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El diputado Santiago Nájera, presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-  y    Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional --VISAN-,  para abordar el tema de los  programas de asistencia alimentaria en el país.

A la cita, acudieron también, representantes de la Asociación Integral de Vecinos la Esperanza del municipio de Conguaco, departamento de  Jutiapa, quienes entregaron  un listado a las autoridades de SESAN, para que se realice el trámite correspondiente, con el objetivo de que la población de ese lugar, pueda  ser beneficiada con la entrega de alimentos.

Así mismo denunciaron  politización en los listados de beneficiados, por lo que solicitaron, se tomen las acciones respectivas, para que se ayude realmente a las personas de las comunidades más necesitadas de dicho municipio.

“Lo que buscamos es que se pongan en marcha  los mecanismos  adecuados, para que  reciban los alimentos,  quienes  realmente lo requieren”,  declaró el Presidente de la Sala Legislativa, diputado Santiago Nájera.

Además, el congresista agregó  que  estos programas de ayuda,  que paga el pueblo de Guatemala, con sus impuestos,   deben orientarse a las regiones más pobres del país. “Como Comisión de Transparencia,  estaremos muy pendientes para que así sea”, concluyó.


Por Rosemary Recinos.
 

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El diputado Santiago Nájera, presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-  y    Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional --VISAN-,  para abordar el tema de los  programas de asistencia alimentaria en el país.

A la cita, acudieron también, representantes de la Asociación Integral de Vecinos la Esperanza del municipio de Conguaco, departamento de  Jutiapa, quienes entregaron  un listado a las autoridades de SESAN, para que se realice el trámite correspondiente, con el objetivo de que la población de ese lugar, pueda  ser beneficiada con la entrega de alimentos.

Así mismo denunciaron  politización en los listados de beneficiados, por lo que solicitaron, se tomen las acciones respectivas, para que se ayude realmente a las personas de las comunidades más necesitadas de dicho municipio.

“Lo que buscamos es que se pongan en marcha  los mecanismos  adecuados, para que  reciban los alimentos,  quienes  realmente lo requieren”,  declaró el Presidente de la Sala Legislativa, diputado Santiago Nájera.

Además, el congresista agregó  que  estos programas de ayuda,  que paga el pueblo de Guatemala, con sus impuestos,   deben orientarse a las regiones más pobres del país. “Como Comisión de Transparencia,  estaremos muy pendientes para que así sea”, concluyó.


Por Rosemary Recinos.
 

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Con la participación de representantes de diferentes instituciones de Estado, la Comisión Legislativa de Pueblos Indígenas, realizó una reunión de trabajo para verificar  el cumplimiento de las recomendaciones que hizo  la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH-, en cuanto  al  funcionamiento de radios comunitarias en el país.

En su exposición, representantes de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, comentaron que están preparando actividades como foros y mesas de diálogo,  para dar a conocer el contenido de las mismas a las diferentes autoridades involucradas en el tema; por tal motivo el Director de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, Eddy Padilla, expreso que todavía  no han conocido oficialmente las sugerencias de la CIDH.

El diputado Carlos Mejía, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, efectuó  además varias interrogantes al Fiscal del Ministerio Público, Noé Moya Barquín, acerca de la penalización que se hace a las radios comunitarias, cuando éstas son un derecho adquirido a través de los acuerdos de paz, que a su vez  son compromisos de nación.

Po su parte el Fiscal Noé Moya, explicó que ellos actúan de acuerdo a lo establecido en el Decreto 94-96, Ley General de Telecomunicaciones, que establece como “hurto de bienes muebles” a las radios que trabajan sin un Derecho de Usufructo, emitido por las autoridades correspondientes y hasta el momento existen más de 300 denuncias al respecto.

Los Congresistas apoyaron a los representantes de radios comunitarias del país que asistieron a la reunión, en su derecho a comunicarse. “Según los Acuerdos de Paz y los compromisos adquiridos por el Estado con entidades internacionales, es un derecho de los pueblos indígenas el poder comunicarse en su propio idioma e informar a sus poblaciones, por lo que insistiremos en la aprobación de la Iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria”, afirmó el diputado Carlos Mejía.

Por Mayra Recinos.
 

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Con la participación de representantes de diferentes instituciones de Estado, la Comisión Legislativa de Pueblos Indígenas, realizó una reunión de trabajo para verificar  el cumplimiento de las recomendaciones que hizo  la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH-, en cuanto  al  funcionamiento de radios comunitarias en el país.

En su exposición, representantes de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, comentaron que están preparando actividades como foros y mesas de diálogo,  para dar a conocer el contenido de las mismas a las diferentes autoridades involucradas en el tema; por tal motivo el Director de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, Eddy Padilla, expreso que todavía  no han conocido oficialmente las sugerencias de la CIDH.

El diputado Carlos Mejía, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, efectuó  además varias interrogantes al Fiscal del Ministerio Público, Noé Moya Barquín, acerca de la penalización que se hace a las radios comunitarias, cuando éstas son un derecho adquirido a través de los acuerdos de paz, que a su vez  son compromisos de nación.

Po su parte el Fiscal Noé Moya, explicó que ellos actúan de acuerdo a lo establecido en el Decreto 94-96, Ley General de Telecomunicaciones, que establece como “hurto de bienes muebles” a las radios que trabajan sin un Derecho de Usufructo, emitido por las autoridades correspondientes y hasta el momento existen más de 300 denuncias al respecto.

Los Congresistas apoyaron a los representantes de radios comunitarias del país que asistieron a la reunión, en su derecho a comunicarse. “Según los Acuerdos de Paz y los compromisos adquiridos por el Estado con entidades internacionales, es un derecho de los pueblos indígenas el poder comunicarse en su propio idioma e informar a sus poblaciones, por lo que insistiremos en la aprobación de la Iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria”, afirmó el diputado Carlos Mejía.

Por Mayra Recinos.
 

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Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República, presidida por el parlamentario  Roberto Kestler,  se reunieron  con representantes de la fundación Guatemalteco-Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada, -FUNDAORTO- para conocer detalles sobre el destino de los fondos que les son asignados dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Durante la exposición que realizo el presidente de FUNDAORTO,  doctor Guillermo Claverie, señaló  que gracias a este aporte, se ha podido ayudar anualmente  a cientos de personas  de escasos recursos, que padecen osteoartritis y que  son referidas de hospitales nacionales, para  cirugías de arnoplastia total de cadera y rodilla,   que de otra forma, estarían relegadas a vivir  postradas en una cama, debido al excesivo costo de  estos procedimientos en  hospitales privados.

“En Guatemala una operación de prótesis de rodilla, cuesta alrededor de 80 mil quetzales, nosotros tenemos convenios de servicios con el Estado de Guatemala, de tal manera que el paciente no pague nada”,  indicó   el doctor Claverie.

Por su parte el presidente de la Sala Legislativa  de Salud, diputado Roberto Kestler declaró: “El Congreso a lo largo de los años, le ha asignado recursos a esta importante organización,  para que continúe ayudando a la población guatemalteca más necesitada”, y agregó que,  como Comisión, revisaran  el monto asignado dentro del presupuesto para el próximo año, ya que es muy importante apoyar a este tipo de fundaciones para que continúen  con su labor.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República, presidida por el parlamentario  Roberto Kestler,  se reunieron  con representantes de la fundación Guatemalteco-Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada, -FUNDAORTO- para conocer detalles sobre el destino de los fondos que les son asignados dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Durante la exposición que realizo el presidente de FUNDAORTO,  doctor Guillermo Claverie, señaló  que gracias a este aporte, se ha podido ayudar anualmente  a cientos de personas  de escasos recursos, que padecen osteoartritis y que  son referidas de hospitales nacionales, para  cirugías de arnoplastia total de cadera y rodilla,   que de otra forma, estarían relegadas a vivir  postradas en una cama, debido al excesivo costo de  estos procedimientos en  hospitales privados.

“En Guatemala una operación de prótesis de rodilla, cuesta alrededor de 80 mil quetzales, nosotros tenemos convenios de servicios con el Estado de Guatemala, de tal manera que el paciente no pague nada”,  indicó   el doctor Claverie.

Por su parte el presidente de la Sala Legislativa  de Salud, diputado Roberto Kestler declaró: “El Congreso a lo largo de los años, le ha asignado recursos a esta importante organización,  para que continúe ayudando a la población guatemalteca más necesitada”, y agregó que,  como Comisión, revisaran  el monto asignado dentro del presupuesto para el próximo año, ya que es muy importante apoyar a este tipo de fundaciones para que continúen  con su labor.

Por Rosemary Recinos.

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Como parte de su labor de fiscalización, diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, se reunieron  con el  Viceministro Administrativo de Comunicaciones, Rubén Mejía y el Subcontralor de Calidad de Gasto Público, Sergio Pérez, para aclarar dudas respecto al pago de la deuda de  proyectos,  que realiza  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a distintas empresas.

Durante la cita, los parlamentarios cuestionaron al Viceministro, en torno al tipo de deuda que está pagando el MICIVI, y las reprogramaciones del listado de obras que  realizando dicho Ministerio para solventarla,  también externaron su preocupación porque la Contraloría General de Cuentas,  no ha podido verificar que dichas obras hayan sido ejecutadas.

La diputada Nineth Montenegro Jefe de la Bancada, señaló: “No entendemos que se esté pagando deuda que no estaba dentro del presupuesto, nos preocupa que la Contraloría no pueda dar fe de la realización de esos proyectos”.

Así mismo agregó: “Le demandamos a la Contralora General de Cuentas,  Nora Segura, que por lo menos compruebe a través de un muestreo, algunas de las obras que ya han sido pagadas”.

Por su parte el Viceministro Rubén Mejía,  declaró: “Siempre es necesario hacer readecuaciones,  con base a las necesidades del país, a veces  tenemos que atender ciertos proyectos que contemplan una emergencia  o que requieren una atención especial y por ello es que  tomamos estas decisiones para poder reasignar estos recursos”.

Por Rosemary Recinos.
 

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Como parte de su labor de fiscalización, diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, se reunieron  con el  Viceministro Administrativo de Comunicaciones, Rubén Mejía y el Subcontralor de Calidad de Gasto Público, Sergio Pérez, para aclarar dudas respecto al pago de la deuda de distintos proyectos,  que realiza  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a distintas empresas.

Durante la cita, los parlamentarios cuestionaron al Viceministro, en torno al tipo de deuda que está pagando el MICIVI, y las reprogramaciones del listado de obras que  realizando dicho Ministerio para solventarla,  también externaron su preocupación porque la Contraloría General de Cuentas,  no ha podido verificar que dichas obras hayan sido ejecutadas.

La diputada Nineth Montenegro Jefe de la Bancada, señaló: “No entendemos que se esté pagando deuda que no estaba dentro del presupuesto, nos preocupa que la Contraloría no pueda dar fe de la realización de esos proyectos”.

Así mismo agregó: “Le demandamos a la Contralora General de Cuentas,  Nora Segura, que por lo menos compruebe a través de un muestreo, algunas de las obras que ya han sido pagadas”.

Por su parte el Viceministro Rubén Mejía,  declaró: “Siempre es necesario hacer readecuaciones,  con base a las necesidades del país, a veces  tenemos que atender ciertos proyectos que contemplan una emergencia  o que requieren una atención especial y por ello es que  tomamos estas decisiones para poder reasignar estos recursos”.

Por Rosemary Recinos.
 

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Con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centro América y el Caribe (DEMUCA), diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales, realizaron audiencias públicas para analizar la Iniciativa  41-30 “Ley del Servicio Municipal”.

En el desarrollo del evento, los congresistas de esta sala de trabajo escucharon  la opinión de los representantes de seis  organizaciones, entres ellas: La Asociación de  Investigación y Estudios Sociales -ASIES-; Fundación Iniciativa Civil para la Democracia; Mancomunidad Copanchorti; Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas -AGAAI-; Asociación para el Desarrollo Local -IXIM-; y el  Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-.

Entre los puntos analizados se pueden mencionar: el artículo  8 relacionado a la creación de la Oficina de Recursos Humanos, así como el  artículo  11 que regula  la contratación del personal de confianza en las Municipalidades  y  el   artículo 44  en el cual se establecen las causas para  la remoción del personal,  en este caso se solicita  que los Alcaldes deben de informar al Consejo Municipal antes de  realizar despidos o contrataciones.

En la audiencia  también  se hablo de la importancia de implementar la creación de una Comisión Municipal para velar por el cumplimiento de las Leyes municipalistas,  lo cual tendrán que ser analizado por los integrantes  de esta sala de trabajo, por lo que según Vivian Chacón  de  la Fundación DEMUCA, será necesario realizar un  taller de trabajo para realizar cambios a la iniciativa

“La idea es  dar en una ley los principios modernos y éticos, creando una carrera administrativa municipal,   abriendo  un espacio para que   el trabajo que se realiza en casa,  una de las municipalidades   avance y se logre la transparencia en las mismas”,   detallo el diputado Mario Torres, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales.

Por Karla Herrera.
 

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