aledaños a Sipacapa, puedan estar plenamente comunicados, brindando desarrollo a la región”, dijo la parlamentaria.

La legisladora instó a las autoridades a trabajar de manera conjunta con el fin de ayudar a la población marquense que se ha visto afectada por el mal estado de las carreteras, lo cual impacta directamente en la libre locomoción y en la economía de los pobladores.

Por Isabel Mazariegos y Astrid Gonzáles.

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El diputado Juan Ramón Lau de la bancada TODOS presentó una iniciativa de ley que propone modificar el Código Procesal Penal, para beneficiar a quienes tengan más de un año en prisión preventiva y se indemnice a quienes fueron privados de su libertad pero demuestren su inocencia al final del proceso.

Actualmente el artículo 268 del Código Procesal Penal establece que la prórroga del encarcelamiento se solicitará cuantas veces sea necesario, “lo que ha llevado a incurrir en error a los órganos de justicia del país, para que la gente permanezca en prisión por muchos años sin que se dicte sentencia”, argumentó el legislador.

De ser aprobada la propuesta, la prórroga de la prisión preventiva únicamente podrá ser solicitada una vez más, por un lapso de seis meses, mientras se resuelve la situación jurídica del acusado. Después podrá optar al cese del encarcelamiento y esta medida también podrá ser solicitada las veces que sea necesario, aún cuando la parte acusadora incurra en retardo malicioso, afirmó el diputado.

Asimismo, la iniciativa contempla modificar el artículo 521, con el cual se permitiría que las personas que demuestren su inocencia en procesos judiciales, puedan solicitar una compensación económica al Estado. \"Lo hacemos para que los jueces pongan mayor atención a los procesos que se desarrollan y a las condenas que dictan”, justificó el parlamentario.

Por Rodrigo Arias.

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La Diputada Edna Soto (TODOS), se reunió con representantes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quienes conforman la mesa técnica encargada de  dar seguimiento al proyecto de ampliación del polideportivo  ubicado en el departamento de Chimaltenango.

La diputada Soto cuestionó que a causa de  la lentitud en los procesos burocráticos se ha retrasado la construcción de las instalaciones deportivas. “Lo que buscamos es que la mesa de trabajo pueda agilizar la ejecución de una obra que la población chimalteca espera desde hace varios años”.

El viceministro del MARN, Magner Estrada, explicó que ya entregaron la licencia de construcción correspondiente y se comprometió a dar acompañamiento hasta que culmine la obra con el afán de proteger al máximo la riqueza natural de la localidad.

Oscar Quiñonez de la CDAG, aseguró que solo están a la espera de contar con las bases legales para subir el evento de licitación del proyecto al portal de Guatecompras. “El proyecto tiene  un costo de nueve millones de quetzales, en su primera fase,  el cual beneficiará  a todos los deportistas de dicho departamento y de áreas vecinas”, mencionó.

La mesa de trabajo programó una nueva reunión para los primeros días del mes de  agosto. “Esperamos que cada una de las autoridades cumpla con los compromisos adquiridos durante la reunión. Continuaremos con la fiscalización del tema, hasta lograr la ampliación del polideportivo”, concluyó la congresista Soto.

Por Wendy Sandoval.

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A casi seis años del terremoto en San Marcos, aún existen centros educativos pendientes de ser remozados o reconstruidos, que afectan el acceso a la educación de la población por ello, la presidenta de la Comisión de  Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso de la República, diputada Lesly Valenzuela (UNE), se reunió con viceministros y directores departamentales del Ministerio de Educación; alcaldes de Sibinal, La Reforma y Catarina, para conocer las razones por las que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE)  no ha ejecutado proyectos para habilitar nuevos centros de estudio, pese a tener recursos asignados.

\"Actualmente no tenemos la potestad de construir y es lamentable que no se respetan los procesos pese a tener los recursos\", indicó la María Eugenia Barrios, viceministra administrativa del Ministerio de Educación, quien también agregó que existen recursos para atender esta problemática, ya que el financiamiento fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Otro de los temas discutidos durante la reunión fue la existencia de Institutos por Cooperativa ubicados  en el municipio de Catarina, San Marcos, que no cuentan con subsidio asignado, lo que pone en peligro su funcionamiento.

\"Se iniciará un acercamiento con los responsables y se culminará hasta dar solución a ambos casos,  porque la niñez debe tener las condiciones necesarias para recibir educación, o de lo contrario se estarían violentando sus derechos\", manifestó la diputada Lesly Valenzuela, quien confirmó que la Comisión que preside estará vigilante para apoyar a los afectados.

Para dar seguimiento a ambos casos, la parlamentaria señaló que se programará una nueva reunión el próximo 19 de julio, con el fin de  conocer los avances de los requerimientos planteados durante la citación. Las autoridades del Ministerio de Educación acordaron corregir las deficiencias que fueron denunciadas para procurar el bienestar de la población estudiantil de los municipios afectados.

Por Isabel Mazariegos.

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