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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, cuestionaron a los directivos de la Autoridad  para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán –AMSA-, y representantes de la Procuraduría General de la Nación -PGN-,  sobre el manejo de los recursos y la calidad del trabajo que realizan para devolver las condiciones adecuadas al lago de Amatitlán.

Según manifestó la congresista Nineth Montenegro, es preocupante que dicha entidad haya gastado más de 15 millones de quetzales provenientes de un préstamo de 25 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-,  en funcionamiento y pago de estudios de investigación y factibilidad, y no en la construcción de los proyectos que ayudarían a sanear el recurso natural en mención.

Por su parte,  el diputado Leonel Lira, solicitó  copia de  los documentos que contienen las causas por las que AMSA, decidió cancelar el contrato con la empresa Alternativas Ecológicas, la cual manejaba la planta de reciclaje que operaba en el relleno sanitario del municipio de Amatitlán.

“El propósito real de nuestras citaciones de trabajo, es conocer la calidad del gasto que realizan las diferentes entidades del Estado, y en este caso específico, conocer que planes existen para devolver a la humanidad el Lago de Amatitlán”, indicó el diputado Luis Pedro Álvarez.

Por Mayra Recinos.

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Diputados de  la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, dirigida por el diputado Flavio José Yojcom, se reunieron con representantes de la Mesa  Nacional del Cambio Climático,  quienes solicitaron a los legisladores la aprobación de la Iniciativa 4139 “Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases efecto invernadero”.

Esta propuesta de Ley que se encuentra en  segundo debate, tiene como finalidad contribuir con la construcción del andamiaje legal,  para que haga posible que el Estado y no solo el gobierno, pueda actuar de manera consecuente y apropiada,  ante el reto que el cambio climático le plantea.

Durante la reunión,  Ana María Palomo coordinadora de la Mesa Nacional del Cambio Climático,  subrayó  la necesidad de realizar  cambios a la propuesta actual de la ley, entre ellos:  la inclusión de  los  salvaguardas  de los pueblos indígenas,  crear  el Consejo Nacional  del Cambio Climático, que  incluya  a todos los sectores de la sociedad civil involucrados en temas ambientales y de seguridad,  y la modificación al  artículo 21 sobre la propiedad de los certificados de carbono para que quede en manos de quien produce o quien remueve ese carbono.

“Vamos a realizar una serie de talleres para analizar detenidamente la Iniciativa de Ley,  y los  posibles cambios que se le puedan realizar, a fin de poder elaborar un proyecto de Ley que  ayude  a que el cambio climático no afecte al país”, indicó  el diputado Flavio Yojcom, presidente de esta sala de trabajo.

Por Karla Herrera.

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Diputados de  la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, dirigida por el diputado Flavio José Yojcom, se reunieron con representantes de la Mesa  Nacional del Cambio Climático,  quienes solicitaron a los legisladores la aprobación de la Iniciativa 4139 “Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases efecto invernadero”.

Esta propuesta de Ley que se encuentra en  segundo debate, tiene como finalidad contribuir con la construcción del andamiaje legal,  para que haga posible que el Estado y no solo el gobierno, pueda actuar de manera consecuente y apropiada,  ante el reto que el cambio climático le plantea.

Durante la reunión,  Ana María Palomo coordinadora de la Mesa Nacional del Cambio Climático,  subrayó  la necesidad de realizar  cambios a la propuesta actual de la ley, entre ellos:  la inclusión de  los  salvaguardas  de los pueblos indígenas,  crear  el Consejo Nacional  del Cambio Climático, que  incluya  a todos los sectores de la sociedad civil involucrados en temas ambientales y de seguridad,  y la modificación al  artículo 21 sobre la propiedad de los certificados de carbono para que quede en manos de quien produce o quien remueve ese carbono.

“Vamos a realizar una serie de talleres para analizar detenidamente la Iniciativa de Ley,  y los  posibles cambios que se le puedan realizar, a fin de poder elaborar un proyecto de Ley que  ayude  a que el cambio climático no afecte al país”, indicó  el diputado Flavio Yojcom, presidente de esta sala de trabajo.

Por Karla Herrera.

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Diputados de la Alianza Multipartidaria, se reunieron con funcionarios de los  Ministerios de Trabajo y de Educación, para abordar el conflicto de afiliación entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala .STEG-  y el Gremio Magisterial,  que se ha generado en distintos departamentos  del país.

Durante la reunión estuvieron presentes, Elsa Marina Ávalos, Viceministra  de Trabajo, Mario Iván Alfaro, Director General de Trabajo y Alfredo García,   Viceministro Administrativo, a quienes los parlamentarios externaron las múltiples denuncias que han recibido, por parte de los docentes,  que señalan estar afiliados  -STEG- sin su consentimiento, así como quejas  sobre descuentos ilegales en sus salarios.

“Hemos solicitado el padrón de afiliaciones a nivel nacional, para analizar y aclarar las dudas que surgen al respecto y evitar que se produzcan abusos en contra de los maestros, ya que la libre afiliación es un derecho constitucional” indicó el diputado Mario Torres.

Por otro lado,  también sostuvieron   un encuentro con representantes del Ministerio de Salud y Procuraduría de los Derechos Humanos, así como representantes de organizaciones de comadronas de 14 municipios del departamento de El Quiché, quienes declararon ser víctimas de malos tratos,  racismo y discriminación, por parte del Ministerio de Salud, por lo que solicitan que el encargado de esta cartera,  Jorge Villavicencio,  realice una visita a dicha región para encontrar soluciones que les permitan realizar esta labor ancestral, de manera digna y con el apoyo necesario.

De tal cuenta se acordó trasladar estas peticiones al Ministro de Salud, así como una visita por parte de la  PDH    a dicha región, para que ambas entidades envíen   un informe circunstanciado, que permita a los diputados, dar al tema, el seguimiento correspondiente.

Por Rosemary Recinos.
 

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Diputados de la Alianza Multipartidaria, se reunieron con funcionarios de los  Ministerios de Trabajo y de Educación, para abordar el conflicto de afiliación entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala .STEG-  y el Gremio Magisterial,  que se ha generado en distintos departamentos  del país.

Durante la reunión estuvieron presentes, Elsa Marina Ávalos, Viceministra  de Trabajo, Mario Iván Alfaro, Director General de Trabajo y Alfredo García,   Viceministro Administrativo, a quienes los parlamentarios externaron las múltiples denuncias que han recibido, por parte de los docentes,  que señalan estar afiliados  -STEG- sin su consentimiento, así como quejas  sobre descuentos ilegales en sus salarios.

“Hemos solicitado el padrón de afiliaciones a nivel nacional, para analizar y aclarar las dudas que surgen al respecto y evitar que se produzcan abusos en contra de los maestros, ya que la libre afiliación es un derecho constitucional” indicó el diputado Mario Torres.

Por otro lado,  también sostuvieron   un encuentro con representantes del Ministerio de Salud y Procuraduría de los Derechos Humanos, así como representantes de organizaciones de comadronas de 14 municipios del departamento de El Quiché, quienes declararon ser víctimas de malos tratos,  racismo y discriminación, por parte del Ministerio de Salud, por lo que solicitan que el encargado de esta cartera,  Jorge Villavicencio,  realice una visita a dicha región para encontrar soluciones que les permitan realizar esta labor ancestral, de manera digna y con el apoyo necesario.

De tal cuenta se acordó trasladar estas peticiones al Ministro de Salud, así como una visita por parte de la  PDH    a dicha región, para que ambas entidades envíen   un informe circunstanciado, que permita a los diputados, dar al tema, el seguimiento correspondiente.

Por Rosemary Recinos.
 

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Los  congresistas  de  la  Comisión  de  Economía  y  Comercio  Exterior,  presidida  por  la  diputada  Sofía   Hernández,  conocieron  el  relanzamiento  del  Pacto  de  Integridad  Aduanera,  presentado  por  Cesar  Estrada,   jefe  del  Departamento  Normativo  de  la  Intendencia   de  Aduanas,  después  de  cinco  años  de  permanecer en suspenso. 

El  Pacto  de  Integridad  Aduanera,   fue  firmado  en  noviembre  de  2006  por  la  Superintendencia  de  Administración  Tributaria,  Usuarios  de   Servicios   Aduaneros,  Proveedores  Privados   de  Servicios  del  Comercio  Exterior  y  Funcionarios  Públicos.  Este  proceso  fue  suspendido  en  el  año  2009   por  cambios  administrativos  y  será  relanzado  en  los  próximos  días   con  el compromiso  de  los  actores  involucrados  de   combatir  el  flagelo  del  contrabando  y  modernizar  los  procesos   aduaneros.

“En  el  Congreso  de  la  República,  vemos  muy  positivo  el  que  se  reactive  este  Pacto  Aduanero,  ya  que  tiene  aspectos  importantes. Uno  de  los  objetivos   esenciales  es  brindar  las  medidas  necesarias  para  el  combate  de  prácticas  que  generan  corrupción, así como que se  promueva   y  fomente  la   transparencia”, manifestó,  la  Presidenta  de  la  Sala  Legislativa,  Sofía  Hernández.  

Según  autoridades  de  la  Intendencia  de  Aduanas,   este  pacto  abarca       ejes  interesantes  como:  mejorar  los  controles  y  sistemas  para  verificar   la  veracidad  de  la  carga  reportada  con  la  que  ingresa  al  país;  control  especifico  en  los  tránsitos  como  la  verificación  de  las  mercancías   que  declaran  un   traslado  hacia  otro   destino;   auditorias  de  procesos;  revisiones  conjuntas  en  las  zonas  secundarias;  depósitos  aduaneros;,  almacenes  fiscales,   y   zonas  francas.

Por José Castellanos.

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Diputados de la bancada Gran Alianza Nacional -GANA-,  recibieron a Alcaldes del departamento de El Progreso, quienes manifestaron su inconformidad  ya que consideran que ha existido inequidad en la distribución de los recursos provenientes del Fondo del Petróleo    –FONPETROL- , que por Ley les corresponde.

En la reunión participó la Viceministra de Finanzas Públicas, María Castro, a quien el jefe de bancada, diputado Jaime Martínez Lohayza, solicitó su colaboración  para buscar un mecanismo que coadyuve en la solución de la problemática planteada por los jefes ediles.

El Decreto 71-2008, Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación,  establece que el 20 por ciento  de las regalías de los recursos provenientes de la producción del  petróleo en el país,   se destine a los departamentos productores del crudo, el cinco por ciento para las comunidades no productoras y un 3 por ciento a entidades públicas dedicadas a la protección del medio ambiente.

El diputado Manuel Barquín,  explicó que  estos recursos deben ser  distribuidos a través de los  Consejos de Desarrollo de una manera coordinada y equitativa, además de contar con el apoyo de los  gobiernos municipales.

“Consideramos que nuestra cita de trabajo fue positiva, ya que coincidimos con la funcionaria  en que  vamos a elevar  el planteamiento al despacho superior del Ministerio de Finanzas,  para que ellos con SEGEPLAN lo remitan  al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, -CONADUR-,  y  de  ahí salga un buen reglamento que dicte la forma equitativa  de la distribución los recursos sin banderas políticas”, concluyó el diputado Barquín.

Por Mayra Recinos.
 

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Diputados de la bancada Gran Alianza Nacional -GANA-,  recibieron a Alcaldes del departamento de El Progreso, quienes manifestaron su inconformidad  ya que consideran que ha existido inequidad en la distribución de los recursos provenientes del Fondo del Petróleo    –FONPETROL- , que por Ley les corresponde.

En la reunión participó la Viceministra de Finanzas Públicas, María Castro, a quien el jefe de bancada, diputado Jaime Martínez Lohayza, solicitó su colaboración  para buscar un mecanismo que coadyuve en la solución de la problemática planteada por los jefes ediles.

El Decreto 71-2008, Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación,  establece que el 20 por ciento  de las regalías de los recursos provenientes de la producción del  petróleo en el país,   se destine a los departamentos productores del crudo, el cinco por ciento para las comunidades no productoras y un 3 por ciento a entidades públicas dedicadas a la protección del medio ambiente.

El diputado Manuel Barquín,  explicó que  estos recursos deben ser  distribuidos a través de los  Consejos de Desarrollo de una manera coordinada y equitativa, además de contar con el apoyo de los  gobiernos municipales.

“Consideramos que nuestra cita de trabajo fue positiva, ya que coincidimos con la funcionaria  en que  vamos a elevar  el planteamiento al despacho superior del Ministerio de Finanzas,  para que ellos con SEGEPLAN lo remitan  al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, -CONADUR-,  y  de  ahí salga un buen reglamento que dicte la forma equitativa  de la distribución los recursos sin banderas políticas”, concluyó el diputado Barquín.

Por Mayra Recinos.
 

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Los  congresistas  de  la  Comisión  de  Economía  y  Comercio  Exterior,  presidida  por  la  diputada  Sofía   Hernández,  conocieron  el  relanzamiento  del  Pacto  de  Integridad  Aduanera,  presentado  por  Cesar  Estrada,   jefe  del  Departamento  Normativo  de  la  Intendencia   de  Aduanas,  después  de  cinco  años  de  permanecer en suspenso. 

El  Pacto  de  Integridad  Aduanera,   fue  firmado  en  noviembre  de  2006  por  la  Superintendencia  de  Administración  Tributaria,  Usuarios  de   Servicios   Aduaneros,  Proveedores  Privados   de  Servicios  del  Comercio  Exterior  y  Funcionarios  Públicos.  Este  proceso  fue  suspendido  en  el  año  2009   por  cambios  administrativos  y  será  relanzado  en  los  próximos  días   con  el compromiso  de  los  actores  involucrados  de   combatir  el  flagelo  del  contrabando  y  modernizar  los  procesos   aduaneros.

“En  el  Congreso  de  la  República,  vemos  muy  positivo  el  que  se  reactive  este  Pacto  Aduanero,  ya  que  tiene  aspectos  importantes. Uno  de  los  objetivos   esenciales  es  brindar  las  medidas  necesarias  para  el  combate  de  prácticas  que  generan  corrupción, así como que se  promueva   y  fomente  la   transparencia”, manifestó,  la  Presidenta  de  la  Sala  Legislativa,  Sofía  Hernández.  

Según  autoridades  de  la  Intendencia  de  Aduanas,   este  pacto  abarca       ejes  interesantes  como:  mejorar  los  controles  y  sistemas  para  verificar   la  veracidad  de  la  carga  reportada  con  la  que  ingresa  al  país;  control  especifico  en  los  tránsitos  como  la  verificación  de  las  mercancías   que  declaran  un   traslado  hacia  otro   destino;   auditorias  de  procesos;  revisiones  conjuntas  en  las  zonas  secundarias;  depósitos  aduaneros;,  almacenes  fiscales,   y   zonas  francas.

Por José Castellanos.

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