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Por segunda ocasión,  el  diputado Hugo Morán  de la bancada  del Partido de Avanzada Nacional (PAN),  citó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social,  para que detallaran las razones por las que el programa del Bono Seguro no ha sido implementado en  los departamentos de Quiché y Sololá.

“Quiché es uno de los lugares con mayor inseguridad alimentaria en el país, es lamentable que la ejecución del bono solo alcance un 36 por ciento. Señalamos  constructivamente  lo que está mal para que se pueda reparar”, enfatizó el  parlamentario al externar su preocupación, ya que estos distritos eran prioritarios dentro del Pacto Hambre Cero. 

El subdirector del  presupuesto del MIDES, Gabriel Mendoza, al respecto  dijo: “Al solicitar el presupuesto al Ministerio de Finanzas Públicas,  sólo se  autorizó un porcentaje y no fue suficiente  para pagar el bono en esos departamentos”.

A la fecha el Bono Seguro llega a 307 municipios y 778 mil beneficiarios, y en el caso de la Bolsa Segura está destinada sólo para el departamento de Guatemala a más de 205 mil personas.

También se anunció que se realizará un análisis jurídico para deducir responsabilidades a las anteriores autoridades, por las supuestas anomalías e inexactitudes denunciadas dentro de la cartera a cargo de los programas sociales.

Por Alejandra Cano.
 

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Con la finalidad de  prevenir que haya actividades que puedan ser utilizadas para la realización de actos ilícitos, especialmente lavado de dinero y narcotráfico, la comisión de economía y comercio exterior del Congreso de la República resolvió continuar el proceso de la iniciativa de ley 4294 que regula, controla y supervisar la actividad de casinos, loterías, videoloterías, videocasinos, bingos, apuestas, juegos de azar y similares realizados en centros autorizados, físicos o virtuales.

En  Guatemala  no  hay  registros  sobre  el  monto  del negocio que reciben los casinos,  bingos,  videoloterías,  videocasinos  apuestas  y similares,  pero  una  aproximación muy preliminar puede  llegar a sumar un  total  de Q1,500.00 millones anuales.

“Tomando en cuenta estos y otros aspectos, se trabajó en   coordinación  con  las autoridades responsables de  la  prevención  y el combate  contra  el  lavado  de  dinero,  narcotráfico  y  el  financiamiento  del  terrorismo para  elaborado un proyecto que propone dotar a esa actividad de la  seguridad jurídica, la transparencia y la regulación necesarias para su desarrollo normal y apegado a la ley”.  Indicó Sofía Hernández, Presidenta de la comisión de economía.

Este día participaron en la reunión de trabajo de la comisión, Ángel Méndez Ochoa, Intendente de Asuntos Jurídicos y Manfredo Chocano Alvarado, Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional; ambos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.

“El  esquema  de regulación  que  se  desarrolla en el marco de la iniciativa de ley que fue discutida previamente en mesas técnicas y analizada por expertos,   parte del  otorgamiento  de  una  licencia  de  operación  que deberán obtener todos  aquellos interesados en participar dentro de este sector de actividad económica,  la  cual  sería  otorgada  por  una  superintendencia  reguladora  de  la actividad  de  juegos  de  azar,  que  se  propone  en  la  nueva  legislación”. Agregó Hernández como complemento a los planteamientos expuestos por los representantes de SAT.

La  propuesta establece que los casinos deberían estar sometidos  a un  régimen  de regulación  y supervisión integral,  lo que implica que las autoridades competentes en  la materia de juegos tengan  capacidad para  asegurar la  eficacia de  la  prevención de criminalidad financiera.

Finalmente,  el  proyecto  propone  regular  la  imposición  de  sanciones  administrativas  o revocación  de  la  licencia.  De  igual manera,  se  incorporan  sanciones  penales  tendientes  a  evitar  la utilización  de  la  actividad  para  el  blanqueo  de  capitales  o narcotráfico,  incluyendo  la  obligación  de reportar  transacciones  mayores  a  $10.000,  requisitos  para  el  trámite  de transacciones  múltiples,  transacciones  sospechosas,  obligatoriedad  de tener registros  contables especiales  y  controles internos  aprobados por la Comisión.

Antecedentes:
Esta iniciativa fue conocida en el pleno del Congreso el 5 de abril del año 2011 y fue presentada por los entonces representantes Mariano Rayo Muñoz, Marco Antonio Solares, Gustavo Blanco Segura y José Alejandro Arévalo Alburez.

Deberán dictaminar en conjunto la Comisión de Economía y Comercio Exterior y la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República de Guatemala.

Patricia Letona de Díaz
 

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Con la finalidad de  prevenir que haya actividades que puedan ser utilizadas para la realización de actos ilícitos, especialmente lavado de dinero y narcotráfico, la comisión de economía y comercio exterior del Congreso de la República resolvió continuar el proceso de la iniciativa de ley 4294 que regula, controla y supervisar la actividad de casinos, loterías, videoloterías, videocasinos, bingos, apuestas, juegos de azar y similares realizados en centros autorizados, físicos o virtuales.

En  Guatemala  no  hay  registros  sobre  el  monto  del negocio que reciben los casinos,  bingos,  videoloterías,  videocasinos  apuestas  y similares,  pero  una  aproximación muy preliminar puede  llegar a sumar un  total  de Q1,500.00 millones anuales.

“Tomando en cuenta estos y otros aspectos, se trabajó en   coordinación  con  las autoridades responsables de  la  prevención  y el combate  contra  el  lavado  de  dinero,  narcotráfico  y  el  financiamiento  del  terrorismo para  elaborado un proyecto que propone dotar a esa actividad de la  seguridad jurídica, la transparencia y la regulación necesarias para su desarrollo normal y apegado a la ley”.  Indicó Sofía Hernández, Presidenta de la comisión de economía.

Este día participaron en la reunión de trabajo de la comisión, Ángel Méndez Ochoa, Intendente de Asuntos Jurídicos y Manfredo Chocano Alvarado, Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional; ambos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.

“El  esquema  de regulación  que  se  desarrolla en el marco de la iniciativa de ley que fue discutida previamente en mesas técnicas y analizada por expertos,   parte del  otorgamiento  de  una  licencia  de  operación  que deberán obtener todos  aquellos interesados en participar dentro de este sector de actividad económica,  la  cual  sería  otorgada  por  una  superintendencia  reguladora  de  la actividad  de  juegos  de  azar,  que  se  propone  en  la  nueva  legislación”. Agregó Hernández como complemento a los planteamientos expuestos por los representantes de SAT.

La  propuesta establece que los casinos deberían estar sometidos  a un  régimen  de regulación  y supervisión integral,  lo que implica que las autoridades competentes en  la materia de juegos tengan  capacidad para  asegurar la  eficacia de  la  prevención de criminalidad financiera.

Finalmente,  el  proyecto  propone  regular  la  imposición  de  sanciones  administrativas  o revocación  de  la  licencia.  De  igual manera,  se  incorporan  sanciones  penales  tendientes  a  evitar  la utilización  de  la  actividad  para  el  blanqueo  de  capitales  o narcotráfico,  incluyendo  la  obligación  de reportar  transacciones  mayores  a  $10.000,  requisitos  para  el  trámite  de transacciones  múltiples,  transacciones  sospechosas,  obligatoriedad  de tener registros  contables especiales  y  controles internos  aprobados por la Comisión.

Antecedentes:
Esta iniciativa fue conocida en el pleno del Congreso el 5 de abril del año 2011 y fue presentada por los entonces representantes Mariano Rayo Muñoz, Marco Antonio Solares, Gustavo Blanco Segura y José Alejandro Arévalo Alburez.

Deberán dictaminar en conjunto la Comisión de Economía y Comercio Exterior y la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República de Guatemala.

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Patricia Letona de Díaz
 

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Como parte del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Probidad del Congreso de la República, el diputado Amílcar Pop Ac citó a funcionarios de la Contraloría General de Cuentas,  Ministerio de Agricultura, autoridades del Zoológico la Aurora y representantes del Sindicato de Trabajadores del Zoológico para atender quejas sobre malos manejos.

“El motivo de esta reunión ha sido indagar  la denuncia presentada por el  Sindicato sobre usurpación de calidades que existe en el Zoológico, ya que el presupuesto de dicha entidad  fue aprobado para que lo ejecute la Asociación Centroamericana de Historia Natural y lo está manejando la  Asociación Guatemalteca de Historia Natural, lo que constituye en un delito”,  indicó el diputado Pop.

Durante la reunión, trascendió que el presupuesto asignado al Zoológico no está sujeto a los métodos de transparencia que existen en el país, pues no realizan sus adquisiciones a través del Sistema Guatecompras. “Lamentamos que los representantes de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural no se hayan presentado este día a dilucidar su situación, lo que nos deja con más dudas al respecto”,  expresó  el Congresista.

Para dar seguimiento al tema, el congresista  solicitó a los representantes de la Contraloría General de Cuentas y al Vice Ministro de Agricultura, Carlos Anzueto, un informe sobre la ejecución de los recursos del  Zoológico La  Aurora, ya que debido a las diversas fuentes de financiamiento que  tiene  no es factible establecer fácilmente el monto total que manejan.

“Hasta el momento consideramos que existen varias ilegalidades en este caso, tales como evasión de mecanismos de transparencia, incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información y sustitución de sujetos para la ejecución de recursos”,  acotó el Congresista Pop Ac.

Por Mayra Recinos.

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La Junta Directiva del Congreso de la República no cesará en la búsqueda de consensos y realizará los esfuerzos necesarios para agilizar y viabilizar la agenda legislativa con los Jefes de Bloque, de los Partidos Políticos representados en el Organismo Legislativo.
En la reunión sostenida el lunes 5 de agosto, por la tarde, con Jefes de Bancada, el Presidente del Congreso de la República, diputado Pedro Muadi Menéndez, apeló a la conciencia de los diputados para que desarrollen su trabajo al servicio de la sociedad, en favor de Guatemala y por quienes los eligieron debido a que lamentablemente no se logró consenso en la temática propuesta.
La Junta Directiva propuso evaluar los siguientes temas:
• Informe de la Comisión Pesquisidora que conoció sobre el Antejuicio contra la Ministra de Educación, Cynthia del Águila.
• Conocer la iniciativa 4727 que dispone aprobar reformas al Código Procesal Penal.
• Dar continuidad con el trámite para que más de 150 iniciativas puedan ser leídas en el Pleno, para ser trasladadas a las diferentes Comisiones Legislativas de Trabajo.
• Conocer las iniciativas 4461 y 4462 que disponen aprobar la Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público.
“Lamento que los Jefes de Bloque no hayan aprobado la agenda que pusimos sobre la mesa hoy, además tampoco recibimos una propuesta de agenda por parte de ellos, por lo tanto en la próxima sesión plenaria a realizarse el martes 6 de agosto, continuaremos con el proceso de debate de la interpelación al Ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín”, enfatizó el Presidente del Organismo Legislativo.
Pedro Muadi Menéndez, declaró que el tema de préstamos y bonos no se incluyó en la agenda propuesta por Junta Directiva. “Como pueden ver ahora la interpelación ya puede ser interrumpida temporalmente para legislar, sin embargo necesitamos de la voluntad política de cada uno de los Partidos Políticos representados en el Congreso de la República para incluir diferentes temas de interés nacional y aprobarlos antes de que concluya el segundo período de sesiones de este año”, enfatizó el Presidente del Organismo Legislativo.

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Como parte del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Probidad del Congreso de la República, el diputado Amílcar Pop Ac citó a funcionarios de la Contraloría General de Cuentas,  Ministerio de Agricultura, autoridades del Zoológico la Aurora y representantes del Sindicato de Trabajadores del Zoológico para atender quejas sobre malos manejos.

“El motivo de esta reunión ha sido indagar  la denuncia presentada por el  Sindicato sobre usurpación de calidades que existe en el Zoológico, ya que el presupuesto de dicha entidad  fue aprobado para que lo ejecute la Asociación Centroamericana de Historia Natural y lo está manejando la  Asociación Guatemalteca de Historia Natural, lo que constituye en un delito”,  indicó el diputado Pop.

Durante la reunión, trascendió que el presupuesto asignado al Zoológico no está sujeto a los métodos de transparencia que existen en el país, pues no realizan sus adquisiciones a través del Sistema Guatecompras. “Lamentamos que los representantes de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural no se hayan presentado este día a dilucidar su situación, lo que nos deja con más dudas al respecto”,  expresó  el Congresista.

Para dar seguimiento al tema, el congresista  solicitó a los representantes de la Contraloría General de Cuentas y al Vice Ministro de Agricultura, Carlos Anzueto, un informe sobre la ejecución de los recursos del  Zoológico La  Aurora, ya que debido a las diversas fuentes de financiamiento que  tiene  no es factible establecer fácilmente el monto total que manejan.

“Hasta el momento consideramos que existen varias ilegalidades en este caso, tales como evasión de mecanismos de transparencia, incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información y sustitución de sujetos para la ejecución de recursos”,  acotó el Congresista Pop Ac.

Por Mayra Recinos.
 

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El  congresista  Carlos  Mejía,  jefe  de  la  bancada  URNG- MAIZ,   a solicitud del  Colectivo  Ecológico  Madre  Selva,  citó a funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Salud  y  Relaciones  Exteriores, Delegación   de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Jutiapa y  líderes  comunitarios, para  conocer   las razones por las que la empresa canadiense  Goldcorp Inc., anunció la suspensión  temporal  de  operaciones  del proyecto de la mina de oro Cerro  Blanco  ubicado en  Asunción Mita, Jutiapa a unos 40 kilómetros de El Salvador.

Los cuestionamientos sobre la interrupción del proyecto que se encuentra en la fase de exploración, surgen después de conocer que Goldcorp  aduce problemas financieros por la caída de los precios internacionales del oro, lo que trae consigo preocupación ya que los trabajos iniciados se quedan en suspenso,  sin que exista un plan de mitigación que evite la propagación de los problemas ambientales y de salud que se originaron desde que empezaron operaciones.

El   legislador  Carlos  Mejía, al respecto indicó: “Este  proyecto  minero  ha  causado  serios  problemas  de  salud  al  sistema  ecológico  ambiental  en  esa  zona   fronteriza. Además este es un  conflicto  binacional  que afecta  socialmente  a  las  comunidades  de  Guatemala  y  El  Salvador, por  lo  que, el tema debe asumirse con  responsabilidad”.

“Nosotros solicitamos un  cierre  técnico  del  proyecto  que  garantice  que  las  instalaciones  no  representan ningún riesgo para los  habitantes del  lugar,  recursos hídricos y   biodiversidad. Ellos deben hacer  un  plan  detallado que incluya ejecución de recursos  financieros  y  las  garantías  necesarias  para  implementarlo,   así  como  el  control  de  la  planta  de  tratamiento  para  eliminar  el  mineral  arsénico  de  las  aguas  expuestas  por  la  actividad  minera,   el  sellado de   dos  accesos  a  los   túneles,  las  chimeneas  y  la  restauración  ecológica  del  área”, manifestó  José  Cruz, activista   de  Madre  Selva. 

Para dar seguimiento al tema y ampliar la información que gira alrededor de la suspensión del proceso de exploración, se acordó realizar una  nueva reunión    el  martes  3  de  septiembre  con  la participación de autoridades de  los   Ministerios de  Energía  y  Minas,  Ambiente,  Salud   y  Cancillería.

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala solicitaron a la Junta Directiva  y a los Jefes de Bloque  analizar detenidamente la aprobación de las Leyes de Transparencia (44-61 y 44-62), la colocación de bonos del tesoro y préstamos.

La diputada Nineth Montenegro aseguró en conferencia de prensa, que las reformas a Leyes vigentes contenidas en las Iniciativas de Transparencia y Gasto Público, deben ser evaluadas y modificadas para mejorar la propuesta presentada por el Organismo Ejecutivo, ya que algunos temas como las enmiendas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, han generado inquietudes entre diversos grupos de la sociedad civil, pues se podría violar su autonomía.

Recordó que la iniciativa  44-61  “Ley  de  Fortalecimiento  de  la  Institucionalidad  para   la  Transparencia  y  la  Calidad  del  Gasto  Público”, incluye la aprobación de modificaciones a tres Leyes y una nueva. Estas son Ley   Orgánica  de  la  Superintendencia  de  Administración  Tributaria, Ley Orgánica  Contraloría   General  de  Cuentas,    Ley  Orgánica del  Presupuesto  General  de  la  Nación,  y como nueva iniciativa de ley la del Sistema  Nacional  de  Información  Estadística,  Geográfica.

La Iniciativa 44-62 promueve la aprobación de reformas  a
La Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República;
Ley del Servicio Civil, Ley contra el Enriquecimiento Ilícito y  Ley de Fideicomisos Públicos. También adiciona  como nueva la Ley de Planificación y Evaluación de la Gestión Pública.

De acuerdo con los legisladores antes de conocer lo relacionado a la emisión y colocación de bonos se deben aprobar las normas mencionadas, así como las reformas a la Ley Electoral  y de Partidos Políticos.

Además manifestaron que previó  a determinar la necesidad de aprobar la deuda externa,  analizarán un informe que han solicitado a la Contraloría General de Cuentas  para conocer el monto real de la deuda que según autoridades de gobierno se tiene a las empresas ejecutoras de obra pública.

Por Karla Herrera.

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Con el propósito de verificar las estrategias que se impulsan para promover el deporte a nivel nacional, autoridades de las distintas dependencias del Estado constituidas en  el Consejo Nacional del Deporte, la Educación  Física y Recreación  -CONADER-, fueron citadas por los diputados Nineth Montenegro, Luis Pedro Álvarez y Leonel Lira, de la bancada Encuentro por Guatemala.

Durante la reunión de trabajo los diputados pudieron constatar que  no hay  resultados positivos en favor del deporte nacional. Un dato importante según el diputado Leonel Lira, es que  de Q3 mil 600 millones asignados al Conader para el 2013, únicamente se ha ejecutado el 2.8%.

También nos preocupa que hasta el momento no se ha cumplido con lo establecido  en la Ley de Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte,  que propone la creación de un  Plan Nacional Operativo del Deporte, entre otros aspectos”,  indicó el diputado Lira.

El Conader es el ente  encargado de coordinar de forma interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, Dirección General de Educación Física, la Confederación Deportiva -DIGEF-  y el Comité Olímpico Guatemalteco,  las diferentes políticas y acciones  para promover el deporte a través de diferentes  proyectos, expresó el diputado Luis Pedro Álvarez, quien coincidió con Lira en que los resultados de la gestión de esa entidad no han sido favorables.

Los legisladores de la bancada Encuentro por Guatemala, se mostraron preocupados por la ausencia de políticas y acciones que permitan cumplir con  los principios del Conader y coincidieron en la necesidad de continuar analizando el tema a fin de  establecer, cuáles podrían ser las  gestiones que deben realizarse para lograr avances significativos en el tema del deporte nacional.

En la citación participaron  el Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Sergio Camargo; la  Viceministra del Deporte, María Dolores Molina; el Director de la DIGEF, Martín Machón y el Comisionado Presidencial del Deporte, Dwight Pezzarossi.


Por Mayra Recinos.

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