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Diputados del bloque legislativo TODOS,  en conferencia de prensa dieron a conocer detalles de la propuesta de Ley que presentaron a  Dirección Legislativa, con el objetivo de modificar el  artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en busca de  facilitar el uso de los recursos financieros del Presupuesto General del Estado, considerando las necesidades y eventualidades que se generan a lo largo de un año  de ejecución del presupuesto.

Con esta propuesta de Ley, se pretende que los fondos monetarios de las instituciones que no se utilicen durante  un ejercicio fiscal, en lugar de ser trasladados al fondo común, sean reorientados para cubrir cualquier emergencia que se presente, pues de esta manera se atenderían de una  manera ágil.

La Iniciativa de Ley, establece que se adiciona el numeral 4 al artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en donde se faculta al Ministerio de Finanzas efectuar las modificaciones presupuestarias que estén plenamente justificadas y documentadas, sin incrementar el techo presupuestario aprobado por el Congreso de la República.

Además de propone un artículo transitorio, en el cual se autoriza también  que la Cartera del Tesoro, proceda a efectuar los ajustes respectivos a efecto de asignarle fuentes de recursos internos al pago de las obligaciones contractuales contraídas por las emergencias suscritas en el país al amparo de los Estados de Calamidad Pública hasta por el monto que permita liquidar los compromisos de pago documentados y que sean requeridos por el Ministerio de Comunicaciones  Infraestructura y Vivienda.

Durante la rueda de prensa, el jefe del bloque parlamentario, diputado Jorge Mario Barrios Falla, dio a conocer que buscarán los acuerdos necesarios para que esta propuesta de Ley se conozca en las próximas Sesiones Ordinarias.

Karla Herrera.
 

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Diputados del bloque legislativo TODOS,  en conferencia de prensa dieron a conocer detalles de la propuesta de Ley que presentaron a  Dirección Legislativa, con el objetivo de modificar el  artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en busca de  facilitar el uso de los recursos financieros del Presupuesto General del Estado, considerando las necesidades y eventualidades que se generan a lo largo de un año  de ejecución del presupuesto.

Con esta propuesta de Ley, se pretende que los fondos monetarios de las instituciones que no se utilicen durante  un ejercicio fiscal, en lugar de ser trasladados al fondo común, sean reorientados para cubrir cualquier emergencia que se presente, pues de esta manera se atenderían de una  manera ágil.

La Iniciativa de Ley, establece que se adiciona el numeral 4 al artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en donde se faculta al Ministerio de Finanzas efectuar las modificaciones presupuestarias que estén plenamente justificadas y documentadas, sin incrementar el techo presupuestario aprobado por el Congreso de la República.

Además de propone un artículo transitorio, en el cual se autoriza también  que la Cartera del Tesoro, proceda a efectuar los ajustes respectivos a efecto de asignarle fuentes de recursos internos al pago de las obligaciones contractuales contraídas por las emergencias suscritas en el país al amparo de los Estados de Calamidad Pública hasta por el monto que permita liquidar los compromisos de pago documentados y que sean requeridos por el Ministerio de Comunicaciones  Infraestructura y Vivienda.

Durante la rueda de prensa, el jefe del bloque parlamentario, diputado Jorge Mario Barrios Falla, dio a conocer que buscarán los acuerdos necesarios para que esta propuesta de Ley se conozca en las próximas Sesiones Ordinarias.

Karla Herrera.
 

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Con el fin de buscar que las personas con discapacidad puedan movilizarse de una mejor manera en edificios públicos, privados y municipales, el diputado Jairo Flores de la bancada Unidad Nacional de la  Esperanza -UNE-, promoverá la aprobación de reformas a la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.

En este propuesta de Ley se plantea que  en cada edificio de empresas privadas, Instituciones del Gobierno, escuelas y  municipalidades, que construyan  rampas  de acceso a las personas que utilizan silla de ruedas, muletas o se les dificulte  el uso de gradas.

El diputado Jairo Flores ponente  de la Iniciativa de Ley,  destacó que dentro de la normativa se da un plazo de dos  años para realizar las remodelaciones a los edificios, de no cumplir lo que se ordena  se impondrán multas de 25  a 50 mil quetzales a los funcionarios, alcaldes o propietarios de los edificios que no cuenten con estas rampas de ayuda para las personas con discapacidades físicas.

Las municipalidades y la Dirección General de Transito,  deberán colocar  en los pasos peatonales, rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y dactilares a fin de garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad.

En la Iniciativa el legislador de la bancada UNE, propone que los recursos financieros recaudados por las multas impuestas sean destinados para financiar programas de beneficio para  las personas con discapacidad.


Por Karla Herrera.
 

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El diputado Juan Manuel Giordano del bloque legislativo Todos, se reunió con el Subcomisario General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Pedro López García, para que informara sobre los accidentes de buses urbanos y extraurbanos registrados en los últimos tres años.

El parlamentario indicó que a la reunión estaba citado también el Viceministro de Comunicaciones, así como los directores de Tránsito y Transporte Extraurbano, quienes se excusaron.

“Es lamentable que los funcionarios no asistieran,  pues se quería tener la información sobre los sucesos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años sobre accidentes de buses o de transporte pesado. Es por eso que el día lunes la bancada estará presentando la Iniciativa de Ley de Registro Nacional de Conductores del Transporte Terreste”, comentó el congresista.

La Iniciativa pretende crear un registro nacional, que obtenga una base de datos que describa el perfil de cada conductor a cargo de la unidad de transporte terrestre, para que el dueño del vehículo tenga conocimiento del historial del piloto.


Por Elizabeth Linares.

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Con el fin de buscar que las personas con discapacidad puedan movilizarse de una mejor manera en edificios públicos, privados y municipales, el diputado Jairo Flores de la bancada Unidad Nacional de la  Esperanza -UNE-, promoverá la aprobación de reformas a la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.

En este propuesta de Ley se plantea que  en cada edificio de empresas privadas, Instituciones del Gobierno, escuelas y  municipalidades, que construyan  rampas  de acceso a las personas que utilizan silla de ruedas, muletas o se les dificulte  el uso de gradas.

El diputado Jairo Flores ponente  de la Iniciativa de Ley,  destacó que dentro de la normativa se da un plazo de dos  años para realizar las remodelaciones a los edificios, de no cumplir lo que se ordena  se impondrán multas de 25  a 50 mil quetzales a los funcionarios, alcaldes o propietarios de los edificios que no cuenten con estas rampas de ayuda para las personas con discapacidades físicas.

Las municipalidades y la Dirección General de Transito,  deberán colocar  en los pasos peatonales, rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y dactilares a fin de garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad.

En la Iniciativa el legislador de la bancada UNE, propone que los recursos financieros recaudados por las multas impuestas sean destinados para financiar programas de beneficio para  las personas con discapacidad.


Por Karla Herrera.
 

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El diputado Juan Manuel Giordano del bloque legislativo Todos, se reunió con el Subcomisario General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Pedro López García, para que informara sobre los accidentes de buses urbanos y extraurbanos registrados en los últimos tres años.

El parlamentario indicó que a la reunión estaba citado también el Viceministro de Comunicaciones, así como los directores de Tránsito y Transporte Extraurbano, quienes se excusaron.

“Es lamentable que los funcionarios no asistieran,  pues se quería tener la información sobre los sucesos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años sobre accidentes de buses o de transporte pesado. Es por eso que el día lunes la bancada estará presentando la Iniciativa de Ley de Registro Nacional de Conductores del Transporte Terreste”, comentó el congresista.

La Iniciativa pretende crear un registro nacional, que obtenga una base de datos que describa el perfil de cada conductor a cargo de la unidad de transporte terrestre, para que el dueño del vehículo tenga conocimiento del historial del piloto.


Por Elizabeth Linares.

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Con mayoría calificada y de urgencia nacional, el Congreso de la República  aprobó  los Decretos 9-2013, 10-2013 y 11-2013, por medio de los cuales exonera del impuesto al Valor Agregado -IVA-  y derechos arancelarios a las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos, que realice la  Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Guatemala, Caritas Arquidiocesana, Alianza Evangélica de Guatemala y la Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos –OFM-.

Los decretos aprobados establecen que la  exoneración  para las entidades benéficas será por un plazo de 10 años, considerando que tienen programas destinados  a la asistencia social de las personas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza.

Durante el desarrollo de la sesión, congresistas coincidieron en lo oportuno y beneficioso  que  es   brindar su apoyo a instituciones  que realizan  labor  social en el país, pues recordaron que las tres  entidades favorecidas con la exoneración de impuestos y aranceles, prestan sus servicios a guatemaltecos de escasos recursos, a través de distintos programas y proyectos.

Con la aprobación de estos decretos, el Pleno Legislativo cumplió con los acuerdos alcanzados en la Instancia de  Jefes de Bloque, en los que se incluyó la aprobación de la Ley del Registro  Móvil para la Prevención y el Combate del Delito, así como las reformas al Código Procesal Penal  que eliminan  la fianza en varios delitos, incluidos la portación ilegal de armas de fuego.
 

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Cumpliendo con lo establecido en la Moción Privilegiada aprobada el pasado 3 de septiembre, diputados al Congreso de la República, durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria de este martes, aprobaron el decreto  8-2013  “Ley de Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito”.

La normativa que cobrará vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, tiene por objeto crear un registro de los Equipos Terminales Móviles  que operen en el país, regular todos los importadores, exportadores, comercializadores y usuarios de Equipos Terminales Móviles.

Así como regular la restricción de utilización de Equipos Terminales Móviles que  han sido denunciados como robados, hurtados o reportados como extraviados en la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles, para la debida protección de los derechos de los usuarios, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos mediante el uso de Equipos Terminales Móviles.

Para hacer efectiva la normativa,  se plantea la creación de un Registro de Equipos Terminales Móviles, así como mecanismos  para regular el uso de esta tecnología y la adición de ilícitos penales a Código Penal que regulen la materia.

Además,  la  Ley  adiciona  en el Código Penal,  los siguientes ilícitos:

Activación Ilegal.
Clonación y/o adulteración de Equipos terminales Móviles.
Comercialización de Equipos Terminales Móviles denunciados como robados, hurtados y/o extraviados.
Comercialización de Equipos Terminales Móviles sin registro ni autorización.
Uso de terminales Móviles en Centros de Detención.
 

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Como parte de la labor de intermediación que realizan los diputados del Congreso de la República, este día la bancada URNG-MAÍZ, citó a diferentes autoridades involucradas en el tema de ordenamiento territorial, así como personeros de la Procuraduría General de la Nación    -PGN-, y de los Derechos Humanos -PDH-, con el fin de dar seguimiento a la problemática que afrontan más de 20 comunidades de la Sierra Santa Cruz,  en jurisdicción de Livingston y El Estor, departamento de Izabal.

El diputado Carlos Mejía, comentó que dichas comunidades tienen más de 50 años de ocupar esas tierras y  por lo tanto tienen el derecho de contar  con la certeza jurídica de las mimas, sin embargo personas particulares aparecen como  propietarias en los registros catastrales, cuestión que ha entrampado la regularización de estos territorios.

Según explicó Juan Carlos López, Director Jurídico del Registro de Información Catastral  -RIC-, ellos ya realizaron el levantamiento catastral del área. “En este momento  el proceso se encuentra en la etapa de análisis  catastral y  jurídico, que al final brinda el beneficio de la radiografía completa de la situación de la tierra, ya con esto, las otras  instituciones como el Fondo de Tierras -FONTIERRAS- y  la PGN, pueden actuar legalmente”,  dijo el delegado del RIC.

Por su parte, los pobladores piden a las autoridades que resuelvan lo antes posible ya que son más de 600 familias las que se ven afectadas, por no contar con las escrituras correspondientes, pues  tampoco son beneficiadas con proyectos de desarrollo.


Por Mayra Recinos.

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